Reclamación por denegación de información sobre el destino de importes recaudados por sanciones urbanísticas y multas coercitivas

RESOLUCIÓN 281/2018, de 11 de julio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX por denegación de información pública (Reclamación 370/2017). ANTECEDENTES Primero. El día 29 de octubre de 2015, el ahora reclamante presentó un escrito solicitando al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), en relación con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, lo siguiente: “1.- Se informe a XXX del importe que el Ayuntamiento ha recaudado con la imposición de multas coercitivas en los 10 últimos ejercicios así como su destino. ”2.- El importe recaudado por el Ayuntamiento en los 10 últimos años por el concepto de sanciones urbanísticas, así como el destino dado a estos fondos”. Segundo. Con fecha de 30 de octubre de 2015, el órgano reclamado notifica al reclamante que por la complejidad de la información pública requerida, amplía el plazo para resolver en un mes. Tercero. El 10 de julio de 2017, el órgano reclamado dicta Decreto 2017/5717, por el que resuelve “estimar parcialmente la solicitud de información” en los siguientes términos: “- Se estima la petición formulada acerca de la solicitud de información respecto del importe de lo recaudado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en los últimos 10 años en concepto de sanciones urbanística, así como de los importes recaudados en concepto de multas coercitivas. Se adjunta [..]. “- Se desestima la petición de información respecto del destino que se ha dado a los mencionados importes. “ Y ello en base a lo siguiente: “La información solicitada no obra como tal en el Ayuntamiento, se hace necesario por tanto proceder a la reelaboración de la misma en base a la información contenida en los documentos justificativos de los ejercicios presupuestarios a los que se hace referencia en su solicitud. “La reelaboración de esta información supondría la necesidad de disposición de medios técnicos, económicos y de personal de los que, en la actualidad, esta Administración carece. La actual situación económica y financiera por la que pasan las Administraciones, se traduce en una insuficiencia manifiesta de medios técnicos y personales, que impiden en muchas ocasiones, atender si quiera a las tareas cotidianas de las mismas, por lo que llevar a cabo una labor de reelaboración de un documento informativo, que además no es estrictamente necesario para el desenvolvimiento de las operaciones técnicas, jurídicas o financieras de la Entidad, supone un imposible para esta Administración, que se ve obligada a priorizar en la ejecución de determinadas funciones. […] Consta en el expediente la notificación al interesado, del Decreto 2017/5717, el día 28 de julio de 2017. Cuarto. El 3 de agosto de 2017 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante el Consejo) reclamación contra el Decreto de 10 de julio, antes citado, solicitando el destino del importe recaudado por sanciones urbanísticas y multas coercitivas. Quinto. Con fecha 12 de septiembre de 2017 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. Sexto. El 20 de septiembre de 2017 se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Séptimo. El 3 de octubre de 2017 tiene entrada en el Consejo escrito del órgano reclamado, en el que comunica que: “De la información solicitada a los Servicios implicados en la materia, así como de la propia legislación aplicable se desprende que, como bien dice el reclamante en su escrito, tanto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 7/2002 de 17 de diciembre, como el Reglamento de Disciplina urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, establecen que el importe obtenido por sanciones urbanísticas integrará el Patrimonio Municipal del suelo, en adelante PMS, una vez descontado el importe de la actividad administrativa. “Estos importes pasan a conformar el PMS como un activo más, que se integra con importes correspondientes a otros conceptos, como los derivados de ventas de inmuebles obrantes en el mismo, la sustitución en metálico de la cesión de terrenos como consecuencia de la actuación urbanística... entre otros. “Esta masa activa se destina a la construcción de viviendas de protección oficial, a la adquisición de suelo para la construcción de éstas, a la gestión, conservación y mantenimiento de los bienes que integran el PMS, así como a la mejora dotacional y de infraestructuras del municipio. Lo que resulta imposible determinar es qué actividad en concreto se ha financiado con un importe determinado, correspondiente a una sanción urbanística, dado que estos, como ya se ha dicho, pasan a conformar la masa activa global del PMS y financian conjuntamente las actuaciones urbanísticas que se acuerden, dentro de los límites establecidos en la legislación urbanística y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que cabe aplicar en esta materia. “Como ya se advirtió al reclamante, la determinación de cada actuación financiada con importes provenientes de PMS requiere de una labor de estudio y examen que rozaría la investigación, y que como bien podrá comprenderse, no puede llevarse a cabo por esta Administración. “Así lo ha comunicado mediante reiterados correos electrónicos el Servicio de Intervención de este Ayuntamiento, como puede comprobarse en el expediente que se adjunta.[…] “Entendemos por tanto que la estimación parcial de la petición formulada está justificada y es conforme a Derecho, en base a las alegaciones que mediante el presente se aducen.[...]” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de las reclamaciones interpuestas reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Existe una causa impeditiva para que este Consejo entre a decidir sobre el fondo de la reclamación. En efecto, según establece la Disposición Final Novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG): “La entrada en vigor de esta Ley se producirá de acuerdo con las siguientes reglas: [...] Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en este Ley”. Dicho plazo se cumplió el 10 de diciembre de 2015, no siendo por tanto jurídicamente exigibles a los Ayuntamientos las obligaciones contenidas en la LTAIBG. Según consta en el expediente, la solicitud se presentó el 29 de octubre de 2015, por lo que, de acuerdo con lo establecido en la citada Disposición Final Novena de la LTAIBG, no no se encontraba aún vigente el derecho de acceso a la información pública con base en la legislación reguladora de la transparencia. En consecuencia, la solicitud de información que generó esta reclamación no podía sustanciarse con arreglo a dicho marco normativo. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación interpuesta por XXX por denegación de acceso a información pública.