La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Lardero certificados de titularidad de tramos de calle y la intervención de la policía para gestionar el estacionamiento. Ante la falta de respuesta, recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo inadmitió la reclamación porque la solicitud no pedía acceso a información pública, sino una actuación material y obligaciones de hacer.
Puntos clave de la argumentación
Texto completo
ANTECEDENTES
Resolución RT 138/2022
Ayuntamiento de Lardero (La Rioja)
Información solicitada: Diversas informaciones sobre titularidad de vía pública y sobre circulación y estacionamiento de vehículos
1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en diversas fechas 5 de 2020 y 2021 la reclamante solicitó al Ayuntamiento de Lardero al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información:
Solicitud de 14 de diciembre de 2020
Expone
Que después de conversación mantenida con la Concejal de Vialidad esta mañana, en la que me ha indicado (aunque probablemente diga que pongo palabras en su boca que no ha dicho) que el procedimiento se encuentra en requerimiento al "supuesto propietario" de justificante de la titularidad del tramo de calle, y desde el derecho que me da ser parte interesada del mismo
Solicita
Que me certifiquen en qué punto se encuentra el expediente y si es cierto, por clara desconfianza, que se le ha requerido al "supuesto propietario" el justificante de la titularidad. No obstante, salvo error por mi parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, establece que toda calle, sea o no privada es de uso público (p.e. SSTS 17 de febrero de 1986) y por lo tanto, se deberían quitar los carteles e impedir la ocupación de la vía, sin esperar siquiera a que éste presente el justificante de la titularidad.
Solicitud de 11 de enero de 2021
Expone
Que ante la pasividad de la Concejal de Vialidad y de la Policía Local de este municipio en dar solución a la ocupación de la vía pública en la Calle y de la acera de y tras conversación mantenida con ambos,
Solicita
Certificado de titularidad de ambos "tramos de calle" con el fin de conocer si este Ayuntamiento permite ilegalmente el aparcamiento. Si para la expedición de este certificado es necesario la emisión de tasas, les ruego me informen del importe para proceder a su abono.
Solicitud de 5 de abril de 2021
Que ante la pasividad de la policía local de este Ayuntamiento, vuelvo a presentar denuncia por ocupación de la calle de este municipio en incumplimiento del Reglamento General de Circulación en el caso de que se considerase vía pública y en incumplimiento de la ordenanza de vados al acceder a su propiedad sin el correspondiente vado en el caso de que se considerase zona privada
Al subinspector de Policía de este municipio que atienda mi solicitud y haga cumplir la correspondiente normativa, impidiendo el aparcamiento en esa vía, y además que se proceda a eliminar las señales no puestas por el Ayuntamiento a la entrada y salida de esa calle.
Solicitud de 5 de abril de 2021
Que la calle sigue siendo ocupada por vehículos estacionados en la misma en claro incumplimiento del Reglamento General de Circulación si esta se considerase vía publica y en claro incumplimiento de la ordenanza de vados si la considerasen privada ya que no dispone de licencia de vados.
Al subinspector de policía del municipio de Lardero que actúe impidiendo estacionar, tal y permitan en las fotos, a cualquier vehículo y que, además, se proceda a retirar los carteles puestos por los "propietarios". Recuerdo que llevo presentando denuncias desde mayo de 2019 sin que este Ayuntamiento las haya atendido.
2. Ante la ausencia de respuesta a su solicitud, la solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 5 de agosto de 2022, con número de expediente RT/0434/2022.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
- En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
- Precisadas las reglas sobre la competencia orgánica para dictar esta resolución, por lo que respecta al fondo del asunto planteado cabe recordar que, la ahora reclamante ha solicitado la emisión de determinados certificados y el cese del incumplimiento del Reglamento General de Circulación en una calle de la localidad de Lardero. Pues bien, la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad
"ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento"
. Con esta finalidad, el artículo 126 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la propia LTAIBG. Por su parte, en el artículo 137 de la LTAIBG se define la «información pública» como"[l]os contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones"
. A tenor de los preceptos mencionados, se puede sostener que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisitos de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley. Asimismo, cabe advertir que las reclamaciones planteadas ante el CTBG tienen por finalidad declarar el derecho de acceso a la información pública del reclamante cuando se den los presupuestos de hecho establecidos en la LTAIBG, no pudiendo entrar a conocer de aspectos que no forman parte del objeto de esa ley. En atención al objeto de la solicitud originaria que ha motivado esta reclamación, se evidencia que la ahora reclamante no ha solicitado información pública sobre una materia, sino que, por el contrario, ha instado al Ayuntamiento de Lardero a la emisión de certificados sobre la titularidad de una vivienda o un tramo de una calle, así como el cese del incumplimiento de las ordenanzas municipales y de la normativa sobre circulación y estacionamiento de vehículos. Esto es, ha presentado una petición destinada a que la administración pública lleve a cabo una actuación material, una obligación positiva de hacer. A este respecto, cabe señalar que este Consejo ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en supuestos similares. Así, en sus resoluciones RT 0301/2017, de 21 de agosto de 2017, y RT 0726/2021, de 19 de octubre de 2021, determinaba que peticiones de tal naturaleza distan de tratarse de solicitudes de acceso a la información, en los términos definidos por los artículos 12 a 22 de la propia LTAIBG. De este modo, tomando en consideración el objeto de la solicitud descrita, consistente en la solicitud de una actuación material por parte de la administración municipal, cabe concluir que la reclamación planteada debe ser inadmitida por quedar fuera del ámbito de aplicación de la LTAIBG.
RESOLUCIÓN
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede la INADMISIÓN de la reclamación presentada, en tanto que su objeto queda fuera del alcance de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.