Solicitud de velocidad máxima de tren Alvia Madrid-Huelva y desestimación de la reclamación

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 534/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a RENFE OPERADORA/MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA U RBANA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 24 de junio de 2020, la siguiente información: La velocidad máxima que alcanzó el tren que, con fecha 19 de diciembre de 2019, cubrió el trayecto desde Madrid hasta Huelva, con salida a las 18,00 horas aproximadamente, desde la estación de Atocha. Dicho tren se anunciaba en los carteles de aviso como Alvia 02384. 2. En su respuesta, la Administración contestó al solicitante lo siguiente: S/REF: N/REF: R/0534/2020; 100-004079 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana/Renfe Operadora Información solicitada: Velocidad máxima alcanzada por el tren Alvia Madrid - Huelva Subdirección General de Reclamaciones Le informamos que el servicio Alvia nº 02384 de Madrid a Huelva, del día 19 de diciembre de 2019, se prestó con material de la serie 121, con una marcha tipo de 250 km/h de velocidad máxima en el trayecto Madrid P. Atocha- Cambiador Majarabique. 3. En atención a la misma y mediante escrito de entrada el 21 de agosto de 2020, el interesado presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Que previamente al 24 de junio de 2020 ya se había pretendido en dos ocasiones el acceso a la información objeto de esta reclamación y de forma infructuosa. Reclama: Que se le facilite el reclamado desde un principio sin más divagaciones. Encuentro la petición de origen obvia, donde se expresa el concepto de "velocidad máxima", tan sencillo, que la propia Administración Pública exige de su inmediata comprensión sin más que con tener el carné de conducir; ¡Cómo es posible que una parte del sector publico requiera de mayores precisiones para entender! Aun así, dicho dato se encuentra en el registro de velocidad de la maquina tractora usada por Renfe Viajeros en aquella ocasión, y que no es otra que la que lleva como número de referencia 9-121-020-2 . El intervalo de tiempo que nos ocupa dura entre las 16:00 y las 22:00 del día 9 de diciembre de 2019. Se trata del dato de mayor valor de entre todos los registrados en el mencionado intervalo. 4. Con fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al RENFE OPERADORA, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente y al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. En su respuesta a la solicitud de alegaciones, con entrada el 21 de septiembre de 2020, RENFE OPERADORA señalaba lo siguiente: Primera.- El contenido de la reclamación. En rigor, el reclamante está reiterando su petición, que no tiene carácter de información pública y que es un detalle técnico relativo a la explotación comercial de una sociedad mercantil. Dicha información es irrelevante, si atendemos a los fines de la Ley de Transparencia y no se refiere a actividad administrativa alguna. No se aporta argumentación alguna que permita concluir que lo resuelto no se ajusta a Derecho, más allá de la mencionada reiteración de lo pedido en su día. Como principal argumento, señala como insatisfactoria la respuesta concedida, al no haber recibido una respuesta exacta con una cifra concreta. Pero lo cierto, es que el procedimiento de solicitud de información al amparo de la ley transparencia no se configuró como una especie de sistema de consultas, casi como un asistente virtual, al que plantear todo tipo de curiosidades sobre la explotación de un servicio de transporte. Es evidente que la dedicación de medios y esfuerzos a responder estas solicitudes por una mercantil, aunque pertenezca al sector público, debe tener un límite. Podemos fijar este límite en aquellas peticiones que no tienen que ver con los fines de la ley, señaladamente el control de la gestión pública, y que tratan de obtener un dato que nada aporta a la gestión pública. No es posible superar los límites de velocidad que, para cada tramo de infraestructura, atendiendo al material rodante, tiene fijados el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Este cumplimiento de los límites de velocidad tiene mecanismos de control que no viene al caso referir. El interés público debe considerarse sobradamente satisfecho con la información facilitada. Segunda. - El objeto de la Ley 19/2013. La resolución ahora recurrida, de forma graciable, facilitó el dato que entendió suficiente para satisfacer la petición, siendo muy valorado por esta entidad el interés por el ferrocarril, aunque sea a título de curiosidad o por motivos académicos. La reclamación ahora presentada pondría de manifiesto un cierto abuso del objeto de la Ley de transparencia, si se pretende que se recabe informe con un dato exacto de explotación, cuya obtención consume recursos que deben dedicarse a actividades más próximas a la prestación del servicio. Procede, entendemos, remitirse a la delimitación del objeto de la Ley de Transparencia, con remisión al Criterio Interpretativo 3/2016, por lo excesivo de la información solicitada. Conocer el detalle sobre la velocidad de un determinado tren de ninguna forma puede ser subsumido bajo ninguna de las finalidades detalladas, sin que la contestación facilitada de modo graciable para exigir más. Tercera.- La doctrina sentada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En el mismo sentido, sobre la falta de relación de la información solicitada con el control de la actuación pública, es útil reseñar la Resolución 277/2019 del CTBG, de 8 de julio de 2019, en la que se confirmó la resolución dictada por esta Presidencia, que desestimaba la solicitud formulada al entender que las quejas excedían el objeto de la L ey 19/2013. Finalmente, atendiendo a que no aparece reproche fundado de inadecuación a Derecho de lo resuelto, se reitera que no tiene amparo en la Ley de Transparencia dedicar medios y recursos para la respuesta de solicitudes que exceden del objeto de dicha ley, debiéndose, a juicio de este órgano, confirmar la resolución dictada en su momento, que goza de la presunción de acierto y conformidad a Derecho, presunción que no ha sido destruida en modo alguno por las alegaciones del reclamante. Y en mérito de lo que antecede, SOLICITA que teniendo por cumplimentado en tiempo y forma el trámite para el que se ha dado traslado, se desestime la reclamación formulada contra la resolución al principio referida, confirmándola en todos sus extremos. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, y como cuestión de carácter formal, debemos resaltar que, a pesar de que la solicitud de información se presenta al amparo de la LTAIBG y que, por lo tanto, con la misma se inicia un procedimiento administrativo, la respuesta no se contiene en una resolución administrativa sino en un oficio de respuesta que carece de los requisitos formales que debería tener. En este sentido, y tal y como indicábamos por ejemplo en el expediente R/0620/2018 Asimismo, debe hacerse una mención a la forma que debe tener el acto administrativo por el que se contesta una solicitud de acceso a la información. El artículo 20 de la LTAIBG, señala lo siguiente: 1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2. 3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24. 6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Por lo tanto, las contestaciones en materia de acceso a la información pública deben tener la forma de Resolución y, por ello, su notificación los contenidos mínimos que cita el artículo 40.2 https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 4. Por otro lado, entrando en el fondo del asunto y en atención a las cuestiones controvertidas en la presente reclamación, debemos analizar el contenido de la solicitud de acceso, por la que se pide conocer la velocidad máxima que alcanzó el tren Alvia Madrid – Huelva en una determinada fecha y hora. En su respuesta, la Administración le informa de que “el servicio Alvia nº 02384 de Madrid a Huelva, del día 19 de diciembre de 2019, se prestó con una marcha tipo de 250 km/h de velocidad máxima en el trayecto Madrid P. Atocha-Cambiador Majarabique”. Por otro lado, y a la vista de la reclamación presentada, el escrito de alegaciones considera que lo requerido por el reclamante no entra dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG, sino que, antes al contrario, es una mera consulta que debiera ser canalizada a través de vías distintas a la normativa de transparencia por cuanto con la misma no se alcanza los objetivos perseguidos por ésta. En efecto, a la vista de los hechos narrados, entendemos que existen otras vías distintas a la LTAIBG para realizar consultas tanto a la Administración Publica como a los organismos que ejercen funciones en interés público. Ciertamente, como indica Renfe-Operadora y comparte este Consejo de Transparencia, “el procedimiento de solicitud de información al amparo de la ley transparencia no se configuró como una especie de sistema de consultas, casi como un asistente virtual, al que plantear todo tipo de curiosidades sobre la explotación de un servicio de transporte”, ya que la Ley trata de garantizar el acceso a la información pero no a la formulación de cualquier queja, reclamación o demanda que los ciudadanos deseen presentar, porque considere, como en este caso, que Renfe-Operadora no está contestando con la precisión exigida por el reclamante. Y ello sin perjuicio de que, a nuestro entender y toda vez que la solicitud pretendía conocer la velocidad máxima alcanzada por un tren en un determinado trayecto, la misma se ha visto debidamente respondida con la indicación de la velocidad máxima que, en atención al tipo de tren y vía, pudiera ser alcanzada. En conclusión, entendemos que no cabe acoger los argumentos en los que se basa la reclamación presentada que, en consecuencia, debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 21 de agosto de 2020, contra la RENFE OPERADORA/TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, de fecha 28 de julio de 2020. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez