Reclamación por denegación de información sobre actuaciones de control de renovación de contadores de agua

RESOLUCIÓN 233/2018, de 14 de junio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en materia de denegación de información pública. (Reclamación núm. 234/2017). ANTECEDENTES Primero. El 12 de mayo de 2017 el ahora reclamante presentó una solicitud de información dirigida a la Consejería de Salud del siguiente tenor: “INFORMACIÓN SOLICITADA [...] “1º.- Si la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de Granada, ha realizado alguna actuación concreta, alguna vez, de la que haya constancia documental, para intentar garantizar el cumplimiento de la obligación que impone a las empresas suministradoras de agua domiciliaria el citado artículo 40 RENOVACIÓN PERIÓDICA DE CONTADORES: SI o NO. Resolución 233 /2018, de 14 de junio “2º.- En caso afirmativo, descripción genérica de la actuación o actuaciones: Inspección, requerimiento de documentación, etc. “3º.- Cualquier otra ampliación o concreción del punto 2º, que sea posible. “4º.- Si la Delegación Territorial tiene constancia de incumplimientos de la citada obligación. Y en ese caso medidas adoptadas.” Segundo. El 31 de mayo de 2017, la Directora General de Consumo de la Consejería de Salud resuelve conceder el acceso e informa al interesado de lo siguiente: “La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía remitió al Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de Granada, la Campaña de Inspección y Control de Entidades de Suministro Domiciliario de Agua 2016 (Código 51/16) para el desarrollo de las correspondientes actuaciones inspectoras en esa provincia. “Con fecha 30 de noviembre de 2016, la Inspección de dicho Servicio de Consumo se personó en las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA S.A. (EMASAGRA) para informar y desarrollar la referida Campaña de Inspección. “Durante la visita de inspección fue atendida por la Jefa del Servicio de Atención al Cliente quién le facilitó la información y documentación interesada por la Campaña y suscribió el Acta de Inspección Número 5227/2016 de 30 de noviembre en la que constan las actuaciones practicadas y a la que se adjunta la documentación facilitada por esta entidad suministradora. “La información facilitada por esta empresa relativa a equipos de medida, esto es a contadores, con independencia de su estado de conservación, informa la compareciente que ningún contador o aparato de medida permanece instalado más de ocho años pues periódicamente se van renovando. “Lo que es evidente por razones obvias, es que la Inspección de Consumo no podía, ni puede comprobar física y realmente la renovación de los contadores de la población atendida por esta empresa que asciende a 15 municipios granadinos con sus 383.030 habitantes. “No obstante lo anterior, se hace contar que según el artículo 3 del Decreto 120/1991 de 11 de junio, modificado por el Decreto 327/2012 de 10 de junio y con objeto de garantizar el suministro domiciliario de agua, corresponde a la Dirección Resolución 233 /2018, de 14 de junio General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, a través de sus Delegaciones Provinciales: «las comprobaciones, verificaciones y precintado de los distintos sistemas de medida, el correcto dimensionamiento de las instalaciones y sus equipos de medida, siempre que existan discrepancias entre el usuario y el suministrador». “En definitiva y al margen de la referida Campaña de Inspección, será el Servicio de Industria de la Junta de Andalucía en Granada, el competente para conocer y pronunciarse sobre el funcionamiento y conservación de los contadores de agua como equipos de medida instalados, por las empresas suministradoras de los consumidores y usuarios.” Tercero. Con fecha 6 de junio de 2017 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la Resolución de 31 de mayo de 2017 antes citada, cuyos motivos son los siguientes: “1º.- Ausencia de información alguna sobre el punto cuarto y último de la solicitud de información. “2º.- Sobre el resto de cuestiones se proporciona una información ambigua. El informe de la D.T. de Salud, por el que se responde a la solicitud de información, contiene una información global, desordenada y ambigua, sobre la información concreta y enumerada requerida: “Se deduce que la Delegación realiza actuaciones de garantía para el usuario ya que podría interpretarse como actuación concreta la declaración, en comparecencia, de la Sra. Jefa de Atención al cliente de EMASAGRA de que ningún contador permanece instalado más de ocho años, sin comprobación ni documentación que la sustente. (Sobre la Campaña 51/16 de Inspección y Control que se menciona en el “informe” no se concreta, al margen de la “declaración anterior” que relación, si es que tiene alguna con la revisión obligatoria de contadores prescrita. “Como ampliación informativa de actuaciones en garantía del usuario, “sólo” parece deducirse que la Delegación Territorial de Salud no puede ir más allá por motivos materiales y legales: “ - Materiales: El Servicio de Consumo, informa que “por razones obvias”, no puede comprobar “física y realmente” los contadores de una población de 383.030 habitantes , repartidos por 15 municipios. Resolución 233 /2018, de 14 de junio “- Legales: Se expone el contenido literal del Artículo 3 del Decreto 120/91 y se comenta, repitiendo lo que dicho artículo establece, suscitando o proyectando la (*) duda sobre las propias competencias de la delegación territorial de Salud sobre el incumplimiento, en su caso, por parte de EMASAGRA, de la revisión obligatoria de contadores prescrita en el artículo 40 del citado. “En conclusión, se interpone RECLAMACIÓN ya que no se da ninguna información solicitada, ni clara ni ambigua, sobre el punto 4 de la solicitud, y sobre el resto no es clara. “(*) Máxime cuando el Artículo 106 del Decreto 190/1991, establece que “El incumplimiento por la Entidad suministradora de las obligaciones que establecen en el presente Reglamento, constituirá infracción administrativa conforme a lo establecido en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y Real Decreto 1945/1983 de 22 de junio, y por tanto, de competencia sancionadora y exclusiva de la Consejería de Salud.” Cuarto. Con fecha 19 de junio de 2017 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. Quinto. El 20 de junio de 2017 se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Sexto. Con fecha 7 de julio de 2017, tiene entrada en este Consejo escrito del órgano reclamado en el que comunica lo siguiente: “ Que el articulado de los Decretos 120/1991 y 327/2012 detallan las competencias de las partes que intervienen en la oferta y contratación del suministro domiciliario de agua: “Será la dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, la competente para realizar las comprobaciones y verificaciones y precintado de los distintos sistemas de medida (artículo 3). “ Todos los contadores o aparatos de medición que se instalen para medir o controlar los consumos de agua de cada abonado, serán propiedad de las entidades Resolución 233 /2018, de 14 de junio suministradoras, quines los instalarán, mantendrán y repondrán con cargo a los gastos de explotación del servicio (artículo 37. “Con independencia de su estado de conservación, ningún contador o aparato de medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo superior a ocho años (artículo 40). “ A los laboratorios oficiales autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, les corresponde la comprobación, verificación y control de los contadores y otros equipos de medida que se utilicen en el suministro de agua (artículos 40 y 41). “En definitiva, la competencia para pronunciarse sobre los equipos de medición o contadores que son propiedad de la entidad suministradora, legalmente le corresponde a la entidad suministradora con la que tiene formalizado el contrato de suministro domiciliario de agua, a la dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y a los laboratorios oficiales autorizados. “Por lo que, el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía carece de competencias relativas a los equipos de medida o contadores, cuya responsabilidad está atribuida a la entidad suministradora propietaria de los mismos y en las condiciones establecidas legalmente y a la Dirección General de Industria, Energía y Minas que junto al laboratorio oficial correspondiente, están cualificadas técnicamente para ello. Séptimo. El 17 de julio de 2017 dictó este Consejo un Acuerdo por el que se amplía el plazo de resolución de la reclamación. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o Resolución 233 /2018, de 14 de junio limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. La presente reclamación trae causa de una solicitud con la que se pretendía acceder a la siguiente información: “si la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales ha realizado alguna actuación concreta […] para intentar garantizar el cumplimiento de la obligación […] de las empresas suministradoras de agua domiciliaria -relativa- a la renovación periódica de contadores”, la “descripción genérica” de dicha actuación en su caso y “si la Delegación tiene constancia de incumplimientos de la citada obligación”. En respuesta a dicha petición, el órgano reclamado concedió el acceso por Resolución de la Directora General de Consumo de 31 de mayo de 2017. En la misma, ofreció al ahora reclamante información acerca de la actuación inspectora realizada por la Delegación Territorial, con una descripción genérica de dicha actuación en la que se identifica la Campaña de Inspección, el año y código, la fecha en la que se personó la inspección en la empresa municipal y la persona que atendió a la visita de inspección. Asimismo, la Resolución se hace eco de la información de la compareciente acerca de que “ningún contador o aparato de medida permanece instalado más de ocho años pues periódicamente se van renovando”, y continúa acto seguido el órgano reclamado: “Lo que es evidente por razones obvias, es que la Inspección de Consumo no podía, ni puede comprobar física y realmente la renovación de los contadores de la población atendida por esta empresa que asciende a 15 municipios granadinos con sus 383.030 habitantes”. El interesado formuló reclamación contra la citada Resolución ante la “ausencia de información alguna sobre el punto cuarto” - relativo a si la Delegación Territorial tiene Resolución 233 /2018, de 14 de junio constancia de incumplimientos de la obligación de renovación periódica de contadores-, así como por considerar que el resto de información ofrecida era “global, desordenada y ambigua”. Sin embargo, a juicio de este Consejo, la información general proporcionada por la Resolución satisface el objeto de la pretensión del interesado según quedó acotada en su escrito de solicitud; en efecto, da una respuesta suficiente a su petición de “descripción genérica de la actuación o actuaciones” emprendidas por la Delegación Territorial en cuestión. Por consiguiente, y sin perjuicio de que el interesado pueda presentar otras solicitudes dirigidas a obtener nueva información más específica, este Consejo no puede por menos que desestimar la presente reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por denegación de solicitud de información pública.