Reclamación por acceso parcial a la información sobre el proyecto de cubrición de la M-30 en Ventas y desestimación por protección de intereses comerciales

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 23 de abril de 2025, tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no estar de acuerdo con la resolución del expediente con referencia nº de fecha 9 de abril de 2025, dictada por el Ayuntamiento de Madrid, por la que se concede el acceso parcial de su solicitud de acceso a la siguiente información pública: «En los presupuestos para el año 2025 del Ayuntamiento se incluye una partida económica importante para la ejecución de una obra de cubrición de una pequeña parte de la M30 a la altura del puente de Ventas. Haciendo uso de nuestro derecho de acceso a la información pública, por estar directamente DIHFWDGRVSRUODVREUDVSUR\HFWDGDVFRPRPLHPEURGHOFROHFWLYR³$IHFWDGRV0´FRQVWLWXLGR por diferentes asociaciones y plataformas vecinales de los distritos de Salamanca, Ciudad Lineal y Vallecas, que cuentan con el apoyo, entre otros, de la de y de la , y actuando en defensa de los intereses generales de los vecinos, solicitamos conocer los detalles del proyecto y requerimos la siguiente información: - Presupuesto asignado para este proyecto en la Junta de Ciudad Lineal. - Presupuesto asignado para este proyecto en la Junta de Salamanca. - Memoria del Proyecto ganador de la licitación y Anejos. - Presupuesto detallado del proyecto ganador de la licitación». Junto a la reclamación, aporta la citada Resolución. SEGUNDO. El 29 de abril de 2025 se envía al reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación al Ayuntamiento de Madrid, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 14 de mayo de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Madrid en las que se pronuncia sobre los siguientes extremos: a) En relación al trámite de audiencia del tercero interesado, en este caso la , el Ayuntamiento manifiesta lo siguiente: «En lo que respecta al presupuesto y la memoria del proyecto ganador de la licitación FRPSHWHQFLDGHHVWDiUHDGHJRELHUQROD87(DGMXGLFDWDULD³ ´DODTXHVHUHILHUHODLQIRUPación, ya se había manifestado con motivo de una solicitud de acceso anterior sobre la aplicación a esta documentación del límite de acceso contemplado en el artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG en adelante), por ser susceptible de provocar, en su caso, un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de la UTE, por lo que no se consideró necesario darle nuevamente trámite de audiencia, y se tuvieron en cuenta las alegaciones que ya había realizado anteriormente». b) En relación a la identidad material de la presente reclamación y otra efectuada por otro particular resuelta por este Consejo con número de expediente 195/2025 CTPD, señala lo siguiente: «El contenido de la reclamación presentada por contiene idénticos argumentos a la reclamación presentada por D. >«@ de la que se dio traslado a esta Secretaría General Técnica para que formulase alegaciones a través de escrito de 11 de abril de 2025 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, se reproducen a continuación las alegaciones realizadas por parte de esta Secretaría General Técnica para dar contestación a los argumentos de la reclamación». c) En relación al carácter jurídico de la Unión Temporal de Empresas: «En el ámbito de la Contratación Pública, la Unión Temporal de Empresas (UTE) es una figura legal regulada actualmente en el art. 69 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), así como el artículo 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Las UTEs son entidades sin personalidad jurídica propia reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las Sociedades de desarrollo industrial regional. El hecho de que la UTE no tenga personalidad jurídica implica que aunque pueda servir de cauce para la realización de obras o servicios por parte de 2 o más empresas, los derechos y obligaciones que puedan derivar del contrato para el cual se constituyó, se atribuyan directamente a los socios participantes en la UTE. Esta suerte de transparencia jurídica implica, en el supuesto que nos ocupa, que, en contra del confuso planteamiento alegado por el reclamante, son las empresas participantes en la UTE las titulares del know how que se protege mediante la confidencialidad que permite la Ley». d) Finalmente, respecto a la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento manifiesta lo siguiente: «A tal efecto, se aplicaron las reglas previstas en el Criterio Interpretativo 1/2019 de 24 de septiembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para la aplicación de este límite, esto es, se realizó un estudio individualizado del caso y se valoró si existía un daño sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información, procediendo seguidamente a comprobar si existía algún interés superior al protegido con la limitación que justificase el acceso solicitado. >«@ En este sentido, hay que señalar que la oferta técnica se convierte en una pieza clave en cualquier concurso o licitación pública ya que es lo que diferencia a una empresa de otra y tiene que ver, más que con el resultado final de la obra, con el proceso de elaboración y metodologías porque permite a las empresas demostrar su capacidad para ejecutar un proyecto y proponer un plan detallado y sólido que cumpla con los requisitos específicos de la licitación. Su objetivo principal es convencer a la entidad contratante de que el licitador dispone de los conocimientos, la experiencia y los medios necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera exitosa. Por todo ello, en el test del daño realizado se ha considerado que el facilitar a un tercero todo el contenido de la oferta ganadora de la licitación causaría un daño efectivo en los intereses económicos y comerciales de la adjudicataria del contrato, ya que permitiría a otras empresas competidoras el acceso al conocimiento de las soluciones técnicas propuestas por la ganadora de la licitación, y por tanto, perjudicaría las legítimas expectativas de esta última para presentar este tipo de soluciones técnicas en futuras licitaciones de proyectos de similar complejidad y envergadura. >«@ Como la propia UTE ha justificado en su escrito de alegaciones, la documentación de la oferta que ha señalado como confidencial contiene información que refleja el resultado de muchos años de aprendizaje y bagaje profesional, adquiridos tras años de experiencia realizando multitud de obras, así como los detalles de sus métodos y procesos de trabajo, siendo precisamente todo ello lo que les ha posicionado en el lugar donde se encuentran en la actualidad en el mercado, por lo que su revelación perjudicaría su posición en el mercado legítimamente alcanzada. >«@ Una vez realizado el test del daño, determinado la existencia de un daño real y no hipotético a los intereses económicos y comerciales de la UTE, procede realizar la comprobación de si existe un interés prevalente a la protección de los referidos intereses de la UTE. >«@ Por lo que la información que el solicitante desea obtener sobre la afectación que la obra pueda tener sobre los ciudadanos que habitan la zona, no se puede extraer en estos momentos de una manera fidedigna de los documentos de la oferta, ya que el proyecto básico y la memoria técnica que lo resume, van a ser probablemente objeto de modificaciones durante el proceso de elaboración del proyecto constructivo. >«@ En un momento posterior, cuando el proyecto constructivo ya haya sido aprobado por el órgano de contratación y se haya realizado el replanteo del proyecto para iniciar la ejecución de la obra, se podrá facilitar la información que pretende el reclamante, esto es, los datos concretos sobre la ejecución de la obra (plazos, medidas ambientales, afección al tráfico, presupuesto), sin necesidad de facilitar la oferta ganadora de la licitación y por tanto, sin vulnerar los legítimos intereses económicos y comerciales de la adjudicataria del contrato». CUARTO. Mediante notificación de fecha 28 de mayo de 2025, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Según ha quedado acreditado en el expediente, el trámite de audiencia fue notificado el mismo día 28 de mayo de 2025, sin que conste que el reclamante haya presentado alegaciones en uso del referido trámite. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, son información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». Este Consejo considera que, en el presente caso, la información solicitada es subsumible en la noción legal de información pública, sin perjuicio de que corresponda valorar si concurre alguna de las limitaciones que pudieran condicionar el acceso a las informaciones solicitadas. Así establecido, debe reconocerse que, según señala la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) RA CTBG 0065/2025, de 14 de febrero de 2025, «es preciso tener en cuenta que el derecho de acceso a la información pública se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558)». A mayor abundamiento, el derecho a la información cobra especial importancia en el ámbito de la contratación pública. Los contratos realizados por la Administración pública se encuentran regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Esta ley establece en su articulado la obligación de publicar determinados aspectos del procedimiento de contratación, como el perfil del contratante (artículo 63 LCSP), anuncio de información previa (artículo 134 LCSP), anuncio de licitación (artículo 135 LCSP), anuncio de formalización de los contratos (artículo 154 LCSP), entre otros. De lo anterior se desprende que la actual regulación en materia de contratación pública tiene como uno de sus principios inspiradores la transparencia y publicidad en la elaboración, tramitación, ejecución y resolución de los contratos en los que la Administración sea parte, como señala el preámbulo de la ley, por lo que todos los ciudadanos deben poder tener acceso a los contratos públicos. CUARTO. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se solicitó el acceso a los siguientes documentos relativos al proyecto de cubrición de la M-30 a la altura del puente de Ventas: el presupuesto asignado para proyecto en las Juntas de Distrito de Ciudad Lineal y Salamanca; la memoria del proyecto ganador de la licitación con sus anexos; y el presupuesto del proyecto ganador de la licitación. El Ayuntamiento de Madrid concedió el acceso parcial de la información solicitada, entendiendo confidencial parte del documento de la oferta, y además aplicó el límite previsto en el artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), el cual establece que «1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: h) Los intereses económicos y comerciales.» En aplicación del citado límite y de lo dispuesto en el artículo 133 LCSP, relativo a la confidencialidad, el Ayuntamiento de Madrid denegó el acceso a una parte del documento de oferta presentado por la UTE, en concreto: «la memoria completa, anejos del 7 a 20, 23 y 24, 26, 28 y 31, todos los planos, así como todo el presupuesto, por contener estudios propios en la forma de ejecución de los trabajos y estrategias de las empresas para la obtención de los objetivos propuestos». QUINTO. En lo que se refiere al derecho de confidencialidad que rige en un procedimiento de contratación pública, el artículo 133 LCSP establece lo siguiente: «Artículo 133. Confidencialidad. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo». De ello se desprende que los órganos de contratación no pueden divulgar aquella información facilitada por los empresarios que hubiera sido designada por estos como confidencial o que pudiera ser utilizada para falsear la competencia. En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, en su Sentencia de 14 de febrero de 2008 (C-450/2006), en la que señaló que «las entidades adjudicadoras tienen la obligación de respetar el carácter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores». Este Consejo, partiendo del criterio establecido en su resolución del expediente 195/2025 CTPD, entiende que, en este caso, la UTE debe aportar información sensible a la Administración de manera que su divulgación a terceros no comprometa los intereses económicos y comerciales en juego. Tanto la normativa en materia de contratación pública como la jurisprudencia velan por la garantía de esta relación de confianza entre órgano contratante y el concesionario. Por todo lo expuesto, sería coherente no facilitar esta información para así cumplir con la confidencialidad contractual. SEXTO. Por su parte, el artículo 34 LTPCM impone ciertos límites al derecho de acceso a la información pública, en los términos que seguidamente se exponen: «Artículo 34. Límites al derecho de acceso. 1. El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la normativa de la Unión Europea y en la legislación básica del Estado. 2. La aplicación de los límites a que se refiere el apartado anterior será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». La legislación básica a la que se refiere el precepto transcrito es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, concretamente en sus artículos 14 y 15, cuya aplicación es cuestionada por la reclamante en lo establecido en el artículo 14.1.h) LTAIPBG, referente a los intereses económicos y comerciales. El Criterio Interpretativo 1/2019, relativo a la aplicación del límite del artículo 14.1.h), dictado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, recomienda lo siguiente en relación con la aplicación de este límite a las solicitudes de acceso a la información en las que se solicitan contenidos declarados confidenciales: «En todo caso, a la hora de calificar una determinada información como secreta o confidencial, han de tenerse en cuenta los siguientes criterios: a) Ha de ser relativa a circunstancias u operaciones que guarden conexión directa con la actividad económica propia de la empresa. b) La información no ha de tener carácter público, es decir, que no sea ya ampliamente conocida o no resulte fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información. c) Debe haber una voluntad subjetiva del titular de la información de mantener alejada del conocimiento público la información en cuestión. d) La voluntad de mantener secreta la información ha de obedecer a un legítimo interés objetivo que debe tener naturaleza económica, y que cabrá identificar ± por ejemplo, cuando la revelación de la información produzca el detrimento de la competitividad de la empresa titular del secreto frente a sus competidores, debilite la posición de ésta en el mercado o le cause un daño económico al hacer accesible a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial». Asimismo, el mencionado Criterio Interpretativo 1/2019 realiza las siguientes apreciaciones en relación con la aplicación de este límite a las solicitudes de acceso a la información: «Si se considera que el límite puede resultar aplicable, debe entrar en juego la correspondiente concreción a través del test del daño para determinar cuál es el perjuicio que se produce para la organización, empresa o entidad afectada por la difusión de la información, que puede ser tanto el organismo que ha recibido la solicitud, como una entidad tercera que pueda verse implicada. >«@Por último, admitida la existencia del daño y valorado el mismo, se debe ponderar el peso de éste con respecto al interés legítimo de la ciudadanía en conocer la información que poseen los organismos y entidades sujetos a la Ley y que la misma califica como un derecho subjetivo amplio y prevalente». En sintonía con estas recomendaciones, el Ayuntamiento de Madrid consideró, en síntesis, que no existía un interés público superior que justificase el acceso a los documentos declarados confidenciales, ni a la parte de la oferta presentada a la que no se concedió el acceso, pues ello podría afectar a la posición en el mercado de la empresa adjudicataria y a la libre competencia. En el presente fundamento, y según lo recomendado en el Criterio Interpretativo 1/2019, este Consejo va a proceder a explorar el carácter confidencial de la información solicitada y a efectuar los pertinentes test del daño y del interés, para así apreciar si concurriría o no el límite invocado por el órgano reclamado. En relación con el test del daño, el mencionado Criterio indica lo siguiente: «A la hora de realizar el test del daño, el sujeto responsable de atender una solicitud de información o una reclamación debe analizar las siguientes cuestiones: 1º. Valorar todas las cuestiones que resulten de aplicación con identificación de los intereses económicos y comerciales que se ven afectados. 2º. Destacar la incidencia comercial o económica de la información que se solicita. 3º. Valorar en qué medida concreta proporcionar la información dañaría los intereses económicos y comerciales de una organización. Para ello, se pueden aportar datos concretos, objetivos, evaluables y efectivos que avalen la posible aplicación del límite y su incidencia en la posición competitiva de la entidad afectada. En la determinación del daño es importante analizar si la información a proporcionar es de común conocimiento o si la misma es fácil de averiguar o reproducir por parte de los competidores, en el caso de que la actividad se desarrolle en concurrencia competitiva. 4º. Determinar el nexo causal entre el acceso a la información solicitada y el daño a los intereses económicos y comerciales de la entidad presuntamente perjudicada». La información solicitada se refiere al documento de oferta presentado por la UTE en el marco de un proceso de licitación que contienen datos de carácter sensible fruto del trabajo del candidato. Entre los intereses que pueden verse comprometidos se encuentran la protección de secretos empresariales y el know how técnico, la preservación de metodologías propias y soluciones innovadoras e incluso la posición competitiva de las entidades participantes en el mercado, entre otros. En relación con la incidencia comercial o económica de la información que se solicita, el acceso a este documento de oferta, permitiría a competidores conocer aspectos estratégicos de las ofertas, como medios materiales, recursos humanos, metodologías de trabajo o innovaciones técnicas; así como detalles pormenorizados de los proyectos, lo que podría impactar negativamente en la posición competitiva de las entidades afectadas, por ejemplo, en futuros procesos de contratación. Este Consejo, como ya expuso en la resolución del expediente 195/2025 CTPD, entiende que, aun tratándose de una Unión Temporal de Empresas, no puede concluirse la naturaleza efímera de dicha unión, interpretación que debilitaría el límite previsto en el artículo 14.1.h. Las UTE están compuestas por varias empresas que aportan su experiencia, recursos y know-how al proyecto, por lo que la revelación de la información sensible afectaría de manera directa a cada una de las entidades participantes. A juicio de este Consejo, la revelación de la documentación ocasionaría un daño efectivo, evaluable y objetivo a las empresas afectadas porque revelaría información interna y difícilmente accesible por otras vías, lo que posibilitaría que, de cara a futuras licitaciones, los competidores reprodujesen o adaptasen soluciones técnicas originales sin haber invertido en su desarrollo. Finalmente, podría debilitar la capacidad de las entidades afectadas para concurrir en igualdad de condiciones en el mercado o en futuras licitaciones, lo que reduciría su ventaja competitiva. Por todo lo expuesto, se aprecia una relación directa entre el acceso a la información solicitada y el daño a los intereses económicos y comerciales de las entidades que participaron en el proceso de licitación, ya que la publicidad de la parte de la oferta de la cual no se facilita el acceso 1 facilitaría la apropiación o imitación por terceros, lo que afectaría negativamente a su competitividad en futuros procedimientos de contratación pública. Una vez efectuado el test del daño, y según las indicaciones del citado Criterio 1/2019, procedería realizar el test del interés. Para ello, habría que analizar las siguientes cuestiones: «La rendición de cuentas del gasto de dinero público. Existe claramente un interés público en conocer cómo se toman las decisiones en las políticas públicas y en cómo se gasta el dinero público en cada caso concreto. La protección del público. La sociedad tiene interés en conocer cuándo existen prácticas empresariales o comerciales dudosas por parte de organizaciones o empresas, o cuando existen productos puestos en el mercado que resultan peligrosos o dañinos. Las circunstancias en las que la información fue obtenida por la administración pública. Si la obtención de la información procede de una obligación legal, si la misma fue aportada voluntariamente por la organización, si es fruto de una actividad de inspección y control por parte de la Administración, todas estas circunstancias influyen a la hora de proceder o no a la divulgación de la información. Los aspectos relativos a la competencia. En economías de mercado como la española, existe un interés público en que las empresas puedan operar en un marco seguro de competencia, tanto si tal competencia tiene lugar en el ámbito ordinario de la actividad económica del país, como en el marco de la contratación pública». Es evidente que existe un interés público en conocer cómo se emplean los fondos públicos en los procedimientos de contratación. En este sentido, la publicidad de determinada información relativa a los contratos garantiza la transparencia en la adjudicación, así como la supervisión por parte de la ciudadanía respecto de la utilización de los recursos públicos. No obstante, este interés puede satisfacerse mediante el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en materia contractual, en concreto aquellas relacionadas con las condiciones económicas, los importes adjudicados y los criterios de valoración. Por ello, no existe la necesidad de divulgar en su integridad el documento de oferta (en concreto, aquellas partes del documento de oferta a las que no se ha concedido el acceso) La información relacionada con la oferta, la relativa a la propuesta técnica, la programación de los trabajos, las medidas medioambientales, así como el plan de ahorro energético. En relación con el resto del proyecto básico ofertado se deniega el acceso a la información relativa a la memoria, a los anejos 7-20, 23 y 24, 26, 28 y 31, así como los planos. que contiene información sensible fruto de labores realizadas por las entidades que participaron en el proceso de licitación. En relación con la protección del público, es claro que la sociedad tiene interés en conocer las prácticas empresariales o comerciales dudosas. En ningún momento se ha apreciado que el acceso a todo el documento de oferta (en concreto a la parte que no se ha concedido el acceso, la información relacionada con la oferta, la relativa a la propuesta técnica, la programación de los trabajos, las medidas medioambientales, así como el plan de ahorro energético. En relación con el resto del proyecto básico ofertado se deniega el acceso a la información relativa a la memoria, a los anejos 7-20, 23 y 24, 26, 28 y 31, así como los planos) vaya dirigido a salvaguardar la calidad, seguridad o fiabilidad de las prestaciones. Por ello, la publicidad de los pliegos, de los criterios de adjudicación y la propia ejecución del contrato son, a ojos de este Consejo, suficientes para satisfacer dicho interés, sin que en ningún momento resulte necesario difundir los proyectos técnicos íntegros. Por lo que respecta a la obtención de la información, la información relativa al documento de oferta solicitado ha sido aportado por la UTE en cumplimiento de una obligación legal derivada de la normativa de contratación pública. No se trata, por tanto, de información proporcionada de manera voluntaria, sino de documentación exigida como requisito para concurrir al procedimiento. Esta circunstancia refuerza la necesidad de proteger su contenido frente a terceros, al no haberse entregado con una finalidad de divulgación pública. Finalmente, entrando en los aspectos relativos a la competencia, en una economía de mercado como la española, el interés público también exige garantizar la existencia de un marco de concurrencia libre y limpio. La divulgación indiscriminada de documentos de oferta debilitaría esta concurrencia, al exponer estrategias y soluciones diferenciadoras que forman parte del know how de las entidades afectadas. Así, el interés en preservar la competencia resulta igualmente de naturaleza pública, y actúa en sentido restrictivo frente a la difusión de este tipo de información. Precisamente, y en relación con la competencia, la ya citada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de febrero de 2008 (asunto C450/06, apartado 34 y ss.) señaló lo siguiente respecto de la relación existente entre la competencia y el principio de confidencialidad: «34. El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C-26/03, Rec. p. I-1, apartado 44). 35. Para alcanzar dicho objetivo, es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen información relativa a procedimientos de adjudicación de contratos públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en un procedimiento de adjudicación en curso o en procedimientos de adjudicación ulteriores. 36. Además, tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia, los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores económicos que participan en ellos. Éstos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier información útil en el marco del procedimiento de adjudicación, sin miedo a que éstas comuniquen a terceros datos cuya divulgación pueda perjudicar a dichos operadores». Por todo lo expuesto, y tras seguir las recomendaciones del citado Criterio Interpretativo 1/2019, la toma en consideración de todos los factores analizados arroja que no existe un interés público prevalente que justifique el acceso a la información solicitada. Por ende, y como resultado de los test del daño y del interés efectuados, procede desestimar la reclamación en aplicación del límite 14.1.h) LTAIPBG, relativo a la protección de los intereses económicos y comerciales en conexión con el principio de confidencialidad del artículo 133 LCSP. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.