Inadmisión de reclamación sobre la publicación de listas de empleo de Correos y Telégrafos S.A.

Resolución 490/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, con fecha 28 de enero de 2022 la reclamante solicitó a CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., al amparo de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia, «que se hagan públicas las listas de empleo de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E , que tienen entrada en vigor el día 1 de Febrero de 2022». 2. Mediante resolución de fecha 28 de febrero de 2022, CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. contestó a la solicitante lo siguiente: «Con carácter previo, aclararle que la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y buen gobierno («DOG» núm. 30, de 15/02/2016, «B.O.E» núm. 81, de 04/04/2016) no resulta de aplicación a esta Sociedad, de acuerdo con lo previsto en su artículo 3 – Ámbito subjetivo de aplicación. Sin perjuicio de lo anterior, en documento anexo se facilita la información proporcionada por la Unidad directiva competente en relación con su consulta sobre las Bolsas de Empleo de Correos. En línea con ello, dado que los resultados del proceso para la constitución de dichas S/REF: T-006-2022 N/REF: R/0237/2022; 100-006551 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda y Función Pública/Correos y Telégrafos S.A. Información solicitada: Que se hagan públicas las listas de empleo de Correos y Telégrafos Bolsas de Empleo se han publicado de acuerdo con lo establecido en las Bases de la convocatoria, procede la inadmisión de su solicitud de información en virtud del artículo 22.3 LTAIBG.» 3. Mediante escrito registrado el 11 de marzo de 2022, la solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido resumido: «Con respecto a las listas de empleo de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E , que tienen entrada en vigor el día 1 de Febrero de 2022, dirijo este escrito solicitando que se hagan públicas dichas bolsas de empleo, ya que tal y como recoge la Ley 1/2016 de 18 de enero de transparencia y buen gobierno ,con publicación en DOG» núm. 30, de 15/02/2016, «BOE» núm. 81, de 04/04/2016, esto se integra dentro de los principios de buenas prácticas, transparencia y publicidad en la actividad pública, entendiendo esta como la desarrollada con una financiación pública, así como el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública y basada en los principios de: accesibilidad universal de la información pública, el principio de transparencia, principio de participación ciudadana, principio de veracidad, responsabilidad , no discriminación tecnológica ni lingüística, principios de honestidad, imparcialidad, objetividad entre otros recogidos en esta misma ley. Ruego encarecidamente, que estas listas de empleo salgan publicadas y lo hagan de la forma recogida en la ley, ya que siguiendo el artículo 10. H Obligaciones específicas de información en materia de personal, la información que debe hacerse pública según la normativa básica en materia de transparencia: Las ofertas públicas de empleo o instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal. Las convocatorias de procesos selectivos para el ingreso en cuerpos, escalas o categorías de personal empleado público y los miembros de los órganos designados para calificarlos. Las convocatorias de procesos de provisión definitiva de puestos de trabajo. Las convocatorias de procesos de provisión transitoria de puestos de trabajo y, en su caso, la relación actualizada de personas que integran las listas de selección de personal interino o temporal, por orden de prelación. Además cabe aludir que esta normativa debe aplicarse a la empresa Estatal Correos y Telégrafos que si bien tiene la consideración de Sociedad Estatal, se incluiría en el ámbito de aplicación de esta ley, tal y como recoge el artículo 3. Además el no publicar estas listas tal y como recoge la normativa, incurriría en un incumplimiento de la Constitución Española cuando en el art 103 alude a que ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Puesto que el no publicar unas bolsas de una empresa con capital Estatal, provocaría una merma en aquellas personas integrantes de las mismas, que tal y como recoge la Constitución Española, accedieron a las mismas, con dichos criterios de mérito y capacidad. Por otra parte siguiendo la ley de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales el publicar el nombre y apellidos de las personas candidatas de las listas de empleo así como su puntuación y orden en las diferentes bolsas de empleo , no vulnera en ningún caso la protección de datos, puesto que tal y como indica la LOPD son datos especialmente protegidos siguiendo el artículo 9 de la misma ley: Datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física. Y tal y como sigue ese mismo artículo 9 en las excepciones al punto indicado anteriormente se incluiría: g. El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. Lo que se deduce de lo expresado anteriormente y siguiendo las diferentes normativas, es que en este caso el interés y derechos fundamentales de la persona que es integrante de una lista/bolsa pública de empleo, no puede verse mermado amparándose en una supuesta protección de datos llevada a los extremos, y por tanto debería hacer publica ex lege. En consecuencia, el que se publiquen de forma transparente estas bolsas, facilitaría en gran medida tal y como recoge el art 10 de la CE: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Y evitaría que los integrantes de dicha bolsa de empleo pudiésemos vernos en total desamparo, vulnerabilidad laboral y personal y discriminados en nuestros derechos de acceso a la información pública, transparente y veraz. Tal y como recoge también el art 14 de la CE.» 4. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó a la reclamante que las subsanara. En respuesta a este requerimiento, la reclamante presentó una solicitud de información, rellenada a mano, de fecha 14 de marzo de 2022, con el siguiente contenido: «Información que solicita: La publicación de forma transparente, publica y accesible de los listados de empleo, bolsas de Correos y Telégrafos S.A. (con fecha de entrada en vigor 1 de febrero de 2022) ya que siguiendo la Ley 19/2013, señala que los organismos públicos, entre los que se incluyen las entidades públicas empresariales, deben garantizar el acceso a la información relativa a su actividad». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. En primer lugar, debemos hacer una mención de carácter formal que afecta a la solicitud de acceso a la información remitida por la reclamante a requerimiento del Consejo de Transparencia. Como se desprende claramente de los documentos obrantes en el expediente, Correos y Telégrafos respondió a la solicitante en fecha 28 de febrero de 2022, en relación con una solicitud de fecha 28 de enero de 2022. Solicitada a la reclamante copia de esta solicitud de acceso, remite un documento que no se corresponde con el original, ya que está fechado con posterioridad a la fecha de resolución del organismo requerido. Por otra parte, CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. tampoco ha aportado al procedimiento copia de esa solicitud original. Estas circunstancias constituyen, por si solas, motivo suficiente para archivar por desistimiento la reclamación presentada, conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual “«Sí la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.» Sin perjuicio de lo anterior, existen otras causas que permiten inadmitir la reclamación presentada, como se indica a continuación. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud relativa a «que se hagan públicas las listas de empleo de Correos y Telégrafos» formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. dictó resolución en la que pone de manifiesto que la «Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y buen gobierno («DOG» núm. 30, de 15/02/2016, «B.O.E» núm. 81, de 04/04/2016) no resulta de aplicación a esta Sociedad, de acuerdo con lo previsto en su artículo 3 – Ámbito subjetivo de aplicación.» No obstante, entrega a la solicitante “la información proporcionada por la Unidad directiva competente en relación con su consulta sobre las Bolsas de Empleo de Correos”. 5. Aclarado lo anterior, debemos poner de manifiesto que una cosa es la publicidad activa y otra el derecho de acceso a la información pública. El concepto de publicidad activa, según propone el Criterio Interpretativo 2/2019, de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de fecha 20 de diciembre de 2019, es el siguiente: «Obligación de los sujetos que determina la Ley de publicar, de forma proactiva y en las condiciones establecidas, los datos o informaciones que sean relevantes para garantizar la transparencia de su actividad y, en todo caso, los designados expresamente en la norma, con vistas a posibilitar el ejercicio por la ciudadanía de su derecho a la participación y al control de los asuntos públicos». La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos. Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadanía. Finalmente, dentro de los principios que rigen esta publicidad activa no existe obligación de publicar los contenidos solicitados por el reclamante, como se infiere de lo dispuesto en los artículos 5 a 8 de la LTAIBG . Por tanto, no deben confundirse el derecho de acceso a la información pública con la publicidad activa, pudiéndose presentar la reclamación ante ante el Consejo de Transparencia prevista en el artículo 24 LTAIBG únicamente en casos de denegación, expresa o presunta, del ejercicio del primero de ellos. En conclusión, la reclamación presentada debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada por frente a CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A./MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez