Solicitud de información sobre subastas de la Agencia Tributaria y archivo por desistimiento del reclamante

Resolución 450/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 19 de septiembre de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «1.-Importe por el que la Agencia Tributaria adjudicó el bien subastado en el portal del B.O.E con el número SUB-AT-2022-22R4186001323. 2.-Importe por el que la Agencia Tributaria adjudicó el bien subastado en el portal del B.O.E con el número SUB-AT-2022-22R4186001324. 3.-En caso de no recibir pujas, ¿se ha quedado con los bienes subastados la Agencia Tributaria para cobrarse la deuda que mantienen con dicho organismos los propietarios? 4.-Importe de la deuda que ha motivado la convocatoria de la doble subasta.» No consta respuesta de la Administración. S/REF: 001-072313 N/REF: R/0927/2022; 100-006557 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda y Función Pública/AEAT Información solicitada: Subastas de la Agencia Tributaria 2. Mediante escrito registrado el 24 de octubre de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en la que se pone de manifiesto lo siguiente: «El pasado 19 de septiembre dirigí solicitud de información al Ministerio de Hacienda a fin de conocer el resultado de dos subastas (cuya identificación se aportaba) que la Agencia Tributaria había publicado en el B.O.E, empezando a correr el plazo de respuesta el 21 de septiembre. Ha transcurrido más de un mes y no he recibido contestación, por lo que debo entender que la Administración la ha desestimado por la vía del silencio. Ruego al CTBG que se declare competente, admita a trámite esta reclamación y dicte resolución estimatoria.» 3. Con fecha 25 de octubre de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas; lo que se efectuó en escrito recibido el 3 de noviembre de 2022 en el que la AGENCIA TRIBUTARIA expone lo siguiente: «Con fecha 26 de octubre de 2022, la Agencia Tributaria ha emitido resolución, concediendo parcialmente el acceso a la información solicitada. Esta Unidad se reitera en los argumentos expuestos en la Resolución de 26 de octubre de 2022, que se reproducen a continuación: “Una vez estudiada su solicitud, se resuelve CONCEDER PARCIALMENTE el acceso, facilitándose la siguiente información: La subasta SUB-AT-2022-22R4186001323 se encuentra en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (en adelante, Portal de Subastas) finalizada por la autoridad gestora, indicándose, además, que la subasta no ha recibido pujas, por tanto, no se ha producido la adjudicación del bien subastado, al no existir ningún licitador que haya podido resultar adjudicatario en función de la puja presentada. El enlace electrónico al Portal de Subastas referenciado es https://subastas.boe.es En relación con la subasta SUB-AT-2022-22R4186001324, tal y como se encuentra publicado en el Portal de Subastas, ha sido cancelada por la autoridad gestora (Por ingreso de las deudas deudor), por tanto, en este caso tampoco se ha dado la adjudicación del bien subastado, al haberse producido, efectivamente, el ingreso por parte del deudor de las deudas que dieron lugar al procedimiento de subasta. Por lo que se refiere a las cuestiones 3 y 4 planteadas, se resuelve DENEGAR el acceso a la información solicitada, de acuerdo con el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que establece que “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.” El acceso a la información en materia tributaria se rige por su normativa específica, la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, cuyo artículo 95 establece que “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:…” Dicho precepto continúa en su exposición con una lista taxativa de los casos en que la cesión de datos puede producirse, siempre limitados al ámbito de la colaboración con otras Administraciones Públicas, no siendo posible en ningún supuesto la cesión de datos a terceros que no tengan esta naturaleza. De acuerdo con dicho artículo no resulta posible facilitar la información individualizada solicitada en la petición, dado que su difusión implicaría una cesión de información de carácter tributario no permitida por la Ley, al no encontrarse su petición amparada por ninguna de las excepciones legales previstas al principio general antes expuesto. La cesión de la información solicitada sobre si se han adjudicado los bienes a la Agencia Tributaria y sobre el importe de la deuda que ha motivado la convocatoria de la doble subasta, supone difundir información sobre si la deuda del obligado al pago se encuentra o no aún en gestión de cobro, así como el importe pendiente de la misma, información que tiene, a todos los efectos, el carácter reservado establecido, además, en el artículo 34 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre: Artículo 34. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes: a) (…) (…) i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes. Dicho derecho está reconocido a todo contribuyente, con independencia de su condición de persona física, jurídica, pública o privada o entes sin personalidad jurídica de los previstos en el art. 35.4 de la indicada Ley 58/2003. Por lo tanto, la Administración Tributaria no puede, sin lesionar dicho derecho, vulnerar el deber que le impone el art. 95 de la Ley 58/2003 de reserva de los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desempeño de sus funciones, estando obligada a adoptar “las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.”» 4. El 7 de noviembre de 2022 se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. Mediante escrito recibido en la misma fecha el reclamante manifiesta que: «La Agencia Tributaria no combate que ofreció respuesta de forma extemporánea, motivo por el cual esta reclamación prosperaría al menos por motivos formales. Después de hacer constar esta circunstancia, me doy por contestado y por medio del presente escrito formalizo mi desistimiento a la reclamación que dio pie a este expediente.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relativa a los importes de determinadas subastas de la AGENCIA TRIBUTARIA, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La Administración no respondió en el plazo máximo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación ante este Consejo prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en fase de alegaciones en este procedimiento, la Agencia aporta resolución por la que se concede parcialmente la información solicitada. A la vista de ello, el reclamante ha manifestado de forma expresa su voluntad de desistir de la presente reclamación. 4. Teniendo en cuenta lo expuesto en el precedente fundamento jurídico, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), según cuyo tenor: «1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.» 5. En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación ni existir causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la reclamación presentada por frente a la AGENCIA TRIBUTARIA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez