Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una funcionaria interina solicitó a la Comunidad de Madrid saber si su plaza específica sería incluida en una convocatoria de empleo público. La administración inadmitió la solicitud por considerarla información en curso de publicación general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que los puestos concretos no se determinan hasta que finaliza el proceso selectivo.
La interesada solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre la vinculación de su puesto de trabajo a una oferta de empleo público. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información es de publicación general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la información solicitada no es objeto de publicación general previa.
Catorce empleados del Consorcio Picos de Europa solicitaron actas de reuniones de la Comisión de Gestión. Ante la falta de respuesta, interpusieron una reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haber operado silencio administrativo por incumplimiento de los plazos legales, aunque sin obligar a entregar el acta no aprobada.
Se solicitó al Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón el expediente que dio lugar a la Orden ECD/728/2017 sobre becas de comedor. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación por falta de motivación y porque la información ya había sido producida.
El ciudadano solicitó al Concello de Cedeira información sobre la situación contractual de la empresa redactora del Plan General y su posible incompatibilidad. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación y retrotrae el expediente por aplicación incorrecta de la causa de inadmisión.
Se solicitó al Concello de Ames una auditoría sobre plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. El ayuntamiento alegó que era un documento de trabajo interno y previo a contrataciones. La Comisión da Transparencia estima la reclamación, considerando que la información es pública y no encaja en las causas de inadmisión alegadas.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan abundante documentación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el presupuesto municipal para 2017. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitirla porque el interesado ya tiene un procedimiento administrativo propio para acceder a esa información.
El ciudadano solicitó acceso a información sobre la gestión de la calidad del aire en el municipio de Madrid. La administración denegó la solicitud alegando que la información estaba en proceso de elaboración. El Consejo Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información.
El ciudadano solicitó al Concello de Vigo información sobre la titularidad de un tramo de camino. La Comisión de Transparencia de Galicia decide inadmitir la reclamación por falta de competencia, considerando que la solicitud no era de acceso a información pública sino un procedimiento de investigación de titularidad de bienes.
El ciudadano solicitó a la Deputación Provincial de Lugo la relación de contratos publicitarios con medios de comunicación desde 2015. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de condición de interesado, carácter abusivo y necesidad de reelaboración. La Comisión da Transparencia estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pallejà copia de los contratos de mantenimiento de instalaciones eléctricas y sus pliegos de cláusulas. El ciudadano alegó que la información recibida estaba incompleta. La GAIP estima la reclamación y requiere al Ayuntamiento que facilite la totalidad de los contratos vigentes, incluyendo precios y pliegos, ya que no existen límites legales aplicables.
La reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid confirmar si una plaza específica de auxiliar administrativo formaba parte de una convocatoria de empleo público y cómo se denominaba. La administración inadmitió parte de la solicitud por considerar que la información se publicaría más adelante. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Un opositor de la policía local solicitó al Ayuntamiento de Madrid los exámenes de otros candidatos, los criterios de valoración de la prueba de personalidad y la revisión de su propio examen. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la inadmite por ser la petición de revisión una actuación material ajena al derecho de acceso y por ser el solicitante un interesado en un procedimiento en curso.
El solicitante pidió acceso a la información relativa a las actas de la Junta de Gobierno de la Generalitat de Catalunya. La administración alegó que dicha información se encontraba en curso de elaboración (art. 18.1.a). El Consejo de Transparencia de la Generalitat de Catalunya desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada no es información en curso de elaboración.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el borrador y plazos de aprobación de un Real Decreto sobre administración electrónica. Alegó que la respuesta fue evasiva y no facilitó la información existente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información se encuentra en curso de elaboración.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Almería información relativa a los pliegos de condiciones de los contratos de suministro de agua y saneamiento. La administración denegó el acceso alegando que la información es de carácter interno y de elaboración propia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía desestima la reclamación al considerar que los pliegos son documentos públicos.
La Sección Sindical de CC.OO. solicitó a la Agencia EFE el Informe de Auditoría de las cuentas de 2016 formuladas en marzo. La administración denegó el acceso alegando que el documento estaba en proceso de publicación general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar aplicable la causa de inadmisión por información en curso de publicación general.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid vista de un expediente urbanístico en el que tenía condición de interesado. Tras el silencio administrativo, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo inadmitió la reclamación por no ser un supuesto de acceso a la información pública, sino un procedimiento administrativo regulado por leyes específicas.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales el acceso a los 'índices negros' (proyectos retirados) de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. El ciudadano alegó trato discriminatorio respecto a solicitudes previas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por ser el orden del día de un órgano colegiado ya finalizado.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Alcorcón información relativa al detalle de los costes de la obra de urbanización de la calle de la Prosperidad. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información se encontraba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación al considerar que no se probó la elaboración en curso.
El Alcalde de Torralba de Oropesa solicitó a la Diputación de Toledo el expediente completo de una convocatoria de subvenciones de 2015. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación ante el CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación porque el acceso a los documentos se rige por las normas del procedimiento administrativo de subvenciones y no por la Ley de Transparencia.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública las tablas o criterios de puntuación de la prueba de inglés para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que los criterios ya existían al haber finalizado el ejercicio.
El interesado solicitó información sobre la partida presupuestaria del Área de Cultura al Ayuntamiento de Tobarra. Al no obtener respuesta, alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información (el presupuesto) no existía en el momento de la solicitud, impidiendo el ejercicio del derecho de acceso.
El interesado solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid datos detallados de la Estadística de la Enseñanza desde el curso 2009-2010. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la información tiene prevista una publicación general próxima.
PODEM L'ALDEA solicitó al Ayuntamiento de l'Aldea las actas de la Comisión de Seguimiento y el inventario de caminos. El Ayuntamiento alegó que las actas eran deliberantes y que el inventario estaba en elaboración. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: obliga a entregar las actas (previa anonimización) y desestima el inventario por ser inexistente.
PODEM L'ALDEA solicitó al Ayuntamiento de l'Aldea las actas de la Comisión de Seguimiento y el inventario de caminos. El Ayuntamiento alegó carácter deliberativo y falta de anonimización para las actas, y que el inventario estaba en elaboración. La GAIP resuelve estimar parcialmente: obliga a entregar las actas (previa anonimización) y desestima el inventario por inexistente.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el número de plazas ofertadas en el turno de discapacidad desde 2002. La administración alegó que la información ya era pública y que facilitarla requería una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, señalando que la información es pública y que la publicidad activa no exime de la obligación de acceso.
La Asociación de vecinos de Argelaguer solicitó el Inventari de Béns al Ayuntamiento de Argelaguer. Tras una resolución previa que estimaba el derecho de acceso, el Ayuntamiento alegó dificultades técnicas en la elaboración del documento. La GAIP estima la solicitud de ampliación de plazo del Ayuntamiento hasta el primer semestre de 2018 para el cumplimiento de la entrega.
El interesado solicitó a la Diputación de Toledo información sobre la vigencia de la ordenanza de transparencia, actas de plenos y el expediente de modificación de la misma. Ante la falta de respuesta, reclamó por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a las actas pero denegando el resto por estar en tramitación.
La entidad Can Xesc Coix, SA solicitó al Ayuntamiento de Deiá copias de proyectos de dotación de servicios, depuración de aguas y electrificación. El interesado alegó que la respuesta del Ayuntamiento era evasiva. La Comisión para la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública de las Islas Baleares desestimó la reclamación al constatar que los proyectos solicitados no existen.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el acuerdo de liquidación de cupos con el País Vasco, datos históricos de cupos desde 1878 y costes de competencias. La Administración alegó que el acuerdo estaba en trámite y que no poseía los datos históricos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del acuerdo.
El ciudadano solicitó a la Universidad de La Laguna copia de la documentación del orden del día, el acta y la transcripción de la sesión del Consejo de Gobierno del 24 de mayo de 2017. La Universidad inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar de la información. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación por considerar que la documentación es base para la toma de decisiones públicas.
El interesado solicitó información sobre puestos de trabajo y retribuciones a la Consejería de Sanidad. La administración alegó que la información estaba en proceso de elaboración (inadmisibilidad). El Consejo de Transparencia debe resolver tras analizar las alegaciones sobre los criterios de publicidad activa en materia de recursos humanos.
La Asociación La Casa del Funcionario solicitó información sobre prevención de riesgos laborales a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y otras consejerías. Tras un silencio administrativo y respuestas incompletas o desistimientos formales, el Comisionado de Transparencia estima la reclamación por considerar que la información es pública y los desistimientos fueron improcedentes.
El interesado solicitó información sobre altos cargos y asimilados (art. 10) y sobre cuentas abiertas (art. 21.1) a Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Alegó falta de actualización y de respuesta tras subsanar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información del art. 10 estaba en curso de elaboración y la del art. 21.1 no se refería a personas, sino a sujetos.
Deutsche Bank AG solicitó información detallada sobre el contrato de concesión de la Autopista Eje-Aeropuerto al Ministerio de Fomento. La administración denegó el acceso alegando la judicialización por concurso de acreedores y la necesidad de elaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y no se acreditó daño.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre costes y número de procesos quirúrgicos, pruebas diagnósticas y tratamientos en centros privados concertados en 2016. La Dirección del Área de Salud de Gran Canaria inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación y ordena la entrega de los datos.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Madrid copia de un informe policial sobre un incidente doméstico para un trámite de dependencia. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que debía tramitarse mediante un procedimiento específico de pago de tasas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y es pública.
El interesado solicitó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el exterior. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración por una adaptación organizativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse entregado la información tras la reclamación.
La sol·licitud que ara es reclama, tant per l’objecte (no ho és obtenir informació sobre determinades víctimes de la Guerra Civil, sinó la base de dades completa i en format reutilitzable) com per la finalitat expressada (la creació, a partir d’aquesta base de dades, d’una nova aplicació o servei d’informació d’abast territorial superior) és una sol·licitud de reutilització i, en conseqüència, caldrà aplicar-hi el seu propi marc legal. A la vista de que l’article 4.4 de la Directiva 2013/37/UE disposa que s’ha de garantir la revisió de les decisions administratives en matèria de reutilització per part d’un òrgan independent i especialitzat i amb capacitat de vincular a les Administracions; considerant que aquesta Directiva 2013/37/UE preveu que els estats membres han d’aplicar les mesures que s’hi contenen a partir del 18 de juliol de 2015 i que l’aplicació d’aquesta via de revisió no és contradictòria amb el dret intern ni requereix l’adopció de mesures legislatives especifiques, cal concloure que són admissibles les reclamacions davant dels òrgans de garantia de l’accés a la informació de les resolucions limitatives o desestimatòries de sol·licituds de reutilització d’informació pública, sempre i quan l’objecte del recurs sigui la limitació de l’accés a la informació o la ponderació d’aquest dret amb els límits que hi concorrin. L’admissibilitat de les reclamacions de reutilització davant de la GAIP no comporta, tanmateix, l’aplicació excloent del règim d’accés de l’LTAIPBG. La Disposició Addicional Primera, apartat 2, de l’LTAIPBG preveu específicament que en les matèries que tenen un règim d’accés propi s’aplicarà llur normativa específica, i amb caràcter supletori, l’LTAIPBG. En la mateixa línia, la legislació bàsica estatal (Disposició Addicional Primera, apartat 3 LTAIPBGE) ho preveu, més específicament encara. D’acord amb això, a les sol·licituds de reutilització els és d’aplicació el procediment de la LRSIP (termini de resolució, règim de silenci, límits i
El reclamante solicitó acceso a los enunciados de los exámenes y supuestos prácticos de una convocatoria de oposiciones en la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando que el procedimiento no había finalizado y que existía una normativa específica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por ser aplicable la normativa de procedimiento administrativo.
La reclamante solicitó la copia completa de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, incluyendo la situación de ocupación de cada plaza. La administración la inadmitió alegando que la información ya era pública en su portal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la RPT es información pública.
El CERMI solicitó a la CNMC informes mensuales y el anual de 2016 sobre accesibilidad audiovisual. La CNMC inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración o era auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, obligando a remitir la solicitud al Real Patronato sobre Discapacidad respecto a los informes mensuales.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública la edición actualizada del Boletín de Consultas de Recursos Humanos (BODECO). Alegó que la respuesta fue fuera de plazo y que el acceso vía intranet (Portal Funciona) era insuficiente y restrictivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la publicación abierta de la información.
Una regidora solicitó diversos informes, audios de comisiones y expedientes de contratación al Ayuntamiento de Llíria. La administración denegó algunos por ser información en elaboración o auxiliar, y no respondió a otros. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, reconociendo el derecho de acceso y aplicando el silencio administrativo positivo para las solicitudes no contestadas.
El interesado solicitó el organigrama funcional y laboral detallado de Radio Televisión de Castilla-La Mancha. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración debido a la adaptación a la nueva Ley de Transparencia autonómica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar procedente la causa de inadmisión.
La Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería solicitó al Ministerio de Defensa datos sobre efectivos militares afiliados a asociaciones profesionales. Tras un acceso parcial, el interesado alegó que se le notificara la información restante al finalizar el expediente administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por alterar la solicitud original y por ser el interesado parte en un procedimiento administrativo en curso.
La Asociación AEMS-Ríos con vida solicitó a la Confederación Hidrográfica del Duero una relación de concesiones de aguas superficiales. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por existir una normativa específica aplicable (Ley 27/2006 de información ambiental).
El ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento el estudio informativo de una autovía en Asturias. El Ministerio denegó el acceso alegando que el documento estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el documento no está en fase de elaboración sino paralizado y que es relevante para el control de la decisión pública.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Educación información sobre la previsión de una convocatoria pública para subvencionar centros de educación infantil y la fundamentación jurídica en caso negativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque la solicitud versaba sobre cuestiones prospectivas y requería la elaboración de un informe ad hoc.
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