Reclamación por denegación de acceso a información sobre expedientes sancionadores contra Telefónica España S.A.U. resuelta como estimatoria

RESOLUCIÓN 574/2022, de 6 de septiembre Artículos: 2, 24 LTPA; 19.3 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra la Dirección General de Consumo de la entonces Consejería de Salud y Familias (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 198/2022. Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 25 de abril de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 1 de marzo de 2021 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Que por escrito de fecha 16 de diciembre de 2020 se formalizó recurso procedente contra la resolución de fecha 26 de noviembre del mismo año, que al presente se unen, tanto el recurso, como la resolución, y dado que hasta el momento presente no se ha resuelto el escrito, mediante el presente, y conforme establecen los artículos 105.b) de la Constitución, 1 a 4, y 24 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y concordantes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, solicito información sobre las siguientes cuestiones: “a) sobre las actuaciones llevadas a cabo tras la denuncia, y sus ampliaciones, que se formalizaron. “b) Si se ha incoado algún tipo de expediente sancionador contra la denunciada TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. “c) Si se hubiese incoado dicho expediente copia íntegra del mismo. “Por todo ello procede, y, SOLICITO: que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por efectuadas las anteriores manifestaciones, y en su consecuencia, estimando lo solicitado, haga entrega de la información solicitada”. 2. El 29 de abril de 2021 tuvo entrada en el Consejo reclamación ante la ausencia de respuesta de la entidad reclamada. El Consejo resuelve esta reclamación mediante Resolución 120/2022, de 17 de febrero, instando a la entidad reclamada a que procediera a retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que se concediera el trámite de alegaciones previsto en el art. 19.3 LTAIBG a los terceros que pudieran resultar afectados por la información solicitada. 3. En cumplimiento de la Resolución 120/2022, de 17 de febrero del Consejo (reclamación 330/2021), y tras haber concedido a los terceros cuyos derechos e intereses pudieran resultar afectados por la información solicitada trámite de alegaciones en virtud de lo previsto en el artículo 19.3 LTAIBG, con fecha 6 de abril de 2022 la entidad reclamada dicta Resolución en la que deniega el acceso a la información solicitada argumentando lo siguiente: “La solicitud de acceso a la información pública presentada el 1 de marzo de 2021 se formula al amparo, según se refleja en la misma, de los artículos 105.b) de la Constitución, 1 a 4, y 24 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y concordantes de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, y tiene como finalidad acceder a la información sobre las actuaciones llevadas a cabo tras la denuncia, y sus ampliaciones, que se formalizaron, sobre si se ha incoado algún tipo de expediente sancionador contra la denunciada TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U., y sobre si se hubiese incoado dicho expediente, copia íntegra del mismo. “No obstante, en los anteriores escritos presentados por D. [nombre de la persona reclamante] en los que solicitaba ser considerado como interesado y parte en el expediente referenciado, la petición se fundamentaba en lo previsto en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 6ª, de 22 de mayo de 2007, Rec. 6510/2003 (que cita expresamente el artículo 19.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa –legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo-, sobre la base de que sí deben ser considerados como interesados quienes presentan un interés legítimo y puedan resultar beneficiados en sus derechos o intereses como consecuencia de la apertura de un expediente sancionador), y por parte de esta Administración de Consumo se le exponía que dicha petición no podía ser atendida como consecuencia de los cambios operados con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. “El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha declarado en su Resolución número 342/2019, de 16 de diciembre, y también en la Resolución 455/2018, de 2 de enero, y 390/2018, de 19 de octubre, entre otras, que: “Ante una pretendida insatisfactoria respuesta dada a una solicitud fundamentada en una normativa ajena a la LTPA no cabe plantear una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por cuanto resulta de aplicación la normativa aplicable en la que se basó tal solicitud. “Bástenos con recordar lo que afirmamos en las Resoluciones 164/2018 (FJ 3º) y 315/2019 (FJ 3º), que versaron sobre supuestos que guardan una estrecha relación con el que ahora nos ocupa: ‘Siguiendo pues la doctrina de este Consejo en la materia (cfr. las citadas Resoluciones 112/2018 y 61/2016), en el momento que un ciudadano opta por un concreto bloque normativo que permitiría obtener la información solicitada, esta elección vincula tanto al órgano al que se dirige como al propio interesado, debiendo en lo sucesivo aplicarse en su integridad dicho grupo normativo, sin que en ningún caso quede a disposición de las partes recurrir a un bloque normativo que el solicitante declinó seguir inicialmente. “Así las cosas, considerando que el ahora reclamante optó por solicitar una información con base en lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha de estar a esta normativa para lograr la satisfacción a sus pretensiones, ya en vía administrativa o en la correspondiente vía jurisdiccional». “En consecuencia, procede aplicar dicha doctrina al presente supuesto, y denegar la solicitud de información pública presentada”. Tercero. Sobre la reclamación presentada. El 25 de abril de 2022 tuvo entrada en el Consejo reclamación ante esta respuesta de la entidad reclamada, en la que la persona reclamante manifiesta, en lo que ahora interesa, lo siguiente: “Pues bien, solicitada por un ciudadano, en el presente caso este reclamante, la información antes transcrita, se resuelve para desestimarla que al ser interesado al haber formulado la denuncia no se tiene derecho a recibirla. Lo que, aparte de sonrojante, es grosera y patentemente contraria a derecho. Ya que, en ninguno de los preceptos que tratan la materia objeto de esta reclamación se establece dicha limitación. Por lo que, en aplicación de los preceptos más arriba recogidos, y del principio de que en un estado de derecho todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido, o el que establece que favoralia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda, como inclusive tiene resuelto nuestro Tribunal Supremo en la Sentencia nº. 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera), citada en la página 6 de la resolución dictada por ese CTPD la resolución nº. 120/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, y de que inclusive en dicha resolución se afirma que el supuesto analizado en la misma es distinto a la de ser parte o no en el procedimiento, como se ha adelantado no sería aplicable al supuesto objeto de la reclamación, ya que no se está reclamando la información o documentación en base a una norma que la Administración dice fue la que en base a ella se hizo la petición, sino que la petición se hace en base a los preceptos legales transcritos más arriba, se deberá estimar esta reclamación en los términos que serán solicitados, ya que ni siquiera en la recurrida se ha determinado que la petición de este reclamante se haya rechazado con apoyo en el artículo 14.1, en concreto su apartado e), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de que, el mismo debe ser, y conforme a la propia doctrina del propio Órgano al que me dirijo mencionada en sus páginas 8 y 9, interpretado de forma restrictiva. E, inclusive, con la entrega de la información solicitada no se produciría ningún perjuicio a la tramitación del expediente sancionador”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 29 de abril de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 29 de abril de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 16 de mayo de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 6 de abril de 2022 y la reclamación fue presentada el 25 de abril de 2022 por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. Son dos las reclamaciones que ha interpuesto la persona reclamante como consecuencia de una misma solicitud de información. El Consejo resuelve la primera de las reclamaciones, presentada el 29 de abril de 2021, mediante Resolución 120/2022, de 17 de febrero, ordenando la retroacción del procedimiento. Es la segunda reclamación, presentada el 25 de abril de 2022, la que ahora tratamos de resolver. Antes de analizar la segunda de las reclamaciones interpuestas, hay que hacer referencia al hecho de que la persona reclamante había presentado una denuncia en materia de consumo con fecha el 25 de octubre de 2019, denuncia que daba origen al expediente [nnnnn]. En varios escritos dirigidos a la entidad reclamada la persona ahora reclamante solicitaba reiteradamente ser considerado interesado y parte en el mencionado expediente [nnnnn]. Sin embargo, en todas las ocasiones la entidad reclamada denegaba dicha consideración. No es competencia de este Consejo entrar a conocer sobre la primera de las cuestiones, es decir, sobre la consideración de interesado y parte en el expediente [nnnnn], y así se manifiesta en la Resolución 120/2022, de 17 de febrero, por la que el Consejo resuelve la reclamación 330/2021. Asimismo, en esta Resolución 120/2021 el Consejo considera que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública del artículo 2 LTPA, y entiende que habría de estimar la reclamación de conformidad con la regla general de acceso a la información pública. No obstante, al concurrir la circunstancia de que no se había concedido el trámite de alegaciones a terceros que pudieran resultar afectados por la difusión de la información previsto en el artículo 19.3 LTAIBG, el Consejo insta a la entidad reclamada a efectuar dicho trámite y retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que la entidad reclamada concediera tal trámite de alegaciones previsto en el mencionado art. 19.3 LTAIBG, debiendo informar a la persona solicitante de esta circunstancia. Y tras lo cual se debía continuar el procedimiento hasta dictarse nueva Resolución. Así lo hace la entidad reclamada, sin recibir alegación alguna de la entidad denunciada. Y posteriormente, la entidad reclamada dicta con fecha 6 de abril de 2022 Resolución en la que, tras haber concedido el trámite previsto en el artículo 19.3 LTAIBG, resuelve denegar el acceso. La justificación esgrimida por la entidad reclamada es que ante “una pretendida insatisfactoria respuesta dada a una solicitud fundamentada en una normativa ajena a la LTPA no cabe plantear una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por cuanto resulta de aplicación la normativa aplicable en la que se basó tal solicitud”. 2. No puede este Consejo sino mantenerse igualmente en los argumentos empleados en su Resolución 120/2022, en la que se hacía una clara distinción entre los dos procedimientos: Por un lado, el derivado de la denuncia en materia de consumo que da lugar al expediente [nnnnn], en el que el denunciante solicita ser considerado como interesado y parte, y en el que es denegada dicha condición por la Dirección General de Consumo, en virtud de "los cambios operados con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre". Este Consejo reitera su incompetencia para decidir sobre la condición de persona interesada en el procedimiento. Por otro lado, el procedimiento iniciado con la solicitud de fecha 1 de marzo de 2021, en la que el reclamante pretende tener acceso a determinada información cuyo carácter de información pública no ofrece dudas. Y como bien se declaraba en la Resolución 120/2022 no se puede denegar el acceso a la información pública “en base a la negación de la condición de interesado en otro procedimiento de distinta naturaleza”. Y concluíamos “considerando que la información solicitada se incardina claramente en dicho concepto de información pública, y no habiendo alegado el órgano reclamado ninguna causa de inadmisión aplicable al supuesto ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo no puede sino estimar la reclamación de conformidad con la regla general de acceso a la información pública a la que aludimos supra en el anterior fundamento jurídico”. Una vez realizado el trámite exigido por la Resolución 120/2022 sin que la entidad denunciada hubiera presentado alegación alguna, solo queda dilucidar por este Consejo si efectivamente la solicitud de información se realizó al amparo de la normativa de transparencia o es la normativa que rige el expediente que se tramita en materia de consumo la que se aplica a la solicitud de 1 de marzo de 2021. Este Consejo reitera el contenido de la Resolución anterior, ya en el propio texto de la solicitud de información de 1 de marzo de 2021 se invoca expresamente la normativa de transparencia (LTPA y LTABG) y no se contiene en la solicitud la petición reiterada en el resto de escritos del ahora reclamante de ser considerado parte e interesado en el expediente que resulta de la denuncia, que sería el primero de los dos procedimientos a los que antes nos referíamos. Este nuevo y segundo procedimiento que se inicia con la solicitud de información es un procedimiento diferente que tiene por objeto pretensiones que constituyen información pública al amparo del articulo 2 LTPA y que son pretensiones distintas a las contenidas en el resto de solicitudes que tenían por objeto ser considerado parte en un expediente. No podemos compartir la argumentación de la entidad reclamada de que el reclamante había optado por un bloque normativo (el regulador del procedimiento de denuncia) que después desecha para invocar a su conveniencia la normativa de transparencia. En este caso no actúa la persona reclamante como denunciante ni parte interesada en el procedimiento de denuncia sino como titular del derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 24 LTPA a “todas las personas”. No considerándose que deba regirse esta pretensión por la normativa reguladora del procedimiento relativo al expediente derivado de la denuncia en materia de consumo, sino por la normativa en materia de transparencia, este Consejo no puede sino estimar la reclamación de conformidad con la regla general de acceso a la información pública. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que la supresión de parte de la información en alguno de los documentos no impidiera la identificación de la persona, la entidad reclamada no los pondrá a disposición del solicitante. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “a) sobre las actuaciones llevadas a cabo tras la denuncia, y sus ampliaciones, que se formalizaron. “b) Si se ha incoado algún tipo de expediente sancionador contra la denunciada TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. “c) Si se hubiese incoado dicho expediente copia íntegra del mismo”. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.