El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa la identificación del empleado responsable de tramitar una solicitud previa, así como información sobre posibles medidas disciplinarias o investigaciones por retrasos. Tras la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la administración facilitó la información, provocando la pérdida de objeto.
Puntos clave de la argumentación
Texto completo
RESOLUCIÓN 511/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
Reclamación 1156/2024
Persona reclamante: XXXXX
Entidad reclamada: AYUNTAMIENTO VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Artículos: 24 LTPA y 24 LTAIBG
Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
ANTECEDENTES
Primero. Presentación de la reclamación.
Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA).
Segundo. Antecedentes a la reclamación.
1. La persona reclamante presentó el 30 de octubre de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos:
“A la vista del Decreto 2024-0924, de 28 de octubre, por el que se contesta tardíamente, como reconoce esta Alcaldía, a la solicitud de información pública presentada el 8/8/2024 (registro de entrada nº 916)(...)
Solicita
- 1º.- Identifique al empleado público municipal encargado de tramitar la referida solicitud (nombre, apellidos, condición funcionarial o laboral, categoría profesional y denominación del puesto de trabajo) conforme a la consolidada doctrina del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y a la Sentencia nº 184/2024, de 25 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Sevilla (PO 476/2023) obligando a este Ayuntamiento a facilitar al interesado la información pública solicitada con expresa condena en costas que serán sufragadas con recursos públicos (y no por quien ha provocado el litigio con ignorancia inexcusable y/o recalcitrante obstinación).
- 2º.- Indique si por esta Alcaldía se ha ordenado el desarrollo de alguna actividad investigadora por el incumplimiento del plazo máximo aplicable al procedimiento, un incumplimiento sistémico y característico de esta Administración quizá propiciado por la incompetencia del titular de la alcaldía para asumir la jefatura superior de todo el personal.
- 3º.- Indique si por esta Alcaldía se ha ordenado depurar responsabilidad disciplinaria sobre el empleado responsable de la tramitación de la referida solicitud por el desempeño negligente de las tareas propias del puesto de trabajo, su falta de dedicación al servicio público, su ineficacia o su manifiesta falta del rendimiento.
- 4º.- Para el caso de que se hubiera incoado procedimiento disciplinario, comuníquese su inicio al vecino denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27, in fine, del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, en relación con lo previsto en su art. 3.
- 5º.- Finalmente, para el caso de que este Ayuntamiento no se considerase competente para depurar la responsabilidad disciplinaria concurrente remítase a la Administración Pública que considere competente”.
2. La entidad reclamada contestó la petición mediante Resolución de Alcaldía núm. 2025/0548, de 1 de julio, notificada a la persona reclamante el día 4 de julio de 2025, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa:
RESUELVO
PRIMERO. Permitir el acceso a la información requerida por D. [nombre y apellidos de la persona reclamante] mediante solicitud de fecha 30.10.24 (registro de entrada núm. .416).
1º.- Identifique al empleado público municipal encargado de tramitar la referida solicitud (nombre, apellidos, condición funcionarial o laboral, categoría profesional y denominación del puesto de trabajo) conforme a la Sentencia n.º 184/2024, de 25 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Sevilla (PO 476/2023) obligando a este Ayuntamiento a facilitar al interesado la información pública solicitada con expresa condena en costas que serán sufragadas con recursos públicos (y no por quien ha provocado el litigio con ignorancia inexcusable y/o reclacitrante obstinación).
La empleada que tramitó la solicitud de 21.06.24 (registro de entrada núm. 738) es [nombre y apellidos de la persona], condición: Laboral, Categoría: Auxiliar y denominación del puesto: Auxiliar Administrativo; sin perjuicio de que para obtener la información por la que específicamente se preguntaba en dicha solicitud y por razón de la materia, recurriera a la empleada pùblica municipal [nombre y apellidos de la persona], condición: laboral, Categoría: Grupo A2 y denominación del puesto: Trabajadora Social, así como al Departamento de Personal para dar respuesta al apartado 1º.
2º.- Indique si por esta Alcaldía se ha ordenado el desarrollo de alguna actividad investigadora por el incumplimiento del plazo máximo aplicable al procedimiento, un incumplimiento sistémico y característico de esta Administración quizá propiciado por la incompetencia del titular de la alcaldía para asumir la jefatura superior de todo el personal.
No consta.3º.- Indique si por esta Alcaldía se ha ordenado depurar responsabilidad disciplinaria sobre el empleado responsable de la tramitación de la referida solicitud por el desempeño negligente de las tareas propias del puesto de trabajo, su falta de dedicación al servicio público, su ineficacia o su manifiesta falta de rendimiento.
No consta.4º.- Para el caso de que se hubiera incoado procedimiento disciplinario, comuníquese su inicio al vecino denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27, in fine, del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, en relación con lo previsto en su art. 3.
No se ha incoado procedimiento disciplinario.5º.- Finalmente, para el caso de que este Ayuntamiento no se considerase competente para depurar la responsabilidad disciplinaria concurrente remítase a la Administración Pública que considere competente.
No se han llevado a cabo los procedimientos anteriores que determinen la Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa incompetencia de esta Administración.
Tercero. Sobre la reclamación presentada
En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa:
“El ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa vuelve a incumplir su obligación de facilitar la información interesada en relación a la solicitud con registro de entrada nº 916, sin que conste la ampliación o suspensión del plazo de resolución y contrariando la consolidada doctrina de esta Autoridad Administrativa Independiente (Resoluciones (…)). La presente reclamación se circunscribe a los tres primeros apartados de la solicitud adjunta“.
Cuarto. Tramitación de la reclamación.
- El 13 de diciembre de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación.
- El 21 de febrero de 2025 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 24 de febrero de 2025.
- El 8 de julio de 2025 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación.
- De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) de la LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo.
- La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA.
- Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,
“[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”
, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras.
Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación.
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor.
Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. - En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 30 de octubre de 2024, y la reclamación fue presentada el 3 de diciembre de 2024. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC.
Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública
- Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia,
“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”
[art. 2 a) LTPA].
Según establece el artículo 24 LTPA,“[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”.
Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”.
La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. - Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º).
Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera):“La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...”
(Fundamento de Derecho Sexto). - Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto.
Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación.
El objeto de la reclamación que nos ocupa se circunscribe a los tres primeros apartados de la solicitud de información formulada, que han sido transcritos en el antecedente segundo de esta Resolución.
Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo ha analizado el contenido de la respuesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto.
Respecto a las peticiones realizadas en los apartados segundo y tercero de la solicitud de información (indicación de si se había ordenado el desarrollo de alguna actividad investigadora por el incumplimiento del plazo máximo aplicable al procedimiento, o de si se había ordenado depurar alguna responsabilidad disciplinaria) la respuesta es que “no consta”. En el caso de que la información solicitada no exista o no pueda localizarse, la satisfacción del derecho de acceso a la información pública del solicitante exige que la petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una respuesta como la señalada, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada por este no consta, responde expresamente a la petición realizada, con independencia de que la inexistencia o imposibilidad de localización de la información se puedan, en su caso, derivar otro tipo de acciones ajenas a aquel derecho.
En el supuesto planteado en la presente reclamación, la entidad reclamada alega que no le consta información sobre lo solicitado, no siendo posible, por tanto, dar acceso al reclamante a esta concreta información pedida. Por tanto, también respecto a dichas peticiones, una vez conocida la inexistencia de la información, se puede concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial.
En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento.