Solicitud de trazabilidad de un decreto municipal y estimación por demora en la respuesta

ANTECEDENTES

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG

1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el día 8 de diciembre de 2025 la persona reclamante solicitó al Ayuntamiento de Palma (Illes Balears), la siguiente información en relación al Decreto AJT 202021357, de 30/12/2020 del Regidor del Área de Hacienda, Innovación y Función Pública:

«Conocer la trazabilidad de esta cuestión. Completa. Esto es, específicamente,
• En qué fecha fue notificado este decreto para esta parte concreta al Área delegada de Seguridad Ciudadana.
• Qué recorrido tuvo el documento dentro de dicha área policial.
• Qué personas concretas dieron esos trámites u órdenes, ya fuera personal funcionario administrativo, personal funcionario policial, ya fueran responsables políticos, pues la orden final de investigación se hace mediante decreto.
• Qué investigación se hizo finalmente, si es que se ordenó.
• Cuál fue el resultado de esta investigación.
• Si existe notificación del Área delegada de Seguridad Ciudadana hacia el Área de Función Pública sobre ese resultado.
Todo ello con las fechas exactas de tramitación, con los números de registro de cada uno de los documentos, sea cual fuera el formato que se formularan.»

2. Ante la falta de respuesta, el 17 de febrero de 2025 la persona solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, Consejo), de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), con número de expediente 488/2026.

3. Con fecha 3 de marzo de 2026, el Consejo trasladó la reclamación a la Administración demandada requiriendo la remisión en el plazo de 15 días del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren pertinentes. En fecha 27 de marzo de 2026 se recibe el expediente requerido en el que se incluye un informe de alegaciones de la jefa del departamento de Calidad y Atención a la Ciudadanía, de 21 de octubre de 2025, en el que se hace constar que:

“El día 17/02/2021 se confeccionó el informe (que se adjunta) en relación al expediente del Departamento de Personal del Área de Función Pública. En dicho informe se trasladan las consideraciones relacionadas sobre el traslado del decreto AJT 202021357, de 30/12/2020 al Área de Seguridad Ciudadana conforme a lo dispuesto en el dispositivo 8º del Decreto. Este informe consta firmado por el Alcalde de la Prefectura (responsable del DASI), el Jefe de la Policía Local y la Regidora del Área de Seguridad Ciudadana y se notifica el día 26/02/2021. Mediante este informe se considera que se dio respuesta al traslado del Decreto AJT202021357, de 30/12/2020 y a los 5 primeros puntos del apartado primero del “SOLICITA” del escrito del día 8/12/2025. Referente al 6º punto del apartado primero del “SOLICITA” del mismo escrito, consultados los registros informáticos, en concreto el registro de salida del aplicativo Eurocop, no consta ninguna comunicación del informe dirigida al Área de Hacienda, Gobierno Interior y Función Pública.”

4. Concedido trámite de audiencia a la persona reclamante, no ha elevado alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidencia de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Islas Baleares, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13,

   «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

   De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de "formato o soporte". Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza "pública" de las informaciones: (a) que se encuentren "en poder" de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas en el ejercicio de sus funciones. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal.
4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide información en relación con la negociación de plazas de procesos selectivos por parte de representantes sindicales que la administración alega haber facilitado. A este respecto, cabe resaltar, que este Consejo parte de la base de que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Ello implica que, en este caso, presupone la veracidad de las declaraciones realizadas respecto de que la información solicitada es la que se encuentra disponible, y en esta forma, por tanto, ha sido entregada al solicitante.
5. Antes de entrar en el fondo del asunto, procede recordar que el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone que:

   «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante».

   A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que "con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta". No obstante, no puede desconocerse que, aun con carácter tardío, el órgano requerido facilita el acceso a la información solicitada una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 de la LTAIBG, sin que el reclamante haya formulado objeciones sobre el contenido en el trámite de audiencia concedido. En consecuencia, procede estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho.

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Palma (Illes Balears).

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.