Solicitud de copia del contrato de arrendamiento de un inmueble en la calle Santa Engracia de Madrid

1----~ 1 1 \.l MJ 1 ,., ... .............. >"'•(oU"*h! Resolución 365/2020 S/REF:OOl-040925 N/REF:R/0365/2020; 100-003846 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Mlnisterío del Interior Información solicitada: Contrato de arrendamiento Sentido de la resolución: Estimatoria 1- ANTECEDENTES l. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINIST ERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013. de 9 de diciembre. de transparencia. acceso a la información pública y buen goblerno (en adelante LTAIBG), con fecha 14 de febrero de 2020, la siguiente información: Copia del contrato -y eventuales adendas- por el que la Dirección General de la Policía o el Ministerio del Interior arrienda el piso ubicado en el número 18 de la calle Santa Engracia de Madrid, cedida actualmente al sindicato Jupa/ tras haber sido las dependencias que utilizó Jo desmantelada Brigada de Análisis y Revisión de Casas de la Policía (BARC). No consta respuesta de la Administración. hrtps:lfwww.boe es/buscar/act.php?ld=80E-A-2013-l288? Subdirección General de Reclamaciones www.consetodeuansparencia.es 2. Ante la falta de contestación, con fecha 13 de julio de 2020, el reclamante presentó al amparo de lo dispuesto en el articulo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: En [echo 14 de febrero de 2020 solicité al Ministerio de/Interior copio del contrato por el que lo Dirección General de la Policía mantiene arrendado el piso ubicado en el número 18 de lo calle Santo Engrocia de Madrid, ínstclociones que cedió al sindicato Jupol tras obtener representación en el Consejo de Po/ícío. Cosí cinco meses después, lo única notificación que he recibida en este expediente es el aviso de que se suspendían los plazos administrativos debido o lo declaración del estado de alarma por la covid-19, por lo que entiendo que la Administración ha optado por el silencio administrativo ante mí petición. Al entender que no concurre ningún límite de acceso a la información pública en este caso y que el conocimiento de dicho documento podría servir para conocer la gestión del gasto público, ruego al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tramite esta reclamación, la estime e inste a la Dirección General de la Policía a facilitar la documentación solicitada. 3. Con fecha 13 de julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MI NISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que consider ase oportunas. Mediante escrito de entrada 15 de julio de 2020, el citado Departamento Ministerial realizó las siguient es alegaciones: Uno vez analizada la reclamación, desde lo Dirección Genero/ de la Policía se informa que: ... " Teniendo en cuento que en las clóusulos establecidas en el contrato de arrendamiento suscrito por lo propiedad del inmueble y la Dirección General de la Policía, de fecha 1 de febrero de 2020, no figura ninguna manifestación de voluntad especifica, informada e inequívoca por la que la persona jurídica que actúa en concepto de arrendadora, autorice al tratamiento de datos personales que le conciernen, y, tampoco para aquellas finalidades que na guarden relación can el desarrolla a el control de la relación contractual, se aplican los artículos 6.1 y 6.6 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantla de las derechos digitales., los cuales dicen: "1. De conformidad can lo dispuesto en e: artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.(. . .) 3. No podró supeditarse la ejecución del contrato o que el afectado consiento el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual". Subdirección General de Reclamaciones www.consetodeuansparencia.es Asimismo, conviene reseñar que el contrato de arrendamiento se ha llevado a cabo previo informe de lo Dirección General de Patrimonio del Estado y de lo Abogacía del Estado en el Ministerio del Interior, y posterior fiscalización de la Intervención Delegada de Hacienda. Dicho contrato no se refiere sólo al piso de la col/e Santa Engracia sino que consta de dos locales, un bajo de 604 m2, donde se ubican oficinas que gestiona la División de Documentación (DNI y Pasaportes), y el piso en cuestión, en planta primera de 193 m2, objeto de la solicitud de información. De la misma manero, se deniego el acceso a la información conforme con el artículo 14.1.h) de la Ley de 19/2013, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, el cual dice: "El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio poro:( .. .) h} Los intereses económicos y comerciales". En este sentido, dar publicidad al contrato padrfa perjudicar las intereses económicas de la Dirección General de la Policía, principalmente a lo hora de negociar can las propietarias de las diferentes inmuebles donde se encuentran enclavadas no solo el edificio en cuestión, sino otras oficinas de expedición del DNI, en Madrid y el resto del territorio nocional." 11. FUNDAMENTOS JUR(DICOS l. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014. de 31 de octubre. por el que se apruebo el Estatuto del Conseja de Transparencia y Buen Gobierno • la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La lTAIBG, en su articulo 12 , regula el derecho de todas l as personas a acceder a la información públ ica, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentas, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de las sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". htt,p5:1/www.bGe.es/buscar/aq.php?jd=SOE·A·2014-114lC&to=l&p=2014llOS#a8 hrtps:ljwww .boe es/buscar /aet.php ?ld=SOE-A-2013-l2887&tn=l &p=20!81206#al2 Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya exist e, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competen cias que tiene encomendada s. 3. En primer lugar, deben señalar se una serie de consideraciones formales relativas al plazo en el que una solicitud de acceso a la información debe ser respondida. Según dispone el apartado 1 del art. 20 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que osí lo hoyon solicitado en el plozo máximo de un mes desde lo recepción de Jo solicitud por el órgono competente paro resolver. Este plaza podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o lo complejidad de lo información que se solicito osl lo hagan necesario y previo notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máxi mo paro resolver sin que se hoya dictado y notificado resolución expreso se entenderá que la solicitud ha sido desestimado. En el presente supuesto, 1~ Adm inistr~ción en !>US ~leg~cioncs ~ 1 expedien te de reclamación indica solamente que la solicitud de información fue registrada en la Aplicación para la Gestión de Solicitudes de Acceso de Transparencia (GESAT) el 14 de febrera de 2020 can el número de expedien te 001-040925, sin señalar cuándo tuvo entrada en el órgano competente resolver. No obstante, teniendo en cuenta q ue con fecha 1 de junio de 2020 se reanudaron los plazos suspendidos como consecuen cia del estado de alarm a,-de acuerdo a lo establecido en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada p or el COVI0-19-entendemos que la Administración había pod ido resolver en plazo la solicitud de información, sin esperar a la presentación de la reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el 13 de julio de 2020, con el retraso que ello conlleva. Por otro lado, cabe destacar que la respuesta a la solicitud de Información se recoge en el escrito de alegacion es remitido a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sin que conste que por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR haya sido dictada resolución sobre el ' httos:I/WIA.w.boe.es/diario boelt><Lphp?id=BOE-A-202C·3692 acceso solicitado. Por todo ello, no puede sino observar se que el artículo 21.1 de la !&1( 39/2015. de 1 de octubre. del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas' dispone que La Administración estó obligado o dict ar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cuaiGuiera que sea su forma de iniciación. Resolución que, no obstante, no ha sido dictada en el caso que nos ocup a. Además, se considera necesario recordar allv'linisterio que el segundo párr-afo del apartado 4 de precep to anterior mente mencionado dispone que En todo coso, Jos Administraciones Públicos informarán a los interesados del plozo máximo establecido para la resolución de las procedimientos y para la notificación de las actas que les pongan término, así cama de los efectos que pueda producir el silencia administrativa. Dicha mención se incluirá en la notificación a publicación del acuerda de iniciación de oficio, a en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesada dentro de las diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registra electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación lndlcaró además la fec ha en que Jo solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Precisamente, al objeta de que el solicitante conozca cuándo final iza el plazo del que dispone la Administración para resolver y notifi car. Por todo ello, cabe hacer hincapié en lo indicado en el propio Preámbulo de la ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información públ ica la ley establece un proced imiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidad es de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano a nte el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Como venimos afirmando reiteradamente, el respeto de los plazos establecidos en la norma, además de sign ificar el cumplimiento de una obligación legal, permite la adecuada garantía de un derecho que tanto la propia lTAIBG como la interpretación que de la misma hacen los Tribunal es de Justicia califican como de configuraci ón amplia y escasos límites. En este sentido, resulta relevante recordar que nos encontramos ante un derecho de anclaje constitucional que debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso· Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el P038/2016) y cuya protección y garantía, por lo tanto, ha de tener en cuenta esta naturaleza. hnpsJ/w«Uboe.esa>uscartas;t.nhp?Jd;BQE-A-20I}IOS65 En atención a estas circunstanci as, no podemos sino poner de manifiesto que este retraso en la tramitación y la falta de respuesta, dificul ta la adecuada protección y garantía del derecho constit ucional a acceder a la información públi ca, interpretado por los Tribunales de Justicia como de ampl io alcance y limites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nR 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecha de acceso a la información obliga o interpretar de formo estricta, cuando no resr:rictivo, tanto las limitaciones o ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de lo Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".( .. .) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información-osf como la salvaguarda del derecha de acceso a la información pública que corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 34 de la L TAIBG). 4. En cuanto al fondo del asunto, cabe recor dar que el objeto de la solicitud de Información se concreta en la Copia del contrato -y eventuales adendas-por el que la Dirección General de la Policía o el Ministerio del Interior arrienda el piso ubicado en el número 18 de la calle Santa Engracia de Madrid, y que la Administración ha denegado al conside rar que vulneraría la protección de los datos personales del arrendar y, ademas, por ser de aplicación a su juicio el limite previsto en el artículo 14.1 h) que dispone que El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: Las intereses económicas y comerciales. En relación con la protección de datos personales, argumenta la Administración que en las cláusulas establecidas en el contrato de arrendamiento suscrita par la propiedad del inmueble y lo Dirección Gener al de la Pol icía, de fecha 1 de febrero de 2020, no figura ninguna manifestación de va/untad específica, informada e inequlvoco por la que fa persona jurfdica que actúa en concepto de arrendadora, autorice al tratamiento de datas personales que le conciernen, y, tampoco para aquellas finafid!1des que no guarden relación con el desarrollo o el control de la relación contractual. Derivado de la literalidad de lo manifestado, podemos concl uir que el arrendador es una persona jurídica, por lo que cabe indicar que, según dispone expresamente su art. 1, la ill Orgánica 3/2018. de S de diciembre. de Protección de Datos Personal es y garantía de los derechos digitales • mencionada por la prop a Administración-tiene por objeto o) Adoptar el ordenamien to jurídico español o/ Reglamento (UE) 2016/679 del Por/omento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo o lo protección de los personas físicos en lo que respecta o/ tratamiento de sus dotas persono/es y o lo libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. Asimismo, es el propio Reglamento europeo el que, en los apartados 1 y 2 de su artículo 1 dispone expresamente que l. El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas flsicos en la que respecto al tratamiento de los dotas personales y los normas relativos o lo libre circulación de toles datos. 2. El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de los personas físicos y, en particular, su derecho o lo protección de los datos personales. Por lo tanto, podemos concluir que, teniendo el arrendador la natural eza de persona jurídica como expr esamente se afirma, l as disposiciones de la normativa de protección de datos personales alegada por la Administración para fundamen tar la denegación de la información solicitada no son de aplicación. 5. Por otra parte, la Administración, como ya se ha indicado, considera de aplicación el Hmite previsto en el articulo 14.1 h} que dispone que El derecho de acceso podró ser limitado cuando acceder o lo información supongo un perjuicio poro: Los intereses económicos y comerciales, fu ndamentando su aplicación en que dor publicidad o/ con troto podría perjudicar los intereses económicos de lo Dirección General de lo Po/ido, principalmente o lo hora de negociar con los propietarios de los diferentes inmuebles donde se encuentran enclavados no solo el edifício en cuestión, sino otros ofícinos de expedición del DNI, en Madrid y el resto del territorio nocional. A este respecto, ha de recordarse que la aplicación de los límites contemplados en la LTAIBG debe ser acorde con el Criterio Interpretativo Cl/002/2015. de 24 de !unio. de este Consejo de Transparenci~ • elaborado en función de las competenci as otorgadas por su articulo 38.2 a), Criterio en el que se indica que: • https://www.boe.es/elf/es/lo/2018/12/QS/3/con hUpsJIWMY:[email protected] Home/Acuvrdad!C1!eC!OS.hiiD! "Los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter personal, no se aplican directamente, sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, "podrán" ser aplicados. De esto manero, los limites no operan ni automáticamente o favor de lo denegación ni absolutamente en relación o los contenidos. Lo invocación de motivos de interés público poro limitar el acceso a lo información deberá e~tur figuclu c:un fu prulecdúrr c:um:rela de un irtteré:, ruc:iunal y /egltimu. En este sentida su aplicación na será en ningún coso automático: antes al contrario deberá analizarse si lo estimación de lo petición de información supone un perjuicio (test del doña) concreta, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información. Del mismo modo, es necesario uno aplicación justificado y proporciono/ atendiendo o lo circunstancia del coso concreto y siempre que no existo un interés que justifique lo publicidad o el acceso (test del Interés público)." Asimismo, debe tenerse en cuenta los pronunciamientos adoptados por los Tribunales de Justicia respecto de la aplicación de esos limi:es: ·Sentencia n2 60/2016. de 18 de mayo de 2016. del Juzgado Central de lo Contencioso· Administrativo n9 6 de Madrid. dictada en el PO 57/2015~ : "( ... ) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información -derivado de lo dispuesto en ro Constitución Española-o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. E.7 todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de doña (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés pública en la divulgación (que en el casa concreta na prevalezca el interés pública en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeta y finalidad". "La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarlo, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el an. 14. Tales causas consrftuyen conceptos jurldlcos Indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como lo norma indica, de tal moda que frente o los actos tlpicamente discrecionales, ( ... )". https:/ /www.coru.elodr!l!o}n!p.ai'Mda.flVC.t HOrne/Attrvld<id/r~«rso~ !urlsprudt'!nd<!iRct.u'~" AGE/201'5/4 ttrVE 2.hrml • En la Sentencia de 7 de noviembre de 2016, dictada en el Recurso de Apelación presentado frente a la Sentencia de instan cia indicada previamente, la Audiencia Nacional expresamente señaló que "Y si concurre alguno de los límites del art. 14 reseñada deberá de acreditarlo" ·Sentencia nº 85/2016. de 14 de junio de 2016. del Juzgado Central de lo Contencioso· Administrativo nº S de Madrid, dictada en el PO 43/2015 : uPues bien, a la hora de interpretar tol precepto • 14.1 h·, hemos de tener presente que, la citado Ley, en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a lo información público y que dicho derecho solomente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos". "As í, lo finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñado Ley, es un acceso amplio o la información público; y las límites o tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del llamada, test de daño; o lo luz de lo determinación del perjuicio que el acceso o determinada información puede producir sobre el interés que se pretende salvaguardar con la limitación". ·Sentencia nº 46/2017. de 22 de Junio de 2018. del Juzgado Central de lo Contencioso· Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 : "Ef derecho de acceso o lo información es un derecho fundamento/ reconocido o nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representat ivo de fas gobiernos democráticos; es un derecho esencial paro promover la transparencia de los instituciones públicas y para fomentar lo participación ciudadana en lo toma de decisiones. Además los Administraciones Públicas se financian can fondas procedentes de las contribuyentes y su misión principal consiste en servir o los ciudadanos por lo que todo lo información que generan y poseen pertenece o lo ciudadanía. ( .. .) ·Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo. de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017u señala lo siguiente: ( ... ) "Eso formulación amplia en el reconocimiento y en lo regulación lego/ del derecho de acceso a la información obliga o interpretar de formo estricta, cuando no restrictivo, tonto los limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como los causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".( .. .) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un m~noscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información ( .. .) https~//www.conse,ocfctransp .. ue.ocia.es/ct llome/Actrvldadtre<ursos !ur!spru<k!ncla/Rccurso!> AG[/201 S/l FNMT l.html t:l hltm:J/www roo .... jodtlmnip.?frnpi! r',./C~~d/r(SUQQ} !lf!•,QrUdC!nCI,\/~_A§f/lQlñ/16 parljcvlpr 7 lrjbutO tll.m! hUp!i://www.ron~l!lodelr.lnSp.lrenca.e!o/ct Home/Acllvidadlrecurs.o!o !uruorudenda/ Recurso~ AGE/2015/4 RTV~ 2.htmt Asimismo, lo posibilídad de limitar ei derec~o de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplía y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley;" 6. Sobre la aplicación del citado lfmite del artfculo 14.1 h) la Presidencia de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha adoptado el Criterio Interpretativo l/2019u. el 24 de septiembre de 2019, en el que se concluye: l. El ort. 14.1, apartado h), de la LTAIBG utiliza la conjunción copulativa "y" para la vinculación de los conceptos de "intereses económicos" y de "intereses comerciales", lo que induce o pensar que en el ónimo de los redactores de lo Ley había un entendimiento separado de ambos, según el cual/os dos términos serían independientes y designarían realidades diferentes. No obstante, gramática y conceptualmente, los intereses comerciales san un sector de los intereses económicos que, por su relevancia son destocados al mismo nivel. 11. En cualquier caso, por '"intereses económicos~~ se entienden las "conveniencias, posiciones ventajosas a de importancia de un sujeto individual o colectivo en el terreno de lo producción, distribución y consumo de bienes y servicios" y por "intereses. comerciales" los "conveniencias, poski:>nes ventajosos o de importancia en el materias relativos al ámbito del intercambio de f"'ercancías o servicios en un ómbita de mercado". 111. Se trato de un supuesto de hecho totalmente diferente de los de "política económica y monetaria", "secreto profesional' y "propiedad intelectual e industrial", la "confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión" y "protección del medio ambiente", que son objeto de distintos apartados del ort. 14.1 de la LTAIBG. IV. La categorización de las posiciones de un sujeto o sujetos como intereses económicos y comerciales debe hacerse casa por caso y en atención a los circunstancias concretas cada supuesto. Pero cuando se estó en presencio de secretos comerciales a de cláusulas de confidencialidad debe entenderse ea todo caso que dichas intereses concurren en el caso. En todo coso, a la hora de calificar una determinada información como secreta o confidencial, han de tenerse en cuenta :os siguientes criterios: •t https://www.co-n~l!lodellan~Darto>nria.~/ct Home/ActJVIdad/crlterlos.html Página 10 de l5 a) Ha de ser relativa a circunstancias u operaciones que guarden conexión directa con la actividad económica propia de la empresa. b) La información no ha de tener carácter público, es decir, que no seo yo ampliamente conocido o no resulte fácilmente accesible poro los personas pertenecientes o los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información. e) Debe haber una voluntad subjetiva del titular de la información de mantener alejada dtd r:urrucimitmtu públicu /u irrfurmur..:iún t!n c:ue~tiún. d) La voluntad de mantener secreta la información ha de obedecer a un legítimo interés objetivo que debe tener naturaleza económica, y que cobró identificar -por ejemplo, cuando la revelación de la información produzca el detrimento de la competitividad de la empresa titular del secreto frente a sus competidores, debilite la posición de ésta en el mercado o le cause un daño económico al hacer accesible a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial. V. La protección de los intereses económicos y comerciales de un sujeto determinado apera tanto en el ámbito de la publicidad activo como en el del ejercicio del derecho de acceso o la información pública. ( ... ) VIl. En el cimbito del ejerci cio del derecha de acceso, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas para la aplicación del límite: o) El límite referido o/ perjuicio poro las intereses económicos y comerciales de uno organización, empresa o persono como el resto de los límites del artículo 14, no opero de manero automático ni supone per se uno exclusión directo del derecho de acceso a la información o de las obligaciones en materia de publicidad activa. b) Antes o/ contrarío tal como establece el propio art. 14, la oplícación de los límites será potestativa, justificada y proporcionada con el objeta y finalidad de protección y atender a las circunstancias del coso concreto (art. 14.2). e) Cada caso debe ser objeto de un estudio individualizado, de la aplicación del test del doña, y de la ponderación de sus circunstancias tal como rige en el Preámbulo de la Ley. d) No es suficiente argumentar que la existencia de uno pasibilidad incierta pueda producir un daño sobre los intereses económicos y comercio/es poro aplicar el límite con carácter genero/. El perjuicio debe ser definido indubitado y concreto. e) Dicho doffo debe ser s ustancio/, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información. Página 11 de l5 f) Constatada la existencia del daña y su impacta, deberá procederse a la ponderación la existencia de un interés preva/ente que marcará, en última instancia, el peso de dicho daño en Jos intereses económicos y comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar. 7. Teniendo en cuenta todo lo anterior, este Conseío de Transparencia y Buen Gobierno no puede compartir el criterio mantenido por la Administración, dado que no alcanza a comprender que dar publicidad al contrato podría perjudícar los Intereses económicos de la Dirección General de la Policía. En primer lugar, cabe recordar que la obligación de publicar información de carácter contractual se deriva principalmente de lo dispuesto en el art. 8.1 e) de la LTAIBG según el cual 1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica a presupuestaria que se indican a continuación: a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado paro su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número .:fe licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrata. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. Lo publicación de lo información relativa o los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. En este caso, y aunque el órgano administrativo tenga la condición de arrendatario, nos encontramos ante actos de gestión administrativa can repercusión económica o presupuestaria cuya publicación se considera de obligado cumpl imiento y, por lo tanto, la información solicitada se considera encuadrable en el mencionado precepto. Por otro lado, cabe recordar que, según el zrticulo 3.1 del Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, La Dirección General de la Policía, cuyo titular tiene rango de subsecretario, es el órgano del Ministerio del Interior encargado de lo ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las mtstones que a la Policfa encomienden las disposiciones vlgenres, de acuerdo con los directrices y órdenes emanadas del Ministro de/Interior. Asimismo, hay que señalar que las funciones encomendadas a la Polida Nacional se distribuyen en las áreas de Seguridad Ciudadana, Polícía Judicial, Policía Cientlfico, Extranjerla y Fronteras e Información (Ley Orgánica 2/1986). Página 12 de l5 En consecuenci a, la Dirección General de la Policía no basa su actividad en las relaciones comercial es, ni entendemos que la información solicitada pudi ese perjudicar eventual es negociacion es de alquileres futuros, que fundamentalmente se basan en la situación del mercado, la oferta y demand a, etc. Finalmente, pero no por ello menos relevante, la Información solicitada, como ya hemos señalado, supone un gasto o uso de fon:Jos públicos, cuyo conocimiento y co ntrol se encuent ra en la ratio iuris de la LTAIBG tal y como expresame nte se Indica en su Preámbulo. Por todo ello, no se considera de aplicación el límite invo cado. 8. Por último, cabe recordar que la lTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, y su objetivo es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan l os fondos públic os o bajo qué cri terios actúan nuestras instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser las ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicia <le un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítico, exigenie y que demando participación de los poderes públicos. De igual manera, deben recorda rse determinados pronunciami entos judiciales entre los que destacan por ejemplo, la ya mencionada Sentencia nV 46/2017. de 22 de junio de 2017. del Ju1gado Central de lo Contencioso-Administrati vo n~ 2 de Madrid. dictada en el PO 38/2016 y que se pronuncia en los siguientes términos: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamento/ reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de /as gobiernos demacróticas; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y poro fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Admin;straciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir o los ciudadanos por lo que todo lo información que generan y poseen pertenece o lo ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso o lo información: Transparencia prooctivo, como aquello obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el hup;.:/btt·NW.tonte!odt;han~oateno.a er,./ct tlome/Actlv!da d/fe(uf~ !L111;.prudenga/Recun.os AGt/J016/16 pMtlsu!M 7 1r.bulo~.t. 1rul Página 13 de l5 derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de Información de y el derecho o recibir uno respuesto documentada y satisfa ctoria". "Las diferentes y numerosos menciones a esf<! derecho coinciden en resaltar lo creciente Importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y Juchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso o la información debe ser destacado como un valor intdnseco o/ concepto de democracia." Tenien do en cuenta lo anterior, cabe señalar que a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno facilitar la copia del contrato de arrendamiento solicitado se encuent ra dentro de la ratio iuris de la LTAIBG, dado que permi tiría someter a escrutinio la acción de l os responsables públicos, contrib uiría a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, fundamentalmente, porque, como ya hemos señalado, la renta del alquiler se abona con fond os públicos. Por último, en cuanto a que la Administración informa que dicho contrato no se refiere sólo al piso de la calle Santa Engracia sino que consta de dos locales, un bajo de 604 m2, donde se ubican oficinas que gestiona lo División de Documentación (DNI y Pasaportes). y el piso en cuestión, en planta primero de 193 m2, objeto de lo solicitud de información, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no constituye un Impedimento para no facilitar la información aunque no haya sido obj eto de la solícitud. En su caso, la Administración, en todo aquello que sea posible, pod rá suprimir la parte que corresponda al local de planta de baj a, que fundamen talmente será l os datos del citado inmueble -que registralmente estarán individualizados· y el precio del arrendamiento, si estuviera diferenciado. En conclusión, p or todos los argumentos señalados en los apartados precedentes, la presente reclamación debe de ser estimada. 111. RESOLUCI ÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: Página 14 de l5 PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada po con entrada el13 julio de 2020, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita siguiente información: -Copia del contrato -y eventuales adendas- par el que la Dirección General de la Policía o el Ministerio de/Interior arrienda el piso ubicado en el número 18 de la calle Santa Engracia df:! Mudrlú, cedidu ac.~luu/menlt:! u/ .!lindkutu Jupu/ lru!:l fiUbt!r ~idu /u!) dt:pendt!m:ius que utilizó lo desmantelado Brigada de Análisis y Revisión de Cosos de lo Policía (BARq TERCERO: INSTAR al MINI STERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, rem ita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la le·¡ 19/2013. de 9 de diciembre. de T ransparencia. Acceso a la Información Públi ca y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitut iva de l os recursos administrativos, de co nformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015. de 1 de octubr e, de Procedi miento Administrativo Común de las A dministraciones Públicas • Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e) de la ley 29/1998, de 13 de tullo. Reguladora de la Jurisdicción Co ntencioso-A dministratlva G. El PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.O. 919/2014) El SU BDIRECTO~ GEN ERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda " https:/lwww.boe.es/buscar{act.ph p?id=BOE ·A· 2013·128a7&p=20181206 &tn=l#a23 u httos:/lwww.boe.es/buscar{act.ph p?ld=BOE ·A·2015-1056S&g=2018l206&tn= l#al12 " http•:llwww.bM.es/busCilr /act.php ?id=BOE-A-1998-167 l8&p=20 l8l206&tn= 1 #a9 Página 15 de l5