Solicitud de información sobre el stock, fecha de adquisición y coste del medicamento Remdesivir

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 545/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE SANIDAD, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 2 de julio de 2020, la siguiente información: Stock del medicamento Remdesivir a 2 de julio de 2020: de qué cantidad dispone España, cuándo lo ha adquirido y cuál ha sido el coste. Tanto si esta solicitud de acceso es admitida a trámite como si es inadmitida a trámite, solicito que en la resolución a este expediente administrativo figure una explicación pormenorizada de los trámites de procedimiento realizados para la emisión de la resolución correspondiente a este expediente administrativo, así como las fuentes y documentación consultadas para emitir la resolución correspondiente. S/REF: 001-044276 N/REF: R/0545/2020; 100-004089 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios/Ministerio de Sanidad Información solicitada: Stock del medicamento Remdesivir Subdirección General de Reclamaciones En los casos en que la aplicación de los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, constituya un acceso parcial a la información solicitada y en virtud del artículo 16 de la Ley 19/2013, solicito la identificación específica de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de cada una de las partes omitidas de la información pública proporcionada al constituir información afectada por el límite correspondiente. En este sentido, el criterio interpretativo CI/002/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluye que la “aplicación (de los límites) deberá justificar y motivar la denegación”. Solicito que me remitan la información solicitada en formato accesible (archivo .csv, .txt, .xls, .xlsx o cualquier base de datos). En caso de que la información no se encuentre en cualquiera de estos formatos, solicito que se me entregue tal y como obre en poder de la institución, entidad o unidad correspondiente, para evitar así cualquier acción previa de reelaboración, tal y como es considerada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el criterio interpretativo CI/007/2015. 2. Mediante escrito de entrada el 24 de agosto de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que indicaba que no había recibido respuesta a una petición de información realizada el 2 de julio de 2020 y que empezó a tramitarse el 8 de julio de 2020 . 3. Con fecha 1 de septiembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE SANIDAD, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta de la AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS) a la solicitud de alegaciones tuvo entrada el 21 de octubre de 2020 e indicaba lo siguiente: Con fecha 1 de septiembre de 2019, la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social traslada a esta Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante, Agencia) la reclamación procedente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con número de expediente 100-004089. Dicha reclamación se interpone en relación con la Resolución de la Directora de la Agencia de fecha 3 de agosto de 2020, dictada en respuesta a la solicitud de acceso a la información deducida con número de expediente 001-044276, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Estudiada dicha solicitud, la Directora de la Agencia resolvió su inadmisión, con base en el artículo 18.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al referirse a información dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este sentido se le informaba que, para cualquier otra información, al margen de la relativa al ámbito de comunicación establecida en la Resolución de 19 de junio, de la AEMPS, entendíamos que podía dirigirse a los servicios sanitarios autonómicos que son quienes tienen las competencias de gestión sanitaria. Hay que indicar que la resolución de la Directora de la Agencia es de fecha 3 de agosto de 2020, pero tiene registro de salida de 3 de septiembre de 2020, compareciendo el recurrente a dicha notificación de resolución el mismo día 3 de septiembre de 2020 a las 21:07:45 horas, y sin embargo, la reclamación dirigida al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es de fecha 24 de agosto de 2020. Por todo lo anterior, esta Agencia considera que el recurrente sí ha recibido respuesta a su solicitud. 4. El 23 de octubre de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Transcurrido el plazo concedido al efecto, no ha realizado alegaciones a pesar de haber recibido el requerimiento realizado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, deben hacerse unas consideraciones sobre la tramitación de las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, ha de indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, consta en el expediente que la solicitud de información fue presentada el 2 de julio y que la reclamación interpuesta al amparo del art. 24 de la LTAIBG se fundamenta por el silencio desestimatorio presunto en que había incurrido el expediente al no recibir el interesado respuesta a su solicitud de información. Por otro lado, y ya en trámite de alegaciones, en escrito de entrada el 21 de octubre de 2020- el expediente para alegaciones se remite el 1 de septiembre- la AEMPS indica que la solicitud de información fue respondida mediante resolución de 3 de agosto pero que la misma tiene registro de salida de 3 de septiembre, es decir, una vez presentada la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el 24 de agosto de 20 20. Asimismo, debemos señalar que, más allá de lo indicado por la Administración, no consta a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia la resolución mencionada. Así las cosas, podemos conlcuir que la AEPMS no ha cumplido el plazo de respuesta y notificación de la resolución de respuesta a una solicitud de información- un mes desde su presentación- así como con lo indicado en el apartado 2 del artículo 40- Notificación- de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según el cual 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. En este sentido, se recuerda que han de preverse y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. Según indica su propio Preámbulo, la LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientes R/0234/2018 y R/0543/2018 ) sobre esta dilación en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. A continuación, y ya sobre el fondo del asunto, recordemos que el objeto de la solicitud de información son datos sobre el stock del medicamento Remdesivir, incluyendo su fecha de adquisición e importe. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/07.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/11.html En su respuesta- que no consta a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno más allá de lo indicado en el escrito de alegaciones remitido en el marco de la tramitación de la presente reclamación- la AEMPS considera de aplicación del artículo 18.1.d) de la LTAIBG, que permite inadmitir una solicitud de acceso que afecte a información dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente, y ello por entender que el reclamante podía dirigirse a los servicios sanitarios autonómicos competentes en materia de gestión sanitaria. En primer lugar, debemos recordar que, según doctrina consolidada de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, (expedientes R/0363/2017, el R/0155/2017, R/0117/2018 o R/0235/2018 , este precepto únicamente es aplicable cuando se carezca de la información requerida y, además, se desconozca al órgano que la tiene en su poder. Así, como se señalaba en los precedentes indicados, La previsión de esta causa de inadmisión obedece a la lógica de que difícilmente se puede dar acceso a información de la que no se dispone en el órgano al que se solicita. De igual forma a los efectos de orientar al interesado en su solicitud, la LTAIBG indica que la aplicación de dicha causa de inadmisión vaya acompañada de la indicación del organismo o entidad que podría disponer de la información. En este sentido, también resaltábamos en dichos expedientes la distinción entre dicha causa de inadmisión y el acto de trámite previsto en el art. 19.1 de la LTAIBG, que dispone que Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Así, concluíamos que Si bien es cierto que puede alegarse cierta contradicción entre la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 d) y el acto de trámite del art. 19.1, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es claro en su postura pro actione a favor del ciudadano y, por lo tanto, en considerar que la causa de inadmisión sólo debería aplicarse en supuestos de claro desconocimiento del organismo competente. En definitiva, a nuestro juicio, la causa de inadmisión del art. 18.1 d), por su condición de finalizadora del procedimiento, debe interpretarse con ese carácter restrictivo al que también hace referencia el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, en el sentido de que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) 5. Sentado lo anterior, a nuestro juicio, no se dan en el presente expediente las circunstancias por las que pudiera ser de aplicación la causa de inadmisión alegada. Esta conclusión se alcanza con fundamento en lo dispuesto en la propia página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en la que se muestra la información, fechada el 21 de agosto de 2020, que se reproduce a continuación: x “El stock de Remdesivir es limitado y, debido al incremento de la demanda en las últimas semanas, se agotará temporalmente en las próximas horas x España recibirá un nuevo envío como parte del contrato de la Comisión Europea a lo largo de la semana que viene x Para hacer frente a las necesidades, la AEMPS, en colaboración con los servicios de farmacia hospitalaria, movilizará la medicación sobrante de ensayos clínicos -disponible en los hospitales participantes en los mismos- para atender a pacientes de todo el territorio nacional que lo necesiten x Se recuerda la necesidad de utilizar Remdesivir solo en aquellas situaciones en las que existe evidencia de su eficacia x La AEMPS está, además, en comunicación continua y constante con la compañía sobre todos los temas relativos a Remdesivir Remdesivir es el único medicamento antiviral autorizado contra el virus SARS-CoV-2. El fármaco se ha utilizado a través de ensayos clínicos desde el inicio de la crisis sanitaria, y la Comisión Europea emitió una autorización de comercialización condicional el pasado 9 de julio de 2020. En España, hasta que Remdesivir esté comercializado de forma efectiva, se puede acceder al tratamiento a través de ensayos clínicos autorizados y del acceso a medicamentos en situaciones especiales, del mismo modo que desde el inicio de la crisis sanitaria. En el momento de la autorización, con situación epidemiológica de julio, el laboratorio titular garantizó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) un stock suficiente de Remdesivir en España para cubrir las necesidades hasta poder incrementar su medicamentosusohumano-3/la-aemps-moviliza-del-stock-sobrante-de-ensayos-clinicos-de-remdesivir-para- cubrir-las-necesidades-actuales-de-pacientes/ producción. Sin embargo, con el incremento del número de casos, el stock disponible se va a agotar en las próximas horas. Debido a la situación actual, es necesario movilizar la medicación sobrante de ensayos clínicos -disponible en los hospitales participantes- para atender a pacientes de todo el territorio nacional que lo necesiten. Esta medida será necesaria hasta que se produzca un nuevo envío de Remdesivir a lo largo de la semana que viene. Estos envíos forman parte del contrato que la Comisión Europea firmó con la empresa farmacéutica Gilead para garantizar el acceso a Remdesivir a 30.000 pacientes durante los próximos meses hasta la compra centralizada que se hará efectiva en octubre. En España recibimos el primer envío (de tres previstos), la semana pasada. El segundo está previsto para la semana próxima. Sin embargo, la AEMPS está trabajando para que se produzca tan pronto como sea posible y evitar así tensiones en la disponibilidad del medicamento y el intercambio de medicamentos sobrantes entre centros hospitalarios. La AEMPS está, además, en comunicación continua y constante con la compañía sobre todos los temas relativos a Remdesivir, para optimizar los tratamientos con la medicación disponible y hasta que la producción permita cubrir las necesidades. En cualquier caso, la AEMPS ya publicó una serie de recomendaciones para el tratamiento con Remdesivir de pacientes con COVID-19 en la que se recomendaba una duración máxima de 5 días en pacientes con COVID-19 hospitalizados que requieran oxigeno suplementario, pero no ventilación mecánica invasiva u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).” De lo expuesto, que, recordemos, es información de acceso público ofrecida por la propia AEMPS, se deduce lo siguiente: i. La AEMPS conoce el stock disponible del medicamento Remdesivir y, al respecto, señala que es limitado y que se agotará próximamente. ii. En la noticia, fechada el 21 de agosto, se menciona la recepción por nuestro país de un nuevo envío de dicho medicamento entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre de 2020. iii. La AEMPS reconoce que movilizará la medicación sobrante de ensayos clínicos para atender a pacientes de todo el territorio nacional que lo necesiten y que, además, está en comunicación continua y constante con la compañía sobre todos los temas relativos a Remdesivir. iv. Se menciona asimismo que la adquisición del medicamento se realiza a través de una compra centralizada gestionada por la Comisión Europea. En estas condiciones, y dada la profusión de la información aportada por la propia AEMPS, no podemos apoyar lo argumentado por dicha Agencia en el sentido de que no dispone de los datos solicitados. 6. Por otro lado, ha de recordarse que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha tramitado con anterioridad expedientes relacionados con la disponibilidad de medicamentos en nuestro país. Entre ellos, resaltamos el R/0444/2017 , en el que se solicitaba un Listado de medicamentos con problemas de suministro relativo a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Analizada la reclamación presentada- en la que la AEMPS alegó como argumento para no proporcionar la información la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 c) de la LTAIBG, relativa a la necesidad de realizar una acción previa de reelaboración- concluíamos lo siguiente: 4. Aplicado este Criterio al presente caso, debe tenerse en cuenta que, en su respuesta, la Administración ha remitido al Reclamante a la información disponible en su página web contenida en el siguiente enlace https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/home.htm Según ha podido comprobar este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a través de dicho enlace se puede acceder al siguiente https://cima.aemps.es/cima/publico/listadesabastecimiento.html?activos=1 y buscar los problemas de suministro activos y los resueltos. Respecto de estos últimos, debe señalarse que los datos se remontan a problemas de suministro detectados en 2013- que es el segundo de los años a los que se refiere la solicitud de información- pero, aunque se menciona que fueron resueltos en los últimos tres meses, algunos de ellos no incorporan fecha prevista de finalización del problema y en otros la fecha es futura, incluso del año próximo. Asimismo, y en cuanto a la información aportada, además de la denominación del medicamente, se recoge su Código Nacional la fecha de inicio del problema de suministro y, cuando es conocida, la fecha de finalización. Entrando en cada expediente, se tiene acceso al Laboratorio fabricante (por lo tanto, se entiende que el titular de la autorización de comercialización), la ficha técnica, el prospecto y las presentaciones además de otros datos. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html Por lo tanto, no se ha proporcionado los datos correspondientes a problemas de años anteriores que no han sido resueltos recientemente o cuya fecha prevista de resolución esté próxima, lo que se corresponde con el histórico al que se refiere el reclamante. 5. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la propia AEMPS indica en su página web que Para facilitar el seguimiento de estos problemas y dado que esta información varía de forma continua, se dispone de este listado con los problemas de suministro actuales o previstos que se mantiene actualizado de forma permanente. No obstante, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, esta actualización no presupone o no debería hacerlo, que la actualización implica que no se dispone de la información histórica. Es decir, puede considerarse comprensible que los datos que se publican sean los relativos a los casos más recientes, pero ello no implica que no se disponga o que tenga que reelaborarse, según alega la Administración, la información que ha quedado desactualizada y que ya no se publica. Y ello por cuanto esa información, en su momento, fue publicada por ser datos actualizados en el momento en que dicha publicación tuvo lugar. Es decir, no tendría que reelaborarse la información porque se dispone de ella por cuanto en su momento fue publicada. En este sentido, entendemos que no se está pidiendo información nueva, sino datos que ya fueron publicados y que ahora han sido sustituidos en la publicación por datos actualizados. Y para ello debe tenerse en cuenta que se dispone de una herramienta informática específica, el Centro de información online de medicamentos de la AEMPS – CIMA, descrita como: Aplicación para realizar consultas bajo distintos criterios, de manera que, se obtengan distintos niveles de detalle de la información de los medicamentos. La información mostrada hará referencia a la disponibilidad del medicamento en oficinas y/o servicios de farmacia, dando detalles de sus situaciones de autorización, estados de comercialización y los posibles problemas de suministro. Todas las características de interés de un medicamento, se encuentran recopilados en el detalle del mismo. Estás se presentan junto con el prospecto, ficha técnica y demás información necesaria en un medicamento.(…) Finalmente, y toda vez que los datos que actualmente se publican afectan a algunos problemas de suministro que datan de 2013, puede concluirse que, al menos desde esa fecha, se recaba información sobre estos problemas. 6. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente reclamación debe ser estimada, por lo que la AEMPS debe proporcionar al interesado el Listado de medicamentos con problemas de suministro relativo a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 con independencia de si la fecha en que problema haya sido resuelto. Respecto del año 2012, la AEMPS debe indicar si dispone de datos de esa fecha y, en caso contrario, justificarlo debidamente. No obstante, y en el supuesto de que la publicación de la información se corresponda exactamente con el contenido de la aplicación, es decir, que una vez que se modifican los datos publicados también lo hacen los datos que contiene el aplicativo que soporta la publicación, la AEMPS debe confirmar expresamente que no se dispone de los datos sobre problemas en el suministro de medicamentos que no estén activos, no hayan sido resueltos en un plazo de tres meses o cuya fecha prevista de finalización no esté próxima. Consta a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el cumplimiento de la resolución dictada. 7. Por otro lado, contrariamente a lo que parece alegar la Administración, entendemos que no se está solicitando información sobre la gestión sanitaria, que compete a las respectivas comunidades autónomas, sino sobre adquisición, almacenamiento y posterior distribución de un fármaco a nivel nacional y, relacionado con ello, los potenciales problemas de suministros derivados de la falta del mismo, cuestión que es precisamente una de las funciones que se encargan a la AEMPS en el artículo 7 del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre , por el que se crea la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y se aprueba su Estatuto. Entre estas funciones se encuentran: 35. Adoptar o proponer las medidas necesarias para garantizar el adecuado suministro y abastecimiento de medicamentos en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado. 36. Mantener un depósito estratégico de medicamentos y productos sanitarios para emergencias, catástrofes y cooperación internacional, coordinan do el suministro de vacunas, medicamentos y productos sanitarios para campañas sanitarias cuya adquisición y distribución conjunta se decida por las distintas Administraciones sanitarias. Asimismo, y en relación a la normativa en materia de uso de medicamentos- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios - recordemos que son ya varias las sentencias que ha rechazado el argumento señalado en diversas ocasiones por la AEMPS en el sentido de que, a su juicio, se trata de una normativa específica en materia de acceso. Así, por ejemplo, en la Sentencia nº 77/2019 de 20 de junio de 2019 del Juzgado Central de lo Contencioso nº3 dictada en el Procedimiento Ordinario 25/2018 al tratar el argumento de la consideración de la ley 19/2013 como supletoria frente al mencionado Real Decreto legislativo 1/2015 de 24 de julio, concluye lo siguiente: “De estos razonamientos deducimos con claridad dos cosas: primero que la LTAIPBG es directamente aplicable al caso que nos ocupa, por razón del tiempo de su vigencia, por razón de su regulación general, por razón de su posterioridad a la normativa anterior que es de inferior rango normativo y porque si no lo fuera, lo sería con carácter supletorio; por donde no vemos tampoco que hubiera podido ser excluida su aplicación que de la misma norma de rango legal hace el Consejo demandado. “ 8. Por todo ello, consideramos que la información solicitada- disponibilidad de un medicamento y su coste para las arcas del Tesoro Público - encaja en la finalidad de la LTAIBG, recogida en su preámbulo: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De igual forma, el conocimiento del uso de fondos públicos ha sido mencionado en diversas sentencias como una cuestión esencial cuyo acceso queda perfectamente enmarcado en los fines de la LTAIBG. En este sentido, debemos recordar lo señalado por la Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de septiembre de 2019 en el recurso de apelación 28/2019 (...)Pretende la apelante que se recorte el derecho a la información precisamente sobre aspectos básicos respecto a los que la ley de transparencia persigue garantizar el público conocimiento: el manejo de fondos públicos y la justificación de los gastos realizados. Esta información económica debe hacerse pública a tenor del artículo 8 de la ley 19/2013, que cita expresamente que se harán públicos los contratos y su contenido esencial. Si la propia ley impone hacer pública la información relativa a los contratos suscritos por las Administraciones Públicas, resulta difícil argumentar que pueda oponerse a este derecho a la información el límite previsto en el artículo 14.1 h). Se trata de una información esencial para garantizar el derecho a la transparencia de los asuntos públicos con repercusión económica y presupuestaria. No son aspectos colaterales respecto de los cuales pueda apreciarse que el ejercicio de tal derecho tiene una repercusión exorbitada en la esfera de terceros mediante la publicación de información de menor relevancia. Si datos como el precio de los contratos se blindaran frente al derecho de transparencia en materia económica y presupuestaria, éste quedaría prácticamente sin contenido. Puestos en la balanza el derecho a la información y el interés de quien voluntariamente decide contratar con un ente público, debe primar la protección del primero. La información atañe directamente a cómo se manejan los fondos públicos, a qué se destinan y como se controla que el gasto tiene la mejor de las contrapartidas posibles.(...) 9. Finalmente, cabría recordar que, a juicio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública ha de tener en cuenta la concepción amplia y con escasos límites que los Tribunales de Justicia ha reconocido al derecho de acceso. Entre estos pronunciamientos judiciales destacan la temprana Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 que se pronuncia en los siguientes términos: “El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Así como la ya mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017: "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.(…) Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley” . En definitiva, y por todos los argumentos desarrollados en los apartados precedentes, la presente reclamación ha de ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 24 de agosto de 2020, contra la AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS/MINISTERIO DE SANIDAD. SEGUNDO: INSTAR a la AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS/MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Stock del medicamento Remdesivir a 2 de julio de 2020: de qué cantidad dispone España, cuándo lo ha adquirido y cuál ha sido el coste. TERCERO: INSTAR a la AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS/MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez