Solicitud de acceso a declaraciones de IVA y obligaciones fiscales del centro educativo CPIFP Hurtado de Mendoza

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 715/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) ante la CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA (JUNTA DE ANDALUCÍA) con fecha 20 de mayo de 2019, la siguiente información: Por la presente se solicita el/los expedientes sobre DOCUMENTACIÓN del centro educativo público CPIFP HURTADO DE MENDOZA de Granada. Que entre otros contenga: 1. Declaraciones de IVA S/REF: 001-036437 N/REF: R/0715/2019; 100-003004 Fecha: 9 de enero de 2020 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Hacienda/AEAT Información solicitada: Obligaciones fiscales de negocio de restauración Subdirección General de Reclamaciones 2. Declaraciones por el negocio de Restaurante, Bar/Cafetería y Comida para llevar. 3. Si hubo alguna investigación/inspección sobre dicho organismo público. 4. Otras obligaciones en cumplimiento de las normas y leyes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2. Mediante resolución de 11 de junio de 2019 la CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA (JUNTA DE ANDALUCÍA) contestó al solicitante lo siguiente: (…) tanto en su escrito de solicitud como en la documentación que presenta tras el requerimiento de subsanación mencionado, reclama información relativa a declaraciones de IVA, existencia de posibles actuaciones inspectoras por parte de la Agencia, así como el cumplimiento de otras obligaciones tributarias del Centro de formación profesional C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza, Escuela de Hostelería y Turismo de Granada. Por entender que la competencia para resolver recae en esa Agencia Estatal de Administración Tributaria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, procedemos a dar traslado del presente expediente, informando de tal circunstancia al interesado. 3. Mediante resolución de 9 de septiembre de 2019, la AGENCIA TRIBUTARIA contestó al solicitante en los siguientes términos: Con fecha 8 de agosto de 2019 tuvo entrada en la Unidad de Información de la Transparencia del Ministerio de Hacienda su solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número de expediente 001- 036437. Con fecha 12 de agosto de 2019 la citada solicitud se recibió en la Unidad gestora del derecho de acceso a la información pública de la Agencia Tributaria, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes para su resolución, según lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. (…) En relación con su solicitud se le informa que, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.” El acceso a la información en materia tributaria se rige por su normativa específica, la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, cuyo artículo 95 establece que “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:…” Dicho precepto continúa en su exposición con una lista taxativa de los casos en que la cesión de datos puede producirse, siempre limitados al ámbito de la colaboración con otras Administraciones Públicas, no siendo posible en ningún supuesto la cesión de datos a terceros que no tengan esta naturaleza. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en el artículo 95 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se resuelve DENEGAR el acceso a la información solicitada. 4. Frente a dicha respuesta, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada de 13 de octubre de 2019, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguientes argumentos: (…) 5. Que la resolución recogida por este ciudadano el 27/09/2019, DENIEGAN el ACCESO a la Información pública, que por ley y derecho me corresponde. Por parte de la "Unidad Información de Transparencia Hacienda", la considero abusiva, injusta, fuera del cumplimiento de toda norma o ley. Incluso dando abusivamente e injustamente la condición de "carácter reservado". Cuando al parecer y por la documentación aportada por este ciudadano, dicha información, documentos.... públicos. NO EXISTEN, NO SE CUMPLEN, NO SE HACEN. Hubiese bastado con resolver en este sentido y a ese único efecto. Ya que al parecer no hacen: Declaraciones de IVA // Declaración del impuesto de sociedades // Cumplimiento y aplicación de la LCSP (actual y antigua) // Albaranes y Facturación (ahora electrónico) // utilizar la dotación pública para otros menesteres y otras en cumplimiento de la ley general tributaria, sus modificaciones y las normas de desarrollo y aplicación de la Ley General Tributaria. (…) 6. Que además de como vemos las "dilaciones indebidas", crear absoluta y total "indefensión" (contraviniendo el Art. 24 CE) y no cumplir con los principios de "buena praxis", "buena fe", "eficacia", "eficiencia", etc... que todo servidor público debe cumplir y aplicar. 7. Que la ley que a este ciudadano no se le indica en la resolución (llevando a engaño u omisión) "Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE, 22-septiembre-2015)", dicta; "...A su vez, es necesario un reforzamiento de los mecanismos de la Hacienda Pública de fomento del deber general de contribuir del artículo 31 de la Constitución y de lucha contra el fraude fiscal, no solo mediante medidas dirigidas directa y exclusivamente a la mera represión del mismo. No cabe olvidar que la Constitución Española dispone en su preámbulo la voluntad de la Nación de establecer una sociedad democrática avanzada. El principio de transparencia y publicidad forma parte de los principios que deben regir la actuación de todos los poderes públicos para hacer efectivo ese objetivo..." "...En este sentido, la medida consistente en la publicación de listados de deudores que se incorpora en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que enmarcarla