Reclamación por denegación de acceso al pliego de condiciones de venta y arrendamiento de inmuebles de la Junta de Andalucía

RESOLUCIÓN 20/2016, de 24 de mayo, del Consejo de Transparencia y protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación de XXX contra la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía por denegación de información (Reclamación núm. 010/2016). ANTECEDENTES Primero. (OUeclamante solicitó el 7 de julio de 2015, a través del Portal deTransparencia de la Junta de Andalucía, la siguiente información en relación con la venta de inmuebles de la Junta de Andalucía: “Pliego de condiciones de la venta yarrendamiento sale and leaseback ”. Segundo. El 27 de julio de 2015 la Dirección General de Patrimonio dicta una resolución denegando el derecho de acceso en virtud de lo dispuesto en el articulo 14.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en adelante LTAIBG, “dado que el acceso a la información solicitada supone un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la Administración de la Junta de Andalucía, condicionando la posición de esta para futuras operaciones y su capacidad de negociación en las mismas.” Tercero. El 21 de agosto de 2015 el interesado presenta una reclamación dirigida al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en adelante el Consejo, en la que comienza haciendo referencia a las razones de su solicitud: “Mi interés y mi motivación, como indiqué en la solicitud, radica en “tener conocimiento de en qué condiciones se ha llevado a cabo la venta y el arrendamiento simultáneo de buena parte del patrimonio inmobiliario de la Junta de Andalucía", porque, como ciudadano, quiero saber cómo la Administración se ha desprendido de buena parte de los edificios destinados a prestar el servicio público que en ellos se ofrece y en qué condiciones. Antes de presentar mi solicitud, pensaba que los pliegos serían públicos y estarían publicados en el perfil de contratante de la Junta de Andalucía, al igual que la licitación; no los encontré, pero sí un apartado sobre esta contratación creo que dentro del bloque de Contratación Pública de la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, apartado que ahora ya no está, pero que estaba diseñado solo para que accedieran las empresas interesadas en licitar y supongo que ellas, lógicamente, sí tendrían acceso a los pliegos de condiciones, para poder presentar sus ofertas”. A continuación, el reclamante en su escrito discrepa de la aplicación del límite previsto en el art. 14 h) LTAIBG: “Entiendo que no es motivación suficiente que se me indique que conociendo las condiciones de la venta y alquiler puedo condicionar la capacidad de negociación de la Junta de Andalucía en futuras operaciones, operaciones que, si se realizan en el futuro, deberán ser transparentes y a las que tendrán acceso de nuevo las empresas interesadas de este sector”. Y, en fin, concluye argumentando que dicha disposición “se debe aplicar de manera restrictiva y en los casos en que verdaderamente el acceso a la información pudiera poner en peligro un derecho superior, que estimo que no es el caso”. Cuarto. Una vez constituido el Consejo con la aprobación de sus Estatutos y realización de las actuaciones necesarias para su puesta en marcha, la reclamación tuvo entrada el 11 de marzo de 2016, y con fecha 14 siguiente le fue comunicado al reclamante el inicio del procedimiento para resolver su reclamación y fecha máxima para resolución de la misma. Quinto. El Consejo remitió el 14 de marzo de 2016 a la Dirección General de Patrimonio la reclamación planteada solicitándole las alegaciones que tuvieran por conveniente plantear para la resolución de la reclamación. Sexto. El 18 de abril de 2016 tiene entrada en este Consejo el informe del órgano reclamado. “De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, mediante Acuerdo de 28 de enero de 2014 del Consejo de Gobierno se autorizó la enajenación de los bienes inmuebles del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se indican en su Anexo […] Al amparo de lo establecido en las disposiciones anteriores, mediante Resolución de 8 de septiembre de 2014 de la Dirección General de Patrimonio se incoa expediente para la enajenación y simultáneo arrendamiento de los inmuebles que en la misma se citan, que serán adquiridos por el inversor privado que presente la oferta más ventajosa para los intereses de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el proceso de negociación que se abre a tal fin. Por Orden de 17 de junio de 2014 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, favorablemente informada por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se acuerda la enajenación directa y simultáneo arrendamiento de los inmuebles que en la misma se relacionan y se aprueba el clausulado de los contratos de compraventa y arrendamiento...” El informe prosigue transcribiendo el apartado cuarto de la parte dispositiva de la mencionada Orden de 17 de junio de 2014: “La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conjuntamente con el Anexo I y II. Asimismo se dará publicidad a su contenido, el mismo día de su publicación en BOJA, a través de un anuncio en la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En esa página web se les dará acceso a los interesados que hayan presentado la declaración de interés y acuerdo de confidencialidad, de conformidad con lo establecido en las reglas del proceso, a los Anexos III y IV de la presente Orden.” Y, a partir de este apartado, continuaría argumentando el informe: “[...] ya en la operación de venta y arrendamiento citada, la documentación solicitada por los interesados así como cualquier otra obrante en el expediente a la que tuvieran acceso, tenía carácter confidencial, por lo que se exigió a todos los participantes en el proceso la firma de un acuerdo de confidencialidad con carácter previo al acceso a la misma; por ese motivo no se publicó el Pliego solicitado, entendiendo este Centro Directivo que el mismo sigue teniendo carácter confidencial dado que lo contrario podría perjudicar gravemente los intereses comerciales legítimos de los operadores participantes en este tipo de operaciones, operadores económicos públicos y privados, y perjudicar efectivamente la posición de partida de la Comunidad Autónoma y la competencia leal entre los competidores en futuras operaciones inmobiliarias que pudieran realizarse. Finalizada la operación se publicó en el BOJA nº 32, de 17 de febrero de 2015, la Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace pública la enajenación y simultáneo arrendamiento que se cita, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 218 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 276/ 1987, de 11 de noviembre”. El informe emitido por el órgano reclamado concluye insistiendo en la pertinencia de aplicar el art. 14 h) de la LTAIBG para denegar la información solicitada: “[...]dado que el acceso a la misma supone un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la Administración de la Junta de Andalucía, condicionando la posición de esta para ulteriores operaciones y su capacidad de negociación en las mimas, lo que se expresa tras realizar una valoración de las circunstancias del caso concreto examinado, y sobre la base de intentar cohonestar de forma singularizada el derecho al acceso a la información y la protección de los intereses públicos y privados, que conducen a las limitaciones de acceso al expediente que aquí se afirman. Así, desvelar lo que se considera un elemento estratégico de gestión frente a licitadores y competidores, dado que actuamos en un mercado de competencia, se entiende contrario a los intereses intereses públicos, que es necesario preservar”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en adelante la LTPA. Segundo. El artículo 28 de la LTPA establece que “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley ”. Por su parte, el artículo 19.3 de la LTAIBG dispone que “si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Este trámite se considera esencial a fin de asegurar que las personas o entidades susceptibles de verse afectadas por el acceso puedan presentar las alegaciones que tengan por convenientes con carácter previo a la resolución, o, en su caso, puedan manifestar que no se oponen u objetan en modo alguno el acceso a la información. Pues bien, según señaló el órgano reclamado en su informe, el carácter confidencial del Pliego solicitado obedece, entre otras razones, a que “lo contrario podría perjudicar gravemente los intereses comerciales legítimos de los operadores participantes en este tipo de operaciones, operadores económicos públicos y privados, y perjudicar efectivamente... la competencia leal entre los competidores en futuras operaciones inmobiliarias que pudieran realizarse”. Sin embargo, tras el examen del expediente, no se aprecia que haya sido concedido ese plazo de alegaciones a la entidad adjudicataria del contrato. Por lo tanto, advertido este vicio en el procedimiento de resolución de la solicitud al no constar otorgado al adjudicatario del contrato el período de alegaciones previsto en el citado artículo 19.3 de la LTAIBG, procede, con base en el artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, retrotraer el procedimiento, por lo que este Consejo RESUELVE Acordar la retroacción del procedimiento de resolución de la solicitud de información pública planteada por XXX, al momento en que se otorgue el período de alegaciones citado en el Fundamento Jurídico Segundo, y tras el cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente.