El reclamante solicitó el acceso al expediente de un contrato de servicios de prevención de incendios forestales a la Comunidad de Madrid. Tras la respuesta, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El organismo decidió inadmitir la reclamación porque la materia está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, quedando fuera del ámbito de la Ley de Transparencia.
Puntos clave de la argumentación
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El objeto de la reclamación se encuentra regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la cual dispone un régimen jurídico propio y completo para el acceso a la información contractual.
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La reclamación presentada se sitúa fuera del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia al versar sobre procedimientos de contratación con sus propias garantías y recursos.
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No es jurídicamente posible aplicar una técnica de 'espejismo' para seleccionar las normas más favorables de distintos cuerpos normativos y crear un régimen ad hoc desvinculado de los cauces legales establecidos.
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El principio de seguridad jurídica exige claridad y evitar la confusión normativa respecto a la expectativa del ciudadano sobre qué ordenamiento es aplicable.
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La inadmisión procede al quedar el asunto fuera del alcance de la competencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno bajo la Ley 19/2013.
Texto completo
ANTECEDENTES
Resolución RT 0550/2021
Administración/Organismo: Comunidad de Madrid/ Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Información solicitada: Acceso a expediente de contratación
- Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante presentó al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y con fecha 3 de junio de 2021 un recurso especial para acceder al expediente relativo al servicio de "Prevención y apoyo a la extinción de incendios forestales e inclemencia invernales de la Comunidad de Madrid, cofinanciable con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)".
- Al no estar conforme con la respuesta recibida, el reclamante presentó, mediante escrito al que se da entrada el 9 de julio de 2021 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
- En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla.
- Precisadas las reglas generales sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, por lo que respecto al fondo del asunto planteado cabe recordar que, el ahora reclamante requería en su solicitud de información "Que, en lugar, de promover la caducidad del expediente se promueva la reanudación de los trámites que queden pendientes de tramitar, si es que quedan algunos y que se justifique qué motivos han causado esta petición (...). Consecuentemente, el ahora reclamante interesaba, mediante su petición, el cumplimiento por parte de la autoridad municipal de una obligación de hacer consistente en la justificación de los motivos que han llevado a la petición de caducidad del expediente por parte del Ayuntamiento."
Debe partirse de la base que la LTAIBG tiene por objeto"ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento"
. A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública", en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la "información pública" como:"los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".
En función de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley. - Por su parte, el artículo 24.1 de la LTAIBG prevé, como mecanismo de impugnación en los procedimientos de acceso a la información pública, la presentación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativo.
- En el caso de esta reclamación, el reclamante había presentado con anterioridad un recurso especial en materia de contratación, al que se refiere el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Este recurso se interpuso contra la formalización de un encargo a medios propios, siendo un acto recurrible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44. 2.e) de la LCSP. A este respecto debe indicarse que el artículo 59 de la LCSP establece en su apartado 1 que
"Contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa"
. Asimismo, el Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 18 de junio de 2021, en relación con el acceso al expediente administrativo derivado del recurso especial en materia de contratación interpuesto, indica que contra ese acuerdo "no cabe recurso alguno".
Parece que tanto evidente que el procedimiento seguido antes de llegar a esta reclamación se ha situado fuera de la LTAIBG y dentro de la normativa propia en materia de contratos. Tomando en consideración la distinta naturaleza de tales vías cabe advertir que ambas disponen de un régimen jurídico completo y acabado caracterizado por la regulación de un procedimiento de ejercicio del derecho de acceso –solicitud, plazos, formalización del acceso, etc., y la prevención de diferentes técnicas para garantizar el ejercicio del derecho de acceso que incorporan –garantías procesales y jurisdiccionales–. De este modo, este Consejo considera que no resulta posible adquirir para el ciudadano o para la administración a la técnica del "espejismo" consecuente en seleccionar las normas más favorables de distintos cuerpos normativos para dotarse, así, de un régimen jurídico ad hoc y desvinculado de los cauces legalmente establecidos para la creación de un derecho. Entre otros fundamentos de tal aseveración se encuentra la garantía del principio de seguridad jurídica, principio que se entiende como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, procurando "la claridad y no la confusión normativa", así como "la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cual ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho" - SSTC 46/1990, de 15 de marzo, F.J. 7; 36/1991, de 14 de febrero, F.J. 5; y 37/2012, de 19 de marzo, F.J. 8, entre otras.
De este modo, tomando en consideración el objeto de la reclamación, cabe concluir su inadmisión al quedar aquella fuera del ámbito de la LTAIBG.
RESOLUCIÓN
En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la Reclamación presentada, en tanto que su objeto queda fuera del alcance del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Recursos
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.