Reclamación sobre solicitud de datos de explotación de concesiones de transporte de viajeros

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-023283 N/REF: R/0292/2018 (100-000831) FECHA: 07 de agosto de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno En respuesta a laReclamación presentada por , con entrada el 14 de mayo de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Con fecha de 10 de abril de 2018, tuvo entrada en la Unidad de Transparencia del MINISTERIO DE FOMENTO solicitud de acceso a la información pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), por la que solicitó xLos datos de explotación (Viajeros Mínimo Percepción, viajeros totales, viajeros-km, vehículos-km propios, no adscritos y colaboradores, vehículos-km totales, recaudación total, recaudación viajero-km, recaudación vehículo-km, ocupación media y recorrido medio por trimestres y total anual) de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (o desde/hasta el año que estén disponibles) de las concesiones VAC 022, VAC 025, VAC 051, VAC 053, VAC 063, VAC 073, VAC 082, VAC 087, VAC 093, VAC 127, VAC 130, VAC 150, VAC 158, VAC 161, VAC 217, VAC 222 y VAC 226. xLa matriz de datos de explotación por tráficos viajeros-km: De los años 2014, 2015 y 2016 de las concesiones VAC 073 y VAC 116. De los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de las concesiones VAC 022, VAC 025, VAC 051, VAC 053, VAC 063, VAC 082, VAC 087, VAC 093, VAC 127, VAC 130, VAC 150, VAC 158, VAC 161 y VAC 217. De los años 2015, 2016 y 2017 de las concesiones VAC 221, VAC 222 y VAC 223. De los años 2016 y 2017 de las concesiones VAC 224, VAC 226, VAC 228, VAC 229, VAC 230, VAC 231, VAC 232, VAC 236. Del año 2017 de las concesiones VAC 239, VAC 240 y VAC 241. 2. Con fecha 9 de mayo de 2018, el MINISTERIO DE FOMENTO dictó Resolución por la que notificaba a lo siguiente: a) Respecto a la solicitud de la matriz de datos de explotación por tráficos viajeros-km de 30 contratos y de varios años cada uno: No resulta posible que los órganos encargados de la gestión del transporte de viajeros por carretera realicen sus funciones con normalidad si han de atender dicha solicitud. La información solicitada tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley 19/2013. b) Respecto a la solicitud de los datos de explotación: la página web del Ministerio de Fomento proporciona información suficiente respecto a los datos de explotación de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general competencia de la Administración General del Estado. Desde el año 2010 al 2012 se publican datos de viajeros, y a partir del 2013 se incluyen también los datos de viajeros-kilómetro, vehículos-kilómetro y recaudación de cada uno de los contratos vigentes durante el año que corresponda. Esta información se encuentra en la siguiente dirección: TRANSPORTETERRESTRE/Apli1/DVSPTVUG/ Los datos correspondientes al año 2017 se están elaborando, por lo que es de aplicación la causa de inadmisión del artículo 18.1. a de la Ley 19/2013. c) El resto de datos solicitados, recaudación viajero-km, recaudación vehículo-km, ocupación media y recorrido medio son magnitudes derivadas de operar con las siguientes magnitudes: viajeros totales, viajeros-km, vehículos-km totales y recaudación total. Por tanto, de acuerdo al artículo 18.1. c de la Ley 19/2013, dicha solicitud es causa de inadmisión, pues sería necesaria una acción previa de re elaboración. Por ello, esta Dirección General acuerda inadmitir esta solicitud de información. 3. El 14 de mayo de 2018, tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una Reclamación presentada por , al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, manifestando lo siguiente: xSi debido a que la información es compleja o voluminosa, se puede ampliar el plazo para resolver. xLa Administración dispone de la aplicación SITRANBUS, en la que constan los datos de explotación de las concesiones. xExtraer los datos de explotación de esa aplicación no lleva mucho tiempo, pues cuando se han solicitado por ejemplo vehículos adscritos de otras concesiones en anteriores solicitudes, los listados de los vehículos adscritos tenían todos las mismas fechas de extracción, por lo cual en un día se puede extraer la información de dicha aplicación. xEn las licitaciones que se han publicado actualmente, constan estos datos como anexos a los pliegos de condiciones y constan todos con la misma fecha, por lo tanto no conlleva mucho tiempo extraerlos. xEn las licitaciones que se han publicado actualmente, constan los datos desde 2008 hasta 2017 como anexos a los pliegos de condiciones, por lo tanto los datos ya existen. xEn el documento sobre datos de explotación de otras concesiones que se adjunta, se puede comprobar que los datos no hay que reelaborarlos porque ya constan en la aplicación SITRANBUS y al extraerlos salen todos los datos solicitados. xLa información que se solicita son los datos de explotación de concesiones de transporte de viajeros, documentos que han sido adquiridos o elaborados en el ejercicio de sus funciones. 4. El mismo día 14 de mayo de 2018, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL FOMENTO para alegaciones. El 3 de julio de 2018, tuvieron entrada las alegaciones del Ministerio, en las que manifestaba lo siguiente: xDurante el año 2017, el reclamante presentó 51 solicitudes de información sobre un gran número de concesiones,que englobaban una ingente cantidad de datos. Dado el enorme volumen de documentos y expedientes afectados, desde el mes de febrero se le ofreció la oportunidad de acceder directamente a dichos expedientes,poniendo a su disposición un despacho y la colaboración de un funcionario del área implicada. Sin embargo,el reclamante declinó repetidamente la oferta y exigió que se le enviasen todos los documentos digitalizados, lo que finalmente obtuvo respecto de las 33 primeras peticiones. Sin embargo,las otras 18 solicitudes de información,que fueron enviadas todas ellas en el mes de diciembre yque presentaban las mismas características que las anteriores, fueron desestimadas. xDesde el mes de enero de 2018 hasta la fecha el reclamante ha presentado, incluyendo esta petición objeto de reclamación,ocho solicitudes de información,de las cuales cuatro han sido inadmitidas y tres denegadas. xLa realización de las tareas necesarias para facilitar la información corresponde al área de transporte nacional de viajeros, que está integrada por los siguientes puestos de trabajo: Un Jefe de área, a quien corresponde el control de auditorías e informes sobre la gestión económica de los contratos de servicio público regular de viajeros por carretera (SPRV), los estudios de viabilidad económica de contratos de SPRV, la elaboración de proyectos sobre unificación de líneas regulares de SPRV, la elaboración de resoluciones sobre modificaciones contractuales y recursos de SPRV, el apoyo en la licitación de contratos de SPRV, la gestión de incidencias en la ejecución de SPRV, la dirección de equipos de trabajo relacionados con el puesto y la planificación de tareas relacionadas con el puesto. Dos Jefes de servicio, encargados de la tramitación de expedientes de modificación de contratos de servicios públicos regulares de transporte de viajeros; la tramitación y resolución de modificaciones de expediciones, horarios y calendarios; la tramitación de expedientes de unificación de servicios públicos regulares de transporte de viajeros; la tramitación y resolución de expedientes de segregación de tráficos; los informes de recursos de alzada; la aportación de pruebas, documentos y certificaciones a los órganos jurisdiccionales; la atención de quejas de los usuarios y del Defensor del Pueblo; la preparación de especificaciones para nuevos contratos; la tramitación de los expedientes de las diferentes clases de autorizaciones. Dos Jefes de sección, cuyos cometidos son: El control del material móvil de las concesiones, autorización y actualización de datos (vehículos); la actualización en la base de datos SITRANBUS; la publicación de anuncios en el BOE; el apoyo administrativo para expedientes de modificaciones de concesiones, para especificaciones de los pliegos de las licitaciones, de las Resoluciones sobre huelgas; la actualización de listas de contratos, página web, etc. Indudablemente, debe entenderse que la atención a las peticiones de los ciudadanos, sea la vía que sea la que éstos utilicen, forma parte de sus funciones, pero difícilmente pueden ser atendidas si varios ciudadanos realizan un conjunto de peticiones como la que ahora nos ocupa, ya que el volumen de recursos necesarios para su atención haría inviable la contestación de todas. xEn cuanto a la solicitud de la matriz de datos de explotación por tráficos viajeros-km de 30 contratos y de varios años para cada uno de ellos, hay que decir que no resulta posible que los órganos encargados de la gestión del transporte de viajeros por carretera de la Subdirección General de Gestión, Análisis e Innovación de Transporte Terrestre, enumerados en el apartado 5 de los antecedentes, realicen sus funciones con normalidad si deben dedicarse a elaborar la información solicitada. xLa información solicitada tiene un carácter abusivo, no justificado por la finalidad de transparencia que garantiza la Ley 19/2013, cuyo artículo 18.1. e) establece que se inadmitirán a trámite las solicitudes de información que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. xRespecto a la solicitud de los datos de explotación, la página web del Ministerio de Fomento proporciona información suficiente sobre estos datos de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general competencia de la Administración General del Estado. Desde el año 2010 a 2012 se publican datos de viajeros y a partir de 2013 se incluyen también los datos de viajeros-kilómetro, vehículos-kilómetro y recaudación de cada uno de los contratos vigentes durante el año que corresponda. Esta información se encuentra disponible en la siguiente dirección: ES!fRANSPORTETERRESTRE/Apli1/DVSPTVUG/ xLos datos correspondientes al año 2017 se están elaborando, por lo que es de aplicación la causa de inadmisión del artículo 18.1. a de la Ley 19/2013. xEl resto de datos solicitados, recaudación viajero-km, recaudación vehículo-km, ocupación media y recaudación media son magnitudes derivadas de operar con las siguientes magnitudes: viajeros totales, viajeros-km, vehículos-km totales y recaudación total. xLa solicitud de acceso a la información pública objeto del presente procedimiento cumple los requisitos para ser calificada como abusiva de acuerdo con el Criterio Interpretativo CI/003/2016, de 14 de julio de 2016, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Consecuentemente, se propone la desestimación de la reclamación presentada contra la resolución del Director General de Transporte Terrestre inadmitiendo la solicitud presentada el 1 O de abril de 2018. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, la Administración deniega la información porque a su juicio, resulta de aplicación la causa de inadmisión del articulo 18.1 e) de la LTAIBG, según la cual Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. El ejercicio abusivo de un derecho ha sido analizado por reiterada jurisprudencia (por todas, se destaca la Sentencia de 1 de febrero de 2006 (Rec. núm. 1820/2000). Esta doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. Se trata de una institución de equidad que, para poder ser apreciada, exige la verificación de que la conducta valorada cumple los siguientes requisitos: (1) Aparentemente es correcta pero representa, en realidad, una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna; y (2) Genera unos efectos negativos, normalmente daños y perjuicios. Además, de la base fáctica debe resultar patente (a) una circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo); y (b) una circunstancia objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (anormalidad en el ejercicio del derecho). Aplicada esta doctrina al derecho de acceso a la información, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a), aprobó el Criterio Interpretativo CI/003/2016, que se pronuncia en los siguientes términos: 2.2. Respecto del carácter abusivo de la petición de información. El artículo 18.1. e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”. Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de: Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos Conocer cómo se toman las decisiones públicas Conocer cómo se manejan los fondos públicos Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando: No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. 4. Por otro lado debe también recordarse que el artículo 7 del Código Civil dispone que: -Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que: por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar … a la adopción de las medidas … administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Según numerosas sentencias (SS 14/2/86, 29/11/85, 7/5/93, 8/6/94, 21/9/87, 30/5/98,11/5/91, entre otras), el abuso de derecho: - presupone carencia de buena fe. La buena o mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. Para la apreciación de la buena fe (ésta, según doctrina se presume) o mala fe (que debe acreditarse) hay que tener en cuenta hechos y circunstancias que aparezcan probados. - impone la exigencia de una conducta ética en el ejercicio de los derechos. El abuso de derecho procede cuando el derecho se ejercita con intención decidida de causar daño a otro o utilizándolo de modo anormal. Su apreciación exige que la base fáctica ponga de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y las subjetivas (ausencia de interés legítimo o voluntad de perjudicar). - El abuso viene determinado por la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima y la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho. Una interpretación del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013 que implique un ejercicio excesivo e indiscriminado del mismo afectaría en sí mismo, perjudicándolo, el objeto y finalidad de la propia norma. A este respecto, deben tenerse en cuenta los elementos de carácter subjetivo y objetivo para evaluar la finalidad que motiva la presentación por el interesado de la Reclamación objeto de esta resolución. 5. Como se ha puesto de manifiesto por la Administración,durante el año 2017, el reclamante presentó 51 solicitudes de información sobre un gran número de concesiones,que englobaban una ingente cantidad de datos. Desde el mes de enero de 2018 hasta la fecha el reclamante ha presentado,incluyendo esta petición objeto de reclamación,ocho solicitudes de información, de las cuales cuatro han sido inadmitidas y tres denegadas. Asimismo, hay que poner de manifiesto que las solitudes de información han generado las posteriores 18 reclamaciones ante este Consejo de Transparencia, que se ya han sido tramitadas. Estos expedientes se unen a los precedentes que obran en este Organismo de años anteriores. Es decir, a nuestro juicio, queda acreditado el volumen de solicitudes que el hoy Reclamante ha dirigido a la Administración y, en concreto, al MINISTERIO DE FOMENTO. A pesar de que la interpretación del art. 18.1 e) de la LTAIBG antes reproducido no conecta el ejercicio abusivo del derecho a un criterio cuantitativo (número de solicitudes presentadas) sino cualitativo (características de la solicitudes presentadas y antecedentes de la misma), no es menos cierto que ambos aspectos deben cohonestarse en casos como el presente en que el volumen de solicitudes es un reflejo del ejercicio abusivo del derecho desde una perspectiva cualitativa. En este punto, resultan especialmente clarificadoras las apreciaciones de la Administración y, sobre todo, el detalle y la especificidad con la que se dimensionan- en términos de recursos necesarios- las implicaciones de atender solicitudes de información como las planteadas. Es decir, a nuestro juicio, no se hace una apreciación general o en abstracto de una situación, sino que se aportan detalles, concretos y determinados, del alcance que para la organización implica atender las peticiones del solicitante. Así, a nuestro juicio, todas estas manifestaciones de la Administración han de ser acogidas favorablemente, debiendo entenderse que se dan las circunstancias citadas por los Tribunales de Justicia y por el Criterio Interpretativo de este Consejo de Transparencia para considerar que las solicitudes del Reclamante participan de la condición de abusivas y son contrarias al ordenamiento jurídico, puesto que pueden considerase incluidas en el concepto de abuso de derecho, han sido presentadas antes de que finalice el plazo normal de contestación a la anterior y requieren un tratamiento que obliga a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, puesto que el Ministerio carece de medios personales suficientes para atenderlas todas a la vez o en los plazos resultantes. Añadido a lo anterior, las solicitudes planteadas deben analizarse desde la perspectiva del control de la acción de la Administración y la rendición de cuentas por las decisiones públicas, toda vez que, en no pocas ocasiones como ha quedado destacado en los antecedentes de hecho y atendiendo al tipo de información requerida, ciertamente podría cuestionarse su utilidad para garantizar el interés común en conocer la actuación pública, poder participar en la misma y exigir responsabilidades por las decisiones de los organismos públicos; todos ellos, pilares fundamentales y ratio iurisde la LTAIBG. Así, debe recordarse que es la protección del interés general en la transparencia pública, como bien común de nuestra sociedad, la que debe prevalecer frente a solicitudes de información que persiguen otros intereses, de carácter privado o profesional, que no encajan en la finalidad perseguida por la LTAIBG y, por tanto, no pueden ser considerados superiores. En definitiva y como conclusión, la presente Reclamación – como otras que han sido presentadas anteriormente con el mismo objetivo - debe ser desestimada. 6. A mayor abundamiento, parte de la solicitud de acceso se basa en que la Administración elabore específicamente para el Reclamante unas estadísticas relativas a Viajeros Mínimo Percepción, viajeros totales, viajeros-km, vehículos-km propios, no adscritos y colaboradores, vehículos-km totales, recaudación total, recaudación viajero-km, recaudación vehículo-km, ocupación media y recorrido medio por trimestres y total anual) de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (o desde/hasta el año que estén disponibles). Como sostiene la Administración, en criterio que este Consejo de Transparencia comparte, realizar este Informe estadístico específico supone tener que reelaborar la información. La denegación de esta concreta información viene argumentada en la necesidad de realizar una acción previa de reelaboración en el sentido de la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 c) de la LTAIBG. Dicho precepto debe analizarse en los términos del Criterio Interpretativo nº 7, de 2015, aprobado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a) de la LTAIBG y que se pronuncia en los siguientes términos: xEn cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: "volver a elaborar algo". Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. xSi por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como "derecho a la información". Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. Por su parte, los Tribunales de Justicia también han tenido ocasión de analizar dicha causa de inadmisión. xSentencia nº 60/2016, dictada por el Juzgado Central de lo contencioso- Administrativo nº 6 de Madrid el 25 de abril de 2016: “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía". xSentencia de la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2017 dictada en el recurso de apelación nº 63/2016 "El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular. Es por ello por lo que el mencionado art. 18.1 c permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia”. Asimismo, no debe dejar de mencionarse la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, que indica lo siguiente: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1 c) de dicho artículo (que se refiere a solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información (…). En el presente caso, la información estadística solicitada por el Reclamante (recaudación viajero-km, recaudación vehículo-km, ocupación media y recaudación media) son magnitudes derivadas de operar con las siguientes magnitudes: viajeros totales, viajeros-km, vehículos-km totales y recaudación total, lo que implica necesariamente crear información nueva, aunque sea con datos que ya obren en poder de la Administración. Ello constituye una acción previa de reelaboración en los términos fijados por este Consejo de Transparencia y por los tribunales de justicia. Por todo lo expuesto, la presente Reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN Considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMARla Reclamación presentada por , con entrada el 14 de mayo de 2018, contra la Resolución del MINISTERIO DE FOMENTO, de 9 de mayo de 2018. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2, de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda