Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una persona solicitó al Ajuntament de Cabrera de Mar información detallada sobre su puntuación y documentación de un proceso de selección de personal. La administración entregó parte de la información tras la reclamación. La GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la documentación de la evaluación del interesado, pero inadmitiendo la ampliación sobre datos de terceros.
Un licitador solicita el expediente completo de un proceso de arrendamiento de vivienda tras ser desestimado. El Ayuntamiento de Madremanya entregó información parcial. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a informes y registros tras anonimizar datos personales, pero inadmite la petición de certificados e informes ad hoc.
El Consejo de Transparencia estimó formalmente la reclamación contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se solicitaba información sobre laudos arbitrales del Tratado sobre la Carta de la Energía, su impacto económico y políticas gubernamentales. La estimación se debió a que el Ministerio no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho a una resolución oportuna, a pesar de haber proporcionado una respuesta parcial tardía.
Se solicitó al Ayuntamiento de El Bonillo un listado de inmuebles municipales en formato Excel (.xlsx). El reclamante alegó que la información recibida en PDF (imágenes) era inmanejable y faltaban datos. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación porque la entidad no posee los datos en dicho formato sin requerir una reelaboración desproporcionada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Ocón información sobre bienestar animal y colonias felinas. Ante la falta de respuesta y la posterior alegación de reelaboración por parte del Ayuntamiento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al municipio a facilitar los datos solicitados.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Ronda copias de exámenes y plantillas de corrección de diversos procesos selectivos. Tras una inicial inadmisión por alegar necesidad de reelaboración, la administración facilitó la información tras la reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía acepta el desistimiento del reclamante al haber sido satisfecho su interés.
Se solicitó a la Consejería de Educación de Madrid el número de alumnos con nota superior a 13 puntos en la PAU de cuatro centros específicos. El reclamante alegó que la información existe y es disociada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación porque la información solicitada no existe como tal y no es considerada información pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior un listado de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de Canarias con NIF y datos de contacto. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar insuficiente la remisión a un enlace con acceso restringido y desestimar la alegación del Ministerio de que la solicitud implicaba una reelaboración compleja de la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Porzuna el listado de facturas de 2024 en formato reutilizable. El solicitante alegó que la denegación por 'reelaboración' y 'abuso' carecía de motivación. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha decidió inadmitir la reclamación por ser extemporánea, al presentarse fuera del plazo de un mes.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el nombre, fecha de contratación y retribuciones de asesores de confianza desde 2018, incluyendo personal activo y cesado. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no proporcionó la información completa (especialmente sobre personal cesado) en el plazo legal, requiriendo la interposición de la reclamación para su entrega tardía.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre el coste y el listado de invitados de un acto conmemorativo LGTBI. El Ministerio facilitó los costes, pero denegó el listado. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que el interés público en la divulgación de la identidad de los invitados no prevalece sobre su derecho a la protección de datos personales, ya que no son datos relacionados con la organización o funcionamiento del órgano y no contribuyen significativamente a la transparencia.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa las fechas de visitas de un empresario y los cargos con los que se reunió entre 2018 y 2024. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó adecuadamente la inadmisión por "reelaboración" ni la inexistencia formal de la información, que sí obra en su poder de forma dispersa.
La reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad datos mensuales desglosados de reclamaciones sanitarias en Madrid. La administración inadmitió las peticiones alegando que requerían una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la extracción y cruce de información excedía la capacidad administrativa y constituía la confección de un informe ad hoc no amparado por la ley.
Se solicitó al Ministerio de Defensa nombres, fechas de contratación y retribuciones brutas anuales de asesores con nivel 28 o superior desde 2018. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información completa (excepto 2024 ya entregado), al considerar que la alegación de "reelaboración" no justificaba la denegación y que prevalece el interés público en la divulgación de estos datos.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior los complementos de productividad e incentivos, con desglose nominal, de empleados de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza para 2024. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información del Jefe/a provincial (nivel 29) por prevalecer el interés público. La resolución para el resto del personal se suspendió, a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el derecho de acceso de representantes sindicales a estos datos.
Una entidad de derechos humanos solicitó al Servicio Extremeño de Salud datos detallados sobre internamientos psiquiátricos (2019-2024) y protocolos de consentimiento. Tras una respuesta parcial, el solicitante alegó insuficiencia de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por ser parcialmente reiterativa y requerir una reelaboración compleja de los datos.
El reclamante solicitó a la Junta de Compensación de Puentelasierra y al Ayuntamiento de Valdemorillo recibos detallados de cuotas y el ejercicio de derechos de protección de datos. Alegó vulneración del derecho de acceso y silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por falta de competencia y por no solicitar información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Vic un listado de informes técnicos sobre la inspección y estado de conservación de edificios de pública concurrencia desde 2006. La administración denegó el acceso alegando una tarea compleja. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación tras la necesaria concreción de la solicitud por parte del interesado.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Fuentes (Cuenca) información detallada sobre la gestión de animales abandonados y colonias felinas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de recursos y esfuerzo desproporcionado. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima la reclamación y obliga a la entidad a responder.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad una base de datos completa del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) en formato abierto. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Consideró que los datos públicos ya eran accesibles mediante el buscador del REPS, que parte de la información requeriría reelaboración al no estar en el registro, y que el interés público en la divulgación de otros datos personales no superaba el derecho a la protección de datos, siendo suficientes los informes agregados.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Roque documentación sobre las competencias de la Secretaría General para ceder locales públicos y la normativa sobre la naturaleza privada de las asociaciones. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que requería la elaboración de un documento ad hoc. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por ser información pública.
Se solicitó al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) el desglose de gastos y las facturas justificativas de las subvenciones recibidas por grupos políticos y sindicatos. El reclamante alegó que los informes de intervención eran insuficientes. La GAIP desestima la solicitud de las facturas por considerarla redundante y desproporcionada, ya que la información es equivalente a la ya entregada.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática información sobre contratos menores, planes de comunicación y documentación de la Fundación Franco. El Ministerio no respondió en plazo ni justificó la ampliación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información solicitada en 10 días hábiles, al no haberse justificado límites o causas de inadmisión.
El reclamante solicitó a la AEAT información sobre horas extras cobradas por él y otros funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (2000-2025). El Consejo desestima la petición para terceros por implicar una reelaboración compleja de datos dispersos y antiguos. La parte relativa a los datos propios del solicitante se traslada a la AEPD, al ser competencia de protección de datos personales.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Cuacos de Yuste el número de bodas celebradas y sus justificantes de ingresos. La administración inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación, indicando que la labor de recogida de documentos es una reelaboración básica y que el derecho de los concejales es amplio.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Casar de Cáceres acceso a presupuestos, subvenciones, contratos menores, gastos de representación e informes de ejecución presupuestaria de junio 2023 a mayo 2025. Ante la falta de respuesta y la alegación municipal de complejidad y preparación, el Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ayuntamiento a facilitar la información por ser pública y no haber acreditado su entrega efectiva.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros una relación de expedientes abiertos en septiembre de 2024. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de herramienta y la necesidad de elaborar un nuevo documento. La concejala interpuso recurso de reposición y una reclamación ante el Consejo de Transparencia. El Consejo desestima la reclamación porque la interposición simultánea del recurso de reposición la hace improcedente, al ser la reclamación una vía sustitutiva.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Cuacos de Yuste copias de tres facturas reparadas y sus contratos. El Ayuntamiento inadmitió parcialmente la solicitud alegando reelaboración, carácter abusivo y conocimiento previo. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que no se dan las causas de inadmisión y que el derecho de acceso del concejal es fundamental y prevalece sobre las alegaciones municipales.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Cuacos de Yuste información sobre el cobro a podólogas por uso de instalaciones municipales y acceso a expedientes de pago. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo, aunque luego se comprometió a entregarla tras anonimización. El Consejo estima la reclamación, ordenando la entrega de la información al considerar injustificada la dilación.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Cuacos de Yuste el expediente completo de una subvención "Concilia-Extremadura" 2024. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo, y posteriormente demoró la entrega por anonimización de datos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ayuntamiento a facilitar la información en 20 días hábiles, al considerar que la dilación es injustificada y el derecho del concejal es fundamental.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos sobre inversión en vigilancia marítima y el número de barcos extranjeros y marroquíes detectados pescando en aguas españolas (2015-2024). El Ministerio inadmitió la solicitud por supuesta reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó suficientemente la causa de inadmisión ni las dificultades de tratamiento de la información acotada por el solicitante.
El reclamante solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local datos sobre órganos, servicios y dotaciones para funciones de apoyo a Diputaciones y municipios desde 2019. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la recopilación y tratamiento de los datos solicitados excedía un mero tratamiento automatizado y constituía una reelaboración desproporcionada.
El interesado solicitó a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid un listado detallado de expedientes de compensación a arrendadores por suspensión de desahucios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por riesgo de identificación de personas físicas y por requerir una reelaboración de la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès diversa información sobre acuerdos laborales, horas extraordinarias y crédito sindical. Tras una estimación parcial del Ayuntamiento, el interesado reclamó ante la GAIP. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por existir un proceso judicial paralelo sobre el mismo objeto.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Siero información detallada sobre expedientes sancionadores por multas de radar de 2024, incluyendo datos específicos y diferenciando entre ciudadanos y personal municipal. El Ayuntamiento alegó la necesidad de reelaboración (art. 18.1.c LTAIBG) por la complejidad y volumen de datos. El Consejo desestimó la reclamación, considerando justificada la causa de inadmisión por la dificultad de obtener la información sin una reelaboración desproporcionada.
La reclamante solicitó a la Consejería de Presidencia de Cantabria el número de funcionarios que mantuvieron su grado personal al pasar a excedencia por cambio de cuerpo en 2015-2019 y 2020-2025. La administración denegó el acceso alegando reelaboración y uso indebido. El Consejo estima la reclamación al considerar que no se justificó la reelaboración y que el uso posterior no es causa de inadmisión, instando a la Consejería a facilitar la información.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el nombre y datos detallados de sanitarios penados por mala praxis desde 2010. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, priorizando la protección de datos personales relativos a infracciones penales, conforme al artículo 15 LTAIBG, al no existir consentimiento ni ley que ampare su divulgación.
Un concejal solicita múltiples datos y documentos al Ayuntamiento de Villarrasa en su calidad de portavoz municipal. Ante la falta de respuesta o respuestas incompletas, interpone reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, confirmando el silencio administrativo positivo para algunas solicitudes e inadmitiendo otras.
El reclamante solicitó a la TGSS datos estadísticos sobre autónomos y la tarifa plana (altas, bajas, prórrogas) entre 2018 y 2024. La administración no respondió en plazo. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho a obtener respuesta en el plazo legal, aunque la TGSS argumentó posteriormente que la solicitud exigía reelaboración y era abusiva.
La asociación reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico copias digitales de dos expedientes de concesiones de agua. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información. La decisión se basa en que la anonimización no es "reelaboración" según la LTAIBG, y el Ministerio ya había ofrecido la información previamente sin objeciones, además de denegar el acceso presencial.
Se solicitó al Ayuntamiento del Prat de Llobregat la expedición de un certificado urbanístico de no habitabilitat. El reclamante alegó que no obtuvo respuesta a su solicitud formal. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió la reclamación porque la solicitud no versa sobre información pública preexistente, sino sobre la elaboración de un certificado.
Se solicitó al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya el listado de invitaciones recibidas por la Consellera para actos en fines de semana (enero-mayo 2025). La administración inadmitió la solicitud alegando una tarea de elaboración excesivamente compleja y falta de recursos. La GAIP estimó la reclamación por considerar que la tarea no es compleja.
Se solicitó al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña un listado de las invitaciones recibidas por la Consellera para asistir a actos en fines de semana durante el periodo agosto-diciembre 2024. La administración inadmitió la solicitud alegando una tarea de elaboración compleja. La GAIP estimó la reclamación al considerar que la labor no requiere especialización técnica.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información sobre procedimientos de revisión de actos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2023-actualidad) y el traspaso de competencias universitarias. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, aunque posteriormente facilitó parte de la información.
Se solicitó a la UNED información detallada sobre los sistemas de control horario de su personal (PTGAS y PDI). La UNED estimó parcialmente, proporcionando datos del PTGAS y normativa del PDI, pero denegó los sistemas específicos del PDI y las diferencias, alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a la UNED a aportar la información sobre la existencia y características del control horario del PDI, al considerarla información pública preexistente.
Un reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia datos sobre penas de prisión por delitos sexuales. El Ministerio inicialmente inadmitió la solicitud por incompetencia y luego por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la justificación de reelaboración del Ministerio era insuficiente y genérica, ordenando la entrega de la información solicitada.
El ciudadano solicitó información sobre planes de inspección, calidad del suministro, interrupciones eléctricas y expedientes sancionadores a la Delegación Territorial de Economía de Huelva. La administración alegó la necesidad de reelaboración para los puntos 1 y 3. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar las autorizaciones de interrupciones de Huelva.
El reclamante solicitó a la EMT Madrid datos sobre el inventario, estado y matrículas de las bicicletas de Bicimad. La administración denegó el acceso alegando que requería reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la localización, compilación y ordenación de la información solicitada constituye una reelaboración no obligatoria, por lo que procede la inadmisión.
Una delegada sindical de CCOO solicitó a la Conselleria de Sanitat el listado de personal que cubrió guardias extraordinarias de enfermería entre abril y junio de 2024. Tras una respuesta evasiva y el posterior silencio administrativo, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al no concurrir causas de inadmisión ni límites al derecho de acceso.
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