Reclamación por denegación de certificación de ejercicios de oposición al CSACE y desestimación por no ser información pública

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el exped iente, el 9 de octubre de 2023 el reclamante solicitó al INAP/MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA), lo siguiente: «Que se certifique por el INAP los distintos ejercicios sup erados por el solicitante correspondiente a oposiciones o concursos oposiciones de los subgrupos A1, y en concreto los superados correspondientes al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y a la Escala Técnica de Gestión de OOAA». Exponía como motivo de su petición que se encontraba participando en un proceso selectivo convocado por el Instituto de Ad ministración Pública “ ”, para la provisión de 59 plazas del Cuerpo Superior de Administradores de S/REF: N/REF: 73/2024 Fecha: La de firma. Dirección: FUNCIÓN PÚBLICA. Información solicitada: Certificado ejercicios superados. R CTBG Número: 2024-0630 Fecha: 10/06/2024 la Administración del , correspondientes a la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal y que, «en el baremo del citado concurso se contempla puntuación por su peración de ejercicios correspondientes al citado cuerpo o equivalente ». 2. El 29 de noviembre de 2023 el reclamante solicitó al INAP/MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (a ctual MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Que por escrito de , con nº registro , dirigido a ese Instituto se solicitó certificación de los ejercicios superados tanto en la Escala Técnica de Gestión de OOAA como en el Cuerpos Superior de Administradores Civiles del Estado (CSACE). Que por correo electrónico de 16/10/2023 de la Subdirección de Selección, del Instituto Nacional de Administración Pública se comunicó que: “En relación con el proceso selectivo de CSACE, informarle que únicamente se emiten certificados de la superación de la fase de oposición completa, nunca calificaciones parciales, de partes de ejercicios o bloques de temario.” A dicho correo se contestó explicando que la razón para pedir la certificación de la superación del primer ejercicio CSA correspondiente a la OEP 2006 es que el compareciente concurre a un proceso selectivo de concurso de estabilización convocado en la Comunidad Autónoma por Resolución de noviembre de 2022, de la Directora del Instituto de Administración Pública por la que se aprueban las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 59 plazas del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración , correspondientes a la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por el procedimiento de concurso de méritos (Da 6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021), el que precisamente se valora la superación de ejercicios (no del proceso selectivo en su conjunto). No se ha recibido contestación. R CTBG Número: 2024-0630 Fecha: 10/06/2024 En consecuencia, quien comparece tiene un interés legítimo en acreditar la superación del primer ejercicio del CSACE, correspondiente a la OEP 2006. La Ley 19/2013, tras reconocer en su art. 12 el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, establece en su art. 13 que: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Además, la información que se solicita debe ser considerado Datos de carácter personal del compareciente, sobre los que tiene un derecho de acceso y obtención de copia, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD). Solicita: Certificación o acreditación por cualquier medio de que el compareciente ha superado el primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso al CSACE correspondiente a la OEP 2006 y/o copia de los datos personales del compareciente que obren en ese Instituto en relación a la superación de ejercicios de procesos selectivos para el acceso al CSACE». 3. No consta respuesta de la Administración. 4. Mediante escrito registrado el 15 de enero de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido contestación a su solicitud de acceso a la información pública por lo que la entiende desestimada. 5. Con fecha 16 de enero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 31 de enero de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala: « (…) Es importante apuntar que el INAP ofreció, como resolución de la primera solicitud formulada por el ahora reclamante, una respuesta en la que argumentaba las razones por las que no podía emitir los certificados requeridos. No se va a valorar en estas alegaciones estos motivos, si bien sí que desea hacer notar que la disconformidad del interesado, aunque legítima, no es propia del ámbito de la transparencia, sino, en su caso, de la reclamación o del recurso administrativo. Lo que sí procede valorar en estas alegaciones es si, como el reclamante apuntaba en su segunda solicitud, el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ampara su potencial derecho a la obtención de certificados. Se establece en este artículo que «todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley (…)» y en el siguiente precepto de la ley qué debe entenderse por esa «información pública»: «(…) los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». Es este último inciso —«que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones»— el que muestra claramente que un certificado no es información pública, pues no se trata de un documento elaborado o adquirido por la Administración pública en el ejercicio de sus funciones, sino un documento elaborado «a futuro» a petición de persona física o jurídica para el interés propia de esta. Así lo entiende el propio CTBG en —por citar un ejemplo significativo entre los varios existentes— su resolución R/0137/2018, de 11 de abril de 2018: En efecto, el concepto de información pública que recoge la Ley y en base al cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma y que no es otro que «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad» (art. 1 de la LTAIBG). Es decir, la Ley de Transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule, y no tener la consideración de información pública, en los términos definidos por el artículo 13 de la LTAIBG. Este Consejo de Transparencia entiende, por lo tanto, que el ciudadano dispone de vías para obtener compulsas o certificaciones expedidas por la Administración, entre las cuales no se encuentra la LTAIBG, y así lo ha declarado en ocasiones anteriores (procedimiento R/0118/2016). Estas mismas razones son las que justifican que el INAP no diera el tratamiento propio de la LTAIBG a la segunda solicitud formulada por el ahora reclamante pese a la expresa mención que este hacía en ella al derecho de acceso a la información pública. CONCLUSIONES • El reclamante solicitó al INAP la emisión de unos certificados relativos a la superación de unas pruebas selecti vas en las que había participado correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2006, es decir, de hace más de 15 años. El INAP resolvió esa solicitud informándole de la imposibilidad de esa emisión. • Alegando el derecho de acceso a la información pública, el interesado volvió a solicitar el certificado no expedido y, habiéndose desestimado su pretensión, formuló su reclamación ante el CTBG. • Tal y como se desprende de la LTAIBG, y el propio CTBG ha recogido en diversas resoluciones, los certificados no tienen la naturaleza de información pública, por lo que no cabe la aplicación de la vía de la transparencia para su solicitud y, por extensión, para su consecuente reclamación. • Por todo lo indicado, el INAP considera que la actual reclamación debe ser inadmitida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o, en su defecto, desestimada en su resolución». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide certificación o acreditación de que el compareciente ha superado el primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso al CSACE correspondiente a la OEP 2006. El INAP respondió inicialmente a la solicitud mediante un correo electrónico en el que comunicaba al solicitante que «únicamente se emiten certificados de la superación de la fase de oposición completa, nunca calificaciones parciales, de partes de ejercicios o bloques de temario.» Habiendo reiterado su petición el ahora reclamante, el INAP no respondió a la solicitud, explicando, en las alegaciones de este procedimiento, que ya había dado respuesta a la solicitud y que lo pretendido (emisión de un certificado) no tiene encaje en la noción de información pública recogida en la LTAIBG. 4. Teniendo en cuenta lo anterior no puede desconocerse que, en efecto, este Consejo ha reiterado en múltiples ocasiones que la emisión de certificados por parte de la Administración no puede encuadrarse en el concepto de información pública que contempla el artículo 13 LTAIBG—referido a aquellos documentos o contenidos que obren en poder del sujeto obligado por haber sido o elaborados o adquiridos en ejercicio de sus funciones—; por lo que la preexistencia de la información es presupuesto necesario para el ejercicio del derecho. En este caso, lo que se pretende es la emisión de un certificado y, por tanto, la generación de un nuevo contenido (acto futuro) que acredite la superación de determinados ejercicios de oposición llevados a cabo por el reclamante, pretensión que no puede integrarse en la noción de información pública y que, por ello, resulta ajena al procedimiento de reclamación previsto en el artículo 24 LTAIBG. En consecuencia, habiéndose constatado que no se pretende acceso a información pública una vez tramitado el procedimiento, procede desestimar la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación interpuesta por frente al INAP/MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez