La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Avilés el acceso al expediente íntegro de licitación para la adquisición de una parcela destinada al albergue de animales (ARA), así como documentos de nuevas ofertas. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y la administración no presentó alegaciones.
Puntos clave de la argumentación
Texto completo
ANTECEDENTES
1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la reclamante solicitó amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) con y con fecha 1 de febrero de 2021 la siguiente información:
"Que con fecha de 21-12-2018 se publicó la licitación para la "Adquisición de parcela destinada a ubicar el albergue de animales del Consorcio de Albergue y Refugio de Animales (ARA)", expediente ARA/10721/2018.
Que en ella se establece que el Consorcio utilizará el perfil del contratante del Ayuntamiento de Avilés.
Que con posterioridad a esta licitación publicada, se han registrado nuevas ofertas, tal como consta en prensa (El Comercio, 10-03-2021 y 22 del mismo mes) sin que al parecer exista una licitación publicada y en plazo para ello.
Que al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, desea ejercer el derecho de acceso en formato electrónico es los documentos que se relacionan a continuación, previa disociación, en su caso, de los datos personales protegidos:
- Expediente íntegro ARA/10721/2018, relativo al procedimiento de licitación para la adquisición de finca para ubicar albergue de animales del Consorcio.
- Documentos de convocatoria y publicación, si existen, de la nueva apertura de licitación.
- Documentos de las nuevas ofertas presentadas con posterioridad al 4 de diciembre de 2020, fecha en que se da cuenta al Consejo de Administración del Consorcio ARA de la separación del Ayuntamiento de Carreño mediante el acuerdo del Pleno Municipal adoptado a estos efectos".
2. Al no recibir respuesta, la reclamante presentó, mediante escrito al que se da cuenta el 29 de abril de 2021, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
3. El 30 de abril de 2021 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente completo al Director General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias y a la Secretaría General del Ayuntamiento de Avilés, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. En la fecha en que dicta esta resolución no se han recibido alegaciones por parte del ayuntamiento afectado por la reclamación.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
3. Precisadas las reglas generales sobre competencia orgánica para dictar la presente resolución, se debe partir de la base que la LTAIBG tiene por objeto "ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento". A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública", en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la "información pública" como:
"los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".
En función de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley.
4. La información solicitada por el reclamante se refiere al acceso a un expediente de licitación tramitado en el Ayuntamiento de Avilés. Esta información tiene la consideración, a juicio de este Consejo, de información pública, puesto que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Avilés, quien la ha elaborado en el ejercicio de las funciones que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, reconoce a los municipios. Como se ha indicado en los antecedentes de esta resolución, la administración municipal no ha presentado alegaciones en este procedimiento pese a haber sido requerido para ello por parte de este Consejo. En este sentido se debe insistir en la importancia de disponer de las alegaciones procedentes de las administraciones concernidas por las reclamaciones, para poder contar con los argumentos de todas las partes involucradas y disponer de mayores elementos de juicio para poder dictar resolución.
Por lo anteriormente expresado, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que no se han recibido alegaciones por parte del ayuntamiento concernido que determinen la posible concurrencia de los límites recogidos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, y la existencia de causas de inadmisión del artículo 18, este Consejo considera que procede estimar la reclamación presentada. A pesar de lo que se acaba de señalar en relación con el artículo 15 de la LTAIBG, en el caso de que existieran en el expediente datos de carácter personal, éstos podrán ser omitidos a la hora de su puesta a disposición de la reclamante.
RESOLUCIÓN
En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede:
PRIMERO:
ESTIMAR la reclamación presentada por constituir su objeto información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
SEGUNDO:
INSTAR al Ayuntamiento de Avilés a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite a la reclamante la siguiente información en relación con el informe de la ex concesionaria del servicio municipal de agua en Gozón en el que se advierte la inexistencia de saneamiento en la urbanización de los laureles:
- Expediente íntegro ARA/10721/2018, relativo al procedimiento de licitación para la adquisición de fincas para ubicar albergue de animales del Consorcio.
- Documentos de convocatoria y publicación, si existen, de la nueva apertura de licitación.
- Documentos de las nuevas ofertas presentadas con posterioridad al 4 de diciembre de 2020.
TERCERO:
INSTAR al Ayuntamiento de Avilés a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la reclamante.
De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.