El interesado solicitó a la Junta de Castilla y León información sobre la campaña de publicidad 'Más Sabor a FACYL' y expedientes de contratos de publicidad institucional de los últimos 5 años. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió la inadmisión por falta de competencia, ya que la normativa autonómica de Castilla y León establece otro órgano.
Puntos clave de la argumentación
Texto completo
ANTECEDENTES
En respuesta a reclamación presentada por D. [anonimizado] mediante escrito de 24 de junio de 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
1.
Según se desprende de la documentación contenida en el expediente, el 25 de mayo 2015, el hoy reclamante, representante legal de la [anonimizado] solicitó a la Junta de Castilla y León información sobre la campaña de publicidad Más Sabor á FACYL, 11º Festival Internacional de las Artes de Castilla y León y solicitaba "audiencia y traslado en el plazo legalmente establecido, de los documentos incorporados al mismo". Asimismo, solicitaba acceso al contenido y los documentos obrantes en los archivos públicos en poder de la Consejería de Cultura de la JCYL y, en concreto, respecto de los expedientes comprensivos de los contratos realizados en materia de Publicidad Institucional, por Consejería de Cultura de la JCYL y las instituciones pertenecientes al Sector Público regional en los últimos 5 años señalándose día y hora para poder tomar conocimiento de los mismos.
2.
La solicitud no ha obtenido respuesta expresa, por lo que D. [anonimizado] [anonimizado] transcurrido el plazo previsto en el art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) y en aplicación de lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo, la tiene por denegada, y presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la norma, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este Organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en adelante, LTAIBG, reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a
"acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, se será de aplicación la correspondiente normativa autonómica".
3. Por otro lado, la disposición final novena de la LTAIBG establece en su último párrafo que
"los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley".No obstante, en el caso que nos ocupe, toda vez que la información que se ha solicitado obra en poder de la Junta de Castilla y León, cabe indicar que esa Comunidad Autónoma ha aprobado con anterioridad al cumplimiento de ese plazo de dos años la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León por la que se ejercen las competencias autonómicas de desarrollo de la ley básica estatal. La mencionada norma es, por lo tanto, la que deben regirse las solicitudes de acceso a información pública en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus Entidades Locales.
4. En lo que respecta a la competencia de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al tratarse de una solicitud de información presentada antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2015 antes mencionada, debe señalarse que, toda vez que, en virtud de su disposición final novena, la LTAIBG no era aún de aplicación, tampoco lo eran las competencias que la misma reconoce a este Consejo para el conocimiento de las reclamaciones que se presenten en materia de acceso a la información pública.
A ello se añade que el art. 24.6 de la LTAIBG atribuye al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para conocer de las reclamaciones que se presenten "salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley". Esta disposición, por su parte, dispone lo siguiente:
"1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas (...)" y 2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en el que el Consejo sufragará los gastos derivados de esa asunción de competencias.
En el caso que nos ocupa, la Ley dictada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León prevé expresamente en su artículo 8 la posibilidad de presentar una reclamación en materia de acceso a la información pública ante la Comisión de Transparencia.
5. Dicho lo anterior, cabe concluir que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es de aplicación la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, que completará su entrada en vigor, según dispone su disposición final cuarta, el 10 de diciembre de 2015, no teniendo competencias este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para conocer de la reclamación presentada.
RESOLUCIÓN
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, se resuelve declarar la inadmisión a trámite de la reclamación presentada por carecer este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de competencias para su conocimiento.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.