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Resolución reclamación art. 24 LTAIBG
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Número y fecha de resolución: indicados al margen.
Número de expediente: 310/2025
Fecha Firma: 19/05/2025
Reclamante:
Presidente
Organismo: MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
Sentido de la resolución: Estimatoria.
Número: 2025-0559 Fecha: 19/05/2025
Palabras clave: personal eventual, identidad, puesto, nombramiento y cese.
I. ANTECEDENTES
R CTBG
1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 19 de
noviembre de 2024 el reclamante solicitó al Portal de Transparencia de la AGE, al
amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno1 (en adelante, LTAIBG), la siguiente información:
«Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, solicito al Registro Central de Personal un
listado (preferiblemente en formato reutilizable) del personal eventual de la AGE
con detalle de nombre y apellidos, fechas de toma de posesión y cese, ministerio,
centro directivo, unidad y descripción del puesto de trabajo desde enero de 2020
hasta la actualidad.
Esta información ya ha sido facilitada por el Registro Central de Personal, en este
caso a la Fundación Civio, representada por (…), tras la sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de diciembre de 2019 (Recurso de Casación nº 316/2018), que
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
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produjo la redacción del criterio interpretativo 1/2020 del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno, sobre la publicación de este asunto.
Como decía, estos datos fueron facilitados en los mismos términos que ahora
solicito y sin contravenir el artículo15 de la LTAIBG, ya que no se pide información
retributiva, por lo que no es necesario la ponderación de intereses en juego, al
primar el interés público y la mera identificación no supone un conflicto con la
protección de datos personales».
2. Desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la petición
fue duplicada al resto de departamentos ministeriales, entre ellos el Ministerio de
Política Territorial y Memoria Democrática — donde tuvo entrada con fecha 10 de
diciembre —. No consta respuesta de este Ministerio.
Número: 2025-0559 Fecha: 19/05/2025
3. Mediante escrito registrado el 10 de febrero de 2025, el solicitante interpuso una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el
Consejo) en aplicación del artículo 242 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que
no ha recibido respuesta a su solicitud, indicando que se trata de información sobre
cuyo acceso existe jurisprudencia favorable —Sentencia del Tribunal Supremo de 16
de diciembre de 2019 (Recurso de Casación nº 316/2018), así como las resoluciones
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favorables de otros departamentos de la AGE—.
Así mismo, en documento adjunto pone de relieve:
«El 10 de diciembre de 2024 la administración duplicó este expediente y generó,
entre otros, los 00001-00098844, 00001-00098850, 00001-00098852 y 00001-
00098853. No ha habido más documentación compartida por parte de la
administración, lo que me impide conocer qué departamentos son los responsables.
Los otros expedientes generados corresponden a:
' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 00001-00098838
' Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: 00001-00098839
' Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: 00001-00098840
' Ministerio de Cultura: 00001-00098841
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a24
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' Ministerio de Defensa: 00001-00098842
' Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: 00001-00098843
' Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes: 00001-00098845
' Ministerio de Hacienda: 00001-00098846
' Ministerio de Igualdad: 00001-00098847
' Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: 00001-00098848
' Ministerio de Industria y Turismo: 00001-00098849
' Ministerio de Juventud e Infancia: 00001-00098851
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' Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes: 00001-
00098956
' Ministerio de Sanidad: 00001-00098854
' Ministerio de Trabajo y Economía Social: 00001-00098855
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' Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: 00001-00098857
' Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: 00001-00098858
' Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública: 00001-
00098000
' Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 00001-00098856
Es decir, no existe ningún tipo de respuesta, si el expediente se duplicó en todos los
departamentos ministeriales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ministerio del Interior.
Tampoco es posible saber, con la documentación disponible, si el expediente que
reclamo pertenece a alguno de estos departamentos. O, si como he experimentado
en anteriores ocasiones, la respuesta puede proceder de organismos públicos con
un importante número de trabajadores eventuales que han respondido en el
pasado, como Patrimonio Nacional.
De acuerdo con el artículo 20.4 de la LTAIBG, el vencimiento del plazo sin respuesta
equivale a una denegación por silencio administrativo negativo. (…)»
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4. Con fecha 11 de febrero de 2025, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio
requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la
solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere
pertinentes. El 12 de marzo tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala
lo siguiente:
«(…) Con fecha 10 de diciembre de 2024 la UIT Central duplica la solicitud a todos
los departamentos ministeriales, teniendo entrada en la UIT del Ministerio de
Política Territorial y Memoria Democrática el propio 10 de diciembre de 2024.
TERCERO. - Con fecha 10 de febrero de 2025, el recurrente presenta reclamación
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aduciendo que no ha recibido
respuesta a su solicitud, habiéndose superado, por tanto, el plazo máximo de un
Número: 2025-0559 Fecha: 19/05/2025
mes de resolución y notificación establecido en la LTAIBG.
CUARTO. - Con fecha 20 de febrero de 2025 la solicitud es trasladada a la
Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática, órgano competente
para resolver, comenzado ese día a computar el plazo máximo de un mes para
resolver y notificar la solicitud según lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
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Buen Gobierno.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Si bien la solicitud tuvo entrada en el Ministerio de Política Territorial y
Memoria Democrática el día 10 de diciembre de 2024, la solicitud no tuvo entrada
en la Subsecretaría, órgano competente para resolver, hasta el 20 de febrero de
2025, fecha a partir de la cual empieza a computar el plazo máximo de un mes para
resolver y notificar la solicitud según lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno. Esto quiere decir que el plazo máximo para resolver y notificar la
solicitud finaliza el día 20 de marzo de 2025.
SEGUNDO. - Al tratarse de una solicitud que ha sido duplicada a todos los
departamentos ministeriales y que versa sobre un periodo temporal extenso en el
cual se han producido múltiples reorganizaciones administrativas, que implica que
dicho personal dependiese de varios departamentos ministeriales, dicha situación
motiva la realización de consultas entre las distintas UIT respecto de la información
que a cada Ministerio concierne proporcionar. En este sentido, en la propia nota de
coordinación remitida por la UIT Central a las UIT departamentales (que se adjunta
como Documento 1) se indicaba que “a la hora de conceder la información habrán
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de tenerse en cuenta, asimismo, los cambios en las estructuras departamentales
acaecidos, por lo que deberá coordinarse la respuesta entre aquellos Ministerios
que hayan variado su estructura incorporando o perdiendo centros directivos
respecto de otros departamentos.”
En el caso que nos ocupa, desde 2020 este Departamento Ministerial ha sufrido
variadas modificaciones que afectan al personal eventual.
- Con la aprobación del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, la
Secretaría General de Administración Digital, que formaba parte de nuestro
departamento, pasó a formar parte del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
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- Con la aprobación del Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, se pasó del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública al Ministerio de Política Territorial. Este cambio implicó que la Secretaría de
Estado de Política Territorial y Función Pública existente en el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, se dividiese en dos, pasando la Secretaría de Función
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Pública a formar parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y quedándose
nuestro departamento únicamente con la Secretaría de Estado de Política
Territorial.
- Con la aprobación del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, se pasó del Ministerio de Política
Territorial al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, lo que supuso
que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática pasase a formar parte de
nuestra estructura.
Estos cambios organizativos implicaron la necesidad de coordinarse con los
actuales Ministerio de Hacienda y Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones
con las Cortes para delimitar quien iba a otorgar la información relativa a la
Secretaría de Estado de Función Pública y a la Secretaría de Estado de Memoria
Democrática.
TERCERO. - Concretados finalmente los periodos temporales que cada
departamento resolvería dentro de su ámbito competencial, el 20 de febrero de
2025 se procedió a trasladar la solicitud al órgano competente para resolver, fecha
a partir de la cual comenzó a computar el plazo máximo de un mes para resolver y
notificar la solicitud
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CUARTO. - En consecuencia, dado que este órgano se encuentra todavía dentro del
plazo máximo para resolver y notificar que el artículo 20.1 de la LTAIBG preceptúa,
se interesa la inadmisión de la reclamación presentada al no haberse producido el
silencio administrativo desestimatorio aducido».
5. El 13 de marzo de 2025, se concedió audiencia al reclamante para que presentase
las alegaciones que estimara pertinentes, sin que, habiendo comparecido a la
notificación, haya presentado observación alguna.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG3 y en el artículo
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13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.4, el presidente de esta Autoridad
Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que,
en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG5, se presenten frente a las resoluciones
expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
2. La LTAIBG reconoce en su artículo 126 el derecho de todas las personas a acceder a
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la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en
poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y
que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».
De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un
concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos
específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota
su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza
“pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los
sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus
funciones”.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a38
https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/07/02/615
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a24
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a12
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Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso
a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la
concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal.
3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que
figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información relativa al
personal eventual de la AGE, con el detalle y nivel de desglose reflejados. Dicha
solicitud se dirigió al Registro Central de Personal, Unidad dependiente del Ministerio
para la Transformación Digital y de la Función pública, desde donde fue duplicada a
todos los departamentos ministeriales.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no respondió en el plazo
establecido, por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 LTAIBG se
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entendió desestimada y expedita la vía para interponer la reclamación allí prevista.
Posteriormente en fase de alegaciones el Ministerio indica que «[s]i bien la solicitud
tuvo entrada en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el día 10
de diciembre de 2024, la solicitud no tuvo entrada en la Subsecretaría, órgano
competente para resolver, hasta el 20 de febrero de 2025» por loque considera que,
en el momento de presentarse la reclamación, no habría finalizado el plazo para
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resolver.
4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1
LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso
deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado
en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que
el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario
y previa notificación al solicitante».
En el presente caso, el Ministerio indica que la petición de acceso duplicada tuvo
entrada en su registro con fecha 10 de diciembre de 2024, no siendo hasta el 20 de
febrero de 2025, una vez interpuesta la reclamación y abierto el periodo de
alegaciones en el seno de este procedimiento, cuando la misma es remitida, dentro
del seno de dicho Ministerio, al órgano interno competente para resolver, sin que a
día de hoy se tenga constancia de que este haya dictado resolución, como tampoco
de que haya efectuado ninguna actuación ulterior. El lapso temporal transcurrido
entre la entrada de la solicitud en la UIT del Ministerio (el 10 de diciembre de 2024) y
su recepción en el órgano competente para resolver (el 20 de febrero de 2025) —esto
es, más de dos meses— resulta a todas luces desproporcionado para la tramitación
de una solicitud dentro de un mismo ministerio e incompatible con el principio de
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eficacia que según el artículo 103 de la Constitución ha de regir la actuación de la
Administración Pública. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración
que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del
contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como
el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al
manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de
respuesta».
5. Sentado lo anterior, no puede desconocerse que a pesar de afirmarse que
todavía se estaba en tiempo de dictar resolución (lo que podría dar a entender
que se iba a dictar resolución) no consta que el Ministerio haya dictado y
notificado resolución. Ahora bien esta falta de respuesta a la solicitud de acceso
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no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como
es el derecho de acceso a la información pública; sobre todo teniendo en cuenta
que el acceso a información relativa al personal eventual de la Administración
General del Estado cuenta con una consolidada doctrina de este Consejo favorable
al acceso en línea con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo.
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6. Así, en el Criterio Interpretativo 1/2015, de 24 de junio, elaborado conjuntamente por
la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno en virtud del mandato contenido en la Disposición adicional quinta de la
LTAIBG, ya se estableció una clara pauta interpretativa sobre el particular al indicar
que, en el caso de personal eventual que ocupa puestos de especial confianza y
asesoramiento y de alto nivel en la jerarquía -puestos con niveles 30, 29 y 28-,
prevalece el interés público en el acceso a la información frente al interés individual
en la protección de los datos de carácter personal. Dicha pauta ha sido aplicada
regularmente por este Consejo en numerosas resoluciones entre las que cabe
mencionar las siguientes: R 0366/2019, R 0414/2020, R 703/2020, R 204/2021, R
255/2021, R 257/2021, R 101/2022, y más recientemente: R CTBG 0089/2025, de 27
de enero; R CTBG 0094/2025, de 28 de enero.
El contenido del mencionado Criterio Interpretativo ha sido confirmado en varias
ocasiones por la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, incluido el Tribunal
Supremo, el cual no sólo lo ha validado, sino que en su Sentencia 3968/2019 de 16
de diciembre [ECLI:ES:TS:2019:3968], al resolver un recurso de casación sobre la
materia, extendió la prevalencia del interés público en el acceso a la información
relativa a todos los nombramientos de carácter eventual, incluidos aquellos que
desarrollan labores correspondientes a la categoría de administrativos
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7. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, procede estimar la reclamación teniendo
en cuenta los siguientes factores: (i) la consideración de información pública de lo
solicitado de acuerdo con el artículo 13 LTAIBG; (ii) el criterio jurisprudencial expuesto;
(iii) el hecho de que esta información ha sido objeto de entrega por diferentes
ministerios; (iv) la doctrina favorable de este Consejo en casos similares —
concretamente, las resoluciones R CTBG 0542/2025, de 16 de mayo, en la que se
revocaba la resolución denegatoria de uno de los departamentos a los que fue
duplicada la petición de acceso aquí valorada; R CTBG 0432/2025, R CTBG 0428/2025
y R CTBG 0427/2025, de 11 de abril, entre otras— y (v) que el Ministerio no ha alegado
causa alguna que impida o limite la entrega, esta reclamación debe ser estimada.
III. RESOLUCIÓN
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En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede
PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al MINISTERIO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA
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DEMOCRÁTICA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante
la siguiente información:
• Un listado (preferiblemente en formato reutilizable) del personal eventual del
Ministerio, con detalle de nombre y apellidos, fechas de toma de posesión y
cese, centro directivo, unidad y descripción del puesto de trabajo, desde enero
de 2020 hasta la actualidad.
TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de
Transparencia copia de la información enviada al reclamante.
De acuerdo con el artículo 23.17, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24
de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre8, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto
en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa9.
EL PRESIDENTE DEL CTBG
Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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R CTBG
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&p=20230301&tn=1#dacuarta
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