Reclamación por falta de respuesta y acceso parcial a información sobre el operativo policial en la calle Ferraz de Madrid

Página1de 7 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 7 de noviembre de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación a la concentración de ciudadanos realizada el pasado 6 noviembre en la calle Ferraz de Madrid, ante la sede del PSOE, y que fue duramente reprimida por la Policía Nacional como han denunciado los sindicatos policiales SOLICITO: 1.- Copia de las instrucciones, órdenes, o cualquier otra documentación recibida del Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno en Madrid o Jefatura Superior de Policía relativas a la forma enérgica de reprimir la concentración y copia de las S/REF:00001-00083741 N/REF:3182/2023 Fecha:La de firma. Dirección: MINISTERIO DEL INTERIOR. Información solicitada:C oncentración de ciudadanos realizada el pasado 6 noviembre en la calle Ferraz de Madrid. R CTBG Número: 2024-0330 Fecha: 19/03/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente instrucciones dadas a los mandos de las fuerzas operativas sobre la forma en que debían reprimir la concentración. 2.- Copia de la normativa que establece la operativa de actuación de las fuerzas policiales y cuándo debe usarse métodos represivos como los botes de humo y gases lacrimógenos para disolver una concentración y copia del informe elaborado de las actuaciones realizadas». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 13 de diciembre de 2023, el solic itante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido contestación. 4. Con fecha 13 de diciembre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 22 de diciembre de 2023 se recibió escrito en el que se señala que «mediante resolución de 18 de diciembre de 2023 y registro de salida de la notificación de 20 de diciembre de 2023, la Dirección General de la Policía procedió a resolver la solicitud de información(…)». Se adjuntaba a este escrito de alegaciones la referida resolución, cuyo contenido es el siguiente: «(…) este Centro Directivo ha resuelto conceder el acceso parcial a la información solicitada, conforme al artículo 16 de la LTAIPBG, que reseña: "En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida". En lo relativo al punto uno, decir que el uso de los medios y material antidisturbios por parte de Policía Nacional se recoge en normas de carácter interno basadas en los Principios Básicos de Actuación, de la Ley Orgánica 2/1986, entre otros, la adecuación R CTBG Número: 2024-0330 Fecha: 19/03/2024 entre fines y medios, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. En el desarrollo de las acciones tácticas policiales que tienen por objeto el mantenimiento y, en su caso, el restablecimiento del orden público como consecuencia de la alteración del mismo, el empleo de material antidisturbios forma parte del procedimiento de "empleo progresivo de la medios" establecido al efecto, diseñado como una serie de evoluciones y de medidas que, en orden creciente, pretenden mantener expeditos determinados espacios o contrarrestar las actividades de los alborotadores, cuando pudieran poner en peligro la vía o la integridad física de los policías actuantes y otros ciudadanos. En este caso particular, la concentración que tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2023, no estaba comunicada, y por lo tanto, no se ajustaba a la ley. En el transcurso de la misma se produjeron, cortes de calles, destrozos del material urbano, y ataques a los policías allí presentes mediante lanzamiento de objetos, todo lo cual motivó el empleo progresivo de la fuerza, con el fin de restablecer la seguridad ciudadana. Reseñado lo anterior, indicar que las acciones a adoptar se articulan en función del desarrollo de la concentración y de los altercados que puedan producirse como consecuencia de la misma. Todo el operativo fue dirigido por el Jefe policial del dispositivo allí desplegado, que, en su conjunto, desarrollaron con profesionalidad, dada su gran formación y dilatada experiencia, las acciones oportunas en función de las condiciones sobre el terreno y a la vista de la evolución de la concentración y de los altercados que se producían como consecuencia de la misma En lo que respecta al punto 2, señalar que con respecto a los protocolos de actuación, son procedimientos de trabajo en los que se combinan los medios humanos y materiales con los que la Policía Nacional cuenta para llevar a cabo la misión encomendada de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades así como garantizar las seguridad ciudadana, formando dichos procedimientos parte de la esfera de información sensible para el buen desempeño de estos objetivos. El éxito o no del trabajo policial depende en gran medida de la protección de estos procedimientos, tal como se reconoce en Acuerdos del Consejo de Ministros y por el Tribunal Supremo, tratando a estos procedimientos como información necesitada de protección y de un especial deber de reserva. Por tanto, se deniega el acceso a los protocolos solicitados, conform e al artículo 14.1 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, "el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública". En esta línea se pronunció el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su resolución R10010/2015, de fecha 6 de mayo de 2015, al desestimar una petición en la que se solicitaba "el protocolo de actuación de las Unidades de Intervención de la Policía", manifestando en los fundamentos jurídicos de la misma que "el acceso a los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede poner en peligro la efectividad del ejercicio de sus funciones, con lo que la denegación de la información se considera suficientemente justificada"». 5. El 8 de enero de 2024, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 22 de enero de 2024, se recibió un escrito en el que, sin efectuar ninguna objeción en cuanto al contenido de la resolución y las alegaciones del Ministerio, señala que procede la estimación por carácter formal de la reclamación, sin más trámite, al no haberse producido la respuesta en el plazo previsto en la LTAIBG. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre las instrucciones dadas a la Policía Nacional para hacer frente a la concentración de ciudadanos que tuvo lugar el pasado 6 noviembre, en la calle Ferraz de Madrid, ante la sede del PSOE. El Ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, la solicitud de acceso se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, el órgano competente pone de manifiesto que ha dictado la resolución correspondiente a la citada solicitud en fecha 18 de diciembre de 2023, aportando copia de la misma. En la citada resolución se facilitó información referida al primer punto de la solicitud y, respecto al punto 2, la contestación es denegatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1 d) LTAIBG, ya que se estima que facilitar el acceso supondría un perjuicio para la seguridad pública. En el trámite de audiencia concedido, la reclamante únicamente objeta el carácter tardío de la resolución. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No obstante, no cabe desconocer que, aun extemporáneamente, se ha dictado resolución sobre la solicitud de acceso formulada y la reclamante únicamente objeta el incumplimiento por parte de la Administración del plazo previsto para resolver. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la respuesta se proporciona una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por razones formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener respuesta a su solicitud en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. I. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez