Inadmisión de reclamación contra la Dirección General de Consumo por solicitar notificación de resultados de denuncias basándose en la condición de interesado

RESOLUCIÓN 691/2021, de 18 de octubre Artículos: 2 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX, contra la Dirección General de Consumo, por denegación de información pública Reclamación: 331/2020 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 13 de julio de 2020, escrito ante la Dirección General de Consumo, en el que expone lo siguiente: “Expone “Adjunto Sentencia del TSJA, solicito conocer las resoluciones de todas mis reclamaciones denuncias presentadas en los últimos 4 años, y que siempre me escriben informando que no tengo derecho a ser conocedor de dicha resolución. “Solicita “Adjunto Sentencia del TSJA, solicito conocer las resoluciones de todas mis reclamaciones denuncias presentadas en los últimos 4 años, y que siempre me escriben informando que no tengo derecho a ser conocedor de dicha resolución. La solicitud se acompañaba de escrito en la que la ahora reclamante expone: “Estimado Señor/a. “En los últimos años, he presentado reclamación contra empresas. “Consumo de Cádiz, o su sede central de Sevilla, siempre me envían el mismo escrito, según no recuerdo que artículo de la ley 39/2015, me viene a decir que no tengo derecho a conocer el resultado del expediente, no sé si finaliza en sanción, si procede a lo que reclamo contra la empresa que denuncio en cada momento etc. “Adjunto noticia de Facua, según sentencia del TSJA, si tenemos derecho a conocer el resultado de dicha reclamación / denuncia, ya que dicha sentencia afecta a todos los expedientes, y todos tenemos el mismo derecho, que este señor, al que le dan la razón, de conocer el resultado del expediente, el cual se abre por una denuncia de este señor contra Endesa. “DICHO TODO LO ANTERIOR, RUEGO, QUE INSTEN TANTO A LA DELEGACIÓN DE CONSUMO EN CÁDIZ, ASÍ COMO A CONSUMO SU SEDE EN SEVILLA, pues en ocasiones, la reclamación ha sido cursada por la delegación de Cádiz, otras por Consumo, sede general de Sevilla, que me den copia, para conocer el resultado, de todas mis reclamaciones presentadas de los últimos 4 años, siempre he interpretado, que soy parte interesada en el procedimiento administrativo, ya que soy, quien denuncia, y pone en conocimiento de Consumo, una supuesta infracción, en ocasiones, adjunto resolución del Jurado de Autocontrol, declarando una publicidad engañosa, y la empresa, no retira la misma pues elevo la reclamación ante consumo, es normal, y lógico, no solo ser parte en dicho procedimiento, sino que desee conocer el resultado de dicho expediente, saber que se para ese abuso por parte de la empresa, y ver el buen funcionamiento de Consumo, y que mis reclamaciones denuncias, no caen en saco roto, y se envite [sic], que ciertas empresas, continúen engañando e incumpliendo las normativas de consumo o de publicidad. “El artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. “El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. “Ruego tengan en cuenta en este procedimiento: ARTICULO 21 OBLIGACIÓN DE RESOLVER. “1. La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. “En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. “Por favor contestar al correo electrónico que aparece en el presente escrito o notificar de forma electrónica. “Decir que me encuentro registrada para recibir notificaciones electrónicas. “Adjunto copia de mi D.N.I. “Muy importante: “En caso que proceda ruega se aplique: La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, su artículo 14: Decisiones sobre competencia. “El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados”. “El presente escrito reúne los requisitos que establece el artículo 16 y 66 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. “Quedo a la espera de contestación por escrito y de forma motivada, enviando dicha respuesta por vía electrónica, el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como futuras notificaciones con acuerdo al artículo 41 de la citada ley. Por favor no contestar en papel sino de forma electrónica. “La obligación de contestar con acuerdo a lo establecido en el artículo 21.1 de la mencionada Ley 39/2015 de 1 de octubre. “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 28 establece: 2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. “De conformidad con lo establecido en el art 66.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas SOLICITO recibo a efectos de acreditación de presentación de documentos. “Sirva el presente escrito si procede en caso de existir plazos, la interrupción de los mismos incluyendo los previstos en nuestro código civil o los recogidos en la ley 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. “Y, por último, ruego se resuelva dentro del plazo establecido, sin la necesidad de agotar dicho plazo, siendo este el de tres meses, tal y como establece el artículo 21.3 de la citada Ley 39/2015. “Doy mi consentimiento a solicitar a otras administraciones, local, autonómica o estatal, cualquier documento que sea necesario para cursar el presente documento. “La normativa aplicable a la notificación telemática en la Junta de Andalucía es la siguiente: “Arts. 4 y 5 del Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la Sede Electrónica para la práctica de la notificación electrónica. “Punto 2 del art. 113 DE LA LEY 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. “Art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. “Art. 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet)”. Acompañaba también al escrito de solicitud de información copia de la publicación de una noticia aparecida en la página web de Facua, según la cual “El TSJA falla a favor de hacer público el expediente que sancionó a Endesa por sobrefacturar la luz”, publicación a la que la reclamante se está refiriendo cuando alude en su escrito que adjunta “sentencia”. Segundo. Con fecha 29 de julio de 2020 el órgano reclamado remite oficio a la interesada por el que le traslada: “Por la presente acusamos recibo de la denuncia presentada […], y le informamos que procedemos a realizar el análisis de los hechos reflejados en la misma para comprobar si se han cometido infracciones a la normativa vigente en materia de consumo, en cuyo caso se iniciaría el correspondiente procedimiento sancionador. “Se le informa igualmente que, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, relativo a la iniciación del procedimiento por denuncia, la presentación de la misma no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento (apartado 5). Y que no procede comunicar al denunciante la incoación, en su caso, del procedimiento sancionador porque no existen en la actualidad normas reguladoras del procedimiento que así lo prevean (artículo 64.1)”. Tercero. Con fecha 12 de agosto de 2020 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra respuesta obtenida de la solicitud formulada y transcrita en el antecedente anterior de esta resolución, y en la que la persona interesada expone: “Reclamación contra Consumo Junta de Andalucía. “N.º Expte: [número expediente] “Ntra Ref: [referencia]. “Denunciante: [nombre reclamante]. “Denunciado: [nombre empresa denunciada]. “Estimado Señor/a. “Adjunto noticia de Facua, asunto sentencia del TSJA. “Es mi deseo conocer, el resultado de todos los expedientes abiertos en dicho organismo, por las reclamaciones presentadas por la que suscribe. “Adjunto escrito de consumo, recibido en el día de hoy, negándome una vez más, conocer el resultado del expediente el cual se produce, como resultado de mi reclamación. “El artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. “El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. “Ruego tengan en cuenta en este procedimiento: ARTÍCULO 21 OBLIGACIÓN DE RESOLVER. “1. La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. “En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. [...] “En caso que proceda ruego que se aplique: La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, su Artículo 14: Decisiones sobre competencia. “1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. “El presente escrito reúne los requisitos que establece el artículo 16 y 66 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. “Quedo a la espera de contestación por escrito y de forma motivada, enviando dicha respuesta por vía electrónica, el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como futuras notificaciones con acuerdo al artículo 41 de la citada Ley. POR FAVOR NO EN PAPEL SINO DE FORMA ELECTRÓNICA. “La obligación de contestar con acuerdo a lo establecido en el artículo 21.1 de la ya mencionada Ley 39/2015 de 1 de octubre. “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 28 establece: 2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. “De conformidad con lo establecido en el art 66.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas SOLICITO recibo a efectos de acreditación de presentación de documentos. “Sirva el presente escrito si procede en caso de existir plazos, la interrupción de los mismos incluyendo los previstos en nuestro código civil o los recogidos en la ley 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. “Y, por último, ruego se resuelva dentro del plazo establecido, sin la necesidad de agotar dicho plazo, siendo este el de tres meses, tal y como establece el artículo 21.3 de la citada Ley 39/2015. […]”. Cuarto. El 24 de septiembre de 2020 la persona reclamante presenta ante este Consejo nueva solicitud a la que adjunta respuesta recibida de consumo y en la que expone: “Estimado Sr/a. Adjunto respuesta recibida […] con lo que no estoy conforme, y solicito resuelva, conforme a la sentencia adjuntada en mi reclamación del TSJA, e insten a consumo, a notificar las resoluciones de las reclamaciones presentadas por la que suscribe”. Por lo que hace a la respuesta enviada desde el órgano reclamado el 21 de septiembre de 2020, y que se adjunta al mencionado escrito, se pronuncia del siguiente tenor: “En contestación a su solicitud de conocer el resultado del expediente […] referente a una denuncia por presunta infracción administrativa en materia de consumo contra [nombre de empresa] presentada el pasado 16 de julio en el Registro del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, y el día 12 de agosto en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, que hace extensiva a todas sus denuncias presentadas en los 4 años, cúmpleme comunicarle que, de conformidad los artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acceso al estado en el que se encuentra un procedimiento administrativo no figura entre los derechos que, con carácter general, corresponden a todo ciudadano, sino tan sólo a quienes en cada procedimiento concreto tengan la condición de interesados. Siendo así que, según el artículo 62.5 de la misma Ley, la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento y, de acuerdo con su artículo 64.1, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean, resultando que no existen tales normas, sin que tales consideraciones resulten desvirtuadas por la noticia que adjunta”. Quinto. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se comunica a la reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. El mismo día, se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación, requiriéndosele expresamente para que informe también acerca de “los procedimientos que la reclamante tenía abiertos y sin resolver a la fecha de la solicitud de información y si ha realizado el 19.3 a la entidad [nombre entidad denunciada]”. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2020 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Sexto. El 19 de octubre de 2020 la persona reclamante presenta una ampliación de la reclamación a la que adjunta nueva respuesta del órgano reclamado y en la que expone que “Continúan con la negativa de informar el resultado de mi reclamación”. La respuesta del órgano reclamado de fecha 23 de septiembre de 2020 y que se adjunta con el escrito de ampliación de la reclamación, coincide con la expuesta en el antecedente segundo de la presente resolución. Séptimo. El 26 octubre de 2020 la persona reclamante vuelve a presentar un escrito al que adjunta nueva respuesta del órgano reclamado. En el escrito expone que: “Adjunto respuesta recibida de Consumo, no estando conforme con lo manifestado. “Ruego se tenga en cuenta la sentencia del TSJA, […], como noticia de Facua, ya que no he encontrado la sentencia para adjuntarla. “Solicito que insten a Consumo a notificar a esta parte el resultado de mi reclamación”. La respuesta del órgano reclamado que envía con el presente escrito coincide, en esencia, con las ya expuestas en los antecedentes anteriores de la presente resolución. Octavo. El 11 de noviembre de 2020 tuvo entrada escrito del órgano reclamado en el que informa lo siguiente: “El 29/09/2020 se ha recibido su escrito de fecha 28/09/2020 por el que, «en virtud de lo previsto en el artículo 33.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y 24.3 de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se solicita la remisión a este órgano, en el plazo de DIEZ DÍAS, de una copia del expediente derivado de la solicitud, informe al respecto, así como cuantos antecedentes, información o alegaciones se considere oportuno para la resolución de la reclamación. “En lo que hace al expediente, en esencia nos referimos, a título no exhaustivo, al siguiente contenido; la propia solicitud de información presentada ante el órgano reclamado y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, trámites de alegaciones concedidos, en su caso, ex articulo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada, fecha de notificación, y cualesquiera otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. “Específicamente, al poder resultar afectado el sentido de la resolución, se requiere expresamente que nos informe de los procedimientos que la reclamante tenía abiertos y sin resolver a la fecha de la solicitud de información y si ha realizado el 19.3 a la entidad [nombre empresa denunciada]». “El artículo 33.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, establece que «frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta ley». “Por su parte, el articulo 24.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, prevé que «la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceres se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga». “En respuesta a su escrito, se le comunica que la solicitud formulada por Dña. [nombre de la reclamante], [...], no está fundamentada en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, ni en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ni siquiera se citan o mencionan, como tampoco el término «transparencia», sino en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que el hecho de que la solicitud fuera presentada en el Registro del Consejo de Transparencia pueda determinar la aplicación de tales Leyes de Transparencia pese a no haber sido invocadas, pues tal presentación no produce un efecto distinto al que produciría su presentación en el Registro de la Consejería de Educación y Deporte, o en una Oficina de Correos, de acuerdo con el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. En dichos términos se respondió a Dña. [nombre reclamante] mediante escrito de fecha 18/09/2020. “Respecto a los procedimientos que tiene abiertos Dña. [nombre reclamante], cúmplenos comunicarle que, como se le puso de manifiesto en la contestación a su solicitud, de acuerdo con el artículo 62.5 de dicha Ley 39/2015, de 1 de octubre, «la presentación de una denuncia no confiere, por si sola, la condición de interesado en el procedimiento», y, en consecuencia, no tiene abierto ninguno, ya que no tiene la condición de interesada en ninguno de los eventuales procedimientos que, en su caso, se hayan abierto como consecuencia de las denuncias presentadas por ella. “De la misma forma, no se ha aplicado el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, a la entidad [nombre empresa denunciada], ni ningún otro precepto de las citadas Leyes de transparencia a la solicitud de información a que se refieren, en la medida en que, insistimos, no ha formulado su solicitud de información al amparo de dicha normativa, por lo que, igualmente, entendemos que debe ser inadmitida su reclamación, pues, antes de formularla ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, debería haberse dirigido a este órgano fundando su solicitud en aquéllas Leyes, y no en la Ley 39/2015, y 40/2015, ambas de 1 de octubre, por lo que tal reclamación en materia de transparencia se dirige contra un acto en materia de transparencia inexistente”. Con el escrito de alegaciones se adjunta copia del expediente administrativo. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. La presente reclamación tiene por objeto una pretensión cuyo examen escapa al ámbito competencial de este Consejo, por lo que no procede su admisión a trámite. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Con el escrito por el que se presenta la solicitud a la Dirección General de Consumo. la persona interesada pretendía que la Dirección General le notificara el resultado de cada uno de los expedientes de las reclamaciones que en materia de consumo presentaba contra las empresas al considerarse parte del procedimiento (“DICHO TODO LO ANTERIOR/ RUEGO, QUE INSTEN TANTO A LA DELEGACIÓN DE CONSUMO EN CÁDIZ, ASÍ COMO/ A CONSUMO SU SEDE EN SEVILLA, pues en ocasiones, la reclamación ha sido cursada por la delegación de Cádiz, otras por Consumo, sede general de Sevilla/ Que me den copia, para conocer el resultado, de todas mis reclamaciones presentadas de los últimos 4 años, siempre he interpretado, que soy parte interesada en el procedimiento administrativo…”). En similar sentido se pronuncia en la reclamación presentada ante este Consejo (“Es mi deseo conocer, el resultado de todos los expedientes abiertos en dicho organismo, por las reclamaciones presentadas por la que suscribe.”). Esta misma petición se repite en el escrito de 24 de septiembre de 2020, en el que expresa que “Adjunto respuesta recibida en el día de hoy de consumo, con lo que no estoy conforme, y solicito resuelva, conforme a la sentencia adjuntada en mi reclamación del TSJA, e insten a consumo, a notificar las resoluciones de las reclamaciones presentadas por la que suscribe.”. Y en el escrito de 26 de octubre de 2020: “Solicito que, insten a Consumo, a notificar a esta parte, el resultado de mi reclamación.” Y en el escrito que califica de ampliación de reclamación de 19 de octubre de 2020: ” Continúan con la negativa de informar, el resultado de mi reclamación”. Esta pretensión parece derivar de la petición de ser considerado parte interesada en el procedimiento abierto a partir de las denuncias presentadas en materia de consumo, tal y como se deduce del contenido de la solicitud: “siempre he interpretado, que soy parte interesada en el procedimiento administrativo, ya que soy, quien denuncia, y pone en conocimiento de Consumo, una supuesta infracción”. En este sentido, lo interpretó la Dirección General de Consumo, que en la respuesta ofrecida al solicitante invoca la normativa de procedimiento administrativo común para denegar la condición de interesado en el procedimiento, normativa que había sido invocada igualmente en la solicitud y posteriormente en la reclamación ante este Consejo. El órgano reclamado argumenta que en fase de reclamación que la solicitud “no está fundamentada en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, ni tampoco en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ni siquiera se citan o mencionan, como tampoco el término «transparencia»”. Y así es, pero es que, además, la persona interesada presenta dicho primer escrito en el Registro de este Consejo lo que motiva que sea derivado, en virtud del artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al órgano competente, como es la Dirección General de Consumo. Es la contestación de dicho órgano lo que motiva la interposición de la reclamación ante el Consejo. La calificación de una solicitud como objeto de la normativa de transparencia no viene determinado por el hecho de invocar dicha normativa expresamente, sino por el contenido de las pretensiones contenidas en dicha solicitud. Y es que para que un escrito conteniendo una petición sea considerado una solicitud de información pública resulta imprescindible que tal petición constituya información pública. A este respecto, según define el artículo 2 a) LTPA, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista de esta definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena al concepto de “información pública” de la que parte la legislación en materia de transparencia. Tanto su petición inicial, confirmada en la reclamación y en escritos posteriores, como la respuesta ofrecida por la Administración, giran en torno a la consideración o no de una persona denunciante como interesada en el procedimiento sancionador incoado por el órgano competente en materia de consumo. Por lo tanto, con tal solicitud no se pretende tener acceso a un determinado documento o contenido que previamente obre en poder de la Administración interpelada, sino que esta emprenda una concreta actuación como es la de considerar a una persona como interesada en un procedimiento concreto, y por ende, notificarle el resultado de determinados procedimientos sancionadores cuando se inicien como consecuencia de la denuncia interpuesta por dicha persona interesada. Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General de Consumo, por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA.