Una sección sindical solicitó las actas de diversas comisiones y órganos colegiados de Castilla-La Mancha Media. La administración alegó que el sindicato ya disponía de la información por su condición de parte en las reuniones y calificó la solicitud de abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las actas del Comité de Seguridad y Salud.
Puntos clave de la argumentación
Texto completo
ANTECEDENTES
Resolución RT 237/2022
Administración/Organismo: Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha / Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha.
Información solicitada: Actas órganos colegiados del ente público.
1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 9 de marzo de 2022 la reclamante solicitó al Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información:
"- Actas de las Comisiones Paritarias celebradas desde el 01/11/2021 de Enero de 2021 hasta el 09/03/2022. - Actas de las Comisiones de Formación celebradas desde el 01/11/2021 de Enero de 2021 hasta el 09/03/2022. - Actas de las Comisiones de Seguridad y Salud desde el 01/11/2021 de Enero de 2021 hasta el 09/03/2022. - Actas de las Comisiones de Contratación celebradas desde el 01/11/2021 de Enero de 2021 hasta el 09/03/2022. - Fechas de celebración de las Comisiones Paritarias, de Formación, Seguridad y Salud y Contratación desde el 01/11/2021 hasta el 09/03/2022. Actas que deberían estar subidas a la Intranet y no lo están, por ese motivo, solicitamos que se nos aporten o que se suban a la intranet y ya accedemos nosotros. Les rogamos que nos indiquen cuándo se van a subir a la intranet dichas Actas y solicitamos que puesto que es una información que ya debería estar accesible que se nos aporten a la mayor brevedad. Recordamos también que las Actas del Comité de Seguridad y Salud deberían ser accesibles para todos los trabajadores, disociando aquellos datos protegidos. Si van a proceder a disociar datos en alguna de dichas Actas subidas a la intranet les solicitamos el Acta sin disociar ya que recordamos nuestro deber al sigilo".
2. Disconforme con la respuesta recibida, la solicitante presentó con arreglo a lo dispuesto en el artículo 242 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), a la que se da entrada el 20 de abril de 2022, con número de expediente RT/0190/2022.
3. En fecha 22 de abril de 2022 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas.
El 19 de mayo de 2022 se recibe contestación de dicho órgano, del que procede extraer lo siguiente:
"(....) PRIMERO.- La solicitud la realiza la sección sindical del CSIF en CMM. SEGUNDO.- En virtud de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales el CSIF forma parte, con voz pero sin voto, de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. En esta condición, las actas de dicho Comité le son enviadas en cuanto se encuentran disponibles al mismo tiempo que el resto de sindicatos con presencia en CMM. Por tanto, solicita información de la que ya dispone. TERCERO.- Este Órgano es consciente de la dificultad de juzgar para el CTBG el indiscutible abuso de derecho que la actora realiza, persiguiendo intereses particulares que en ningún caso se corresponden con los objetivos de las leyes de transparencia, y que tampoco podrían ser satisfechos utilizando la información pública que solicita. (....)"
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
- En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
- La LTAIBG, en su artículo 126, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como
«los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.»
Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Este concepto debe ser entendido en el marco del ámbito de la transparencia pública, cuyo principal objetivo es otorgar a la ciudadanía la capacidad de rendir cuentas de la actuación de los responsables públicos. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. - Entrando en el fondo de la cuestión, el objeto de la solicitud que está en el origen de esta reclamación se circunscribe a las actas de diversas comisiones y órganos colegiados de CMMedia. En su reclamación la reclamante únicamente muestra su disconformidad en relación con las actas y fechas del Comité de Seguridad y Salud, y no con el resto de información solicitada. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud “es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos”. Asimismo, ese artículo recoge que en las reuniones de este órgano colegiado “participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior”. Por su parte, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en su artículo 10 dispone lo siguiente.
“Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 100 de los votos estarán representadas por un solo delegado sindical.
La reclamante forma parte de una organización sindical, CSIF, como delegada sindical sin representación, según se informa en el portal de transparencia de CMMedia. Sin embargo, esta circunstancia no implica que una persona que forme parte de un sindicato no pueda utilizar la vía de la LTAIBG para acceder a determinada información. En este mismo sentido, los Tribunales de Justicia han amparado el derecho de los sindicatos a presentar solicitudes de información en aplicación de la LTAIBG, destacando:
3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:
1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda”.- La Sentencia 93/2017, de 17 de julio de 2017, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid en el PO 47/2016: “El artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de acceso a la información pública a todas las personas, sin distinción. No cabe calificar el artículo 40.1.f) del EBEP de 'régimen específico de acceso a la información', en los términos a que se refiere la DA Primera de la Ley 19/2013 y nada obsta a esta conclusión que el EBEP haya modificado la Ley 30/84.”
- La Sentencia 82/2018, de 6 de julio de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid en el PO 50/2017: “Es esa prevalencia del interés público del derecho de acceso, reconocido constitucionalmente, la que obliga a que las decisiones que se adopten ante una solicitud como la planteada estén informadas por un objetivo primordial, cual es el de dotar de la mayor eficacia a dicho derecho, siendo posible limitarla única y exclusivamente en los supuestos legalmente previstos. (...) el hecho de que la Junta de Personal tenga como una de sus funciones recibir información sobre política de personal, evolución de las retribuciones, evolución del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento, no puede ser calificado como un régimen específico de acceso a la información pública, pues no contiene ninguna regulación relativa a la forma y modos en que puede acceder a dicha información y los medios y procedimientos para hacerla efectiva (…) De un lado porque las Juntas de Personal son órganos de representación de los funcionarios públicos, mientras que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo se efectúan en las Mesa de Negociación, en cuyo seno de 'los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones' (arts. 31 a 38 del EBEP). De manera que puede eventualmente haberse entregado tal información a los sindicatos o pactarse con ellos la forma de hacerlo, pero esto no impide que la Junta de Personal que no interviene en tales acuerdos y pactos pueda solicitar la misma información con fundamento en el derecho a la información reconocido y regulado en la LTBG. (...) el considerar que hay que limitar el acceso a los datos de todos y cada uno de los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en la AEAT es un razonamiento tan generalizado y sin matices que no puede ser calificado como proporcionado, ni mínimamente justificado, ni atiende tampoco a las circunstancias del caso concreto, sino que lo extiende y refiere en general a todos los funcionarios de la entidad, por lo que no puede entenderse ajustado a lo que exige el art. 14.2 de la LTBG para restringir o limitar el derecho de acceso.”
RESOLUCIÓN
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede:
PRIMERO:
ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada, por constituir su objeto información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
SEGUNDO:
INSTAR a Castilla-La Mancha Media a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite a la reclamante la siguiente documentación:
- Copia de las actas de las Comisiones de Seguridad y Salud desde el 01/11/2021 hasta el 09/03/2022.
TERCERO:
INSTAR a Castilla-La Mancha Media a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la reclamante.
De acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 del mismo texto legal tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.