Acceso a información sobre evaluación de riesgos laborales de una funcionaria en situación de embarazo

ANTECEDENTES

En respuesta a la Reclamación presentada por [anonimizado] (en representación de la AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (en adelante ACAIP), mediante escrito de 23 de octubre de 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

1.

Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, con fecha 3 de junio de 2015 tuvo entrada en la SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS del MINISTERIO DE INTERIOR (en adelante SGIIPP), solicitud de acceso al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) formulada por [anonimizado] en representación de ACAIP), en la que solicitaba información sobre la evaluación de riesgos del puesto de trabajo de GENÉRICO ÁREA MIXTA de una funcionaria en situación de embarazo, respecto a: exposición a agentes biológicos, carga física, organización del trabajo y carga mental, etc.

Esta solicitud de información no tuvo respuesta.

2.

El 10 de septiembre de 2015, [anonimizado] (en representación de ACAIP), volvió a presentar la misma solicitud de acceso a la información ante la SGIIPP, que tampoco tuvo respuesta.

3.

Mediante escrito de fecha de entrada 23 de octubre de 2015, [anonimizado] en representación de ACAIP) interpuso Reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en la que manifiesta que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales prevé, en su artículo 18, la obligación de información, consulta y participación de los trabajadores a través de sus representantes, de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, las medidas y actividades de prevención aplicables a los mismos y las medidas de emergencia adoptadas en los centros de trabajo, razón por la que solicita que se le conceda la información detallada sobre la evaluación de riesgos instada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este Organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo las reclamaciones que, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.

2.

La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como

«los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.

3.

En el caso que nos ocupa, la primera solicitud de acceso a la información del Reclamante no fue contestada por la Administración, operando, en consecuencia, el denominado silencio administrativo negativo, según el cual, la falta de contestación en plazo debe entenderse como denegación de la solicitud de acceso. Esta falta de contestación y sus efectos están regulados en el artículo 20.4 de la LTAIBG, que dispone que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada, lo que provoca que quede libre el camino para que el solicitante interponga una Reclamación ante este Consejo de Transparencia (artículo 24.1 LTAIBG).

Sin embargo, ante la falta de contestación de la Administración, [anonimizado] (en representación de ACAIP), en vez de presentar la Reclamación pertinente en el mes siguiente al inicio del cómputo del silencio administrativo, como prescribe la Ley en su artículo 24.2, dejó transcurrir dicho plazo y presentó una nueva solicitud de información ante la SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, el día 10 de septiembre de 2015, que, en esencia, es una mera repetición de la presentada meses antes.

Efectivamente, si el Reclamante solicitó a la Administración el acceso a la información, en un primer momento, el día 3 de junio de 2015, el plazo de un mes de silencio administrativo comienza a contar el 3 de julio de 2015 y finaliza el 3 de agosto de 2015, por lo que su Reclamación debió haber sido presentada antes del 3 de agosto de 2015. Sin embargo ha sido presentada el día 23 de octubre de 2015, transcurrido sobradamente dicho plazo final, razón por la que debe inadmitirse su Reclamación.

4.

No obstante, debe también hacerse constar que no es ajustada a derecho la actuación de la SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, dado que el plazo para contestar las solicitudes de acceso es de un mes desde que se recibe la solicitud en el Órgano encargado de resolver. No obstante, si dicho Órgano prevé que el plazo legal es insuficiente debido al volumen o complejidad de lo que se solicita, puede prorrogarlo por un mes más, comunicándoselo al solicitante (artículo 21.1 de la LTAIBG), circunstancia que no ha tenido lugar en el presente caso, ya que la Administración no ha atendido ninguna de las solicitudes de acceso a la información presentadas por el Reclamante, a pesar de tener la obligación legal de contestarle.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le recuerda a la SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.6 de la LTAIBG, el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

RESOLUCIÓN

Considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR por extemporánea la Reclamación presentada por [anonimizado] (en representación de la AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS) contra la desestimación por silencio administrativo de la SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.