Solicitud de manifiestos de carga de buques en el puerto de Bilbao y denegación por reserva tributaria

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-021575/001-021587 N/REF: R/0322/2018 (100-000891) FECHA: 24 de agosto de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En respuesta a la Reclamación presentada por GREENPEACE ESPAÑA, representada por con entrada el 28 de mayo de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la Reclamación presentada, GREENPEACE ESPAÑA, presentó el 21 de febrero de 2018, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la siguiente solicitud de información: Quisiera obtener los manifiestos de carga de los buques Bahri Jeddah (IMO 9626522) y el Bahri Tabuk (IMO 9620968) emitidos en el puerto de Bilbao entre enero de 2016 y el 20 de Febrero de 2018. Solicito obtener la información disociada previamente de cualquier dato personal (protegido por el art. 15 de la Ley 19/2013, de transparencia y acceso a la información pública) y dato fiscal que tenga carácter reservado por su trascendencia tributaria (según la Ley General Tributaria 58/2003). Recuerdo que el criterio interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España y de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la aplicación de los límites del derecho de acceso insta a, en caso de aplicar alguno de los límites incluidos en los art. 14 y 15 de la Ley 19/2013, conceder acceso parcial previa omisión de la información afectada por dichos límites. Además, recuerdo que la disociación de los datos para anonimizar información protegida por dichos límites no puede ser causa de inadmisión alegando reelaboración (art. 18.1.c. de la Ley 19/2013), como indica el criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del 12 de noviembre de 2015 sobre causas de inadmisión de solicitudes de información relativas a reelaboración. Dicha solicitud fue registrada con el nº de expediente 001-021587 Con idéntico texto, fue presentada en la misma fecha solicitud de información que obtuvo como nº de referencia el 001-021575. 2. Mediante resolución de 23 de abril de 2018, la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), entidad dependiente del actual MINISTERIO DE HACIENDA, contestó al solicitante en los siguientes términos: Con fecha 22 de febrero de 2018 tuvo entrada en la Unidad de Información de la Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública su solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número de expediente 001-021575. Con la misma fecha la citada solicitud se recibió en la Unidad gestora del derecho de acceso a la información pública de la Agencia Tributaria, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes para su resolución, según lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Por otra parte, con fecha 14 de marzo de 2018 tuvo entrada en esta Unidad gestora del derecho de acceso a la información pública de la Agencia Estatal de Administración Tributaria otra solicitud de acceso a la información pública, idéntica a la número 001-021575, que quedó registrada con el número 001-021587. Dado que el objeto de ambas solicitudes es el mismo, con fecha 22 de marzo de 2018 se les notificó a través de la Sede electrónica que se emitiría una Resolución de contestación conjunta para ambas solicitudes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 de la citada Ley 19/2013, con fechas 21 de marzo y 13 de abril de 2018 se remitieron a través del Portal de la Transparencia sendas comunicaciones por las que se ampliaban en un mes los plazos para emitir resolución. En relación con su petición, le informamos de que el apartado 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública), establece que “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.” El acceso a la información en materia tributaria se rige por su normativa específica, la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, cuyo artículo 95, bajo el título “Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria”, dispone: “1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:” (…) A continuación del texto anterior, el precepto contiene una lista cerrada con los excepcionales casos de cesión de datos que pueden producirse, siempre limitados al ámbito de la colaboración con otras Administraciones Públicas, no siendo posible en ningún supuesto la cesión de datos a terceros que no tengan esta naturaleza. Por otra parte, el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, directamente aplicable en cada Estado miembro, establece en su artículo 12.1 que “Toda información obtenida por las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones que sea confidencial por naturaleza o que se haya facilitado con ese carácter estará protegida por el deber de secreto profesional”. A este respecto, cabe recordar que el manifiesto de un buque (en este caso, se entiende que el de exportación) es presentado ante la AEAT con el fin de comprobar la salida efectiva del territorio aduanero de la Unión Europea de la mercancía declarada de exportación, a los efectos del cumplimiento de la legislación aduanera de la Unión y de la exención del Impuesto sobre el valor añadido y/o, en su caso, del impuesto especial aplicable. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el artículo 170.7 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en el artículo 12.1 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se resuelve DENEGAR el acceso a la información solicitada. Adicionalmente debe indicarse que la materia aduanera es de competencia exclusiva de la UE, por lo que también procedería la desestimación de la petición por no ser de aplicación a la misma la normativa interna. 3. Ante esta respuesta, el 28 de mayo de 2018, tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, escrito de Reclamación fechado el 23 de mayo presentado GREENPEACE ESPAÑA al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en el que manifiesta lo siguiente: (…) SEGUNDO.- Denegación al amparo de la Disposición Adicional 1ª aptdo. 2 de la Ley 29/2013. La resolución señala que la información tributaria se rige por su normativa específica y cita el artículo 95 de la Ley General Tributaria. Frente a ello señalar que el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno en su criterio de fecha 12 de noviembre de 2015, “asunto: aplicación de la disposición Adicional 1º de la Ley 19/2013, sobre regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública” interpreta que esta disposición adicional vincula la aplicación supletoria de la Ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso de información especifico. El artículo 95 de la Ley General Tributaria citado por la resolución denegatoria en ningún modo puede considerarse como un régimen jurídico especifico de acceso a la información y en este sentido se pronuncia la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 18 de abril de 2016, nº Ref 0027/2016. En consecuencia resulta de aplicación la Ley 19/2013 de Transparencia, al no contener la Ley general Tributaria una regulación especial del derecho de información que excluya la aplicación de dicha Ley. TERCERO.- Denegación con cita del artículo 170.7 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. El artículo 170.7 dice: “Los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones inspectoras tendrán carácter reservado, no serán objeto de publicidad o de comunicación ni se pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos.” Pues bien la resolución tan solo cita el artículo sin hacer motivación ni referencia alguna que justifique la denegación de la información solicitada. El contenido del artículo transcrito no puede servir de fundamento para denegar el manifiesto de carga de los buques ya que tal y como consta en la resolución mi representada solicito la información disociada de cualquier dato personal protegido y de cualquier dato fiscal. CUARTO.- Denegación al amparo del artículo 12.1 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. La cita de este artículo no justifica la negativa a proporcionar los datos para denegar el manifiesto de carga de los buques ya que tal y como consta en la resolución mi representada solicito la información disociada de cualquier dato personal protegido y de cualquier dato fiscal. QUINTO.- La Ley de Transparencia y Buen Gobierno parte de un derecho amplio y extenso de acceso a la información pública, contenido en el artículo 12 lo que conlleva que su limitación se ha de realizar con una interpretación estricta y restrictiva. Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera) que dice en su fundamento de derecho sexto (…) Además es necesario destacar que el derecho de acceso a la información pública viene contenido en el mandato establecido en el art. 105 b) CE, que impone al legislador regular “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. 4. Con fecha 28 de mayo se solicitó la subsanación de determinadas deficiencias detectadas en el expediente. Subsanadas las mismas, se continuó con la tramitación. 5. Recibida la reclamación, la documentación contenida en el expediente fue remitida el 1 de junio de 2018 a la AEAT, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente, al objeto de que por dicho organismo se realizaran las alegaciones consideradas pertinentes. El escrito de alegaciones tuvo entrada el 14 de junio de 2018 y en el mismo se señala lo siguiente: Su primera alegación se refiere a que no es de aplicación a la LGT la DA 1ª de la ley 19/2013, en base al contenido de la Resolución R/0027/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. No obstante, lo que indica esta Resolución, en su fundamento IV, es lo contrario a lo indicado en la alegación. En este fundamento jurídico, la indicada Resolución considera que "En opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc.". Del texto se deducen tres elementos que se deben tener en cuenta para calificar una norma como una disposición que prevé un régimen específico al que se refiere la DA 1ª de la ley 19/2013: 1ª) "Características de la información que se solicita". Como se ha indicado reiteradamente por la Jurisprudencia, incluso del TC, la información para la aplicación de los tributos abarca toda la actividad con transcendencia tributaria y permite la demanda de cualquier dato a toda persona o entidad, incluso pública. En el ámbito aduanero, el CAU exige a los operadores que intervienen en el comercio exterior la información necesaria para la concesión de los regímenes aduaneros que soliciten, lo que afecta al ámbito de su actividad económica. Por ambos factores, la LGT declara los datos tributarios y aduaneros como reservados y, el CAU, los datos aduaneros como datos protegidos por el secreto profesional. Por tanto, en la información solicitada concurren unas características especiales. 2º) "Delimite los legitimados a acceder a la misma". Las características especiales de la información tributaria y aduanera es lo que justifica que en las letras a) a m) del apartado 1 del artículo 95 de la LGT se definan los legitimados a acceder a la información tributaria. El apartado 4 del mismo artículo, en relación con la información aduanera reservada, sólo prevé su publicación cuando así se derive de la normativa de la Unión Europea. A nivel de la Unión Europea no existe una norma que prevea la publicidad de los manifiestos de carga o de sus datos. 3º) "Prevea condiciones de acceso". Las letras a) a m) del apartado 1 del artículo 95 de la LGT establecen para cada uno de los sujetos legitimados para acceder a la información tributaria las condiciones para su acceso. A modo de ejemplo, se pueden citar, los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal, que sólo pueden acceder en el caso de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de parte, o la protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados o para la colaboración en la ejecución de resoluciones judiciales firmes. Así pues, la LGT cumple con los requisitos indicados y, por ello, el acceso a los datos de naturaleza tributaria y aduanera debe regularse por esta ley en aplicación de la DA 1ª de la Ley 19/2013. Fijada la aplicación de la LGT, los datos de naturaleza tributaria y aduanera obtenidos por la Agencia Tributaria en el desempeño de sus competencias en la aplicación del sistema tributario estatal y del aduanero gozan de su condición de reservados y del secreto profesional, no pudiéndose revelar a terceros distintos de los que legítimamente están previstos en el artículo 95 de la citada Ley. Una interpretación distinta conduciría a que un órgano del poder judicial, del Tribunal de Cuentas o de órganos de las Administraciones Públicas, distintas a las que tienen encomendada la aplicación de los tributos, que no puede acceder a la información en aplicación del artículo 95 de la LGT, lo pudiera hacer con la aplicación de lo previsto en la ley 19/2013, quebrándose la limitación impuesta en la LGT incluso para cualquier persona. En conclusión debe rechazarse la alegación por no responder al criterio que sobre la materia se contiene en la R/0027/2012 y ser contraria a una interpretación correcta de la DA 1ª de la ley 19/2013 en lo relativo a la aplicación de la LGT al presente caso, no procediendo la aplicación supletoria de la ley 19/29013, ya que en la LGT se definen los legitimados al acceso a la información tributaria y aduanera, entre los que no se encuentra el solicitante, no pudiéndose dar por tal motivo contestación a la solicitud de información sobre determinados manifiestos de carga. En lo que se refiere a la alegación que realiza sobre el artículo 12.1 del CAU, la referencia a la disociación de datos no se contempla en el régimen especial de acceso a la información tributaria prevista en la LGT. Tal disociación de información puede ser relevante a efectos de la regulación de la protección de datos o de la ley 19/2013, pero como se ha indicado la información tributaria, disociada o sin disociar, goza del carácter de dato reservado y de la protección del secreto profesional, siendo su cesión regulada por la propia LGT. Por otra parte, se debe tener en cuenta que lo que solicita el reclamante es una declaración, consistente en la transmisión del manifiesto de carga de un buque. Por tanto, toda declaración corresponde a un único declarante. Aunque no es comparable, sería como pedir la declaración de IRPF, IS o IVA de una persona, argumentando que no necesita los datos personales de la declaración, pero el solicitante conocerá quién es el declarante. Cuando se solicita el manifiesto de un buque, pero se eliminan los datos personales del declarante, el conocimiento de la carga del buque identificado permite acceder al secreto comercial de la mercancía que transporta, de su ruta, de los puertos de carga y descarga, etc. e, incluso, cruzando la información obtenida con otras fuentes, conocer los datos personales de los operadores que intervienen en relación con la carga del buque. Por tanto, sólo es posible en el ámbito tributario y aduanero disociar los datos y no perjudicar el secreto comercial, cuando se trata de estadísticas que responden a un gran número de declaraciones aduaneras individualizadas. Además, aún en el caso de las estadísticas de comercio exterior, cuya competencia es de la Unión Europea, el artículo 10.2 del Reglamento (CE) nº 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1172/95 del Consejo, prevé que "la Comisión (Eurostat) no difundirá estadísticas detalladas desglosadas por subpartidas del Taric ni preferencias cuando exista el riesgo de que su publicación pueda socavar la protección del interés público en el ámbito de las políticas comerciales y agrícolas de la Comunidad." . El precepto se refiere a las políticas de competencia exclusiva de la Unión, lo que no se opone a limitaciones por fines ligados a políticas de cada Estado miembro. En conclusión, se trata de la petición de los datos de una declaración lo que impide la disociación de los datos personales de forma eficiente. La última alegación se refiere a la supremacía a nivel jerárquico de la Ley 19/2013 frente a la LGT. En primer lugar, ambas leyes tienen el mismo nivel jerárquico en las fuentes del derecho, ambas tienen su fundamento en un precepto de la CE. En segundo lugar, la propia ley 19/2013 resuelve la posible contradicción entre ambas disposiciones a través de su DA 1ª que, como se ha indicado anteriormente, incluye a la LGT. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que se presenten, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera necesario realizar ciertas consideraciones acerca de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información de las que trae causa la presente reclamación. Así, como figura en los antecedentes de hecho, en idéntica fecha (21 de febrero de 2018), GREENPEACE España presentó sendas solicitudes de información a través del Portal de la Transparencia con idéntico contenido y con tan sólo unos minutos de diferencia. Esta doble presentación parece debida a un error. A pesar de que, como decimos, las solicitudes fueron presentadas de forma casi simultánea, mientras una de ellas tuvo entrada al día siguiente en la AEAT, como órgano competente para resolverla, la segunda de ellas no lo hizo hasta el 14 de marzo, es decir, más de dos semanas después de su presentación. Asimismo, y a pesar de que el 22 de marzo se le indicó al solicitante que la tramitación de ambas solicitudes de información iba a realizarse de forma conjunta, ello no parece que fuera así por cuanto se comunicó por separado y en fechas distintas (21 de marzo y 13 de abril) la ampliación del plazo para resolver. Esta ampliación, además de producirse la primera de ellas el mismo día en que se cumplía el plazo de un mes para resolver la solicitud y la segunda el día anterior del cumplimiento de ese plazo (un mes según el at. 20.1 de la LTAIBG), no parece cumplir los requisitos que deben darse para acordar la mencionada ampliación. Así, el segundo apartado del art. 20.1 dispone que la ampliación del plazo para resolver deberá obedecer al volumen o la complejidad de la información que se solicita. Dichas circunstancia no se dan a nuestro juicio en el presente caso, puesto que lo que se solicita son documentos muy concretos, perfectamente identificados y relativos a un período temporal también claramente identificado. A este respecto, se recuerda que la ampliación del plazo para resolver debe ser conforme con lo interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su criterio nº 5 de 2015 y teniendo en cuenta lo indicado por la Sentencia nº159/2016 de 28 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 10, que en su Fundamento de Derecho Tercero señala refiriéndose a los Criterios Interpretativos adoptados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: …”aún cuando pueda discreparse de él, está en principio respaldado por la relevancia institucional de los órganos e instituciones públicas en que prestan sus servicios quienes la integran, así como por la propia calidad profesional de éstos.”… Finalmente, la resolución fue dictada el 23 de abril, es decir, transcurridos dos meses desde la presentación de las solicitudes. Por lo tanto, en nuestra opinión, en el presente supuesto, además de no cumplirse con lo preceptuado en la propia LTAIBG en el sentido de que la tramitación de las solicitudes de información debe realizarse de forma ágil, de tal manera que se garantice debidamente el derecho de los ciudadanos a obtener la información solicitada, se ha hecho un uso no conforme con la norma de la ampliación del plazo para resolver previsto en el art. 20.1 de la mencionada norma. Por ello, cabe recordar que este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o el R/0234/2018) sobre esta ausencia de tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Sentado lo anterior y entrando ya en el fondo del asunto, debe en primer lugar enmarcarse el tipo de información que es objeto de solicitud. Así, según la Orden de 18 de diciembre de 2001 por la que se establecen las instrucciones para la presentación del manifiesto de carga para el tráfico marítimo, El manifiesto de carga es la declaración que permite controlar la salida efectiva, cuando ésta se realiza por vía marítima, de la mercancía a las que se dé un destino aduanero que suponga el abandono del territorio aduanero de la Comunidad, así como de la mercancía que se transborda a través del muelle, facilitando a la Aduana el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia aduanera de las mercancías establecidas por el Código Aduanero Comunitario. Los operadores están obligados a presentar esta declaración ante la Autoridad Portuaria y ante la Aduana, pudiendo hacerlo ante la primera mediante transmisión electrónica, pero no así ante la segunda, donde sólo se admite la declaración en papel. Asimismo, según publica la propia AEAT al referirse al procedimiento tributario de manifiesto de carga, el mismo debe presentarse a la Autoridad Portuaria, que es la encargada de remitirla electrónicamente a la Aduana a través de Puertos del Estado, de acuerdo a lo establecido en la Orden de18 de diciembre de 2001. (…) El manifiesto debe ser único por buque y deberá comprender todas aquellas mercancías que hayan sido cargadas en el mismo en el puerto ante cuya Aduana se presente. El manifiesto se presentará a la AEAT, bien directamente o a través de la autoridad portuaria en virtud del sistema de ventanilla única establecido entre la AEAT y Puertos del Estado. Se trata, por lo tanto y básicamente, de la comunicación que realizan los buques sobre las mercancías que transportan cuyo destino esté fuera de la Unión Europea. Es decir, estén destinadas a la exportación. Derivado de ello, la naturaleza de la información, toda vez que viene referida a las mercancías que son transportadas a un puerto fuera de la Unión Europea, es de carácter tributario por cuanto el propio transporte que se comunica conlleva unas medidas y tiene unas connotaciones de dicha naturaleza. En este sentido, es relevante el argumento señalado por la Administración en el sentido de que el documento solicitado espresentado ante la AEAT con el fin de comprobar la salida efectiva del territorio aduanero de la Unión Europea de la mercancía declarada de exportación, a los efectos del cumplimiento de la legislación aduanera de la Unión y de la exención del Impuesto sobre el valor añadido y/o, en su caso, del impuesto especial aplicable. A juicio de este Consejo de Transparencia, esta circunstancia es clave para afirmar, en criterio compartido por la Administración, que la pretendida disociación de datos de trascendencia tributaria a la que se refiere la interesada tanto en la solicitud de información como en el escrito de reclamación no es materialmente posible. En efecto, la solicitud identifica claramente los buques cuyos manifiestos de carga solicita. Teniendo dicha información, parece razonable afirmar que el dato de la entidad propietaria o titular del mismo puede ser fácilmente conocido. Por lo tanto, y conociendo la información que se solicita se accedería a información de trascendencia tributaria que, como afirma la AEAT, tiene carácter confidencial. 5. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG establece, en su apartado 2, que “Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. La consideración como normativa específica de la legislación tributaria a los efectos de la disposición antes mencionada ha sido objeto de diversos pronunciamientos judiciales entre los que destaca la sentencia 145/2016, de 28 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 5 de Madrid en el PO 18/2016 en la que se razona lo siguiente: (…)"la Ley de Transparencia y Buen Gobierno expresamente reconoce la existencia de materias que cuentan con una regulación específica, a la que se ha de estar, y donde aquella es de aplicación supletoria. No estamos hablando solamente de requisitos formales de acceso; sino de condiciones y requisitos de acceso a la información". (...) "si bien, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno son ejes fundamentales de toda acción política; que dicho derecho de acceso a la información pública, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo; configurado de forma amplia, y del que son titulares todas las personas, pudiendo ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; dicho derecho necesariamente ha de verse limitado en algunos casos, a la luz de la propia naturaleza de la información cuando entre el conflicto con otros intereses protegidos o con la normativa que lo regula". (...) "la Ley a que estamos aludiendo, parte de un derecho amplio y extenso de acceso a la información pública, lo que conlleva que la limitación a tal derecho ha de realizarse a tenor de una interpretación estricta y restrictiva. Pero lo expresado ha de armonizarse con la protección de aquellos derechos de naturaleza preferentes y con las disposiciones especiales que rigen en algunas materias. El derecho a la información no puede entenderse con carácter absoluto ni preferente a otros derechos. Estamos ante una regulación general cuya finalidad es el acceso a la información pública; pero que ha de adaptarse a cada caso. El derecho a la información tiene límites. Límites que, no son solo los recogidos en la propia norma reguladora del acceso a la información; sino en otras normas y en la C.E. como expresamente recoge la Ley 19/2013 en la DA 1ª". Dicha sentencia fue objeto de recurso de apelación, resuelto por la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en sentencia de fecha 6 de febrero de 2017 (apelación 71/2016) que se pronuncia en los siguientes términos: “El derecho de Información, constituye un derecho de elaboración legal, recogido en la Constitución, artículo 105.b), pero fuera de la regulación contenida en los artículos 14 al 30, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.1.d) de la Constitución y (…) avanza como su límite, inicialmente, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, por lo que no lo consagra como un derecho absoluto”. - “Fijado por tanto, que no se trata de un derecho absoluto, y que tiene las preferencias que deba tener frente a la existencia de otros derechos, debe tenerse en cuenta que sus límites, siempre deberán ser establecidos por normas con rango de Ley ordinaria, por lo menos”. - “La Ley 58/2003 establece un sistema de información propio, en sus artículos 93 y 94. Una obligación de información de una serie de personas físicas y jurídicas, autoridades y entidades, pero a favor de la Administración Tributaria. (…) Por tanto, nos hallamos que existe una regulación específica y vigente, no incompatible con la regulación de la Ley de Transparencia, de acceso a la información que obra en la Administración Tributaria y que se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio”. - no cabe interpretar el artículo 95 de la Ley 58/2003 General Tributaria de acuerdo con lo previsto en la posterior LTAIBG porque la reforma de la anterior en 2015 no introdujo cambios en ese sentido, por lo que “debe deducirse que su voluntad tácita era mantener su carácter reservado”. En aplicación de los argumentos anteriores, ha de concluirse que nos encontramos ante una solicitud de información que tiene por objeto información de naturaleza tributaria cuyo acceso, como tal, debe regirse por las disposiciones específicas que son de aplicación de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la LTAIBG. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN Considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, proc ede DESESTIMAR la Reclamación presentada por GREENPEACE ESPAÑA contra la resolución de 23 de abril de 2018 de la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda