Estimada 06/05/2022 · 147 días en resolverse

Acceso a licencias, expedientes urbanísticos y solicitudes de aumento de aforo del local Norma Disco Club

El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Logroño diversas licencias, expedientes urbanísticos y solicitudes de aumento de aforo relacionadas con el local "NORMA DISCO CLUB". Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación e instó al Ayuntamiento a entregar la información solicitada por ser de carácter público.

Puntos clave de la argumentación

1 La información solicitada tiene la condición de información pública al obrar en poder del Ayuntamiento en ejercicio de sus funciones legales.
2 La falta de respuesta de la Administración y la ausencia de alegaciones no pueden impedir el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información.
3 Cualquier restricción al derecho de acceso debe interpretarse de forma estricta y estar debidamente justificada mediante un test de daño y de interés público.
4 La administración no justificó la aplicación de ningún límite de acceso ni de ninguna causa de inadmisión.

Texto completo

ANTECEDENTES

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 2 de noviembre de 2021 el reclamante solicitó a la Dirección General de Arquitectura y a la Dirección General de Urbanismo Estratégico del Ayuntamiento de Logroño, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información:

«1º.- Que nos entregue copia de las licencias de obra, de demolición, de cambio de uso, de actividad, ambientales, de primera ocupación, de primera utilización, de apertura, de funcionamiento, o cualesquiera otra urbanísticas de las enumeradas en los artículos 2.1.1 a 2.1.26 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Logroño, que desde el 1 de enero de 2020 hayan sido concedidas por este Excmo. Ayuntamiento de Logroño en relación con el local “NORMA DISCO CLUB”, sito en Avenida de Navarra nº 5, CP 26001, así como copia de sus respectivos expedientes administrativos.

2º.- Que nos entregue copia de las declaraciones responsables o escritos de actuaciones comunicadas que desde el 1 de enero de 2020 hayan sido presentadas en este Excmo. Ayuntamiento de Logroño en relación con el local “NORMA DISCO CLUB”, sito en Avenida de Navarra nº 5, CP 26001, así como copia de sus respectivos expedientes administrativos.

3º.- Que nos entregue copia de los Proyectos de obra y/o actividad, así como de cualesquiera otros documentos de los enumerados en los artículos 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.18, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.25 y 2.1.28 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Logroño, que desde el 1 de enero de 2020 hayan sido presentados en este Excmo. Ayuntamiento de Logroño para la obtención de las licencias enumeradas en el punto 1º o junto con las declaraciones responsables o escritos de actuaciones comunicadas mencionadas en el punto 2º, en relación con el local “NORMA DISCO CLUB”, sito en Avenida de Navarra nº 5, CP 26001.

4º.- Que nos entregue copia de las solicitudes que desde el 1 de febrero de 2021 se han presentado en este Excmo. Ayuntamiento de Logroño al amparo de lo previsto en la Disposición adicional sexta de la Ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de La Rioja (en su redacción actual dada por la Ley 2/2021, de 29 de enero), para incluir en las correspondientes licencias, vía modificación, el aforo del local respectivo, así como copia de la documentación adjuntada a esas solicitudes, de la resolución municipal adoptada en respuesta a ellas y del expediente administrativo previo a esta resolución. Se solicita que en la copia de cada expediente que se nos entregue conste la fecha en que la correspondiente solicitud fue presentada por el interesado y, en su caso, la fecha de entrada en el registro del Excmo. Ayuntamiento de Logroño.

5º.- Que nos entregue copia de cualesquiera otras solicitudes que desde el 1 de marzo de 2020 se hayan presentado en este Excmo. Ayuntamiento de Logroño tendentes a incrementar el aforo de bares, cafeterías, clubes, tabernas, bodegas, discotecas, salas de baile y salas de fiestas, o que tengan como resultado el aumento de este aforo (por ejemplo, por cambio de actividad), así como de las resoluciones administrativas emitidas en respuesta a dichas solicitudes [...].»

2. Ante la ausencia de contestación por parte del Ayuntamiento requerido, el día 10 de diciembre de 2021 el reclamante presentó, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG).

3. En esa misma fecha, 10 de diciembre de 2021, el CTBG remitió el expediente a la Secretaría General del Ayuntamiento de Logroño, al objeto de que pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas.

A fecha de la presente resolución no se han recibido alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
  2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
  3. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como
    «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.»
    Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.

    Este concepto debe ser entendido en el marco del ámbito de la transparencia pública, cuyo principal objetivo es otorgar a la ciudadanía la capacidad de rendir cuentas de la actuación de los responsables públicos. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

    De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Logroño, que dispondría de ella en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado anteriormente, el Ayuntamiento de Logroño no ha dado respuesta al solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo.

    Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición.

    Sin embargo, el incumplimiento por la Administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso y la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública.

    A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia ha de partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos:
    «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.

    Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información».

    De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.» (FJ. 3º).
    A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que el Ayuntamiento de Logroño no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada.

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede:

PRIMERO

ESTIMAR la reclamación presentada, por constituir su objeto información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SEGUNDO

INSTAR al Ayuntamiento de Logroño a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información:

  • Copia de las licencias de obra, de demolición, de cambio de uso, de actividad, ambientales, de primera ocupación, de primera utilización, de apertura, de funcionamiento, o cualesquiera otras urbanísticas de las enumeradas en los artículos 2.1.1 a 2.1.26 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Logroño, que desde el 1 de enero de 2020 hayan sido concedidas por el Ayuntamiento de Logroño en relación con el local “NORMA DISCO CLUB”, sito en Avenida de Navarra nº 5, CP 26001, así como copia de sus respectivos expedientes administrativos.
  • Copia de las declaraciones responsables o escritos de actuaciones comunicadas que desde el 1 de enero de 2020 hayan sido presentadas en el Ayuntamiento de Logroño en relación con el local “NORMA DISCO CLUB”, sito en Avenida de Navarra nº 5, CP 26001, así como copia de sus respectivos expedientes administrativos.
  • Copia de los Proyectos de obra y/o actividad, así como de cualesquiera otros documentos de los enumerados en los artículos 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.18, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23, 2.1.25 y 2.1.28 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Logroño, que desde el 1 de enero de 2020 hayan sido presentados en el Ayuntamiento de Logroño para la obtención de las licencias enumeradas en el punto 1º o junto con las declaraciones responsables o escritos de actuaciones comunicadas mencionadas en el punto 2º, en relación con el local “NORMA DISCO CLUB”, sito en Avenida de Navarra nº 5, CP 26001.
  • Copia de las solicitudes que desde el 1 de febrero de 2021 se han presentado en el Ayuntamiento de Logroño al amparo de lo previsto en la Disposición adicional sexta de la Ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de La Rioja (en su redacción actual dada por la Ley 2/2021, de 29 de enero), para incluir en las correspondientes licencias, vía modificación, el aforo del local respectivo, así como copia de la documentación adjuntada a esas solicitudes, de la resolución municipal adoptada en respuesta a ellas y del expediente administrativo previo a esta resolución —con indicación de la fecha en que la correspondiente solicitud fue presentada por el interesado y, en su caso, la fecha de entrada en el registro del Ayuntamiento de Logroño—.
  • Copia de cualesquiera otras solicitudes que desde el 1 de marzo de 2020 se hayan presentado en el Ayuntamiento de Logroño tendentes a incrementar el aforo de bares, cafeterías, clubes, tabernas, bodegas, discotecas, salas de baile y salas de fiestas, o que tengan como resultado el aumento de este aforo (por ejemplo, por cambio de actividad), así como de las resoluciones administrativas emitidas en respuesta a dichas solicitudes.

TERCERO

INSTAR al Ayuntamiento de Logroño a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.