Reclamación por falta de especificidad en la información facilitada por la Universidad de Valladolid sobre obligaciones docentes en pandemia, resuelta como inadmisible

Resolución 82/2024, de 18 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-1/2024 / reclamación frente a la Resolución, de 18 de diciembre de 2023, del Gerente de la Universidad de Valladolid, por la que se resolvió expresamente una solicitud de información pública presentada, con fecha 16 de noviembre de 2023, por D. XXX I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 16 de noviembre de 2023, D. XXX presentó ante la Universidad de Valladolid una solicitud de información pública cuyo objeto era el siguiente: “Orden u órdenes del Sr Rector de la UVA o, en su caso, otros Vicerrectores, sobre las obligaciones docentes de los profesores de la UVA en el periodo de confinamiento por el COVID, pues, el Sr. Rector en la Resolución, de 19 de Enero de 2023, del expediente disciplinario incoado al profesor D. XXX merced a la Resolución Rectoral de fecha de 26 de Enero de 2022, afirma textualmente: «EI profesorado convivió con episodios restrictivos, que trascendieron el ámbito universitario; pero que no interrumpieron la activad lectiva presencial en la Universidad de Valladolid»” (sic). Segundo.- Con fecha 18 de diciembre de 2023, el Gerente de la Universidad de Valladolid adoptó una Resolución, en cuya parte dispositiva se estableció lo siguiente: “Único: Acceder a la información pública solicitada por don XXX, de acuerdo con los fundamentos de derecho de la presente resolución. Esta información solicitada, que figura en el antecedente de hecho primero se adjunta como anexo”. El anexo señalado es un documento de 535 páginas denominado “Relación de acciones y comunicados del Rectorado de la Universidad de Valladolid ante la crisis del coronavirus” y que contiene, por orden cronológico, todas las medidas ordenadas entre el 31 de enero y el 22 de mayo de 2020. Tercero.- Con fecha 2 de enero de 2024, tuvo entrada en esta Comisión de Transparencia una reclamación frente a la Resolución del Gerente de la Universidad de Valladolid de 18 de diciembre de 2023 citada en el antecedente anterior. Como motivación de su impugnación, el reclamante señalaba en el escrito dirigido a esta Comisión de Transparencia lo siguiente: “(…) 4.- El Sr. Gerente traslada a D. XXX un Documento de más de 500 páginas en las cuales no hay ningún apartado específico sobre las obligaciones docentes de los profesores de la UVA en el periodo de confinamiento. 5.- La documentación aportada por la UVA contiene textos de cómo lavarse las manos, el uso correcto de las mascarillas, acciones tomadas con respecto al plan de retorno a la actividad del Laboratorio de Técnicas Instrumentales, medidas de protección en el servicio de investigación bienestar animal UVA, guía para el plan de desescalada, y así un largo etcétera (…)”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que su autor es la misma persona que se dirigió en solicitud de información pública a la Universidad de Valladolid, y dentro del plazo previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG. La reclamación que ahora se resuelve, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 de la LTAIBG y 112.2 de la LPAC, antes citada, tiene la consideración de “sustitutiva de los recursos administrativos”. Las reglas generales de validez y eficacia de tal sustitución son, según el citado precepto de la legislación básica de procedimiento administrativo, las siguientes: su conocimiento se encomienda a órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas y han de respetarse los principios, garantías y plazos que la Ley de Procedimiento Administrativo reconoce a los interesados y ciudadanos en todo procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el artículo 24.3 de la LTAIBG prevé que la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la legislación de procedimiento administrativo. Como recuerda el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero, se deben aplicar a este procedimiento de reclamación “las reglas de interposición, la posibilidad de suspensión de la ejecución de la decisión impugnada, la audiencia a los interesados y la resolución”. A los efectos que aquí nos interesan, el artículo 116, letra e), de la LPAC señala que una de las causas de inadmisión de los recursos es que estos carezcan manifiestamente de fundamento. Pues bien, en esta reclamación concurre la citada causa de inadmisión, puesto que, a nuestro juicio, la Resolución impugnada responde a lo solicitado en este caso por el reclamante. En efecto, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública en los siguientes términos: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la información pública solicitada en este caso consistía en las órdenes adoptadas por el Rector o por los Vicerrectores de la Universidad de Valladolid acerca de las obligaciones docentes de los profesores durante el periodo de confinamiento motivado por la crisis del coronavirus. Como se ha señalado en los antecedentes, en la Resolución impugnada se acuerda comunicar al solicitante un documento de 535 páginas donde se recogen, por orden cronológico, todas las acciones o comunicaciones del Rectorado de la Universidad de Valladolid ante la crisis del coronavirus. En concreto, se señala en la introducción de este documento lo siguiente: “Desde que el pasado mes de marzo se desatara la inédita situación de crisis sanitaria en la que aún estamos inmersos, en el gobierno de la universidad hemos tratado en todo momento de preservar la salud de las personas, para lo cual hemos tenido que ir adoptando medidas cada vez más complejas que nos han llevado al cierre de los edificios y a la sustitución de la actividad presencial por la no presencial en todos los ámbitos. Las medidas que hemos tomado han estado presididas por criterios de máxima responsabilidad y seguimiento estricto de las recomendaciones de los órganos competentes, y han sido fruto de honda reflexión y del asesoramiento de expertos en materia sanitaria. La celeridad con que se han producido los acontecimientos y los cambiantes escenarios a los que nos hemos tenido que ir adaptando, en una situación insólita y sin referentes, han hecho de estos meses una trepidante carrera contra el tiempo para conseguir que la Universidad de Valladolid siga funcionando en estas inéditas circunstancias. A modo de crónica mostramos en este documento, por orden cronológico, tal y como se han ido sucediendo, los acuerdos, decisiones, guías, que hemos ido elaborando para mantener vivo el latido de la comunidad universitaria. Desde el primer correo electrónico mencionando el coronavirus, aquel lejano 31 de enero, a la guía del retorno a la nueva normalidad, cuatro larguísimos meses que han cambiado nuestras vidas para siempre”. Por tanto, parece evidente que el documento facilitado incorpora también las órdenes que eran objeto de la petición presentada por el reclamante. Cuestión distinta es que este no se encuentre conforme con las medidas adoptadas, discrepe respecto de alguna o algunas de ellas, o considere que debieron ser ordenadas otras diferentes, siendo esta una materia sobre la que no tiene competencia esta Comisión de Transparencia para pronunciarse. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la Resolución, de 18 de diciembre de 2023, del Gerente de la Universidad de Valladolid, por la que se resolvió expresamente una solicitud de información pública presentada, con fecha 16 de noviembre de 2023, por D. XXX. Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación. Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.