Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó información sobre el censo y la situación del lobo en La Rioja a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente. El interesado alegó que la respuesta fue insuficiente, pues solo se entregó un resumen de puntos tratados y no la información trasladada en una reunión específica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación al considerar que la administración no motivó correctamente la denegación.
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Un ciudadano solicitó al Gobierno de Cantabria un listado de lobos muertos, informes de necropsia, resoluciones de autorización y datos de explotaciones ganaderas afectadas. La administración entregó parte de la información tardíamente, denegando necropsias, coordenadas GPS, topónimos y códigos REGA. El Consejo estimó parcialmente la reclamación, indicando que los informes de necropsia son información pública y deben facilitarse, al no justificarse límite legal, aunque no sean objeto de publicidad activa.
La Associació Forestal de les Comarques de Tarragona solicitó al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya informes técnicos y datos sobre nidificación de especies protegidas. Tras la entrega de los informes y la remisión a datos públicos sobre la fauna, la GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre 2.935 inspecciones de estética de 2022. La administración alegó carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el volumen y la complejidad de la información requerida paralizarían la gestión administrativa y no se ajustan a la finalidad de la ley.
Se solicitó información sobre los beneficiarios de ayudas de comedor desglosada por centro educativo y lugar de nacimiento al Consell Comarcal de la Segarra. Tras una denegación inicial, el reclamante interpuso recurso. La GAIP declara la pérdida de objeto porque la administración entregó información agregada que el interesado consideró adecuada.
Se solicitó a la Secretaría General de Medio Ambiente, Cambio Climático y Economía Azul el Manual de Campo para la Investigación de Incendios. La entidad denegó el acceso alegando riesgos para la investigación de ilícitos y el medio ambiente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega parcial del manual.
El solicitante pidió a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Asturias informes y censos sobre la población de lobos. Tras un acceso parcial, el interesado alegó que la información estaba incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los anexos del informe a la Comisión Europea.
La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales solicitó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio datos sobre importaciones y exportaciones de Panthera Tigris (2021-2023). Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el derecho de acceso no se respetó en el plazo legal.
La Associació Forestal de les Comarques de Tarragona solicitó al Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya vectores geográficos de flora y fauna protegida. Tras recibir archivos incompatibles o con capas mezcladas, la GAIP estima la reclamación y obliga a la Administración a entregar la información completa y en formato accesible.
La Associació Forestal de les Comarques de Tarragona solicitó al Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya vectores geográficos de flora y fauna protegida. Tras alegar que la información recibida era técnicamente inaccesible o incompleta, la GAIP estima la reclamación y obliga a entregar la información completa en formato adecuado.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla información sobre denuncias, circulación de vehículos, actuaciones de preservación e informes de basuras en montes públicos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos extraíbles informáticamente sobre denuncias y preservación, pero deniega los informes por requerir reelaboración.
Se solicitó al Ministerio del Interior la relación y copia de todas las Órdenes Generales de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las órdenes vigentes relativas a condiciones laborales y estatutarias del personal.
Se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid la memoria justificativa, técnica y económica de un convenio sobre el hayedo de Montejo. El interesado alegó falta de motivación en la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Participación estima la reclamación y ordena entregar la información.
El Instituto Agrícola Catalán de Sant Isidre solicitó al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural la documentación aportada por la Generalitat en un procedimiento de infracción de la Comisión Europea. El solicitante alegó su derecho a estar informado como sector afectado. La GAIP desestimó la reclamación por proteger la investigación de infracciones y el medio ambiente.
Una interesada solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el acceso a la base de datos de especímenes CITES intervenidos y datos detallados sobre su gestión. Tras una respuesta parcial del Ministerio, la solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que decidió archivar la reclamación por no subsanar los defectos requeridos en el escrito.
El reclamante solicitó acceso a las actas de las sueltas de peces en ríos madrileños durante 2019 a la Comunidad de Madrid. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide la inadmisión de la reclamación al considerar que la información solicitada es de carácter medioambiental y, por tanto, debe regirse por su normativa específica.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Barcelona los órdenes del día y actas del Consejo de Administración de 2017 y 2018. La administración inadmitió las actas alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la revisión de la información no constituye una reelaboración según la ley.
Se solicitó al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) copias de facturas e informes externos. El ciudadano alegó que la respuesta era insuficiente y que la denegación de un informe ambiental era injustificada. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar las facturas originales y el informe sobre la población de truchas.
El ciudadano solicitó a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (APMUN) diversa documentación sobre un expediente de demolición de vivienda. Tras una desestimación presunta por silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el proyecto de demolición y presupuesto.
La empresa Villaricos, S.L. solicitó copia del Plan de Rehabilitación de Palomares al CIEMAT. La administración denegó el acceso alegando que el plan es un documento en desarrollo y que su difusión afectaría a negociaciones internacionales y funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación.
El interesado solicitó informes sobre el seguimiento radiológico, sanitario y ambiental de Palomares al CIEMAT. El organismo denegó el acceso alegando funciones de vigilancia y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información solicitada tiene carácter ambiental, por lo que debe tramitarse bajo la normativa específica (Ley 27/2006).
El grupo municipal Abrera en Comú solicitó al Ayuntamiento de Abrera copia de los trabajos técnicos para la revisión del POUM desde 2009. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad y secreto técnico. La GAIP estima la reclamación, anulando las denegaciones y obligando a entregar la documentación, aunque recuerda el deber de confidencialidad del concejal.