Acceso a información sobre suministro de agua, estado de la ETAP, anulación de derechos de consumo, detalle de programas económicos y relación de contratos

ANTECEDENTES

Resolución RT 1154/2021

Administración/Organismo: Ayuntamiento de Cardiel de los Montes (Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha).

Información solicitada: Información relativa a las propuestas recogidas en el II Plan de Actuación y Viabilidad.

Plazo de ejecución: 20 días hábiles.

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 22 de noviembre de 2021 el reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cardiel de los Montes, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información en relación con la Urbanización Atalaya del Alberche:
   • 1 - Certificación de la procedencia del Agua de Consumo suministrada a esta Urbanización.
   • 2 - Situación y estado actual de la ETAP (Planta Potabilizadora) ubicada en esta Urbanización con una antigüedad superior a los 35 años, así como certificación del estado de los depósitos de almacenamiento de Agua Potable de 200 y 500 m3, y últimas inspecciones realizadas.
   • 3 - Anulación de derechos reconocidos de consumo de Agua, por un importe de 28.153,55 euros correspondientes al ejercicio de 2.018 y recogido en la Cuenta General de 2.019 por alguno de los supuestos legalmente establecidos:
     • Por aprobación en Pleno Municipal
     • Por Decreto de Alcaldía.
   • 4 - Certificación del costo del servicio de Agua de Consumo, abonado a Aguas de Castilla la Mancha en los años 2.018 y 2.019, y a su vez, lo recaudado por este servicio, tanto en derechos reconocidos, como recaudación efectiva, e importe pendiente de cobro.
   • 5 - Capítulos de Programas - Económico, detalle de los mismos.
     • Programa 920-Económico 22699. Otros gastos diversos pagos por 42,626,80 euros.
     • Programa 161-Económico 25. Trabajos realizados por Admon. Públicas y otras entidades, pagos por 57.292,49 euros.
     • Programa 920-Económico 22799. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, pagos por 17.131,92 euros.
   • 6 - Relación de contratos suscritos por ese Excmo. Ayuntamiento con Entidades Públicas, u otras Empresas y Autónomos.
2. 2. Ante la ausencia de respuesta por parte de la administración municipal, en fecha 23 de diciembre de 2021 el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG).
3. 3. El día 27 de diciembre de 2021, el CTBG remitió el expediente a la Secretaría General del Ayuntamiento de Cardiel de los Montes, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. A fecha de la presente resolución no se han recibido alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
3. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como

   «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.»

   Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.
   
   Este concepto debe ser entendido en el marco del ámbito de la transparencia pública, cuyo principal objetivo es otorgar a la ciudadanía la capacidad de rendir cuentas de la actuación de los responsables públicos. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.
   
   De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Cardiel de los Montes, que dispondría de ella en el ejercicio de las competencias que ostenta tanto en materia presupuestaria y contractual como de abastecimiento de agua, en virtud de los artículos 21 a 23 y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respectivamente.
4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado anteriormente, el Ayuntamiento concernido no ha dado respuesta al solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo.
   
   Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición.
   
   Sin embargo, el incumplimiento por la Administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso y la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública.
   
   A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia ha de partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos:
   
   

   «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.
   
   Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información».
   
   De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.» (FJ. 3º).

   A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que la administración municipal no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada.

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede:

PRIMERO:

ESTIMAR la reclamación presentada, por constituir su objeto información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SEGUNDO:

INSTAR al Ayuntamiento de Cardiel de los Montes a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información:

• Información sobre la procedencia del agua de consumo suministrada a la Urbanización Atalaya del Alberche.
• Situación y estado actual de la Estación de Tratamiento de Agua Potable ubicada en la Urbanización Atalaya del Alberche, así como información sobre el estado de los depósitos de almacenamiento de agua potable de 200 y 500 m3 y sobre las últimas inspecciones realizadas a los mismos.
• Decreto de Alcaldía o instrumento jurídico equivalente en que se disponga la anulación de derechos reconocidos de consumo de agua, por un importe de 28.153,55 euros, correspondiente al ejercicio 2018 y recogido en la cuenta general de 2019.
• Detalle de los siguientes programas:
  • Programa 920-Económico 22699. Otros gastos diversos pagos por 42.626,80 euros.
  • Programa 161-Económico 25. Trabajos realizados por Admon.Públicas y otras entidades, pagos por 57.292,49 euros.
  • Programa 920-Económico 22799. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, pagos por 17.131,92 euros.
• Relación de contratos suscritos por el Ayuntamiento de Cardiel de los Montes con entidades públicas, empresas y trabajadores autónomos durante el período comprendido entre enero de 2018 y la fecha de la solicitud.

TERCERO:

INSTAR al Ayuntamiento de Cardiel de los Montes a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.