Solicitud de certificación de retenciones e ingresos del ejercicio 2010 y resultado de inadmisión

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 0237/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la ADMINISTRACIÓN DE SAN CUGAT DEL VALLÉS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, información en los siguientes términos: Certificación en relación a la información tributaria de retenciones e ingresos dinerarios facilitada como pagador por SANT QUIRZE LLAR, S.L que consta en el apartado de actividades económicas de mis datos fiscales del ejercicio 2010, previo pago de las tasa correspondientes. 2. Conforme consta en el expediente, la ADMINISTRACIÓN DE SAN CUGAT DEL VALLÉS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, emitió Certificado Resumen de la Declaración Anual del I.R.P.F., Nº de Referencia: , en el que: CERTIFICA QUE: (…) Consta que ha presentado la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (Modelo 100) correspondiente al ejercicio 2010 con tributación individual según se desglosa en las páginas siguientes. S/REF: N/REF: R/0237/2019; 100-002394 Fecha: 29 de abril de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Hacienda/Agencia Tributaria Información solicitada: Certificado de retenciones e ingresos Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones No se pueden certificar datos de retenciones e ingresos como pagador en 2010 de la empresa solicitada. 3. Mediante escrito de entrada 5 de abril de 2019 en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el interesado presentó Reclamación (inicialmente dirigida a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública) contra la AGENCIA TRIBUTARIA en la que solicitaba nuevamente: Certificación en relación a la información tributaria de retenciones e ingresos dinerarios facilitada como pagador por SANT QUIRZE LLAR, S.L que consta en el apartado de actividades económicas de mis datos fiscales del ejercicio 2010, previo pago de las tasa correspondientes. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, cabe señalar que el concepto de información pública que recoge la Ley y en base al cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma y que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” (art. 1 de la LTAIBG). Es decir, la Ley de Transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule. Este Consejo de Transparencia entiende, como ha venido sosteniendo reiteradamente (procedimientos R/0118/2016 y R/0274/2016), que cualquier ciudadano dispone de vías para obtener compulsas o certificaciones expedidas por la Administración, entre las cuales no se encuentra acudir a la LTAIBG, y más en supuestos como el presente, en el que el solicitante utiliza el mecanismo de reclamación previsto para volver a solicitar el certificado (no obstante el expedido ya por la Agencia), por lo que, si la LTAIBG no puede amparar solicitudes dirigidas a obtener certificados, tampoco puede amparar reclamaciones dirigidas a obtener certificados. Asimismo, ha recordarse que el amparo de la LTAIBG se encuentra en lo expresado en su Preámbulo en el sentido de que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Por lo tanto, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, procede inadmitir la Reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR A TRÁMITE la Reclamación presentada por , con entrada el 5 de abril de 2019 contra la AGENCIA TRIBUTARIA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda