Acceso a convenios y contratos con la editorial Planeta y justificación de plataformas digitales

Resolución RT 0646/2020

I. ANTECEDENTES

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) y con fecha 16 de septiembre de 2020 la siguiente información:

• "1. Copia o enlace al convenio suscrito por la Comunidad con Planeta en abril/2020"
• "2. Copia o enlace a los contratos de emergencia con Editorial Planeta, S.A.U., Informática El Corte Inglés, S.A., ODILO TIO, S.L." que finalizaron 15 septiembre y se citan en consejo de gobierno día 16.
• "3. Copia o enlace a documentación que justifique la necesidad de 'plataforma web de biblioteca escolar de la Comunidad de Madrid' cuando Madrid ya dispone de abiesweb"

2. Al no estar conforme con la respuesta recibida, el reclamante presentó, mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2020, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido:

“No realizo alegaciones sobre puntos 2 y 3 (enlazan información publicada con posterioridad a mi solicitud y a la ampliación de plazo). Sin embargo sobre punto 1 indican "acuerdo verbal" del que no facilitan información, que es lo que reclamo. Creo que procede citar resolución estimatoria RT/0269/2020 con situación similar de contrato verbal y también supuestamente cesión gratuita (todavía no se ha ejecutado y no he recibido información)”

3. Con fecha 16 de noviembre de 2020 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la Directora General de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano y a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al objeto de que pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Con fecha 14 de diciembre de 2020 se reciben las alegaciones de la Directora General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza que indican:

“Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y tal y como establece el punto 1 del “Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación” del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se “suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados”. En el punto 2 de ese mismo artículo se indica que “durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible”. Por todo ello, la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, para facilitar el uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adoptó un acuerdo verbal con el Grupo editorial y de comunicación Planeta, que cedió los materiales para que los centros educativos pudieran disfrutar de ellos gratuitamente hasta final del curso 2019-2020. Dichos materiales estuvieron disponibles a través de la plataforma educativa EducaMadrid para los centros docentes que lo solicitaron.”

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.

2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

3. La LTAIBG tiene por objeto "ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento". A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública", en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la "información pública" como:

"los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.

Este concepto debe ser entendido en relación con las finalidades de la LTAIBG. Según su Preámbulo, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Así, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, tal y como está configurado en esta norma, debe analizarse en relación con el interés público que pueda tener la divulgación de la información que se solicita.

4. Con respecto al fondo del asunto, la controversia de la actual reclamación tiene su origen en la respuesta otorgada por la Comunidad de Madrid, con respecto a la “copia o enlace al convenio suscrito por la Comunidad con Planeta en abril 2020” del que se dio publicidad mediante nota de prensa por ambas partes, al indicar en su resolución que: “No se suscribió ningún convenio con Aula Planeta para ofrecer recursos digitales a centros educativos públicos y concertados. Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se llegó a un acuerdo verbal de forma que los centros educativos pudieron disfrutar de forma gratuita, hasta final del curso 2019-2020, de los proyectos y soluciones educativas digitales que ofrecía Aula Planeta y que estuvieron disponibles a través de la plataforma educativa EducaMadrid para los centros docentes que lo solicitaron”.

Este Consejo ha podido comprobar, que con fecha 16 de marzo de 2020, el Grupo Planeta como consecuencia de la situación derivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 puso a disposición de todos los centros escolares -no sólo a los de la Comunidad de Madrid- y de forma gratuita todos los recursos digitales de su plataforma AulaPlaneta.

Por lo tanto, procede desestimar la reclamación presentada al no existir objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada al no existir objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.