Reclamación por denegación de acceso a certificado de notas de proceso selectivo de la AEAT

Resolución 378/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó el 1 de marzo 2022, al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: « Certificado de participación y notas en el proceso selectivo convocado por RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para ingreso, como personal laboral, con la categoría de Ordenanza, grupo profesional VII, por el sistema general de acceso libre. (BOE 12/01/2006).» 2. Mediante resolución de 17 de marzo de 2022, la AEAT respondió a la solicitante lo siguiente: S/REF: 001-066304 N/REF: R-0296-2022; 100-006629 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: AEAT/Ministerio de Hacienda y Función Pública Información solicitada : Certificación de participación y notas en proceso selectivo «Una vez estudiada su solicitud le informamos de que: La Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno señala: “Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. “1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integran en el mismo” 2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.” En el presente supuesto, un proceso selectivo, en su funcionamiento interno, es competencia exclusiva del Tribunal Calificador tal como establece la convocatoria y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Corresponde a su Presidente la representación de tal órgano y al Secretario expedir las certificaciones de las “consultas, dictámenes y acuerdos aprobados”. En principio, por tanto, debería ser el Tribunal Calificador el que pudiera o no emitir el certificado que usted solicita. Pero, dicho esto, en su caso concurren otras circunstancias que coadyuvan como impedimento a la hora de facilitar la documentación solicitada. La Ley de Patrimonio Histórico que regula el uso de los archivos administrativos obliga a tener en las unidades tramitadoras los datos de los últimos 5 años. A partir de ahí deberá dirigirse a los archivos administrativos generales hasta los 15 años y después de los 25 al archivo histórico. Por tanto, el Tribunal no tiene por qué conservar y no conserva datos del año 2005. Por tanto, y de acuerdo con el párrafo segundo, de la citada Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se resuelve INADMITIR el acceso a la información solicitada.» 3. Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2022, la solicitante interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, con el siguiente contenido: «Mientras que en la Convocatoria citada, en la base quinta, se cita textualmente: 5.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo IV a esta convocatoria. 5.2 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones vigentes. El Tribunal velará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Española, por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 5.3 Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley citada en la base anterior. 5.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito en la calle Lérida, n.º 32-34, 28020 Madrid, teléfonos 91 583 11 93, 91 583 10 33, 91 583 11 83 y 91 583 11 84. Y en el artículo 22.4 de la Ley 40/2015, en cuanto a la supresión de los órganos colegiados, recoge que: “…supresión de los órganos colegiados (…) de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto” Efectivamente, mientras el proceso selectivo se desarrolla, es el Tribunal Calificador el órgano encargado de certificar cuanto se solicite pues el exped iente está bajo su custodia. Ahora bien, en el momento en que el proceso selectivo finaliza, el Tribunal queda disuelto y el expediente pasa a ser responsabilidad del órgano que nombró al Tribunal, no siendo esto impedimento para que los interesados en el procedimiento puedan consultar o solicitar cuantos documentos sean de su interés, si la ley les ampara. De hecho, en la Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación parcial de determinadas fracciones de series documentales referentes a recursos humanos existentes en los Archivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en lo referente a Expedientes de procesos selectivos de personal laboral fijo entre 1984 y 31 diciembre de 2010, obliga a conservar de forma permanente en la Unidad de Personal del respectivo departamento ministerial u organismo la siguiente documentación: “solicitud de informe e informe de DG Función Pública; solicitud y autorización de reconocimiento de las asistencias por participación en tribunales y órganos de selección; listados de admitidos y excluidos; actas y acuerdos del tribunal calificador. Pueden contener anexos (actas, listado o, en su caso, listados elaborados con distintos criterios, puntuaciones, incidencias, etc.); tipo de examen de la convocatoria; hoja de valoración de méritos o anexo de la convocatoria de certificado de méritos; relación final de aprobados; acuerdos del tribunal publicando los resultados en las distintas fases del proceso selectivo; contrato, firmado por Subsecretario o por delegación y contratado; solicitud y asignación de número de Registro de Personal; reclamaciones, recursos, estadillos, memorias y estadísticas. Como no puede ser de otra forma, los acuerdos de los Tribunales publicando los resultados de las distintas fases de los procesos selectivos, han de conservarse permanentemente. Esto independientemente de la Administración convocante o del tipo de personal seleccionado. Dicho esto, y teniendo en cuenta mi consideración como interesada en dicho procedimiento al haber participado y superado la fase de oposición del mismo, considero que mi solicitud ha sido indebidamente inadmitida por no ser de aplicación el párrafo segundo de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya que tanto la legislación general como la específica, ampara mi pretensión.(…)» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. A la vez, acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de información en la que se pide un certificado de la participación y las notas obtenidas en un proceso selectivo convocado por la AEAT en el año 2005. La AEAT dictó resolución en la que se acuerda la inadmisión de la citada solicitud al considerar que la información solicitada tiene previsto un régimen jurídico específico de acceso —Disposición Adicional Primera, apartado 2 LTAIBG—, dado que el Tribunal Calificador, que es el órgano que podría emitir el certificado, quedó disuelto tras la celebración de la convocatoria, y el órgano requerido no conserva los datos del año 2005 pues «la Ley de Patrimonio Histórico que regula el uso de los archivos administrativos obliga a tener en las unidades tramitadoras los datos de los últimos 5 años. A partir de ahí deberá dirigirse a los archivos administrativos generales hasta los 15 años y después de los 25 al archivo histórico. » 4. Como cuestión previa, y con independencia de la causa de inadmisión invocada en la resolución de acceso, debe analizarse si este tipo de pretensiones tienen o no encaje en el ámbito de aplicación de la LTAIBG, con arreglo a la noción de información pública que recoge el artículo 13 LTAIBG, antes transcrito. En este sentido, ha de recordarse que el mencionado precepto determina que el objeto del derecho de acceso a la información pública son los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados; por lo que la existencia previa de la información, elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de sus competencias, es presupuesto necesario para el ejercicio y el reconocimiento del derecho. Así, el concepto de información pública que recoge la Ley —y sobre el que se proyecta el ejercicio del derecho de acceso— se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud; esto es, información preexistente elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones pues el objetivo que persigue la norma no es otro que el de «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad» (artículo 1 LTAIBG). De ahí que la Ley de Transparencia no ampare solicitudes de información que, en realidad, pretenden la obtención certificaciones, como acontece en este caso, puesto que tales certificaciones tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse o elaborarse expresamente, de forma diferenciada del contenido o acto que certifican, como consecuencia de la petición que se formule. En definitiva, las razones expuestas conducen a la desestimación de la presente reclamación al no versar la misma sobre el derecho de acceso a la información pública. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada el 28 de marzo de 2022 por frente a la AEAT (MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA). De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez