Acceso a la documentación justificativa de un convenio de colaboración entre la FMCEyUP y la asociación Gesto Sociedad Cultural

ANTECEDENTES

1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 4 de noviembre de 2025 el ahora reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gijón la siguiente información:

“La documentación justificativa íntegra correspondiente al Convenio de Colaboración Plurianual (CVN202400020) firmado entre la FMCEyUP y la asociación Gesto Sociedad Cultural. Dicha documentación incluye, de forma específica y no limitativa, la siguiente información relativa a la anualidad 2024:

1. Memoria de Actuación del ejercicio.
2. Memoria Económica Justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, detallando los gastos imputados.

FORMATO DE ENTREGA: Conforme al Artículo 37 de la Ley de Transparencia, solicito que la información sea facilitada por medios electrónicos, sin coste alguno, ya que la solicitud se refiere a información directamente relacionada con la fiscalización del gasto público.”

2. Ante la ausencia de respuesta, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 10 de diciembre de 2025, con número de expediente 3068/2025.

El 12 de diciembre de 2025 el Consejo remitió la reclamación al Ayuntamiento de Gijón, el cual contestó el 15 de enero de 2026 renunciando, alegando que el reclamante renuncia a la solicitud de acceso a información pública mediante escrito presentado con fecha 20 de diciembre de 2025, número de Registro de Entrada del Ayuntamiento de Gijón/Xixón 2025157130 el cual se adjunta.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.

2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13,

«los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de "formato o soporte". Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza "pública" de las informaciones: (a) que se encuentren "en poder" de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas "en el ejercicio de sus funciones". Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal.

4. En este caso, de conformidad con los antecedentes de esta resolución, el 16 de enero de 2025 el reclamante ha desistido de su solicitud de acceso a la información pública mediante instancia dirigida al ayuntamiento receptor de la solicitud de información. A estos efectos, resulta de aplicación el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dispone lo siguiente:

«1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.»

En virtud de esta disposición, el desistimiento de la solicitud de acceso deja sin objeto la presente reclamación entendiendo producidos los efectos del desistimiento del reclamante, de forma implícita al presente procedimiento, que se da por concluido, procediendo a acordar el archivo de las actuaciones.

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ARCHIVAR por desistimiento de la solicitud presentada al Ayuntamiento de Gijón.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, LTAIBG, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.