Solicitud de copia de expediente de subasta de vivienda y resultado de inadmisión

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 179/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó, con fecha 11 de febrero de 2019, a la AGENCIA TRIBUTARIA (MINISTERIO DE HACIENDA), la siguiente información: Que me sea entregada copia de toda la documentación obrante en los expedientes referentes a los procedimientos que dieron lugar a la celebración de la subasta nº 52018,4586001004 lote 09, celebrada el día 25/04/2018 y posteriormente a la adjudicación directa S2018R458600100409 de fecha 13/09/2018. Todo ello en virtud del art. 53.1 a) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, referente a los derechos del interesado en el procedimiento administrativo, - y más en concreto al "derecho de conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados (...). Y, asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos S/REF: N/REF: R/0179/2019; 100-002275 Fecha: 4 de abril de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda/AEAT Información solicitada: Expediente de subasta de vivienda Sentido de la resolución :Inadmisión a trámite Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones contenidos en los citados procedimientos". No consta respuesta. 2. Ante la falta de contestación, la reclamante presentó, con fecha de entrada el 15 de marzo de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: En fecha 14 de noviembre, solicito mediante escrito nulidad de pleno derecho de determinados actos administrativos por haber subastado y adjudicado mi vivienda habitual a terceros sin darme audiencia de dicho trámite. La Agencia Tributaria no contesta. Con fecha 11 de febrero solicito copia del expediente administrativo para comprobar las posibles irregularidades del procedimiento pasado hoy más de un mes, todavía no me lo han entregado. Tengo 65 años, vivo en Albacete y el expediente se encuentra en el Ministerio de Economía y Hacienda, Agencia Tributaria, delegación especial de castilla La Mancha en Toledo. Designo persona de mi confianza mediante un apoderamiento (contrato de mandato del art. 1709 del Código Civil), válido en derecho y me exigen poder notarial especialísimo para entregar el expediente a esa persona. La solicitud del expediente administrativo de un determinado procedimiento en el que soy parte interesada y afectada se trata de un acto de mero trámite, y siguiendo el art. 53 de la ley39/2015 del Procedimiento Administrativo, establece que en lo que se refiere a actos de mero trámite no será necesario acreditar dicha representación puesto que la misma se presumirá, no pudiendo entonces ahora no solo pedir la acreditación de tal representación mediante poder sino que además éste debe ser especialísimo, yendo en contra de toda lógica e incluso contra los mandatos imperativos de la norma. Además hasta el 2010 no estoy obligada a relacionarme electrónicamente con la administración. Un desahucio pende sobre mi casa, he tenido que interponer recurso administrativo ante el TSJ de Castilla La Mancha contra la desestimación por silencio administrativo de la nulidad solicitada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto al fondo del asunto, y tal y como ha quedado descrito en los antecedentes de hecho de la presente resolución, la reclamante solicitó la documentación relativa al expediente de subasta de su vivienda en su condición de interesada en el citado procedimiento, y en base a lo previsto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , relativo a los Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. El citado artículo establece en su apartado 1 a), que 1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Por lo tanto, su solicitud de documentación no se refiere a una solicitud de información instada por el procedimiento establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sino en el del marco de los derechos que asisten a los interesados en los procedimientos administrativos. Sentado lo anterior, entendemos que incoado y tramitado un procedimiento administrativo al amparo de una norma concreta no puede resolverse bajo el amparo de otra norma diferente, puesto que lo prohíbe el principio de seguridad jurídica. Se trata de la llamada "técnica del espigueo", que consiste en mantener la validez de las normas favorables e impugnar la de otras que puedan tener relación con ellas o, dicho de otra manera, utilizar en un procedimiento la norma que más conviene en cada momento, desechando otra que no interesa. O incluso, seleccionar los artículos más favorables -o sólo parte de ellos- de diferente normativa, en principio incompatibles, para ejercer o disfrutar de un derecho. Así lo ha mantenido este Consejo de Transparencia en ocasiones anteriores (por ejemplo, en la Resolución RT/0258/2016, en la que se razonaba lo siguiente: “(…) este Consejo considera que no resulta posible acudir por el ciudadano o por la administración a la técnica del “espigueo” consistente en seleccionar las normas más favorables de distintos cuerpos normativos para dotarse, así, de un régimen jurídico ad hoc y desvinculado de los cauces legalmente establecidos para la creación de un derecho. Entre otros fundamentos de tal aseveración se encuentra la garantía del principio de seguridad jurídica, principio que se entiende como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, procurando “la claridad y no la confusión normativa”, así como “la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho” - SSTC 46/1990, de 15 de marzo, F.J. 7; 36/1991, de 14 de febrero, F.J. 5; y 37/2012, de 19 de marzo, F.J. 8, entre otras-. El Tribunal Supremo la denomina rechazable técnica del "espigueo normativo" (por todas, STS de 15 de septiembre de 2014 y las que en ella se citan). Como se ha expuesto anteriormente, la vía contemplada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene como finalidad garantizar los derechos de los que ostentan la condición de interesado en un procedimiento administrativo, entre ellos el de obtener copia de los documentos contenidos en el mismo, con el objetivo de que la esfera jurídica de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida, tal y como anuncia su Preámbulo. Por su parte, la vía del acceso a la información contemplada en la normativa de transparencia se enmarca en el binomio ciudadano/Gobierno y Administración, configurándose tal vía de acceso como un derecho en virtud del cual «los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, como se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones». Asimismo, debe tenerse en cuenta que, tal y como la interesada manifiesta en su escrito de reclamación, el procedimiento de subasta de su vivienda está siendo objeto de revisión en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este sentido, no podemos amparar que presentada una solicitud de información al amparo del artículo 53 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y estando tramitándose recurso Contencioso-Administrativo, se pretenda reclamar por la falta de respuesta a la documentación solicitada por la vía del artículo 24 de la LTAIBG, cuando además, de las alegaciones de la reclamante se deduce que si la Administración no le ha proporcionado la documentación requerida ha sido por un problema de acreditación de representación de la persona designada para su recepción, y no, por negarse a ello. En consecuencia, por todos los argumentos expuestos anteriormente, la presente Reclamación debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por , con entrada el 15 de marzo de 2019, contra la AGENCIA TRIBUTARIA (MINISTERIO DE HACIENDA). De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda