Reclamación por falta de respuesta a solicitud de información sobre convenios con la Universidad César Vallejo UCV de Perú. Estimada formalmente contra la Universidad de Oviedo por respuesta tardía, inadmitida para otras universidades por falta de competencia territorial del Consejo

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. El reclamante, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), el 11 junio de 2024 presenta ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), una reclamación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, Esta reclamación se presenta frente a diversas universidades de España, (Granada, Málaga y Sevilla en Andalucía, León, Murcia, Oviedo, País Vasco, Politécnica de Valencia) y también frente a la ministra de “CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES”, Es relevante mencionar que entre las universidades reclamadas está la Universidad de Oviedo del Principado de Asturias. La reclamación se refiere a la de falta de respuesta a una petición de información sobre convenios con la Universidad César Vallejo UCV de Perú supuestamente suscritos con dichas universidades. A efectos de su tramitación se abrió el expediente 1627-2024. N/REF: 1627-2024 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Universidad de Oviedo/ Principado de Asturias Información solicitada: Solicitud información de convenios con la Universidad César Vallejo UCV de Perú RA CTBG Número: 2024-0590 Fecha: 11/11/2024 Asimismo, en relación con la reclamación también dirigida frente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha abierto el expediente nº 1598-2024, que será objeto de resolución diferenciada por parte de este Consejo por afectar a la Administración General del Estado. 2. El 17 de septiembre de 2024 el Consejo remitió comunicación al reclamante para que subsanara su escrito de reclamación y aportara una copia de su solicitud de acceso a la información con fecha y presentación en registro ante las entidades reclamadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). 3. El 25 de septiembre de 2024 se curso oficio a la universidad de Oviedo para que aportara copia del expediente objeto del procedimiento y las alegaciones que estimara de interés. Ese mismo día se remiten por la Secretaría General de la Universidad de Oviedo a este Consejo las alegaciones requeridas junto con el expediente tramitado, así como el convenio pretendido por el reclamante 4. Posteriormente, el 6 de noviembre de 20224, el reclamante en el trámite de audiencia concedido solicita a este Consejo que, habiendo recibido la información solicitada de la Universidad de Oviedo, se estime al menos por razones formales la reclamación objeto del presente procedimiento. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe RA CTBG Número: 2024-0590 Fecha: 11/11/2024 convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con la ciudad autónoma de Ceuta. Habida cuenta que las universidades citadas en la solicitud de acceso, a excepción de la de Oviedo, pertenecen a ámbitos territoriales para los que este Consejo carece de competencia, procede su inadmisión en aplicación por aplicación del art. 116 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por quedar fuera del ámbito territorial de competencias atribuidas a este Consejo, sin perjuicio de remitir lo actuado a los órganos garantes respectivos a los efectos que procedan. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. En el presente caso y referido a la entidad para la que este Consejo ostenta competencia en virtud de lo mencionado en el fundamento jurídico segundo, cabe mencionar que según se desprende de la reclamación, lo solicitado a la Universidad de Oviedo era una acción material de trasladar información a la Fiscalía Anticorrupción de España, y de otra el acceso a la información respecto a un convenio suscrito entre dicha universidad asturiana y la Universidad Cesar Vallejo de Perú. Tal y como a este Consejo traslada el reclamante, el 6 de noviembre ha tenido acceso a ese convenio de forma efectiva. econ/convenios/conveniosCCAA.html 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que haya acreditado causa que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No obstante, no cabe desconocer que, aunque tardíamente, se ha dado respuesta el 25 de septiembre de 2024 proporcionado la información cuyo acceso solicitaba, y a la que el reclamante ha prestado conformidad en el trámite de audiencia concedido. En consecuencia, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente a la Universidad de Oviedo. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez