Resolución de reclamación por acceso a información sobre subvenciones, presupuestos y retribuciones relativas al sector pesquero
La Plataforma Pladesemapesga solicitó al MAPAMA información sobre subvenciones, presupuestos y retribuciones de cofradías pesqueras. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando al Ministerio que remita la solicitud a la Xunta de Galicia y a las cofradías competentes, ya que la información no obra en su poder y debe derivarse al órgano competente conforme al art. 19.1 LTAIBG.
Acceso a actas, expedientes de cálculo e instrucciones técnicas sobre la distribución de plazas en un proceso selectivo de 2021
El reclamante solicitó actas, expedientes de cálculo e instrucciones técnicas sobre la distribución de plazas en un proceso selectivo de 2021 a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía. Alegó silencio administrativo y falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información solicitada (tras anonimizar datos), pero desestimó la ampliación de la petición realizada en la propia reclamación.
Reclamación por denegación de información sobre la construcción y gestión del polideportivo municipal de Monasterio de Rodilla, estimada parcialmente por la Comisión de Transparencia
La asociación Tritium Autrigonum solicitó al Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla documentación sobre la construcción y gestión del polideportivo municipal, una reunión vecinal y un índice de documentos. Ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación por silencio administrativo. El Ayuntamiento alegó abuso del derecho y que la información ya había sido tratada. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando al Ayuntamiento facilitar la documentación del polideportivo, pero desestima la petición de reunión por no ser información pública.
Solicitud de acceso a información sobre presupuestos y gestión de la Junta de Compensación Balcón del Tajo Oeste
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja información sobre presupuestos y gestión de la Junta de Compensación Balcón del Tajo Oeste. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por haberse presentado fuera del plazo legal de un mes establecido en la LTPCM, aunque reconoce que la información solicitada sí está protegida por la normativa de transparencia y que las entidades urbanísticas son sujetos obligados.
Solicitud de acceso a la norma que habilita a la Comunidad de Madrid para ordenar la publicación de normas urbanísticas de varios ayuntamientos y desestimación de la reclamación por no constituir información pública
El ciudadano solicitó a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la CAM la norma que le otorga competencia para ordenar la publicación de normas urbanísticas de varios ayuntamientos. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo y desacuerdo con la contestación del BOCM. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la petición constituye una consulta jurídica que exige una elaboración ad hoc, por lo que no se subsume en el concepto de información pública.
Solicitud de información sobre lista de espera para equipos de teletrabajo, criterios de asignación y posición del solicitante
El reclamante solicitó a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo información sobre una lista de espera para equipos de teletrabajo, sus criterios y su posición en ella. Al no obtener respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación, ordenando a la administración remitir directamente la información solicitada al ciudadano, ya que corresponde al órgano obligado facilitar el acceso y no al Consejo actuar como transmisor.
Derivación de solicitud de información sobre gastos de subvención para sendero a órgano competente
Se solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos el expediente de gastos de una subvención europea para un sendero. Al no ser competente, la administración derivó la solicitud a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. El reclamante interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación al considerar que la administración actuó correctamente aplicando el art. 19.1 LTAIBG al derivar la solicitud al órgano competente.
Reclamación por desestimación presunta de solicitudes de acceso a información sobre condiciones laborales de un agente de policía municipal (compensación de horas extras, días de asuntos personales y actas/acuerdos municipales)
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Bakio información sobre corrección de errores en compensación de horas extras y días de AP (22/11/2023), y posteriormente actas/acuerdos sobre sus condiciones laborales (05/09/2024). Ante el silencio administrativo, interpuso reclamación. La Comisión inadmite la reclamación porque la primera solicitud no era de acceso a información pública, sino laboral, y las segundas eran extemporáneas al no haber vencido el plazo de respuesta municipal.
Acceso a la documentación del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, incluyendo el dictamen del Consejo de Estado y otros informes, concedido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia el dictamen del Consejo de Estado y otros documentos del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Ante el silencio administrativo y posterior inadmisión por el Ministerio (alegando información en elaboración), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación. Argumentó que los documentos no estaban en elaboración y que el derecho de acceso a la "huella normativa" en procesos legislativos en curso es fundamental para la transparencia y participación ciudadana, conforme a la LTAIBG, el Convenio de Tromsø y la jurisprudencia europea.
Acceso al expediente de contratación de asistencia técnica para la Autoridad Portuaria de Baleares
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el expediente de contratación de asistencia técnica para la Autoridad Portuaria de Baleares. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al considerar improcedente la ampliación de plazo no justificada y extemporánea, y reconocer que, aunque la información se facilitó tardíamente, se vulneró el derecho a obtener respuesta en el plazo legal.
Acceso al expediente de contratación del contrato Radar Covid y límites de confidencialidad
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente completo del contrato Radar Covid. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información no confidencial por vía electrónica, ya que la restricción al acceso presencial o a interesados carece de amparo legal y el derecho de acceso debe garantizar la transparencia, salvo los secretos comerciales debidamente justificados.
Solicitud de información sobre el orden del día y actas del comité interadministrativo para el seguimiento de los traslados de menores migrantes no acompañados
Se solicitó a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias el orden del día y actas del comité interadministrativo sobre traslados de menores migrantes. La administración no respondió, generando silencio administrativo. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estimó la reclamación, considerando que las actas de órganos colegiados son información pública accesible y no están amparadas por el secreto de deliberación, ordenando su entrega en 15 días.
Solicitud de información sobre exámenes prácticos de dos convocatorias de empleo público ya concluidas
Se solicitó a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias copia de los exámenes prácticos de dos convocatorias de empleo público ya finalizadas. Al no responder la administración en plazo, se interpuso reclamación por silencio administrativo. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estimó la reclamación, al considerar que la documentación solicitada es información pública en poder del organismo y al no haberse alegado límites ni causas de inadmisión, ordenando su entrega.
Anteproyecto de ley de modificación de la LPAC y la LRJSP en materia responsabilidad patrimonial
El Consejo de Transparencia estima la reclamación de acceso a "toda la documentación del Anteproyecto de ley de modificación parcial de las Leyes 39/2015 y 40/2015 sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador, incluido el Dictamen del Consejo de Estado núm. 490/2025", solicitada al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La decisión se basa en el silencio administrativo del Ministerio y la ausencia de justificación de límites o causas de inadmisión, reafirmando el amplio derecho de acceso a la información pública.
Acceso a documentación de una plaza de jefe de personal docente y procesos de selección
Se solicitó documentación sobre una plaza de jefe de personal docente en Girona (año 2005 y anteriores) al Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. El solicitante alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la definición de la plaza y datos de publicidad activa, pero limitando el acceso a expedientes de selección por contener datos personales.
Reclamación por denegación presunta de información sobre movimientos bancarios del Ayuntamiento de Retortillo relacionados con una mercantil
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Retortillo movimientos bancarios y justificantes relacionados con la mercantil XXX (2011-2023). Ante el silencio administrativo, reclamó a la Comisión de Transparencia. El Ayuntamiento alegó que el solicitante no era vecino, la petición era abusiva y afectaba datos privados. La Comisión estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer el procedimiento para dar audiencia a la mercantil y luego conceder el acceso a la información, disociando datos personales de personas físicas.
Reclamación por desestimación presunta de solicitud de acceso a información sobre actuaciones municipales relativas a la ocupación y uso indebido de un patio comunitario en Donostia-San Sebastián
La Asociación de Vecinos reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública la desestimación presunta de su solicitud al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. La solicitud pedía información sobre las actuaciones municipales relativas a la ocupación y uso indebido de un patio comunitario (liberación de acceso, retirada de enseres y demolición de un techado). La Comisión estima la reclamación, al considerar que la información es pública y que el silencio administrativo del Ayuntamiento vulneró el derecho de acceso, instándole a entregar la información.
Solicitud de información sobre contaminación en un inmueble de Toledo
El reclamante solicitó a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha denuncias e inspecciones sobre contaminación en un inmueble de Toledo. Ante el silencio administrativo, interpuso reclamación ante el CTBG. La administración alegó la inadmisión por aplicar el régimen específico de información ambiental (Ley 27/2006). El CTBG estimó la reclamación, declarando su competencia para conocerla y ordenando la entrega de la información, al considerar que la reclamación del art. 24 LTAIBG es viable incluso con regímenes específicos.
Acceso a expedientes de autorización de uso en España de títulos de la Orden Asiática de Moral Universal de la Sultana Mogola Alina D’Eldir. Reclamación estimada por respuesta tardía de la Administración, que informó de la inexistencia de dichos expedientes.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes expedientes de autorización de uso de títulos de la Orden Asiática de Moral Universal. Ante el silencio administrativo, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), alegando la desestimación tácita y, posteriormente, la dilación en la respuesta. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales, al no haber respondido la Administración en el plazo legal, aunque la información (inexistencia de expedientes) fue finalmente proporcionada de forma extemporánea.
Acceso a expedientes de productividad de personal municipal y nóminas individualizadas no entregadas completamente por el Ayuntamiento de Alcudia
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Alcudia acceso electrónico a expedientes completos sobre el pago de complementos de productividad a personal de Intervención y Policía Local (mayo 2019-junio 2023). Tras una respuesta inicial incompleta del Ayuntamiento, la reclamante alegó la falta de relaciones de nóminas individualizadas y propuestas de resolución. El Consejo estima la reclamación, instando al Ayuntamiento a facilitar la información pendiente, dado que el derecho de acceso se considera concedido por silencio administrativo y la administración no acreditó el acceso total.
Reclamación por falta de respuesta a solicitud de información sobre el evento "BFURY COMBAT TUDELA" y documentación asociada al Ayuntamiento de Tudela
Un concejal reclamó al Ayuntamiento de Tudela por la falta de respuesta a su solicitud de información sobre el evento "BFURY COMBAT TUDELA" (expediente, autorizaciones, contratos, actuaciones por irregularidades y carta de precios del bar). El Ayuntamiento alegó que la solicitud se entendía concedida por silencio y que no existía un expediente administrativo como tal para la cesión del espacio. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, reprochando al Ayuntamiento no haber respondido en plazo ni facilitado toda la información, ordenándole que dé acceso a lo solicitado o declare su inexistencia.
Reclamación de concejala por falta de acceso a información pública sobre urbanismo, gestión, personal, contratación, obras, institucional y presupuestaria del Ayuntamiento de Carcedo de Burgos
Una concejala del Ayuntamiento de Carcedo de Burgos solicitó diversa información pública (urbanismo, gestión, personal, contratación, obras, institucional y presupuestaria). Ante la falta de respuesta expresa, interpuso una reclamación por silencio administrativo positivo no materializado. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de la información previa disociación de datos personales, y ordena retrotraer el procedimiento para dar audiencia a terceros afectados en el caso de registros de fichajes de personal.
Equivalencia de título extranjero a grado en España: expedientes informados favorablemente
Un solicitante pidió al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el número total y los expedientes de declaraciones de equivalencia favorables para un título universitario extranjero específico. El Ministerio no respondió a dos solicitudes, ni justificó la ampliación de plazo, incurriendo en silencio administrativo y sin presentar alegaciones ante el Consejo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información solicitada en 10 días hábiles, al considerar que la falta de respuesta y justificación vulnera el derecho de acceso a la información pública.
Inspecciones en los recursos residenciales de la población en tratamiento psiquiátrico
Un reclamante solicitó al <strong>Ministerio de Trabajo y Economía Social</strong> información detallada sobre las inspecciones de trabajo realizadas en recursos residenciales privados para población psiquiátrica entre 2023 y 2025. El Ministerio no respondió a la solicitud inicial en el plazo legal, lo que constituyó una desestimación por silencio administrativo, ni tampoco presentó alegaciones ante el <strong>Consejo de Transparencia y Buen Gobierno</strong>. En consecuencia, el Consejo estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información solicitada, basándose en la falta de justificación de límites al derecho de acceso y la naturaleza constitucional de este derecho.
Acceso a información sobre terapias electroconvulsivas (TEC) en el País Vasco (2019-2023), incluyendo número, coste, desglose por sexo/edad, sesiones y consentimiento. Reclamación estimada parcialmente
Una ciudadana solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco datos sobre electroshocks (TEC) aplicados en la Comunidad Autónoma Vasca entre 2019 y 2023, incluyendo número, coste, desglose por sexo/edad, sesiones y tipo de consentimiento. Ante la desestimación presunta por silencio administrativo y la posterior alegación del Departamento de no disponer de los datos estructurados, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estimó parcialmente la reclamación. La Comisión concluyó que la información es pública y existe, ordenando al Departamento entregar los datos disponibles con el desglose existente, rechazando la falta de disponibilidad o la necesidad de reelaboración no justificada.
Diverses dades i informació relatives als llocs de treball de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra.
La concurrència de límits legals a l’accés, als efectes de no aplicar la regla del silenci administratiu positiu a les sol·licituds d’informació pública no resoltes expressament, és un fet que, de produir-se, desplega les seves conseqüències amb independència que hagi estat al·legada expressament o no per l’Administració al denegar fora de termini informació obtinguda presumptament per silenci administratiu positiu. Si les dades sol·licitades no estan afectades per un límit legal a l’accés, l’estimació presumpta de la sol·licitud per silenci administratiu positiu comporta que la resolució expressa posterior de l’Administració només pot ser confirmatòria d’aquella estimació presumpta. Per generar l’obligació administrativa d’haver de lliurar la informació en el termini de 30 dies de l’estimació de la corresponent sol·licitud, cal que la persona sol·licitant demani expressament aquest lliurament quan l’estimació és presumpta per silenci administratiu positiu. Informació pública és tota la informació que és a mans de l’Administració, i és en relació amb aquest objecte que es pot exercir el dret d’accés; en canvi, les obligacions administratives de publicitat activa vinculades a la transparència tenen un àmbit material molt més limitat, definit per l’article 8 LTAIPBG, amb l’objecte d’oferir a la ciutadania unes referències mínimes per poder avaluar la gestió pública, sense necessitat d’exercir el dret d’accés; en conseqüència, no procedeix desestimar una sol·licitud d’informació emparada pel dret d’accés justificant-ho en una institució diferent, com és la de les obligacions de publicitat activa, que a més té un àmbit material molt més limitat. La legislació de protecció de dades personals garanteix el dret de les persones a accedir a la informació, tant pública com privada, relativa a un mateix. No es poden facilitar les dades relatives als motius de la reserva de plaça de les relacions de llocs de treball de les administracions públiques, ja que alguns d’aquests motius poden comportar dades personals especialment protegides. Les dades relatives a la provisió dels llocs de treball de les administracions públiques s’han de fer públiques, i amb més motiu quan es tracta de provisions provisionals. No concorren límits que impedeixin de facilitar el codi del lloc de treball de les relacions de llocs de treball de les administracions públiques. La GAIP no té competència per incoar, instruir o resoldre procediments sancionadors. Si terceres persones afectades s’oposen al lliurament de la informació estimada per una resolució de la GAIP, aquesta no es pot executar mentre no venci el termini dins del qual pot ser impugnada en via contenciosa administrativa.
Còpia de la base de dades del Cost Humà de la Guerra Civil.
La sol·licitud que ara es reclama, tant per l’objecte (no ho és obtenir informació sobre determinades víctimes de la Guerra Civil, sinó la base de dades completa i en format reutilitzable) com per la finalitat expressada (la creació, a partir d’aquesta base de dades, d’una nova aplicació o servei d’informació d’abast territorial superior) és una sol·licitud de reutilització i, en conseqüència, caldrà aplicar-hi el seu propi marc legal. A la vista de que l’article 4.4 de la Directiva 2013/37/UE disposa que s’ha de garantir la revisió de les decisions administratives en matèria de reutilització per part d’un òrgan independent i especialitzat i amb capacitat de vincular a les Administracions; considerant que aquesta Directiva 2013/37/UE preveu que els estats membres han d’aplicar les mesures que s’hi contenen a partir del 18 de juliol de 2015 i que l’aplicació d’aquesta via de revisió no és contradictòria amb el dret intern ni requereix l’adopció de mesures legislatives especifiques, cal concloure que són admissibles les reclamacions davant dels òrgans de garantia de l’accés a la informació de les resolucions limitatives o desestimatòries de sol·licituds de reutilització d’informació pública, sempre i quan l’objecte del recurs sigui la limitació de l’accés a la informació o la ponderació d’aquest dret amb els límits que hi concorrin. L’admissibilitat de les reclamacions de reutilització davant de la GAIP no comporta, tanmateix, l’aplicació excloent del règim d’accés de l’LTAIPBG. La Disposició Addicional Primera, apartat 2, de l’LTAIPBG preveu específicament que en les matèries que tenen un règim d’accés propi s’aplicarà llur normativa específica, i amb caràcter supletori, l’LTAIPBG. En la mateixa línia, la legislació bàsica estatal (Disposició Addicional Primera, apartat 3 LTAIPBGE) ho preveu, més específicament encara. D’acord amb això, a les sol·licituds de reutilització els és d’aplicació el procediment de la LRSIP (termini de resolució, règim de silenci, límits i
Expedient sobre fets ocorreguts en una llar d’infants.
La resolució desestimatòria de l’accés posterior a la producció del silenci no és nul·la si resulta ser confirmatòria d’una desestimació presumpta, és a dir, si per aplicació dels límits a l’accés, el silenci hagués tingut l’efecte desestimatori previst a l’article 35.2 LTAIPBG. Mentre no s’iniciï un procediment administratiu, no es pot aplicar a la persona reclamant el règim d’accés reservat per a les persones interessades en procediments administratius oberts. Durant la fase d’investigació reservada, l’accés de la persona reclamant queda sotmès al règim general d’accés de l’LTAIPBG i, en aquest sentit, cal desestimar la pretensió de la persona reclamant formulada en la sol·licitud d’accés i en la fonamentació d’aquesta reclamació, de què l’article 53.1.a LPAC l’empari per a accedir a la documentació de la investigació reservada quan estava encara en curs. Nogensmenys, considerant que després de presentar la reclamació s’ha acordat la iniciació del procediment disciplinari en què la persona reclamant té la condició, ara sí, de persona interessada, aquesta resolució tindrà en compte aquest règim especial d’accés que ara li correspon a l’empara de l’article 53.1.a LPAC, que en tot cas, no és un dret absolut i il·limitat, sinó que, d’acord amb l’article 82.1 LPAC i l’article 51 de la Llei 26/2010, l’accés de les persones interessades en tràmit d’audiència no afectarà “les dades excloses del dret d’accés”. La desestimació de l’accés contra la qual es presenta aquesta reclamació s’ha fonamentat en el caràcter reservat de la fase d’investigació prèvia, aleshores oberta, establert a l’article 275 REPSEL. Atès el caràcter reglamentari de la normativa invocada, aquest caràcter reservat no podria encabir-se en el límit previst per l’article 21.2 LTAIPBG (informació declarada reservada per llei) ni a la què estableix l’article 21.1.c LTAIPBG (secret o confidencialitat dels procediments administratius quan estigui prevista per una norma amb rang de llei) ja que en els dos casos el legislador ha exigit que el caràcter secret, confidencialitat o reservat de la informació estigui establert en una norma de rang legal per a què pugui actuar limitant el dret d’accés a la informació pública. En canvi, resultaria justificada l’aplicació de límit previst a l’article 21.1.b LTAIPBG (la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries), perquè el caràcter reservat de la investigació persegueix, precisament, protegir aquesta investigació i evitar que la seva divulgació pugui entorpir-la, i justifica que sigui reservada especialment per a les persones investigades, evitant que el coneixement de les actuacions d’investigació els faciliti eludir l’acció sancionadora o destruir proves. En tot cas, la restrictivitat amb què s’han d’aplicar els límits determinaria que només s’apliqui la restricció de l’accés quan la divulgació de la informació posi realment en risc la investigació, i això és plausible que ocorri mentre la investigació és oberta però, en principi, no la podrà perjudicar quan ja s’hagi tancat la investigació. Mentre dura la fase d’investigació reservada (que és quan es formulen la sol·licitud i la reclamació) no existeix pròpiament un procediment sancionador en el marc del qual la persona reclamant hagi d’exercir el seu dret de defensa, sinó una investigació dels fets i de les responsabilitats individuals que pot conduir tant a la incoació d’un procediment sancionador, com a l’arxiu de la investigació declarant que no s’ha produït cap infracció o que no és responsabilitat de la reclamant. En aquest sentit, cal destacar que l’escassa regulació legal d’aquesta fase d’investigació o d’actuacions prèvies a l’inici d’un procediment sancionador garanteixi o permeti l’accés de les persones afectades per la investigació, sinó que, ben al contrari, la normativa aplicable a aquest cas preveu expressament que la informació es mantingui reservada de tothom, incloses les persones que d’una manera o altra participen en la investigació i les que són investigades, per tal que la divulgació de les actuacions realitzades o a realitzar no pugui perjudicar el seu bon fi. Per tant, en el moment de formalitzar-se la sol·licitud d’accés i la reclamació, no es podia apreciar la concurrència d’un interès superior en el dret de defensa de la persona reclamant. Ara bé, havent incoat l’Ajuntament durant la tramitació d’aquesta reclamació procediment disciplinari contra la persona reclamant derivat d’aquella investigació reservada, aquesta resolució ha de tenir en compte el dret de defensa sobrevingut, que justificarà l’accés a les investigacions prèvies realitzades que siguin pertinents per a defensar-se adequadament de les acusacions. I aquest dret de defensa podria justificar l’accés a dades personals d’altri si és indispensable i el mínim necessari per a la defensa: identitat de la persona denunciant, informació personal que consti a les declaracions i informes pericials, i fins i tot a dades especialment protegides (per exemple, de la salut del menor, o d’altra persona investigada) si són imprescindibles per a la seva defensa
Expedient sobre fets ocorreguts en una llar d’infants.
La resolució desestimatòria de l’accés posterior a la producció del silenci no és nul·la si resulta ser confirmatòria d’una desestimació presumpta, és a dir, si per aplicació dels límits a l’accés, el silenci hagués tingut l’efecte desestimatori previst a l’article 35.2 LTAIPBG. Mentre no s’iniciï un procediment administratiu, no es pot aplicar a la persona reclamant el règim d’accés reservat per a les persones interessades en procediments administratius oberts. Durant la fase d’investigació reservada, l’accés de la persona reclamant queda sotmès al règim general d’accés de l’LTAIPBG i, en aquest sentit, cal desestimar la pretensió de la persona reclamant formulada en la sol·licitud d’accés i en la fonamentació d’aquesta reclamació, de què l’article 53.1.a LPAC l’empari per a accedir a la documentació de la investigació reservada quan estava encara en curs. Nogensmenys, considerant que després de presentar la reclamació s’ha acordat la iniciació del procediment disciplinari en què la persona reclamant té la condició, ara sí, de persona interessada, aquesta resolució tindrà en compte aquest règim especial d’accés que ara li correspon a l’empara de l’article 53.1.a LPAC, que en tot cas, no és un dret absolut i il·limitat, sinó que, d’acord amb l’article 82.1 LPAC i l’article 51 de la Llei 26/2010, l’accés de les persones interessades en tràmit d’audiència no afectarà “les dades excloses del dret d’accés”. La desestimació de l’accés contra la qual es presenta aquesta reclamació s’ha fonamentat en el caràcter reservat de la fase d’investigació prèvia, aleshores oberta, establert a l’article 275 REPSEL. Atès el caràcter reglamentari de la normativa invocada, aquest caràcter reservat no podria encabir-se en el límit previst per l’article 21.2 LTAIPBG (informació declarada reservada per llei) ni a la què estableix l’article 21.1.c LTAIPBG (secret o confidencialitat dels procediments administratius quan estigui prevista per una norma amb rang de llei) ja que en els dos casos el legislador ha exigit que el caràcter secret, confidencialitat o reservat de la informació estigui establert en una norma de rang legal per a què pugui actuar limitant el dret d’accés a la informació pública. En canvi, resultaria justificada l’aplicació de límit previst a l’article 21.1.b LTAIPBG (la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries), perquè el caràcter reservat de la investigació persegueix, precisament, protegir aquesta investigació i evitar que la seva divulgació pugui entorpir-la, i justifica que sigui reservada especialment per a les persones investigades, evitant que el coneixement de les actuacions d’investigació els faciliti eludir l’acció sancionadora o destruir proves. En tot cas, la restrictivitat amb què s’han d’aplicar els límits determinaria que només s’apliqui la restricció de l’accés quan la divulgació de la informació posi realment en risc la investigació, i això és plausible que ocorri mentre la investigació és oberta però, en principi, no la podrà perjudicar quan ja s’hagi tancat la investigació. Mentre dura la fase d’investigació reservada (que és quan es formulen la sol·licitud i la reclamació) no existeix pròpiament un procediment sancionador en el marc del qual la persona reclamant hagi d’exercir el seu dret de defensa, sinó una investigació dels fets i de les responsabilitats individuals que pot conduir tant a la incoació d’un procediment sancionador, com a l’arxiu de la investigació declarant que no s’ha produït cap infracció o que no és responsabilitat de la reclamant. En aquest sentit, cal destacar que l’escassa regulació legal d’aquesta fase d’investigació o d’actuacions prèvies a l’inici d’un procediment sancionador garanteixi o permeti l’accés de les persones afectades per la investigació, sinó que, ben al contrari, la normativa aplicable a aquest cas preveu expressament que la informació es mantingui reservada de tothom, incloses les persones que d’una manera o altra participen en la investigació i les que són investigades, per tal que la divulgació de les actuacions realitzades o a realitzar no pugui perjudicar el seu bon fi. Per tant, en el moment de formalitzar-se la sol·licitud d’accés i la reclamació, no es podia apreciar la concurrència d’un interès superior en el dret de defensa de la persona reclamant. Ara bé, havent incoat l’Ajuntament durant la tramitació d’aquesta reclamació procediment disciplinari contra la persona reclamant derivat d’aquella investigació reservada, aquesta resolució ha de tenir en compte el dret de defensa sobrevingut, que justificarà l’accés a les investigacions prèvies realitzades que siguin pertinents per a defensar-se adequadament de les acusacions. I aquest dret de defensa podria justificar l’accés a dades personals d’altri si és indispensable i el mínim necessari per a la defensa: identitat de la persona denunciant, informació personal que consti a les declaracions i informes pericials, i fins i tot a dades especialment protegides (per exemple, de la salut del menor, o d’altra persona investigada) si són imprescindibles per a la seva defensa
Retribucions i complements salarials d’alguns empleats
Des del punt de vista temporal, la petició de concreció es formula havent depassat àmpliament el termini per resoldre, de manera que resulta extemporània i transgredeix l’exigència implícita en l’article 28 LTAIPBG, que en preveure que la petició de concreció d’una sol·licitud suspèn el termini per resoldre-la, de manera implícita però inequívoca estableix que no es pot produir quan el termini per resoldre ja s’ha esgotat. D’altra banda, l’apartat 2 d’aquest article 28 LTAPBG disposa expressament que “l’Administració ha de prestar assessorament i assistència al sol·licitant perquè pugui concretar la petició”. L’apreciació de les possibles causes d’inadmissibilitat de les sol·licituds d’informació s’ha de realitzar dins del termini per resoldre i que les inadmissions s’han de motivar i justificar en una resolució expressa, cosa que no s’ha produït, de manera que les al·legacions en aquest sentit fetes en l’informe jurídic emès en el marc de la tramitació de la reclamació no podrien desvirtuar el sentit de l’estimació presumpta produïda per silenci, sens perjudici de què que la concurrència d’algun límit a l’accés, singularment en relatiu a la protecció de dades personals, sí que pugui tenir efectes restrictius i comportar la desestimació presumpta per silenci d’aquella part de la informació (article 35.2 LTAIPBG), tal i com s’analitzarà en el FJ següent. La finalitat general de la transparència exigeix permetre un major control d’aquelles decisions administratives que són preses amb un marge, major o menor, de discrecionalitat. Seria el cas, en matèria de personal, de les places de personal eventual i de lliure designació, tenint en compte que en la selecció del personal que les ha d’ocupar hi intervenen criteris subjectius de valoració personal, de confiança i d’idoneïtat per a la plaça, per tal de garantir que se’n ret comptes i que es permet l’exigència de responsabilitats de l’ús o l’abús que els poders públics fan d’aquest marge de discrecionalitat en l’adjudicació de places públiques, i de les decisions en matèria retributiva d’aquest personal. És per això que, a més de permetre un especial control d’aquelles places que tenen un alt nivell de retributiu (igual o superior al nivell 28), estaria justificat també sotmetre a una especial exposició i escrutini aquelles altres places ocupades per personal eventual (assessors, caps d’àrea, secretariat d’alts càrrecs, caps de gabinet,...) o proveïdes amb personal funcionari pel sistema de lliure designació (llocs singulars, responsables,...), sigui quin sigui el seu nivell retributiu, per garantir que es permet el control de l’exercici de la potestat discrecional en la provisió de llocs de treball públics. Aquest criteri és especialment rellevant en aquest cas, en què el què es vol controlar és l’atorgament de complements retributius a aquestes persones a les què prèviament se’ls havia nomenat per un lloc d’alt nivell retributiu, o d’eventual, o de lliure designació, amb la finalitat que, tot i ser-ne remogudes o cessades, mantinguin un nivell retributiu igual o similar al què percebien quan l’ocupaven. Aquesta informació seria, en principi, suficient per comprovar si aquests llocs han tingut un tracte preferencial en el cobrament d’aquests complement retributiu en relació amb la resta de personal funcionari d’escala més bàsica, dels quals, si n’hi ha, seria suficient per a aquest control conèixer el lloc que ocupaven i el que passen a ocupar, informació que també s’ha estimat i facilitat ja en execució de l’acord de mediació. D’acord amb això, no quedaria justificat l’accés a les dades identificatives d’aquest personal, no tant perquè mereixin una especial protecció (són dades merament econòmiques i de l’esfera professional, ni privades ni íntimes) sinó perquè serien desproporcionades i innecessàries per a la finalitat d’investigació periodística expressada per la persona reclamant. Nogensmenys, en atenció a aquest dret reforçat de la persona reclamant, en tant que periodista en exercici del seu dret fonamental a rebre informació veraç i comunicar-la, ex article 20.1 CE, podria quedar justificat l’accés a la identitat d’algun d’aquests perceptors si, a la llum de la informació rebuda d’acord amb les especificacions anteriors, la seva investigació requereix fer aquesta comprovació per contrastar adequadament la informació. En aquest cas, però, haurà de tenir cura de protegir adequadament aquestes dades personals, evitant fent-ne una difusió indiscriminada, tret del cas que la investigació desvetlli alguna circumstància d’interès informatiu que justifiqui la divulgació singular d’aquell cas. Els criteris anteriors poden orientar l’accés a la identificació de la persona traspassada, per bé que en aquets cas, les dades personals queden excloses del règim de protecció legal, d’acord amb el considerant 27 RGPD i l’article 2 LOPDGDD. En relació amb les al·legacions de terceres persones afectades, cal dir que el tràmit de trasllat no té per finalitat obtenir la seva autorització o saber si consenten a què es permeti l’accés a les seves dades identificatives. El consentiment només resultaria exigible si es tractés de dades especialment protegides per l’article 23 LTAIPBG, i aquestes no ho són. També ha quedat ja establert que el consentiment només és una de les bases jurídiques legitimants de l’accés (article 6.1.a RGPS), però que en el marc d’aquest procediment no és aquesta la què opera, sinó la prevista a l’article 6.1.c RGPD i l’article 8 i la DA LOPDGDD, en concordança amb l’article 24 LTAIPBG.
Acceso a información sobre colonias felinas y gestión de gatos en el municipio
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alora información sobre el censo, el plan de gestión y el número de gatos identificados con microchip en el municipio. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, al considerar que se trata de información pública y que la administración no ha alegado motivos de denegación.
Solicitud de copia íntegra de expediente administrativo de revisión de oficio sobre reconocimiento de créditos
Se solicitó a la Universidad de Cantabria copia íntegra de un expediente administrativo de revisión de oficio sobre reconocimiento de créditos. Tras no obtener respuesta, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero posteriormente desistió de su solicitud. El Consejo resuelve archivar las actuaciones por desistimiento.
Solicitud de fechas de contratación de un Agente Auxiliar de la Policía Local en 2025 y desistimiento del interesado
El interesado solicitó al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera las fechas de contratación de un Agente Auxiliar de la Policía Local en 2025. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo decidió archivar las actuaciones debido a que el reclamante desistió expresamente de su solicitud.
Acceso a información sobre la Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones Vecinales de Mieres 2025
Una entidad solicitó al Ayuntamiento de Mieres información sobre subvenciones para asociaciones vecinales de 2025. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero posteriormente decidió desistir de la misma. El Consejo resuelve archivar las actuaciones por desistimiento del interesado.
Acceso a información sobre fincas solicitadas para catas arqueológicas en el proyecto PEN-BALL II
Se solicitó al Consell Insular de Mallorca el listado de fincas donde se habían solicitado catas arqueológicas. Ante la falta de respuesta inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración solo entregó la información tras la intervención del Consejo, superando los plazos legales.
Acceso a información sobre actuaciones en las lagunas del Parque Forestal Juan Carlos I y riachuelo conector
El interesado solicitó a la Ciudad Autónoma de Melilla información sobre actuaciones en las lagunas del Par. Forestal Juan Carlos I. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación e insta a la administración a facilitar la información, ya que no se justificó ningún límite legal ni causa de inadmisión.
Acceso a información sobre medidas, programas y normativa de gestión de colonias felinas en el municipio de Sojuela
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sojuela información detallada sobre la gestión, control y normativa de colonias felinas. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al ayuntamiento a entregar la información o declarar su inexistencia al no haberse alegado límites legales ni causas de inadmisión.
Acceso al proyecto de ejecución de las obras de urbanización del frente marítimo de Comillas
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Comillas acceso a diversos expedientes y al proyecto de ejecución de las obras del frente marítimo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no dictó resolución expresa en el plazo legal, aunque la información solicitada ya estuviera disponible en su portal de transparencia.
Acceso a protocolos y procedimientos de verificación de datos meteorológicos de RTVE
Se solicitó a la Corporación RTVE información sobre protocolos, fuentes y procedimientos de verificación de datos meteorológicos. Ante la falta de respuesta inicial, el CTBG estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales, aunque considera que la información facilitada posteriormente es suficiente dado que no existen manuales formalizados.
Acceso al expediente 99821C/2025 sobre gestión de residuos y amianto en el Ayuntamiento de Gijón
Se solicitó al Ayuntamiento de Gijón el acceso al expediente 99821C/2025 sobre gestión de residuos y retirada de amianto. Ante la falta de respuesta, el ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero posteriormente decidió desistir de la reclamación. El Consejo acuerda el archivo de las actuaciones por desistimiento del interesado.
Acceso al informe del Secretario Municipal sobre la Ordenanza Reguladora de Bienestar Animal de Petra
Se solicitó al Ayuntamiento de Petra el informe del Secretario Municipal previo a la aprobación de la Ordenanza de Bienestar Animal. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración solo facilitó la información tras interponerse la reclamación, incumpliendo los plazos legales.
Acceso al acta de la sesión ordinaria del Consejo de Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja del 11 de febrero de 2026
Se solicitó a la Universidad de La Rioja el acta de una sesión del Consejo de Departamento de Derecho. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestima la reclamación ya que la Universidad proporcionó la información solicitada antes de la intervención del órgano revisor.
Acceso a expediente de contratación, listado de bolsa de empleo e historial de llamamientos de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Se solicitó al Ayuntamiento de Teverga el expediente de contratación de servicios de ayuda a domicilio, la bolsa de empleo y el historial de llamamientos. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información anonimizada al no haberse justificado límites legales.
Solicitud de información sobre el estado, cuidado y destino de un cerdo vietnamita acogido en el centro de protección animal de Badajoz
PACMA solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura información sobre la situación y destino de un cerdo vietnamita. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando remitir la solicitud al Ayuntamiento de Badajoz por ser el competente en la custodia del animal.
Acceso a información sobre plazas vacantes y Relación de Puestos de Trabajo del Consell Insular de Formentera
Se solicitó al Consell Insular de Formentera información sobre plazas vacantes y la RPT. El interesado aclaró un error material en la solicitud original. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: reconoce el acceso a la información pública pero inadmite la solicitud subsidiaria de expedición de un certificado oficial por falta de competencia.
Acceso al expediente de comisión de servicios de puesto de trabajo en el IMAS
Se solicitó al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) el expediente completo de un procedimiento de provisión de puestos. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración solo facilitó la información tras la intervención del Consejo, incumpliendo los plazos legales.
Acceso a información sobre gestión de instalaciones deportivas, contratos de limpieza, mantenimiento y registro de quejas
Se solicitó al Instituto Municipal de Deportes de Santander información sobre el uso de pistas de tenis por entidades privadas, contratos de limpieza y mantenimiento, y gestión de quejas. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la administración a completar la información omitida y contractual.
Solicitud de información sobre el expediente NA-2000315RLE de instalación de antena de radioaficionado
El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la falta de respuesta de la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones de Navarra sobre un expediente de instalación de antena. El Consejo requirió al interesado que aportara copia de la solicitud original, y al no hacerlo, decidió archivar el procedimiento por desistimiento.
Acceso a informes quincenales sobre menores no acompañados en Canarias remitidos al Tribunal Supremo
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los informes quincenales sobre menores no acompañados en Canarias ordenados por el Tribunal Supremo. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información estaba en sede judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no acreditarse un perjuicio real para la tutela judicial efectiva.
Acceso a información sobre la regulación y financiación del servicio de la Escuela Municipal de Música
Se solicitó al Ayuntamiento de Antequera información sobre los instrumentos jurídicos, vigencia y financiación del servicio de la Escuela Municipal de Música desde 2016. Ante la ausencia de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al tratarse de información pública y no haber alegado la administración ningún límite legal.
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