en la orientación de la lucha contra el fraude fiscal a través del fomento de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario de los deberes tributarios, en la promoción del desarrollo de una auténtica conciencia cívica tributaria así como en la publicidad activa derivada de la transparencia en la actividad pública en relación con la información cuyo conocimiento resulte relevante..." "...En definitiva, si bien los principios de transparencia y publicidad pueden colisionar en ocasiones con otros derechos constitucionalmente protegidos, como son los de intimidad y protección de datos, deben ponderarse adecuadamente los distintos intereses que se pretenden salvaguardar, y ello teniendo en cuenta especialmente los principios de proporcionalidad, exactitud y conservación de los datos contenidos en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Así se hace también en otros países de nuestro entorno donde se recogen distintos supuestos de excepción al principio general de confidencialidad de los datos tributarios, como Alemania o Finlandia..." 9. Que como motivo y muestro, se contraviniendo una vez más las normas y leyes que así lo obligan. Por poder acceder a la información pública sin límites, en los términos previstos en el artículo 105.b), ya RECLAMACION POR VULNERACION DEL DERECHO FUNDAMENT...3 de 21 13/10/2019 0:11 que han sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Que los ciudadanos podemos auditar las administraciones públicas, si tenemos sospechas de irregularidades, como es el caso. 10. Que no se si tienen potestad como servidores públicos ante un presunto "Delito de fraude fiscal contra la Hacienda Pública", "delitos económicos" u otros que ustedes puedan detectar e incluso cuando se investigue e indague.., poder tomar las medidas que correspondan. Ante la AEAT o las autoridades competentes y/o responsables. 5. Con fecha 21 de octubre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito con registro de entrada el 28 de octubre de 2019, la AGENCIA TRIBUTARIA reitera en los argumentos expuestos en la Resolución de 9 de septiembre de 2019, y añade lo siguiente: Podría añadirse, dadas las continuas referencias a la lucha contra el fraude fiscal efectuadas por el reclamante que, si cree tener conocimiento de la posible comisión de un delito fiscal, puede presentar una denuncia ante la Agencia Tributaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley General Tributaria, adjuntando todas las pruebas que obren en su poder, pudiendo utilizar el siguiente enlace: II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Respecto al fondo del asunto, cabe indicar en primer lugar que el objeto de solicitud de información se refiere a las Declaraciones de IVA, Declaraciones por el negocio (…), investigación/inspección existentes y Otras obligaciones tributarias. Por su parte, y frente a dicha solicitud de información, hay que señalar que la Agencia Tributaria ha fundamentado su denegación al considerar de aplicación el apartado 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG que establece que se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”, que en el caso de la materia tributaria está previsto en la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre cuyo artículo 95 determina el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria que no pueden ser cedidos o comunicados a terceros y entre los que se encuentran los solicitados. Teniendo en cuenta lo anterior y en atención al argumento esgrimido para denegar la información solicitada, conviene recordar que la disposición invocada ha de ser interpretada de acuerdo con el Criterio 8/2015 aprobado por este Consejo en ejercicio de las facultades legalmente atribuidas al mismo por el art. 38.2 a) de la LTAIBG, en el que concluíamos lo siguiente: (…) IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la Ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico. En consecuencia, sólo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso. La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con una normativa que prevea un régimen específico de acceso a la información que los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar, aplicarán directamente dicho régimen y siempre con ésta última como norma supletoria (…) 4. Teniendo en cuenta todo lo anterior, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no hay duda de que la información solicitada por el reclamante es de naturaleza tributaria (obligaciones tributarias). El propio reclamante, según manifiesta en su reclamación considera que el negocio de restauración del CPIFP HURTADO DE MENDOZA de Granada sobre el que solicita la información no cumple con sus obligaciones tributarias. De ahí, que la https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html AGENCIA TRIBUTARIA en sus alegaciones al expediente informe al reclamante de que si cree tener conocimiento de la posible comisión de un delito fiscal, puede presentar una denuncia ante la Agencia Tributaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley General Tributaria, adjuntando todas las pruebas que obren en su poder, pudiendo utilizar el siguiente enlace: En este sentido, ha de recordarse que el art. 95 de la ya mencionada Ley 58/2003 dispone lo siguiente: Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. 1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada. b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. d) La colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea. e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido. f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal. g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria. i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas. j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago y con la Dirección General de Tráfico para la práctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro de tales recursos. k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados. l) La colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera, el seguimiento del déficit público, el control de subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del Sector Público. m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes embargados o decomisados en un proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia.(…) 3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente. 4. El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la publicidad de los mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea. 5. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar los datos, informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el correcto cumplimiento y efectiva aplicación de la obligación de realizar pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser comunicados a la Administración tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo. Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o antecedentes tienen carácter reservado. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. 6. La cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en el artículo 177 ter de esta Ley. 5. Sobre la relación entre la Ley General Tributaria y la Ley de Transparencia ya ha tenido ocasión de pronunciarse este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno así como los Tribunales de Justicia. Especialmente relevante resulta la sentencia 145/2016 dictada por el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 5 de Madrid en el PO 18/2016 y la dictada por la Audiencia Nacional en el recurso de apelación presentado frente a la sentencia de instancia. En el primero de los pronunciamientos señalados se indicaba lo siguiente: (…)"la Ley de Transparencia y Buen Gobierno expresamente reconoce la existencia de materias que cuentan con una regulación específica, a la que se ha de estar, y donde aquella es de aplicación supletoria. No estamos hablando solamente de requisitos formales de acceso; sino de condiciones y requisitos de acceso a la información". (...) "si bien, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno son ejes fundamentales de toda acción política; que dicho derecho de acceso a la información pública, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo; configurado de forma amplia, y del que son titulares todas las personas, pudiendo ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; dicho derecho necesariamente ha de verse limitado en algunos casos, a la luz de la propia naturaleza de la información cuando entre el conflicto con otros intereses protegidos o con la normativa que lo regula". (...) "la Ley a que estamos aludiendo, parte de un derecho amplio y extenso de acceso a la información pública, lo que conlleva que la limitación a tal derecho ha de realizarse a tenor de una interpretación estricta y restrictiva. Pero lo expresado ha de armonizarse con la protección de aquellos derechos de naturaleza preferentes y con las disposiciones especiales que rigen en algunas materias. El derecho a la información no puede entenderse con carácter absoluto ni preferente a otros derechos. Estamos ante una regulación general cuya finalidad es el acceso a la información pública; pero que ha de adaptarse a cada caso. El derecho a la información tiene límites. Límites que, no son solo los recogidos en la propia norma reguladora del acceso a la información; sino en otras normas y en la C.E. como expresamente recoge la Ley 19/2013 en la DA 1ª". Por su parte, la Audiencia Nacional concluía lo siguiente: “El derecho de Información, constituye un derecho de elaboración legal, recogido en la Constitución, artículo 105.b), pero fuera de la regulación contenida en los artículos 14 al 30, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.1.d) de la Constitución y (…) avanza como su límite, inicialmente, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, por lo que no lo consagra como un derecho absoluto. Fijado por tanto, que no se trata de un derecho absoluto, y que tiene las preferencias que deba tener frente a la existencia de otros derechos, debe tenerse en cuenta que sus límites, siempre deberán ser establecidos por normas con rango de Ley ordinaria, por lo menos. “La Ley 58/2003 establece un sistema de información propio, en sus artículos 93 y 94. Una obligación de información de una serie de personas físicas y jurídicas, autoridades y entidades, pero a favor de la Administración Tributaria. (…) Por tanto, nos hallamos que existe una regulación específica y vigente, no incompatible con la regulación de la Ley de Transparencia, de acceso a la información que obra en la Administración Tributaria y que se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio”. Finalmente, señala que no cabe interpretar el artículo 95 de la Ley 58/2003 General Tributaria de acuerdo con lo previsto en la posterior LTAIBG porque la reforma de la anterior en 2015 no introdujo cambios en ese sentido, por lo que “debe deducirse que su voluntad tácita era mantener su carácter reservado”. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que los Tribunales de Justicia han declarado el carácter reservado de la información de naturaleza tributaria, circunstancia que implica que, debido al innegable carácter tributario de la información solicitada, debamos concluir con la desestimación de la presente reclamación al tener el acceso a dicha información el carácter de reservado. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 13 de octubre de 2019, contra la resolución de 9 de septiembre de 2019 de la AGENCIA TRIBUTARIA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda