Reclamación por acceso insuficiente a la identificación del responsable de expedientes de valoración en Sevilla y estimación del Consejo de Transparencia

RESOLUCIÓN 1158/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 710/2024 Persona reclamante xxxxxxx Entidad reclamada Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía Artículos 22.3 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 22 de julio de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Re- clamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú- blica y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 24 de mayo de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Habida cuenta del inadmisible retraso en la tramitación de los procedimientos para el reco- nocimiento de la situación de dependencia y de la injustificable infracción del plazo máximo previsto legalmente, al derecho de quien suscribe interesa saber: 1º.- La identificación del empleado público responsable de tramitar los expedientes de valo- ración en la Delegación Territorial en Sevilla a los fines previstos en los arts. 20.2 y 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. (…) 2º.- Número de informes emitidos por el Servicio de Valoración de Dependencia en Sevilla en el año 2023. 3º.- Número resoluciones dictadas por esta Delegación Territorial en Sevilla en el año 2023 en materia de reconocimiento dela situación de dependencia, concretando las dictadas en plazo. 4º.- Indique si consta la existencia de algún expediente depurativo de responsabilidad disci- plinaria contra la persona titular del Servicio de Valoración de Dependencia de esta Delega- ción Territorial por incumplimiento de los plazos procedimentales. Si la respuesta fuera afir- mativa, indique el número de expedientes instruidos y su resultado”. 2. La entidad reclamada contestó la petición por Resolución de 18 de julio de 2024, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “(…) ÚNICO.- CONCEDER el acceso a la información solicitada. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía en su artículo 2 a) establece que constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o docu- mentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejerci- cio de sus funciones”. Respecto a la información solicitada se indica, a continuación y por su orden, lo siguiente: En primer lugar, se le facilita el enlace de acceso al Organigrama de esta Agencia publicado en su página WEB, donde constan los datos de las personas responsables de los servicios territoria- les de la Agencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/index.php/ m-trans- parencia/m- informacion-institucional-organizativa/m-estructura-organica En segundo lugar, respecto al número de informes emitidos por el Servicio de Valoración de De- pendencia en Sevilla en el año 2023, informar que estos ascienden a un total de 18.530. En tercer lugar, en lo referente al número Resoluciones dictadas por la Delegación Territorial en Sevilla en el año 2023 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, concretan- do las dictadas en plazo, señalar que estas ascienden a un total de 233. Por último, indicar que no hay interpuesto expediente depurativo de responsabilidad disciplina- ria contra la persona titular del Servicio de Valoración de la Dependencia de la Delegación Terri- torial competente.” Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “La presente reclamación se circunscribe al apartado 1º de la solicitud y resolución adjunta por cuanto la entidad reclamada, en lugar de responder concretamente, facilita un enlace inaccesible impidiendo la identificación del empleado público encargado de tramitar los expedientes de valoración de la dependencia en la provincia de Sevilla.” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 6 de agosto de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del proce- dimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo elec- trónico de la misma fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 21 de agosto de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye un informe, de 18 de agosto de 2024, en el que la entidad reclamada manifiesta: “(...).” Segunda . Una vez analizada la documentación recibida y la recabada para este caso, con fecha 18 de julio de 2024, la persona titular de la Dirección-Gerencia de esta Agencia resuelve en sen- tido favorable el acceso a la información solicitada indicando, para la información solicitada, lo siguiente: “(…) se le facilita el enlace de acceso al Organigrama de esta Agencia publicado en su página WEB, donde constan los datos de las personas responsables de los servicios territoriales de la Agencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/index.php/m- transparencia/m- informacion-institucional-organizativa/m-estructura-organica (...)” En este punto, si se accede a este link, puede visualizarse la siguiente imagen: (se incluye imagen) Una vez situado en esta pantalla, si se pulsa en el link “Organigrama de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía”, se obtiene la información requerida: (se incluye imagen) En concreto: Servicios Territoriales: Sevilla: (nombre y apellidos). Respecto a la verificación de los dos enlaces, por parte de esta Agencia se han realizado varias comprobaciones de acceso a la información según lo mostrado, siendo todas ellas satisfactorias. (...).” FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada Administración de la Junta de Andalucía, el cono- cimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiem- bre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de An- dalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad” , con las conse- cuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se inter- pondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impug- nado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimien- to Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán re- solverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solici- tud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máxi- mo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la soli - citud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 18 de julio de 2024, y la reclamación fue presentada el 22 de julio de 2024, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para pro- teger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limita- ciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las cau - sas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y des- proporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limi- tar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Ad- ministración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “1º.- La identificación del empleado público responsable de tramitar los expedientes de valoración en la Delegación Territorial en Sevilla (…).” Conforme a la documentación obrante en el expediente, la entidad reclamada contestó la solicitud de información por Resolución de 18 de julio de 2024, resolviendo conceder el acceso a la información solicitada, a través del un enlace, y expresando que en el mismo constaban los datos de las personas responsables de los servicios territoriales de la Agencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En relación a los enlaces electrónicos, el artículo 22.3 LTAIBG establece que, si la información ya ha sido publicada, la resolución que resuelva la solicitud de acceso podrá limitarse a indicar cómo puede accederse a ella; pero, según la línea doctrinal seguida constantemente por este Consejo, dicha indica- ción debe reunir determinados requisitos: “… en ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica a portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Esta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga totalmente la informa- ción solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y di- recta a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsqueda» (entre otras muchas, Resoluciones 33/2016, FJ 4º; 123/2016, FJ 3º; 100/2017, FJ 5º)”. En consecuencia, el órgano reclamado puede optar entre proporcionar a la persona interesada directa- mente la información solicitada o bien identificar el link o enlace exacto que dé acceso de forma direc- ta e inequívoca a dicha información. En el caso de que no sea posible dar un enlace exacto, el órgano deberá explicar suficientemente la ruta o procedimiento a seguir para obtener la información. Analizado el enlace electrónico facilitado por la entidad reclamada en su Resolución de 18 de julio de 2024, que vuelve a insertar junto con imágenes del acceso en su informe de 18 de agosto de 2024, este Consejo ha podido comprobar que con el mismo no se accede directamente a la información so- licitada. El hecho de que la entidad haya explicado en su escrito de alegaciones cómo llegar a la información solicitada demuestra que existen ciertas dificultades para acceder a lo solicitado, incumpliéndose los requisitos para la aplicación del citado artículo 22.3. Hay que resaltar que este Consejo, ni la entidad reclamada probablemente, desconocen los conocimientos que pueda tener la persona reclamante sobre la utilización de páginas web. La entidad reclamada no debe presuponer con carácter general que las personas solicitantes están familiarizadas con los sistemas de información electrónicos, por lo que este Consejo entiende que no es suficiente la remisión genérica a la página web donde está difundida toda la información. Como indicábamos en la Resolución 178/2024: “Este Consejo desconoce los conocimientos previos que en este caso concreto pueda tener la persona solicitante para llegar a la información a través de sucesivas búsquedas. Pero en cualquier caso, se considera que la entidad reclamada no debe presuponer con carácter general que las personas solicitantes están familiarizadas con los sistemas de información que ellas gestionan para poder extraer la información solicitada y que, por tanto, es en la resolución de acceso a la información donde se debe facilitar, en la medida que resulte posible, la localización de dicha información o explicar suficientemente la forma de obtenerla, concretando lo que fuere necesario, ya que se trata de búsquedas que pueden resultar complejas para las personas que no trabajan habitualmente con ellos. “ Es por ello que, este Consejo debe estimar la reclamación, en el sentido de que se ha de notificar la respuesta poniendo a su disposición, por tanto, la información solicitada. Si la entidad reclamada desea utilizar utilizar la posibilidad prevista en el artículo 22.3 de la LTAIBG, ha de cumplir los requisitos expuestos e identificar el link o enlace exacto que dé acceso de forma directa e inequívoca a la información requerida. En el caso de que no sea posible dar un enlace exacto, el órgano deberá explicar suficientemente la ruta o procedimiento a seguir para obtener la información. En caso contrario, la entidad reclamada deberá proporcionar a la persona interesada directamente la información solicitada, como ha quedado acreditado que así lo ha hecho en anteriores solicitudes de información pública. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “1º.- La identificación del empleado público responsable de tramitar los expedientes de valo- ración en la Delegación Territorial en Sevilla (…).” La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, in- cluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.