Acceso a información sobre instrucciones de seguridad y limitaciones a la libertad de comunicación aplicadas a ciudadanos españoles procedentes de Venezuela

ANTECEDENTES

1.

Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 22 de enero de 2026 el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información (n.º GESAT 00001-00113430):

«Asunto: Acceso a información pública sobre instrucciones de seguridad y limitaciones a la libertad de comunicación aplicadas a ciudadanos españoles procedentes de Venezuela.

Información que solicita: Al amparo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre se solicita el acceso a la siguiente información pública derivada de la acogida en España de ciudadanos españoles y binacionales procedentes de centros de reclusión venezolanos durante el periodo 2024-2026:

Título Habilitante de las Restricciones: Informe o documento administrativo que identifique la base legal bajo el Derecho Español que permite la aplicación y ejecución en territorio nacional de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad dictadas por tribunales de la República Bolivariana de Venezuela específicamente las referidas a la prohibición de declaraciones a medios de comunicación prensa radio televisión y redes sociales.

Actos de Reconocimiento Internacional: Copia de las resoluciones de exequatur o procedimientos de auxilio judicial internacional mediante los cuales el sistema judicial o administrativo español ha validado la vigencia de dichas medidas restrictivas de derechos fundamentales Art 20 CE para ciudadanos que se encuentran bajo jurisdicción española.

Protocolos de la Secretaría de Estado de Seguridad: Instrucciones o comunicaciones remitidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia o seguimiento de estas personas donde se especifique la obligación de hacer cumplir prohibiciones de comunicación pública.

Criterio de Igualdad y No Discriminación: Informe sobre la existencia de protocolos diferenciados por nacionalidad detallando por qué ciudadanos de terceras nacionalidades en situaciones análogas no están sujetos a estas restricciones a efectos de evaluar el cumplimiento del Artículo 14 de la Constitución Española.

Estatus de los Nacionales Únicos: Documentación que justifique la aplicación de medidas cautelares de un tribunal extranjero a ciudadanos que ostentan únicamente la nacionalidad española sobre los cuales no existe causa penal abierta en España ni proceso de extradición activo».

2.

No consta respuesta de la Administración.

3.

Mediante escrito registrado el 9 de marzo de 2026, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud. Adjunta a la reclamación resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 17 de febrero de 2026, en el que se indica lo siguiente:

«Consultado a los Ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y del Interior su competencia para resolver esta solicitud, por razón de la materia, en cumplimiento del artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dichos Ministerios han informado que están tramitando una solicitud idéntica, con número 00001-00113429 y 00001-00113430, respectivamente. Por lo anterior, el expediente 00001-00113431 quedará finalizado a efectos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la tramitación de la solicitud continúa en los expedientes 00001-00113429 y 00001-00113430 en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y en el Interior, respectivamente».

4.

Con fecha 10 de marzo de 2026, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. En el momento de elaborarse la resolución no se ha recibido respuesta.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la presidenta de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, se presenten ante la resolución que expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.

2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12º el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo, por tanto, según dispone en el artículo 13,

«los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de "formato o soporte". Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza "pública" de las informaciones: (a) que se encuentren "en poder" de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas "en el ejercicio de sus funciones".

Cuando se dan esos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisibilidad o la aplicación de un límite legal.

3. La presente reclamación trae causa de la solicitud de acceso a la información formulada en los términos que figuran en el antecedente primero de esta resolución. El Ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG.

4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que

«la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarás al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante».

En este caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta».

5. A lo anterior se suma que, en este caso, el Ministerio no ha contestado a la petición de alegaciones formulada en el marco de este procedimiento. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada.

Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública.

A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como se ha encargado de recordar en su Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: EST:2020:1558) en los siguientes términos:

«La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente será limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, fin, en que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.

Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que:

"[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información".

De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: "[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso". Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad."

6. A la vista de cuanto antecede, dado que lo solicitado tienen la naturaleza de información pública y el Ministerio no ha dado respuesta a la solicitud de acceso ni ha formulado alegaciones en el marco de este procedimiento —y, en consecuencia, no ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 LTAIBG, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15—, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada a los efectos de que el Ministerio del Interior resuelva en lo relativo al ámbito de sus competencias, teniendo en cuenta que también es competente para la resolución de la solicitud el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

7. No obstante, habida cuenta de la materia sobre la que versa la información solicitada, no cabe desconocer que pueden resultar aplicables alguno de los límites del artículo 14 LTAIBG. Al no haberse formulado alegaciones, este Consejo desconoce si se dan los presupuestos para dicha aplicación y, en su caso, el grado de la afectación de los bienes jurídicos protegidos por dichos límites. En consecuencia, ha de limitarse a recordar a la Administración que la eventual aplicación de alguno de límites legales para denegar una solicitud de acceso a la información pública sólo podrá considerarse conforme a derecho si se cumplen los requisitos de proporcionalidad y justificación expresa atendiendo a las circunstancias del caso concreto, tal y como exige nuestro ordenamiento y ha subrayado el Tribunal Supremo en los términos que más arriba se consignan. Esta exigencia de proporcionalidad obliga también a examinar siempre la posibilidad de conceder un acceso parcial a la información solicitada antes de acordar la denegación integral, pues toda limitación de un derecho habrá de ceñirse a lo estrictamente necesario para preservar el otro derecho o bien jurídico afectado, logrando un equilibrio que permita el máximo grado de eficacia a todos los derechos e intereses en conflicto. De ahí que, como también ha dictaminado el Tribunal Supremo, el «juicio de proporcionalidad requerido por el artículo 14.2 LTAIBG también es exigible en la aplicación del artículo 16 de la LTAIBG, que prevé como se ha indicado la posibilidad de un acceso parcial a la información, en los casos en los que la aplicación de alguno de los límites del artículo 14 LTAIBG no afecte a la totalidad de la información solicitada.» (STS de 21 de enero -ECLI:ES:TS:2021:574).

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede:

PRIMERO

ESTIMAR la reclamación interpuesta frente al MINISTERIO DEL INTERIOR.

SEGUNDO

INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información, en los términos reflejados en el fundamento jurídico 7 de esta resolución:

«Acceso a información pública sobre instrucciones de seguridad y limitaciones a la libertad de comunicación aplicadas a ciudadanos españoles procedentes de Venezuela.

Información que solicita:

Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre se solicita el acceso a la siguiente información pública derivada de la acogida en España de ciudadanos españoles y binacionales procedentes de centros de recepción venezolanos durante el periodo 2024-2026:

Título Habilitante de las Restricciones: Informe o documento administrativo que identifique la base legal bajo el Derecho Español que permite la aplicación y ejecución en territorio nacional de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad dictadas por tribunales de la República Bolivariana de Venezuela específicamente las referidas a la prohibición de declaraciones a medios de comunicación prensa radio televisión y redes sociales.

Actos de Reconocimiento Internacional: Copia de las resoluciones de exequatur o procedimientos de auxilio judicial internacional mediante los cuales el sistema judicial o administrativo español ha validado la vigencia de dichas medidas restrictivas de derechos fundamentales Art 20 CE para ciudadanos que se encuentran bajo jurisdicción española.

Protocolos de la Secretaría de Estado de Seguridad: Instrucciones o comunicaciones remitidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia o seguimiento de estas personas donde se especifique la obligación de hacer cumplir prohibiciones de comunicación pública.

Criterio de Igualdad y No Discriminación: Informe sobre la existencia de protocolos diferenciados por nacionalidad detallando por qué ciudadanos de terceras nacionalidades en situaciones análogas no están sujetos a estas restricciones a efectos de evaluar el cumplimiento del Artículo 14 de la Constitución Española.

Estatus de los Nacionales Únicos: Documentación que justifique la aplicación de medidas cautelares de un tribunal extranjero a ciudadanos que ostentan únicamente la nacionalidad española sobre los cuales no exista causa penal abierta en España ni proceso de extradición activo»

TERCERO

INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo copia de la información enviada al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.