Acceso al listado de puntuaciones y adjudicatarios del proceso selectivo de reservistas voluntarios de 2017

RESOLUCIÓN S/REF: 00 1-020575 N/REF: R/019Sn018 (1 00-00647) C'onse¡o do Transparenc l~ y 8ucH' Cob i~r-no PRESIDENCIA ASUNTO: Reso lución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trans parencia, a cceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por con entrada el 3 de abril de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 11. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, el día 26 de enero de 2018 y en base a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) la siguiente información: • Habiendo participado en el proceso selectivo de reservistas voluntarios de 2017 del Ministerio de Defensa mediante Resolución 45213825312017, de 3 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formaci ón para la adquisición de la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, quiero saber el listado de presentados a cada plaza y la puntuación otorgada a cada uno de e//os, así como saber la persona adjudicataria de cada una de las plazas ofertadas. 2. Mediante Resolución de fecha 5 de marzo de 2018, el MINISTERIO DE DEFENSA contestó a términos: informándole en los siguientes • Con fecha 13 de febrero de 2018, se determina que es /a Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa el órgano FRANCISCO J AVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 29/06/2018 14:091 Sin acción específica competente para resolver, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución. xUna vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por el consultante, como se expone a continuación: Listado de presentados y puntuación otorgada a cada uno de ellos, así como relación de adjudicatarios de cada una de las plazas ofertadas. xTal y como contempla la base 8.3 de la convocatoria publicada por Resolución 452/38253/2017, de 3 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se convoca el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, para la adquisición de la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas (BOE núm. 275, de 13 de noviembre de 2017) la asignación de plazas del proceso de selección se hizo pública el pasado 25 de enero en los tablones de información de las Áreas de Reclutamiento, Órganos de Apoyo y Oficinas Delegadas de las Subdelegaciones de Defensa provinciales; en dicha publicación se reflejan los aspirantes que consiguieron plaza con la puntuación total obtenida. xEn este sentido, se indica que a través de la web pública del Ministerio de Defensa, http://www.reclutamiento.defensa.gob.es, se ofreció la posibilidad de consultar si se había obtenido plaza y cuál. xPor o tra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, contempla en su artículo 14, los límites a las obligaciones de transparencia en la actividad de la Administración y el derecho de acceso a la información pública, y en el 15 la protección de datos de carácter personal. xEn este sentido, el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación con la comunicación de datos, establece: “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, por lo que no es posible proporcionar datos de terceras personas, más allá de los ya publicados, tal y como se ha mencionado anteriormente. 3. A la vista de esta contestación, presentó Reclamación ante este Consejo de Transparencia, con entrada el 3 de abril de 2018, al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, argumentando básicamente que: xSe trata de un proceso público selectivo para el acceso a la función pública de civiles al cuerpo de reservistas voluntarios que desempeñan durante un periodo anual la condición de militar profesional y compaginan con su actividad profesional que puede ser tanto en la función pública como en el ámbito privado. xEl proceso selectivo goza de las obligaciones constitucionales de la publicidad debi da, ya que no se publican los baremos del concurso del proceso selectivo y por lo tanto, los opositores no conocen como han quedado, o bien entrando en una web, que dicen si han quedado primeros o no, o mediante la carta que se recibe de la Subdelegación de Defensa en el domicilio diciendo si ha sido primero o no en la fase de concurso del proceso selectivo. xLos listados de la baremación de la fase de concurso no se publican en la sede electrónica del Ministerio de Defensa, en el tablón de anuncios electrónico, de manera que se pueda ver de manera clara de los opositores que han concurrido y cada una de las puntuaciones de los opositores para las plazas concurridas. Es obligación con el actual marco normativo a que esas publicaciones sean accesibles en la sede electrónica. La resolución indica que se han publicado en el tablón físico de la subdelegación de defensa, pero de esta manera, con la mera publicación en un tablón físico se incumple la debida publicidad del proceso selectivo en el actual marco normativo. xSolicitada el acceso a la información del proceso se me deniega de forma arbitraria y no equitativa, aludiendo al artículo 14 de la ley 19/2013 de una manera vaga sin exponer la causa concreta, así como aludir a la Protección de Datos que en un proceso selectivo el principio de igualdad está por encima de la protección 4. El día 4 de abril de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente al MINISTERIO DE DEFENSA para que presentase alegaciones, las cuales tuvieron entrada el 10 de mayo de 2018. En ellas, se reiteran los términos expuestos en la resolución dictada y se añade lo siguiente: xEl Ministerio de Defensa se ha hecho cargo de la respuesta a la pregunta del interesado, recibiendo una respuesta clara y concisa de la Administración General del estado, y dentro de ésta del órgano competente en la materia, que es el Ministerio de Defensa. xPor una parte, el proceso de selección para la adquisición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas no puede considerarse incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, por cuanto este personal aún en la situación de activado, no tiene con la administración relación profesional alguna. Su vinculación especialísima con las Fuerzas Armadas viene definida en la Ley de la carrera militar, Título VI, Capítulo II y en el posterior desarrollo reglamentario que estableció el Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, donde se define tal vinculación como un compromiso de disponibilidad, no teniendo en ningún caso la condición de militares profesionales. xEn segundo lugar, los procesos de selección para acceso a la condición de reservista voluntario se rigen por lo previsto en el citado reglamento y, con carácter supletorio, por lo establecido en el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero. En este último, además de establecerse los principios rectores en la selección para el ingreso en lo s diferentes centros docentes militares de formación, donde se cursan los periodos de formación para el acceso a la condición de reservista voluntario, se aclara que las bases de las bases de las convocatorias, por las que se convocan dichos procesos selectivos, vinculan a la Administración, a los órganos de selección que intervengan en las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas. Esta circunstancia motiva la forma y la manera en la que se le notifica a los aspirantes la puntuación obtenida en el concurso y la relación de aspirantes seleccionados con expresión de la misma, extremando en la medida de lo posible y de acuerdo a la ley, la necesaria reserva con la que han de tratarse estas notificaciones, por cuanto afectarían a españoles que podrían ser llamados a incorporarse a las Fuerzas Armadas, para satisfacer las necesidades de la defensa en situaciones de crisis, según la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. xPor último, conviene significar que el acceso a la información que requiere el solicitante, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tal y como establece en ella y como ya se le ha notificado, está sujeta a unos límites previstos en su artículo 14, entre los cuales se encuentran la Seguridad y Defensa Nacional, y especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal de terceros, sin que medie, por parte de estos, su consentimiento expreso y por escrito para su traslado, todo ello regulado en el artículo 15. xComo también se ha puesto de manifiesto, la comunicación de la puntuación obtenida por cada uno de los participantes en el proceso de selección, la relación de clasificados así como de la nota obtenida por cada uno de ellos en la plaza asignada, se realiza de acuerdo a las bases de la convocatoria, aplicándose por igual a todos los participantes, con sujeción estricta y plena fidelidad a las mismas, no pudiendo ser éstas modificadas, una vez publicadas, salvo por las causas y con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplica ción de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, el Reclamante presenta su solicitud de acceso el 26 de enero 2018, no siendo hasta el 13 de febrero cuando, según afirma la Administración, se determina que es la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa el órgano competente para resolver. Esta circunstancia implica que, toda vez que el art. 20 de la LTAIBG vincula el inicio del plazo para resolver una solicitud de información al hecho de que la misma tenga entrada en e órgano competente para resolver, no es hasta transcurrido varios días después de la presentación de la solicitud, cuando se inicia el cómputo del plazo. Ello implica, a su vez, que la respuesta finalmente date del 5 de marzo de 2018. A este respecto, debe recordarse que la Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. En este sentido, la LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016) sobre esta ausencia o retraso en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "L a Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. En cuanto al fondo del asunto, la Administración deniega la información porque entiende que el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación con la comunicación de datos, establece: “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, por lo que no es posible proporcionar datos de terceras personas, más allá de los ya publicados, tal y como se ha mencionado anteriormente. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado con anterioridad sobre asuntos como el presente, llegando a las siguientes conclusiones: “(…) el artículo 15 de la LTAIBG, dispone lo siguiente: 1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 2.Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 3. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. cve: BOE-A-2013-12887 4. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 5. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 6. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Es criterio consolidado de este Consejo de Transparencia que el proceso de aplicación de estas normas debe comprender las siguientes etapas o fases sucesivas: I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal, entendiéndose por éstos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de car ácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: a) En el supuesto de los datos de la letra a) anterior, cuando se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. b) En el supuesto de los datos de la letra b) anterior, cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley, y c) En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre que las correspondientes infracciones penales o administrativas no conlleven la amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley, III. Si los datos de carácter personal contenidos en la información no fueran datos especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. Si los datos contendidos son exclusivamente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad, la información se publicará o facilitará con carácter general, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15, número 3 de la LTAIBG. En el presente caso, los datos que se solicitan no son especialmente protegidos por la normativa de protección de datos, dado que no se refieren a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual o comisión de infracciones penales o administrativas. En segundo lugar, y respecto de la valoración de si los datos solicitados pueden considerarse como meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente, no parece posible concluir que tengan tal consideración. En efecto, los datos personales afectados ni siquiera pertenecen a un miembro de la organización y, aunque se trata de información en poder del organismo que recibió la solicitud, no está estrictamente relacionada con su actividad pública, entendida tal como las funciones o competencias que tiene atribuidas y son por el mismo desempeñadas. Por lo tanto, debe realizarse la ponderación que se indica expresamente en el apartado 3 del artículo 15“ Para realizar dicha ponderación, debe tenerse en cuenta la existencia del Informe numero 0178/2014, de la Agencia Española de Protección de Datos, que analiza la relación entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública desde varias perspectivas; en especial y por lo que aquí interesa, desde el punto de vista de la existencia de procesos de concurrencia competitiva. El citado Informe recoge, en su apartado III, lo siguiente: <<Así, en relación con los procesos de concurrencia competitiva, y aun no siendo similar al supuesto ahora planteado, podría tenerse en cuenta la doctrina de la Audiencia Nacional en relación con las cesiones de datos de las calificaciones otorgadas en el marco de procesos selectivos, en que el tribunal ha considerado que el principio de publicidad y transparencia se torna en esencial, como garantizador del principio de igualdad. Así, la Audiencia Nacional ha ponderado el principio de publicidad con la protección de datos de carácter personal, llegando a la conclusión que durante la tramitación del proceso selectivo ha de prevalecer el primero en la sentencia de 26 de abril de 2012 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que cita a su vez la recaída en el recurso 215/2010, que señaló lo siguiente: “Por lo tanto, una de las excepciones a la exigencia de consentimiento para el tratamiento de datos es el de la colisión con intereses generales ó con otros derechos de superior valor que hagan decaer la protección de datos por la preferencia que deba concederse a ese otro interés. En el caso presente, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva debemos atender a lo que señala el artículo 103 de la Constitución cuando afirma que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (párrafo 1) y cuando afirma en el párrafo 3 que "La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad ..." (todo ello en relación con lo previsto en el artículo 23 C.E. al que nos referiremos más adelante. Obviamente, las garantías que exige el tratamiento de datos personales no puede servir para empañar ó anular estas exigencias generales que obligan a que los procesos se conduzcan cumpliendo unas mínimas exigencias de transparencia y publicidad. La superioridad de estos otros valores aconseja que en este caso se entienda que no era exigible el consentimiento del interesado para el tratamiento del dato de la nota consistente en su comunicación por el sindicato ahora recurrente. Desde este punto de vista, debemos concluir que no es exigible el consentimiento de aquellas personas que participen en un procedimiento de concurrencia competitiva para el tratamiento de las calificaciones obtenidas en dicho procedimiento y ello como garantía y exigencia de los demás participantes para asegurar la limpieza e imparcialidad del procedimiento en el qu e concurren (...) Es cierto que la Ley Orgánica 15/1999 no recoge expresamente exenciones o excepciones al régimen de tratamiento de datos personales en ella contenida con fundamento en las garantías de transparencia de los procesos competitivos por lo que será preciso ponderar los intereses en conflicto para poder determinar cuál de ellos debe prevalecer. Efectuada dicha ponderación, y valorando las circunstancias que aquí concurren, es claro para este Tribunal que debe prevalecer en este caso la garantía de publicidad y transparencia del proceso competitivo sobre el derecho a la protección de datos.” Aplicando esta doctrina al supuesto planteado, relacionado con el acceso por un estudiante al expediente académico de otro, a fin de conocer sus calificaciones en relación con las matrículas de honor concedidas, sería preciso conocer si, a la luz de la Ley 30/1992, el solicitante puede ser calificado como interesado; es decir, si del contenido del citado expediente puede deducirse a su favor un determinado beneficio o perjuicio, lo que dependerá de las circunstancias relacionadas con el supuesto concreto o las deducciones que sobre las tasas universitarias deban realizarse en caso de haber obtenido las calificaciones planteadas. En todo caso, el acceso debería realizarse a los datos respecto de los que pueda predicarse la citada condición de interesado; es decir, respecto de los que el solicitante se encontrase en una situación de concurrencia competitiva respecto del afectado al que se refirieran los datos.>> Pues bien, hecha la ponderación que exige la Ley y teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial apuntado, así como la interpretación que del mismo ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos, este Consejo de Transparencia entiende que, en el caso que nos ocupa, la Administración debe proporcionar a la interesada, solicitante del acceso, aquella información relevante del proceso selectivo que le permita comprobar la imparcialidad del procedimiento en el que concurren, incluidos los datos de carácter personal de terceros también participantes en el mismo proceso selectivo con los que la solicitante compite por las mismas plazas”. Pues bien. Todos estos argumentos son también aplicables al presente caso, en el que el solicitante pretende acceder al listado de puntuaciones de todos los concursantes que participaron en una prueba selectiva en el que él era también parte interesada. 5. Manifiesta también la Administración, en vía de Reclamación, que por último, conviene significar que el acceso a la información que requiere el solicitante, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tal y como establece en ella y como ya se le ha notificado, está sujeta a unos límites previstos en su artículo 14, entre los cuales se encuentran la Seguridad y Defensa Nacional Conviene citar, en este punto, los criterios mantenidos por los tribunales de justicia en cua nto a los límites contenidos en la LTAIBG: - Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015 “(…)Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad". - “La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14. Tales causas constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como la norma indica, de tal modo que frente a los actos típicamente discrecionales, (…). En el supuesto litigioso se exige que se acredite que el acceso a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. En la sentencia de 7 de noviembre de 2016 dictada en el recurso de apelación presentado frente a la sentencia de instancia indicada previamente, la Audiencia Nacional expresamente señaló que “Y si concurre alguno de los límites del art. 14 reseñado deberá de acreditarlo” - Sentencia nº 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, dictada en el PO 43/2015 “Pues bien, a la hora de interpretar tal precepto - 14.1 h-, hemos de tener presente que, la citada Ley, en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública y que dicho derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos”. “Así, la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del llamado, test de daño; a la luz de la determinación del perjuicio que el acceso a determinada información puede producir sobre el interés que se pretende salvaguardar con la limitación”. - Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Conte ncioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." - Sentencia nº 98/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, dictada en el PO 49/2016: "La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto (…)”. Finalmente, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en procedimiento de casación, que razona lo siguiente: “Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.” (…) “En cuanto a la limitación del acceso a la información prevista en el artículo 14.1. h/ de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (cuando el acceso a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales ), ya hemos señalado que las limitaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, lo mismo que sucede con las causas de inadmisión de solicitudes de información que enumera el artículo 18, deben ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas. Claramente lo deja así señalado el artículo 14.2 de la Ley 19/2013 cuando dispone: << (...) 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso >>. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración -o, en este caso, de la Corporación RTVE-, pues hemos visto que aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley. Partiendo de esas premisas, y centrándonos en la concreta limitación prevista en el artículo 14.1. h/ de la Ley 19/2013, lo cierto es que en el caso que nos ocupa no ha quedado justificado que el acceso a la información solicitada pudiese suponer perjuicio para los intereses económicos y comerciales.” En el caso que nos ocupa, la Administración se limita a invocar los límites de la defensa nacional y de la seguridad pública contenidos en el articulo 14.1 letras a) y d) sin argumentar mínimamente porqué resultan de aplicación a su juicio. Asimismo, este Consejo de Transparencia no percibe que sean de aplicación dichos límites en una prueba de concurrencia competitiva entre candidatos. Por lo tanto, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, no se aprecia la existencia de los límites invocados. 6. No obstante lo anterior, hay que comprobar si el Reclamante es parte en un procedimiento ya concluso o, por el contrario, el procedimiento aún estaba en curso en el momento de la presentación de la solicitud de acceso. Todo ello con vistas a cumplir con la Disposición Adicional Primera, punto 1, de la LTAIBG, que señala que La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. El proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la adquisición de la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, fue convocado mediante Resolución 452/38253/2017, de 3 de noviembre, de la Subsecretaría y publicado en el B.O.E de 13 de noviembre de 2017. Según lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, una vez finalizados los procesos de formación se autorizan las plazas de acceso y adscripción a los Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y que , en el presente caso, ascienden a un total de 1.548 plazas. Igualmente se autorizan 100 plazas de reservistas voluntarios. El artículo 125.2 de la misma Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que para adquirir la condición de reservista voluntario habrá que obtener una de las plazas ofertadas en convocatoria pública y superar los períodos de formación básica y específica a los que se refiere el artículo 127.1 de la misma ley. Este ultimo precepto señala que 1. Los aspirantes seleccionados en las convocatorias correspondientes, se incorporarán a un centro de formación para la realización del periodo de formación militar básica. Posteriormente, lo harán a la unidad, centro u organismo del Ministerio de Defensa a que corresponda la plaza asignada, para realizar su formación militar específica. Los aspirantes a reservista voluntario, durante los periodos de formación militar, básica y específica, tendrán la misma consideración que los alumnos para el acceso a militar profesional de tropa y marinería y recibirán las compensaciones económicas a que se refiere el artículo 132.2. 2. Los reservistas voluntarios podrán ser activados para mantener y actualizar sus conocimientos por medio de programas anuales de formación continuada, aprobados por el Subsecretario de Defensa. Estos programas pueden comprender ejercicios de instrucción y adiestramiento, cursos y seminarios de perfeccionamiento o prácticas. 3. Los reservistas voluntarios a los que se les requiera ser activados para desarrollar los programas de formación continuada podrán solicitar la suspensión de dicha activación por las causas que se establezcan reglamentariamente. Según consta en la página Web del Ministerio de Defensa, la duración del modulo de formación militar general es de 300 horas, distribuidas en 200 horas teóricas/prácticas y 100 horas de instrucción y adiestramiento. Esta fase tiene una duración de 9 semanas. Posteriormente, tiene lugar la fase de formación específica (FFE) que dura 7 semanas (http://www.ejercito.mde.es/unidades/Caceres/cefot1/batallon/ind ex.html). En total, esta formación dura 16 semanas, es decir, 4 meses. Tenie ndo en cuenta que entre la fecha de la publicación de la convocatoria en el B.O.E (13 de noviembre de 2017) y la fecha de la solicitud de acceso a la información (26 de enero de 2018) no han transcurrido esos 4 meses, puede concluirse que el procedimiento administrativo de selección del que el Reclamante es interesado estaba aún en curso, resultando plenamente de aplicación la precitada Disposición Adicional Primera, punto 1, de la LTAIBG. Así, debe recordarse que el art. 53 -Derechos del interesado en el procedimiento admin istrativo- de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dispone lo siguiente: 1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. (…) Sentado lo anterior, debe concluirse que el interesado en un procedimiento administrativo tiene derecho en cualquier momento a acceder a la documentación obrante en el expediente en el que haya ostentado esa consideración de interesado. Por lo tanto, el derecho a acceder a información contenida en un expediente administrativo que, como en este caso, es ejercitado por la interesada en el procedimiento, tiene su vía propia y naturalen la normativa de procedimiento administrativo. Por todo lo anteriormente expuesto, la presente Reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESES TIMARla Reclamación presentada por , con entrada el 3 de abril de 2018, contra la Resolución, de fecha 5 de marzo de 2018, del MINISTERIO DE DEFENSA. De acu erdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda