Acceso a normativa sobre justificación de insolvencia de deudores y declaración de fallidos

Resolución 443/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 25 de abril de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA / AEAT, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « (…)TERCERO.-De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 61.3 Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación “…, se determinarán por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria las actuaciones concretas que deberán realizarse a efectos de justificar la declaración de crédito incobrable.” Cada Administración Tributaria debe establecer en aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y proporcionalidad, cuáles serán las actuaciones mínimas que deben quedar S/REF: 001-069153 N/REF: R/0500/2022; 100-006934 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda y Función Pública / AEAT Información solicitada: Normativa para justificar la situación de insolvencia de un deudor y su declaración de fallido acreditadas en el curso del procedimiento de apremio para poder declarar fallido a un deudor en función del importe de la deuda y de los medios con que cuente la propia Administración. Con base en lo expuesto y a falta de una regulación exhaustiva en norma con rango legal de las actuaciones necesarias que deben realizarse para justificar la situación de insolvencia de un deudor y su declaración de fallido SE INTERESA el acceso a los siguientes datos: - Copia de circular, instrucción, ordenanza, documento… etc, donde queden determinadas las actuaciones necesarias que deben realizarse por el órgano de Recaudación para justificar la situación de insolvencia de un deudor y su declaración de fallido. Plazo de Resolución: plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Art. 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Denegación de Acceso: Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso. Art. 20.2 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Publicación de la Información: Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. Art. 22.3 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.» No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito registrado el 2 de junio de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) indicando «[f]alta de atención del derecho de acceso a la información pública». 3. Con fecha 3 de junio de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas; lo que se efectuó mediante escrito de la AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) recibido el 30 de junio de 2022 en el que se pone de manifiesto lo siguiente: « (…) Con fecha 23 de junio de 2022 la Agencia Tributaria ha emitido resolución, concediendo el acceso a la información solicitada. Esta Unidad se reitera en los argumentos expuestos en la Resolución de 23 de junio de 2022, que se reproducen a continuación: “Una vez estudiada su solicitud, se resuelve CONCEDER el acceso, informándole de que el artículo 61.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece que, sin perjuicio de lo que establece la normativa presupuestaria y atendiendo a criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se determinarán por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria las actuaciones concretas que deberán realizarse a efectos de justificar la declaración de crédito incobrable. Conforme a lo previsto en el citado apartado 3 del artículo 61, la normativa dictada que habilita el funcionamiento de este sistema, en virtud de la cual se exige la justificación documental en los procedimientos de declaración de fallido/crédito incobrable, es la siguiente: - Circular 2/91, de la Dirección General de Recaudación, de 14 de mayo de 1991, por la que se establece el procedimiento de declaración de créditos incobrables (BO. Mº Economía y Hacienda 13 junio 1991, núm. 24/1991). Se puede encontrar en el siguiente enlace: - Circular 3/91, de la Dirección General de Recaudación, de 11 de junio de 1991, que actualiza la anterior (BO. Mº Economía y Hacienda 4 julio 1991, núm. 27/1991). Se puede encontrar en el siguiente enlace: 4. El 1 de julio de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que se haya presentado escrito alguno en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información en que se pide «[c]opia de circular, instrucción, ordenanza, documento… etc., donde queden determinadas las actuaciones necesarias que deben realizarse por el órgano de Recaudación para justificar la situación de insolvencia de un deudor y su declaración de fallido». El Ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud de información se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en fase de alegaciones en este procedimiento, la Agencia Tributaria pone de manifiesto que ha emitido resolución, concediendo el acceso a la información solicitada. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso recordar que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que « [l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, la Administración requerido no contestó en plazo a la solicitud sin que conste causa o razón que lo justifique. Por ello, debe remarcarse que la observancia del plazo máximo de contestación establecido en el artículo 20.1 de la LTAIBG es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la Ley al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No puede obviarse, no obstante, que, aun de forma tardía, se ha facilitado la información solicitada y el reclamante no ha formulado objeción alguna en el trámite de audiencia que le ha sido concedido al efecto, por lo que se entiende que ha visto satisfecha su solicitud. En casos como éste, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante este Consejo debe reconocerse, por un lado, el derecho del solicitante a obtener la información solicitada en el plazo legalmente establecido y por otro, tener en cuenta el hecho de que se le ha proporcionado la información, aunque de manera extemporánea. En consecuencia, procede la estimación de la reclamación por motivos formales ya que no se ha respetado el derecho del solicitante a obtener la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT), del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez