Acceso a los criterios evaluables en las entrevistas personales de la Guardia Civil

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 050/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, a través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), y con fecha 23 de noviembre de 2020, la siguiente información: (…) lista completa y actualizada de los criterios evaluables en las entrevistas personales de la GC. Dado que algunos de los criterios evaluables podrían constituir una irregularidad (Por ejemplo expulsar el criterio de expulsar opositores por su alta rotación laboral, criterio por otra parte que no parece apreciarse en las plazas reservadas a hijos de guardia civiles) Ante la acusación falsa presumible que seguramente lancen como defensa desde el MIR, de que busco una ventaja competitiva o algo así, se solicite que dichos criterios sean S/REF: 001-050438 N/REF: R/0050/2021; 100-004755 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Minister io del Interior Información solicitada: Criterios evaluables en la entrevista personal proceso selectiv o Subdirección General de Reclamaciones PUBLICADOS de manera pública con exposición tanto en el panel de ingreso de la guardia civil como el resto de redes de las que disponga la guardia civil. 2. Mediante resolución de 17 de diciembre de 2020, la DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (MINISTERIO DEL INTERIOR) contestó al solicitante lo siguiente: 2º. Respecto a la remisión de la lista completa y actualizada de los criterios evaluables en las entrevistas personales de la Guardia Civil, la Disposición Adicional Primera punto 2 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, dispone: “Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho a la información pública. 2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.” Toda vez que el interesado ha planteado recurso contencioso-administrativo 248/2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Única, contra la Resolución núm. 8183 de 21 de enero de 2019, del General Jefe de la Jefatura de Enseñanza, será a través de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por la que deberá solicitar y obtener dicha documentación. 3º. En lo que respecta a que dichos criterios sean publicados con exposición tanto en el panel de ingreso como en el resto de redes, cabe señalar que además de lo expresado en el punto anterior, el apartado k) del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece lo siguiente: “1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: k) La garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.” Asimismo, la Sentencia 742/2019 de fecha 14/11/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que reproduciendo la sentencia de 12 de junio de 2019, recurso número 1297/2017, en su fundamento quinto se expresa en el siguiente sentido: “… dicho Manual detalla los criterios a seguir para apreciar la adecuación del aspirante a dicho perfil de competencias, todo ello con vistas a obtener una armonía debida en sendos criterios y conclusiones que determine el respeto a la igualdad de trato a todos los aspirantes, en aplicación del art. 14 CE . Constatadas la existencia y razón de ser de tal manual, no existe un derecho de los aspirantes a conocer el contenido de los criterios que va a aplicar el tribunal en el desarrollo de la entrevista, pues de saberlos de antemano los aspirantes, es más que probable que predeterminaran su aptitud, comportamiento, reacciones y respuestas al mismo, decayendo indefectiblemente el fin de la entrevista personal y, con ello, la garantía de los principios de mérito y capacidad, por lo que decae tal motivo de impugnación. A la vista de todo lo expuesto, esta Dirección General considera procedente denegar el acceso público a la información solicitada, al amparo de lo dispuesto en la Disposición adicional primera punto 2 y de la letra k), del apartado 1, del artículo 14 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 3. Ante la citada respuesta, mediante escrito de entrada el 19 de enero de 2021 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), el solicitante presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente conte nido: Dicen básicamente que los opositores prepararíamos la entrevista personal conforme a los criterios evaluables. Lo cual es lo lógico, igual que estudiamos un TEMARIO que es PUBLICO, así debería suceder con la entrevista. El negarse a hacer públicos estos criterios de evaluación, es muy perverso, dado que cualquier persona que pudiera tener acceso a ellos, tendría una ventaja competitiva con respecto al resto. Por ello deben ser accesibles a cualquier opositor. No sé a nivel formal o legal tengo razón, pero a nivel moral estoy seguro de que cualquier opositor que piense en unas oposiciones JUSTAS estará de acuerdo conmigo. 4. Con fecha 20 de enero de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada 27 de enero de 2021, el indicado Departamento realizó las siguientes alegaciones: Una vez analizada la reclamación, desde la Dirección General de la Guardia Civil se informa que: …“Examinada la reclamación presentada por el interesado, es parecer de este Gabinete Técnico que la citada reclamación no puede tener una acogida favorable por cuanto que los motivos invocados por el reclamante no justifican su derecho a la información, dado que hacer pública la misma, tal como se expuso en el apartado 3º de la resolución emitida por esta Dirección General el pasado día 17 de diciembre de 2020, contravendría lo preceptuado en el artículo 14.1.k) de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como la Sentencia 742/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se reproducía el fundamento quinto de la sentencia dictada el 12 de junio de 2019, relativa al recurso número 1297/2017. Además de lo anterior, cabe señalar y dar por reproducido también, lo que ya se expuso en la misma resolución emitida en cuanto a que el interesado ha planteado recurso contencioso-administrativo 248/2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Única, contra la Resolución núm. 8183 de 21 de enero de 2019, del General Jefe de la Jefatura de Enseñanza, por lo que opera lo establecido en la Disposición Adicional Primera punto 2 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno (…) II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por un lado, hay que señalar que, tal y como alega la Dirección General de la Guardia Civil, la LTAIBG establece, en el apartado 1 de su Disposición Adicional Primera, que “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Respecto a la aplicación de la Disposición Adicional Primera, apartado 1, de la LTAIBG, deben hacerse ciertas precisiones, para que pueda ser invocada como motivo de inadmisión: Primero, debe existir un específico procedimiento administrativo aplicable al caso, segundo, el reclamante debe ser un interesado en el mismo y tercero, el procedimiento debe estar en curso (procedimiento R/0095/2015 ). En el presente supuesto, según consta en los antecedentes, la Dirección General de la Guardia Civil ha confirmado, y el solicitante no se ha manifestado en contrario, que ha participado en la prueba selectiva para el ingreso en los centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil convocada mediante Resolución 160/38090/2018, de 30 de abril, de la Dirección General de la Guardia Civil. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2015.html Asimismo, según ha señalado la Dirección General de la Guardia Civil, como consecuencia de no haber sido declarado apto en la prueba de entrevista personal, el solicitante ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario número 248/2019, contra la Resolución núm. 8183 de 21 de enero de 2019, del General Jefe de la Jefatura de Enseñanza, por la que se desestimaba el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra las Resoluciones de fecha 6, 8 y 25 de septiembre de 2018 del Tribunal de Selección, por las que se declaraba como «NO APTO», lo que se puede comprobar en la Resolución 160/38115/2019, de 4 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 248/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo (BOE de 10 de mayo ). Se considera necesario señalar que, entendemos que los criterios evaluables en las entrevistas personales que solicita el interesado son los criterios tenidos en cuenta en el citado proceso selectivo en el que ha participado. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe concluir que, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el solicitante es interesado en un procedimiento administrativo - ha participado en la prueba selectiva para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil- en curso, dado que en el momento de presentar la solicitud de información estaban abiertas las vías de impugnación, en concreto, se está tramitando un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el interesado contra la Resolución núm. 8183 de 21 de enero de 2019, del General Jefe de la Jefatura de Enseñanza, por la que se desestimaba el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra las Resoluciones de fecha 6, 8 y 25 de septiembre de 2018 del Tribunal de Selección. Resoluciones impugnadas que no serán firmes hasta que sean confirmadas o anuladas por sentencia firme en vía judicial. Por todo ello, resulta de aplicación la referida Disposición Adicional Primera, apartado 1, de la LTAIBG, y no cabe tramitar la solicitud de información al amparo de la LTAIBG, ni, por ende, reclamar ante la falta de respuesta. Es decir, que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no puede entrar a valorar la reclamación presentada por la solicitante, que dada la fase judicial en la que se encuentra, tal y como señala la Administración, podrá solicitar los medios de prueba que estime pertinentes en defensa de sus intereses. https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6947 4. Por otra parte, hay que señalar que (i) el interesado que ha solicitado también que dichos criterios sean PUBLICADOS de manera pública con exposición tanto en el panel de ingreso de la guardia civil como el resto de redes de las que disponga la guardia civil, y que (ii) la Dirección General de la Guardia Civil ha denegado al considerar de aplicación el límite previsto en el artículo 14.1 k) que dispone que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Fundamenta su denegación en lo argumentado por la Sentencia 742/2019 de fecha 14/11/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que reproduciendo la sentencia de 12 de junio de 2019, recurso número 1297/2017, en cuyo FJ 5 determina que “… dicho Manual detalla los criterios a seguir para apreciar la adecuación del aspirante a dicho perfil de competencias, todo ello con vistas a obtener una armonía debida en sendos criterios y conclusiones que determine el respeto a la igualdad de trato a todos los aspirantes, en aplicación del art. 14 CE . Constatadas la existencia y razón de ser de tal manual, no existe un derecho de los aspirantes a conocer el contenido de los criterios que va a aplicar el tribunal en el desarrollo de la entrevista, pues de saberlos de antemano los aspirantes, es más que probable que predeterminaran su aptitud, comportamiento, reacciones y respuestas al mismo, decayendo indefectiblemente el fin de la entrevista personal y, con ello, la garantía de los principios de mérito y capacidad, por lo que decae tal motivo de impugnación.” A este respecto, debemos comenzar señalando que la aplicación de los límites contemplados en la LTAIBG debe ser acorde con el Criterio Interpretativo CI/002/2015 , de 24 de junio, de este Consejo de Transparencia, elaborado en función de las competencias otorgadas por su artículo 38.2 a), Criterio en el que se indica que: “Los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter personal, no se aplican directamente, sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, “podrán” ser aplicados. De esta manera, los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo. En este sentido su aplicación no será en ningún caso automática: antes al contrario deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información. Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).” Asimismo, deben tenerse en cuenta los pronunciamientos adoptados por los Tribunales de Justicia respecto de la aplicación de esos límites, entre los que destacan los siguientes: Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015 : “(…) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad". “La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14. Tales causas constituyen conceptos j urídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como la norma indica, de tal modo que frente a los actos típicamente discrecionales, (…). En la Sentencia de 7 de noviembre de 2016, dictada en el Recurso de Apelación presentado frente a la Sentencia de instancia indicada previamente, la Audiencia Nacional expresamente señaló que “Y si concurre alguno de los límites del art. 14 reseñado deberá de acreditarlo” Sentencia nº 46/2019, de 22 de junio de 2019, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 : "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2015/4 RTVE 2.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2018/100 MInterior 7.html promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. " Sentencia nº 98/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 11 de Madrid, dictada en el PO 49/2016 : "La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto (…)”. Cabe señalar aquí el precedente contenido en el procedimiento R/0035/2015, en el que, respecto de la aplicación del límite contenido en el artículo 14.1 k) de la LTAIBG, se señalaba lo siguiente: “A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dicho límite sería de aplicación tanto cuando la concesión del acceso a la información solicitada pueda afectar al procedimiento de toma de decisiones mientras éste se esté llevando a cabo, esto es, cuando la decisión aún no haya sido adoptada, y ello por cuanto el conocimiento de la información pudiera comprometer la decisión que finalmente se adopte, como cuando dichos procesos de toma decisiones pudieran verse comprometidos a futuro. Es decir, la aplicación de este límite debe tener en cuenta las circunstancias del caso concreto en el que opera, pero también el perjuicio que podría suponer para los procesos de toma de decisión cuyas circunstancias fueran coincidentes con las concurrentes en el caso en el que se aplica el límite. (…)” En este sentido, debemos partir del hecho de que la lista completa y actualizada de los criterios evaluables en las entrevistas personales que el interesado solicita se publique para conocimiento de todos los opositores, no solo recoge los criterios que se han utilizado para evaluar la mencionada prueba selectiva de 2018 para el ingreso en los centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil en la que ha participado el solicitante, sino que entendemos, en virtud de la argumentación de la Administración, que son los criterios, con independencia de que se puedan actualizar, que se utilizan siempre para evaluar las entrevistas personales. Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sería de aplicación el límite invocado dado que con el conocimiento de los criterios evaluables podrían verse comprometidos a futuro los siguientes procesos de toma de https //www consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2016/18 MFomento 1 Renfe1 pliegoshtml decisiones, que en el presente supuesto serían las entrevistas personales de los siguientes procesos selectivos. En este sentido, consideramos que el perjuicio al límite previsto en el artículo 14.1 k) de la LTAIBG es real y no meramente hipotético sin que, a nuestro juicio, haya sido aportado al expediente justificación de la existencia de un interés superior que permita desplazar la aplicación del límite aludido. En consecuencia, entendemos que la presente reclamación ha de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentadas por , con entrada el 19 de enero de 2021, frente a la Resolución de 17 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez