Reclamación contra el OPAEF de la Diputación de Sevilla por denegación de información sobre su catálogo de procedimientos administrativos y desestimación de la misma

RESOLUCIÓN 620/2021, de 10 de septiembre Resolución 504/2021 de 21 de julio, corregida por Resolución de corrección de errores de fecha 10/9/2021 Artículos: 2.a) y 24 LTPA. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla (OPAEF) por denegación de información pública. Reclamación: 161/2020. ANTECEDENTES Primero. La asociación ahora reclamante presentó, en fecha 7 de febrero de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida a la Diputación de Sevilla: “Al no figurar en la sede electrónica del OPAEF el "Portal de Transparencia", conforme a lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, "Solicita, "Información Pública sobre el catálogo de procedimientos administrativos que tramite el OPAEF, indicando forma de inicio, plazo máximo para dictar y notificar la resolución correspondiente, órgano competente para su tramitación, efectos derivados de la falta de resolución expresa y si pone fin o no a la vía administrativa". Segundo. El 9 de marzo de 2020, tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta del órgano reclamado. Adjunta el interesado a la reclamación oficio de la Jefa de Servicio de Transparencia, Protección de Datos y Registro Electrónico de la Diputación de Sevilla de fecha 12 de febrero de 2020, informando que la solicitud presentada había sido remitida para su tramitación al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, dado que la información solicitada es competencia de ese organismo. Tercero. Con fecha 8 de abril de 2020, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 7 de abril de 2020 se solicitó al organismo reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. En ambos supuestos se indicaba expresamente que "conforme establece la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los plazos aplicables que se derivan de la presente notificación quedan suspendidos hasta la fecha en que pierda vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo". Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 16 de junio de 2020 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Cuarto. Con fecha de 10 de junio de 2020 el Organismo remite el expediente al Consejo y realiza la siguientes alegaciones: “Se ha recibido en este Organismo, con fecha 7 de abril de 2020, escrito de esa Institución, de la misma fecha, mediante el que se comunica la interposición, por XXX y fecha 9 de marzo de 2020, de una reclamación por denegación de información pública referida al catálogo de procedimientos de este Organismo, y se solicita la remisión, en plazo de diez días, de una copia del expediente derivado de la solicitud, informe al respecto, así como cuantos antecedentes, información o alegaciones se consideren oportunos para la resolución de la reclamación. Atendiendo su solicitud se remite expediente consistente en: a) Solicitud del interesado a la Diputación de Sevilla. b) Comunicación interna de la Jefa del Servicio de Transparencia, protección de datos y Registro electrónico de la Diputación de Sevilla, de fecha 12 de febrero de 2020, dando traslado de la solicitud, recibida con fecha 13 de febrero de 2020. c) Oficio, de fecha 3 de marzo de 2020 y registro de salida de la misma fecha, del Jefe del Servicio de relaciones con los Contribuyentes, mediante el que se da respuesta a la solicitud. d) Acuse de recibo de fecha 2 de abril de 2020, con un primer intento el 12 de marzo. Estimamos que la demora entre los dos intentos ha debido ser producida por los efectos de la declaración del estado de alarma sobre el servicio de notificaciones de Correos. e) Correo electrónico de fecha 10 de junio de 2020. En relación con este último documento, informa el Jefe del Servicio que, tal como solicitaba el interesado, es probable que se le remitiese el oficio por correo electrónico, pero, dado el tiempo transcurrido y el gran número de atenciones por esa vía, que no tiene naturaleza de notificación, no se conserva la copia del envío, por lo que se ha reiterado. Asimismo se remite la Resolución de la Presidencia de la Diputación número 5578/2019, de 7 de noviembre, sobre Procedimiento Administrativo de la Diputación de Sevilla, para tramitar las solicitudes presentadas por personas físicas o jurídicas, en materia de acceso al Derecho de Información Pública, citada en el oficio. Tal como se indica en el oficio, la información solicitada está publicada en la sede electrónica www.sede.opaef.es/sede. Por todo lo anterior, se ha de entender que se ha ofrecido la información solicitada con la notificación realizada del lugar de publicación de la misma, considerando, por ello, que el propósito de obtener la información pública ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia de la información prevista en la Ley de Transparencia de Andalucía, todo ello como ya tiene declarado ese Consejo, solicitando, por ello, que se declarare terminado el procedimiento. Lo que se comunica a los efectos oportunos, en Sevilla, en la fecha indicada.” Quinto. Con fecha 23 de junio de 2020 tiene entrada en el Consejo alegaciones de la persona solicitante de información, alegando que: "El organismo público destinatario de la solicitud de información pública cuestiona la publicación obligatoria en su portal web de la relación actualizada de procedimientos administrativos de su competencia como exige el art. 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y se limita a indicar que en su sede electrónica se indican los trámites electrónicos disponibles, lo que no incluye todos los procedimientos de su competencia". Junto con las alegaciones indicadas se adjunta por el interesado oficio del Jefe del Servicio de Relaciones con los Contribuyentes del O.P.A.E.F., de fecha 3 de marzo de 2020, en el que se pone de manifiesto los siguientes extremos: "(...) "Le informo que la Resolución de la Presidencia de la Diputación número 5578/2019, en la letra c) del título tercero, referente a «Tramitación y Resolución de las solicitudes» establece que «si la información solicitada ya se encontrara publicada en el Portal de Transparencia de ésta Corporación, se comunicará al interesado mediante oficio de la Jefatura del Servicio». Asimismo, el invocado artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que dispone es que «las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo», mientras que el artículo 14 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, dispone que «las administraciones públicas andaluzas publicarán la información relativa a: a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados. Se indicará específicamente aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica». "Es cuestionable que esta normativa requiera que esta información deba estar necesariamente publicada bajo el formato del portal de transparencia del O.P.A.E.F. (el cual, hasta la fecha, está integrado en el de la Diputación de Sevilla), o si basta con que la misma esté disponible en el portal web o en la sede electrónica, como es el caso del O.P.A.E.F. Así, mediante el enlace https://sede.opaef.es/sede/, puede acceder a la información de cada uno de los trámites y los formularios asociados, e incluso iniciarlos, en algunos casos, electrónicamente. Asimismo, en el enlace https://sede.opaef.es/sede/tributos/index_listado.html puede acceder a la totalidad de los trámites o seleccionarlos por tributo o servicio. "Lo que le comunico en Sevilla, en la fecha abajo indicada, para su conocimiento y a los efectos oportunos". FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. La presente reclamación trae causa de una solicitud de información presentada ante la Diputación de Sevilla relativa al catálogo de procedimientos administrativos que tramite el OPAEF. El objeto de la reclamación versa, pues, como es palmario, sobre una pretensión que resulta perfectamente reconducible al concepto de “información pública”, sobre el que se articula nuestro sistema de transparencia [art. 2 a) LTPA]. Y ciertamente, tras examinar el contenido de la contestación que se remite al interesado por parte del Jefe del Servicio de Relaciones con los Contribuyentes del O.P.A.E.F. (en la que se indican los enlaces a los que se puede acceder para obtener "la totalidad de los trámites o seleccionarlos por tributo o servicio"), no puede sino llegarse a la conclusión de que la misma responde a los solicitado. El examen de las pretendidas incorrecciones o deficiencias de la información ofrecida como alega el solicitante de información, constituye una cuestión ajena al ámbito competencial de este Consejo. Ciertamente, según venimos manteniendo en doctrina constante, “no corresponde a este Consejo revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la información facilitada” (entre otras, Resoluciones 84/2016, de 7 de septiembre, FJ 2º; 101/2016, de 26 de octubre, FJ 3º; 107/2016, de 16 de noviembre, FJ 3º; 115/2016, de 30 de noviembre, FJ 5º y 265/2018, de 27 de junio, FJ 3º). Por consiguiente, en lo tocante a las deficiencias que se imputan a la información a la que ha tenido acceso, habríamos de manifestar lo que argumentamos en el FJ 4º de la Resolución 149/2017, de 7 de diciembre: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que —a juicio de los reclamantes— presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia”. No corresponde pues a este Consejo valorar si la información publicada se corresponde o no con todos los procedimientos de la competencia de la Oficina. De conformidad con la doctrina expuesta, procede desestimar la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación presentada por XXX contra el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla (OPAEF) por denegación de información pública.