Reclamación de acceso a información sobre el operativo policial en la calle Ferraz y estimación parcial sobre la normativa de uso de gases lacrimógenos

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 7 de noviembre de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación con las cargas policiales de la noche del 6 al 7 de noviembre en la Calle Ferraz de Madrid, solicito en base a la ley de transparencia: - Número de agentes de la Policía desplegados en el operativo. S/REF: 00001-00083713 N/REF: 3178/2023 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Cargas policiales en Ferraz el 6 y 7 noviembre. R CTBG Número: 2024-0562 Fecha: 24/05/2024 - Material antidisturbios usado en esa noche (botes de humo, pelotas de goma, gases lacrimógenos, etc…). Marca, identificación y número de veces que fueron usados. - Razón por la que la Policía no avisó por megafonía con anterioridad a los manifestantes de que se tenían que disolver y que iban a cargar y lanzar gases lacrimógenos. - ¿Hubo violencia por los manifestantes con carácter previo a las cargas policiales que justificara la aplicación de la violencia policial? En caso, afirmativo, ¿qué violencia? - Número de heridos por las cargas y acciones policiales - Cuántas intervenciones sanitarias hubo en esa noche? - ¿Quién dio la orden de lanzar gases lacrimógenos a los ciudadanos? - ¿Cuáles son las normas que tiene la Policía para usar gases lacrimógenos como los usados en esa Noche?». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 13 de diciembre de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido contestación. 4. Con fecha 13 de diciembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR solicitando la remisión de la copia co mpleta del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 22 de diciembre de 2023 se recibió escrito en el que se señala: «(…) mediante resolución de 21 de diciembre de 2023 y registro de salida de la notificación en el mismo día, la Dirección General de la Policía procedió a resolver la solicitud del reclamante». Se adjuntaba a este escrito de alegaciones la referida resolución, cuyo contenido es el siguiente: R CTBG Número: 2024-0562 Fecha: 24/05/2024 «(…) este Centro Directivo ha resuelto conceder el acceso parcial a la información solicitada, conforme al artículo 16 de la LTAIPBG, que reseña: "En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parci al previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. En lo que respecta al número de efectivos que han participado en los distintos dispositivos, significar que, una vez analizada la petición este Centro Directivo considera de aplicación la limitación del derecho de acceso regulado en el Artículo 14.1 d), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual "el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública" Los motivos de la denegación a la información solicitada se fundamentan en que la gestión de los recursos humanos disponibles constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales cuya divulgación supone mostrar posibles vulnerabilidades operativas que puedan existir. Resulta evidente que el conocimiento del número concreto de funcionarios que participan en este tipo de operativos favorece la posibilidad de analizar el grado de seguridad de los mismos, lo que pone en peligro su eficacia y compromete la seguridad de los propios participantes. Por otro lado, el uso de los medios y material antidisturbios por parte de Policía Nacional se recoge en normas de carácter interno basadas en los Principios Básicos de Actuación, de la Ley Orgánica 2/1986, entre otros, la adecuación entre fines y medios, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. En el desarrollo de las acciones tácticas policiales que tienen por objeto el mantenimiento y, en su caso, el restablecimiento del orden público como consecuencia de la alteración del mismo, el empleo de material antidisturbios forma parte del procedimiento de "empleo progresivo de la medios" establecido al efecto, diseñado como una serie de evoluciones y de medidas que, en orden creciente, pretenden mantener expeditos determinado s espacios o contrarrestar las actividades de los alborotadores, cuando pudieran poner en peligro la vía o la integridad física de los policías actuantes y otros ciudadanos. En este caso particular, las concentraciones que tuvieron lu gar los días 6 y 7 de noviembre de 2023, no estaban comunicadas, y por Io tanto, no se ajustaban a la ley. En el transcurso de las mismas se produjeron, cortes de calles, destrozos del material urbano, y ataques a los policías allí presentes mediante lanzamiento de objetos, todo lo cual motivó el empleo progresivo de la fuerza, con el fin de restablecer la seguridad ciudadana. Reseñado lo anterior, indicar que las acciones a adoptar se articulan en función del desarrollo de la concentración y de los altercados que puedan producirse como consecuencia de la misma. Todo el operativo fue dirigido por el Jefe policial del dispositivo allí desplegado que, en su conjunto, desarrollaron con profesionalidad, dada su gran formación y dilatada experiencia, las acciones oportunas en función de las condiciones sobre el terreno y a la vista de la evolución de la concentración y de los altercados que se producían como consecuencia de la misma Todas las cuestiones particulares planteadas relativas al material antidisturbios utilizado y su ajuste a la normativa vigente, forman parte de procedimientos judiciales, siendo de aplicación el punto dos de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, según el cual "se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información". La información solicitada forma parte de un Atestado Policial el cual es remitido en su conjunto a la Autoridad Judicial competente, formando parte a su vez de actuaciones judiciales sobre las que el Ministerio del Interior no puede disponer, sino que quien desee acceder a ella debe someterse al régimen contenido en las normas que regulan el modo y condiciones de acceso a la información contenida en las actuaciones judiciales, cuya aplicación prevalece sobre cualquier otra norma, en este caso la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Cabe reseñar que los atestados policiales no son meros informes o anexos que se adjuntan a la causa judicial, sino que pueden tener también la virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verifica bles, que expuestos por los agentes con su firma y rúbrica y con las demás formalidades exigidas por los arts. 292 y 293 LECrim han de ser calificados como declaraciones testificales, siendo la esencia de la instrucción de procedimiento penal, la cual continente denuncias, objetos de prueba, pruebas anticipadas e indicios conformadores en su momento de auténticas pruebas y por lo tanto no es un documento que deba ser catalogado como público, y mucho menos cuando este es remitido a la Autoridad Judicial, que es la competente para el total esclarecimientos de los hechos y quien igualmente determina el secreto o no de las actuaciones. Así, la Sentencia n o 61/2020, dictada por el Juzgado Central Contencioso- Administrativo número 11, procedimiento ordinario 116/2019, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo promovido contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno — CTBG- de 30/07/2019, con referencia R/0308/2019, sostiene que los atestados policiales pierden la naturaleza puramente administrativa que podría tener un informe elaborado en un Ministerio, pues al formar parte de las actuaciones judiciales cuya comisión se investiga y, eventualmente se enjuicia, pasan a formar parte del expediente judicial y, por ello, la autoridad competente para otorgar o no el acceso a los mismos es la judicial, por cuanto constituyen parte de la documental obrante en el procedimiento, al igual que un informe pericial, o cualquier otro documento. En lo que respecta al "número de heridos por las cargas y acciones policiales" señalar que no puede aportarse el número de lesionados producidos durante el transcurso de los incidentes, al desconocerse el mismo. Se da la circunstancia de que no todos los afectados presentan denuncias por las lesiones sufridas; o bien es el centro médico donde reciben atención sanitaria quién, de oficio, lo comunica directamente al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia; o bien presentan la denuncia días después en otra provincia, en el juzgado de guardia o ante la Guardia Civil, es decir, la centralización de los datos solicitados se llevará a cabo en el juzgado de instrucción que entienda del asunto. Respecto a la información sobre "¿cuántas intervenciones sanitarias hubo en esa noche?", lo solicitado se sitúa fuera del ámbito competencial de la Policía Nacional». 5. El 28 de diciembre de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 28 de diciembre de 2023, se recibió un escrito en el que se expone que: «El Ministerio del Interior respondió transcurrido un mes desde mi petición de información. Por lo tanto, queda constatado el retraso y el incumplimiento del plazo para contestar. (…) No se informa del número de agentes desplegados, a pesar de que ha aparecido este dato en los medios, información proveniente del propio Ministerio del Interior. Es preciso conocer el número de agentes pues con ello no estamos desvelando identidades ni tampoco secretos del operativo policial. También es preciso identificar el material antidisturbios disparado, con su número y marca, porque hay que recordar que se dispararon elementos muy agresivos, como pelotas de goma y gases lacrimógenos contra miles de pacíficos manifestantes. También es importante conocer el número de heridos, así como el alcance de la violencia que se desplegó por un lado y por otro, para hacer un escrutinio de la intervención policial. También la policía debe aclarar si avisó por megafonía para que los manifestantes, especialmente los más vulnerables, pudieran retirarse, pues hubo muchos heridos por problemas respiratorios tras el lanzamiento de gases lacrimógenos. Igualmente es preciso conocer las normas sobre el uso de material antidisturbios, pues la policía no nos ha dicho en concreto cuáles son esas normas y su literalidad, pues la verdad es que actuaron con total violencia y es preciso hacerse un escrutinio público de la misma». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones ». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre el operativo policial desplegado y la intervención de la Policía Nacional con motivo de las concentraciones que tuvieron lugar las noches del 6 y 7 de noviembre en la calle Ferraz de Madrid. El Ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, la solicitud de acceso se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, el órgano competente pone de manifiesto que ha dictado la resolución correspondiente a la citada solicitud en fecha 21 de diciembre de 2023, aportando copia de la misma. En la citada resolución se concedió acceso parcial a lo solicitado, denegando parte de la información pedida con fundamento en el artículo 14.1.d) LTAIBG, referida a información que pueda generar perjuicios a la seguridad pública, y en la Disposición adicional primera, segundo apartado, de la LTAIBG. Por último, se declaran incompetentes respecto a la cuestión referida a las intervenciones sanitarias. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Con carácter previo a las cuestiones de fondo es necesario precisar el objeto de este procedimiento pues, con independencia del inicial silencio, y a la vista de la resolución tardía, el reclamante ha acotado el objeto de su pretensión a las siguientes cuestiones: (i) número de agentes desplegados; (ii) material antidisturbios utilizado (con número y marca); (iii) número de personas heridas; (iv) alcance de la violencia; (vi) aviso por megafonía; y (vii) normas de uso de material antidisturbios. Por lo tanto, no se cuestiona la respuesta ofrecida (o la ausencia de pronunciamiento) respecto de lo referido a las intervenciones sanitarias que se realizaron esa noche y quien dio la orden de usar gases lacrimógenos; debiendo circunscribirse esta resolución a los extremos antes indicados. Por otro lado, y también como cuestión previa, no puede desconocerse que este Consejo se ha pronunciado sobre una cuestión similar (y coincidente en algunos puntos) en la R CTBG 554/2024, de 22 de mayo, que estimando la reclamación interpuesta por el mismo solicitante que en este caso, insta al Ministerio del Interior a facilitar la siguiente información, referida al mismo operativo policial de las concentraciones en la calle Ferraz: «Periodistas detenidos en las concentraciones de la calle Ferraz y sus alrededores; Número de pelotas de goma, botes de humo con gases lacrimógenos y sprays de gases utilizados; y Normativa sobre uso de las porras extensibles.» Por tanto, entiende este Consejo, en lo que aquí interesa, que ya se ha resuelto sobre la pretensión de conocer el material antidisturbios utiliza do, por lo que se constata una pérdida sobrevenida de objeto en este concreto punto. Desde la perspectiva de la finalidad de someter a escrutinio la actividad de los poderes públicos, se considera razonable y suficiente el acceso a la información referida al número de pelotas de goma, botes de humo y sprays, no resultando procedente, por desproporcionado, la petición relativa a la marca y número de cada uno de los elementos utilizados. 6. En segundo lugar, conviene recordar que el objeto del derecho reconocido en el artículo 12 LTAIBG es la información pública en los términos en los que esta se define en el artículo 13 LTAIBG; esto es, aquella información que obre en poder de los sujetos obligados por haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones, En este caso, y por lo que concierne al número de heridos por las cargas policiales , el Ministerio sostiene que la información no obra en su poder cuando afirma que «no puede aportarse el número de lesionados producidos durante el transcurso de los incidentes, al desconocerse el mismo. Se da la circunstancia de que no todos los afectados presentan denuncias por las lesiones sufridas; o bien es el centro médico donde reciben atención sanitaria quién, de oficio, lo comunica directamente al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia; o bien presentan la denuncia días después en otra provincia, en el juzgado de guardia o ante la Guardia Civil, es decir, la centralización de los datos solicitados se llevará a cabo en el juzgado de instrucción que entienda del asunto». También desde la perspectiva del citado artículo 13 LTAIBG procede desestimar la queja respecto de la falta de información o aclaración sobre los eventuales avisos por megafonía del uso de gases lacrimógenos. En efecto, la solicitud inicial de acceso se formula en unos términos —razón por la que la Policía no avisó por megafonía con anterioridad a los manifestantes de que se tenían que disolver y que iban a cargar y lanzar gases lacrimógenos— que evidencian que no se pretende el acceso a una información pública preexistente, sino recabar una explicación ad hoc sobre una actuación administrativa sobre la que se expresan críticas. Cabe recordar en este sentido que en la noción de información pública no tienen cabida solicitudes que pretenden obtener una justificación específica de las razones por las que se realizó una actuación y no otra, o que se dé respuesta a críticas o juicios subjetivos de la actuación de los poderes públicos, con independencia de su mayor o menor acierto. En conclusión, atendiendo a lo expuesto, procede desestimar la reclamación en estos dos puntos. 7. En tercer lugar, en lo atinente a la disconformidad manifestada por el reclamante respecto de la información proporcionada sobre el alcance de la violencia (si hubo violencia y en qué consistió), debe señalarse que esta pregunta ha obtenido una respuesta que este Consejo considera adecuada y completa dados los términos de la solicitud inicial. En efecto, el Ministerio requerido informa de que se trataron de manifestaciones no comunicadas en cuyo transcurso «se produjeron, cortes de calles, destrozos del material urbano, y ataques a los policías allí presentes mediante lanzamiento de objetos, todo lo cual motivó el empleo progresivo de la fuerza, con el fin de restablecer la seguridad ciudadana»; información que debe calificarse de completa pues cualquier otra consideración sobre el alcance de la violencia supondría la elaboración de un juicio estimativo. 8. Sentado lo anterior, corresponde examinar la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.d) LTAIBG (perjuicio a la seguridad pública) que invoca el Ministerio requerido, para restringir el acceso por motivos de seguridad, al acceso al número de agentes desplegados en el operativo policial y a la manera en que se gestionaron estos recursos humanos. En este punto cabe recordar que este Consejo ha señalado ya en múltiples resoluciones, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el derecho de acceso a la información pública es un derecho público subjetivo de rango constitucional, que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento, por lo que cualquier restricción de su eficacia ha de partir de una interpretación estricta, cuando no restrictiva, de los límites y deberá justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. De ahí que, «en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad» — entre otras, SSTS, de 11 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1558) y de 25 de enero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:574) —. En lo que aquí interesa, la segunda de las sentencias citadas puntualiza que «[p]or tanto, el precepto legal no permite una aplicación genérica de las limitaciones como justificación de una denegación del acceso a la información pública (…) sino que exige una aplicación justificada y proporcionada de las limitaciones en relación al caso concreto, debiendo hacerse una ponderación de los intereses en juego, el de acceso a la información pública, por un lado, y el protegido por la limitación de que se trate» (FJ, 4º). En consecuencia, la eventual aplicación de determinados límites legales a la información pública solicitada sólo se podrá considerar conforme a derecho si se cumplen los requisitos de proporcionalidad y justificación expresa exigidos por nuestro ordenamiento (en particular, en el artículo 14.2 LTAIBG) y precisados por la doctrina del Tribunal Supremo en los términos que se acaban de exponer. 9. En este caso el Ministerio requerido, al aplicar el límite previsto en el artículo 14.1.d) LTAIBG, argumenta que conceder el acceso a información pública sobre «la gestión de los recursos humanos disponibles constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales cuya divulgación supone mostrar posibles vulnerabilidades operativas que puedan existir». Añadiendo que «el conocimiento del número concreto de funcionarios que participan en este tipo de operativos favorece la posibilidad de analizar el grado de seguridad de los mismos, lo que pone en peligro su eficacia y compromete la seguridad de los propios participantes». Teniendo en cuenta lo anterior, no puede desconocerse que existe un criterio consolidado de este Consejo que entiende que «proporcionar información sobre concretos dispositivos de seguridad causa un daño real y efectivo prevaleciendo la protección del bien jurídico de la seguridad pública sobre el derecho de acceso a la información pública. En cambio, no se aprecia ese daño a la seguridad pública cuando lo solicitado son datos globales o cuestiones económicas (por ejemplo, el coste de los efectivos de seguridad o de su mantenimiento)» —vid. las resoluciones R CTBG 133/2023, de 6 de marzo y R CTBG 137/2023, de 7 de marzo—. Esta doctrina resulta trasladable a este supuesto en la medida en que el acceso al número de policías asignados al dispositivo de seguridad diseñado para el control del orden público en las concentraciones de Ferraz causa un daño real y previsible a la eficacia tales dispositivos en la medida en que tal información que puede revelar fortalezas o vulnerabilidades, tal como alega el Ministerio. Desde esta perspectiva, procede la desestimación de la reclamación en este punto pues la Administración ha justificado de manera razonable la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.d) LTAIBG, sin que sea necesario entrar en las consideraciones vertidas en la resolución sobre la aplicación del régimen jurídico específico respecto del acceso a información que forma parte de actuaciones judiciales a que también alude la resolución del Ministerio. 10. A una conclusión distinta ha de llegarse, en cambio, respecto de la petición de acceso a las normas que regulan el uso de los medios y el material antidisturbios. En efecto, tal como se adelantó en el FJ 4, en la resolución R CTBG 554/2024 se reconoció el acceso a la normativa que prevé el uso de las porras extensible ante la omisión de pronunciamiento sobre este extremo. Se recordaba, además, lo declarado en las resoluciones R CTBG 389/2023, de 25 de mayo y R CTBG 1023/2023, de 28 de noviembre, en las que, estimándose la reclamación, se reconoció el derecho de la fundación entonces reclamante a acceder «al protocolo de uso de las pistolas taser por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil (y, en su caso, de la policía local) con exclusión, en caso de existir, de aquella parte de la información que tenga un carácter operativo; debiéndose justificar la exclusión, en ese caso, de forma expresa.» En este caso, la resolución del Ministerio da respuesta a esta cuestión limitándose a realizar una serie de remisiones genéricas a las «normas de carácter interno basadas en los Principios Básicos de Actuación, de la Ley Orgánica 2/1986, entre otros, la adecuación entre fines y medios, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance» y explicando grosso modo la aplicación de tales principios —empleo progresivo de los medios, en orden creciente para contrarrestar las actividades que o pudieran poner en peligro la vía o la integridad física de los policías actuantes y otros ciudadanos—. Por tanto, en la línea de lo acordado en las dos resoluciones citadas, procede estimar la presente reclamación en este punto, a fin de que el Ministerio facilite la información referida al protocolo o normas de uso de los gases lacrimógenos, en caso de existir, con exclusión, en su caso, de aquellas partes de la información que tenga un carácter operativo; debiéndose justificar la exclusión, en ese caso, de forma expresa. A esta conclusión se llega partiendo de la premisa de que este Consejo desconoce si las normas de uso interno cuyo traslado se pretende, aparte de la regulación de los supuestos habilitantes y las condiciones en que se permite el uso de este tipo de herramientas policiales, incluye otras informacione s relativas a específicos operativos de seguridad, debiéndose observar, por tanto, el principio de proporcionalidad en la aplicación de los límites. 11. En conclusión, debe estimarse de forma parcial la reclamación presentada, instando al Ministerio a que proceda a facilitar la información solicitada de la que dispone en los términos expresados en el fundamento jurídico anterior. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: «En relación con las cargas policiales de la noche del 6 al 7 de noviembre en la Calle Ferraz de Madrid (…) Cuáles son las normas que tiene la Policía para usar gases lacrimógenos como los usados en esa Noche» TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez