Reclamación por fragmentación de solicitud de acceso a información sobre gestión sanitaria y contratos COVID-19

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.

2. La LTAIBG reconoce en su artículo 126 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13,

«los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de "formato o soporte". Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza "pública" de las informaciones: (a) que se encuentren "en poder" de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas "en el ejercicio de sus funciones".

Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal.

3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en el antecedente primero de esta resolución.

El Ministerio dictó resolución expresa concediendo -según afirmó- la información relativa a su ámbito de competencia (concerniente a la agenda del entonces ministro de Sanidad) tras dar traslado de la misma a terceros afectados, dejando entretanto en suspenso su tramitación, y tras duplicar la solicitud de acceso para su resolución en el resto de las cuestiones planteadas por los centros directivos competentes.

Disconforme con la respuesta recibida el interesado interpuso reclamación ante el Consejo en la que puso de manifiesto el carácter incompleto y fragmentado de la contestación, así como la falta de motivación de la decisión adoptada. En fase de alegaciones el Ministerio insistió en que la única información disponible era la que le había entregado, debiendo quedar a la espera de la respuesta de los demás centros directivos a los que remitió copia de la solicitud de acceso. Durante el trámite de audiencia el interesado insistió en la entrega de la información solicitada.

4. A los efectos de resolver adecuadamente esta reclamación procede verificar la conformidad a la LTAIBG de la actuación del Ministerio de Sanidad consistente en la duplicación de la solicitud de acceso presentada por el interesado para su remisión a los centros directivos indicados (a saber, Secretaría General Técnica, Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS, INGESA, Gabinete de la Ministra, AEMPS, Subsecretaría de Sanidad, ONT, y Secretaría de Estado de Sanidad) en aras a la resolución por cada uno según sus competencias.

Sobre este particular no puede desconocerse que este Consejo ha indicado en múltiples ocasiones que las solicitudes de acceso que se dirigen a un Ministerio no pueden ser fragmentadas y concedidas o denegadas parcialmente por cada uno de los órganos que integran su estructura, sino que corresponde al propio Ministerio determinar en qué unidades se encuentra la información solicitada, recabarla y ofrecer una respuesta integral al solicitante, que comprenda toda la información que obre en su poder como sujeto obligado por la LTAIBG.

En este caso el Ministerio de Sanidad ha troceando la solicitud de acceso remitiéndola a distintos centros directivos del mismo departamento, dándose respuesta en este caso, únicamente, a la información que entra en el ámbito competencial del Gabinete del Ministro. Para el resto de cuestiones, se remite al interesado a la respuesta que, en su caso, ofrezca el resto de centros directivos implicados. No se ofrece, por tanto, una respuesta formal, expresa e individualizada a cada una de las cuestiones, obligando al interesado a un peregrinaje y, en su caso, a la interposición de diversas reclamaciones frente a las diversas resoluciones (expresas o presuntas) del resto de unidades. Esa fragmentación, como alega el reclamante, repercute asimismo en la calidad y pertinencia de la información que se facilite.

En consecuencia, el Ministerio de Sanidad debió haber asumido la respuesta íntegra a la solicitud a pesar de que en la conformación de esa respuesta hubiera debido dirigirse a distintos centros directivos del mismo para la recopilación de la referida información e incluso a algún organismo público adscrito al propio Ministerio -como, INGESA o la AEMPS-. Al no hacerlo así, a juicio de este Consejo, y a pesar de lo argumentado por el Ministerio reclamado, se vulneró el derecho de acceso a la información de la persona reclamante conforme es definido en la LTAIBG y en la doctrina de este Consejo.

Debe recordarse en este punto que las personas que presentan una solicitud de acceso a la información pública no tienen por qué saber a qué órgano y, menos aún, a qué unidad administrativa compete conocer de ese asunto. En consecuencia, no tienen el deber jurídico de conocer la organización administrativa interna y sus respectivas atribuciones como tampoco de soportar las disfunciones interadministrativas o interorgánicas que en su caso se puedan producir en orden a la competencia de unos y/o de otros, siendo exigible -según los términos definidos por la LTAIBG-, la obtención de una respuesta expresa, íntegra, clara, inteligible y motivada a todas las cuestiones formuladas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, y a su entrega, si la misma está disponible. Tal y como ha destacado el Tribunal Supremo (Sentencia de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810)), en relación con los meritados artículos 18.1.d) y 2, y 19.1 LTAIBG, estos preceptos tienen por finalidad evitar a los solicitantes de información un peregrinaje por distintos órganos de la administración en busca de la información:

«Como se ve, en ninguno de los dos casos la Ley obliga al solicitante una búsqueda, localización y remisión de información».

5. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto procede estimar la presente reclamación a fin de que el Ministerio de Sanidad complete la información ya facilitada (la agenda del entonces ministro de Sanidad contenida en el punto 3 de la solicitud) resolviendo expresamente sobre la misma y, en su caso, justificando de forma detallada la concurrencia de los límites previstos en la norma.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede

PRIMERO

ESTIMAR la reclamación presentada frente a la resolución del MINISTERIO DE SANIDAD.

SEGUNDO

INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que en el plazo máximo de 10 días hábiles, proporcione al reclamante la siguiente información, en los términos expresados en el FJ 5 de esta resolución:

«1. DOCUMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Plan estratégico y funcionamiento:

• Actas completas de todas las reuniones celebradas desde abril 2024
• Plan estratégico aprobado en septiembre 2024 con justificación de exclusiones
• Criterios utilizados para determinar qué asuntos investigar y cuáles no
• Metodología de trabajo y protocolos de actuación establecidos
• Presupuesto asignado y gastos ejecutados

Composición y decisiones:

• Listado completo de miembros y sus competencias específicas
• Proceso de selección del personal técnico
• Conflictos de interés declarados por los miembros
• Votaciones y decisiones adoptadas en cada sesión

2. CONTRATOS DE EMERGENCIA COVID-19 (2020-2021)

Información agregada de los 80 contratos por 512.912 millones:

• Base de datos completa con importes, fechas, adjudicatarios y objeto
• Procedimientos de selección de proveedores utilizados
• Documentación de garantías exigidas a los contratistas
• Sistemas de control y seguimiento implementados

Casos específicos de incumplimiento:

• Hyperin (3,3M€, 144 respiradores): Expediente completo, correspondencia, acciones legales emprendidas
• Member of the Tribe (5,7M€, 52M guantes): Documentación del contrato, seguimiento de entregas, gestiones de recuperación
• Otros casos: Listado completo de contratos incumplidos y montos no recuperados

3. COMUNICACIONES Y REUNIONES DE ALTOS CARGOS

Agendas y contactos institucionales (2020-2021):

• (...)
• Agendas de Víctor Francos como jefe de gabinete
• Registro de visitas y reuniones mantenidas con empresas del sector
• Comunicaciones oficiales sobre procedimientos de contratación

Intermediación empresarial:

• Expedientes de inscripción en el Registro de entidades de intermediación de medicamentos (broker)
• Solicitudes y documentación de empresas como MoonPharma AG y Fertinvest Consulting
• Correspondencia relacionada con empresas de cannabis medicinal
• Gestiones realizadas para empresas interesadas en operar en España

4. CONTROL INTERNO Y AUDITORÍAS

Medidas de control implementadas:

• Informes de control interno sobre contratación de emergencia
• Auditorías realizadas por la Intervención General
• Comunicaciones con el Tribunal de Cuentas sobre fiscalizaciones
• Medidas correctivas adoptadas tras detección de irregularidades

Seguimiento de proveedores:

• Sistemas de verificación de la solvencia de contratistas
• Procedimientos de control de entregas y calidad
• Protocolos de actuación ante incumplimientos
• Gestiones de recuperación de cantidades indebidas

5. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL

Relaciones institucionales:

• Comunicaciones con Ministerio de Transportes sobre proveedores comunes
• Coordinación con otros ministerios en contratación de emergencia
• Intercambio de información sobre empresas e intermediarios
• Participación en comisiones interministeriales de seguimiento

6. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS ESPECÍFICAS

Soluciones de Gestión y UTE con Ferrovial:

• Documentación de participación en megacontrato de 2.500M€
• Evaluación técnica y económica de la propuesta
• Seguimiento del cumplimiento contractual
• Comunicaciones mantenidas durante la ejecución

Otras empresas vinculadas:

• Listado de todas las empresas que participaron como intermediarias
• Documentación sobre cambios en la titularidad de contratos
• Subcontrataciones autorizadas y su seguimiento

»

TERCERO

INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23.17, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.