Solicitud de acceso a información pública

RESOLUCIÓN:297/2026 S/REF: 1717606P Ref. Interna: RE1784 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital JCCM RESOLUCIÓN: DESESTIMAR l. ANTECEDENTES DE HECHO180 Con fecha 2 de diciembre de 2025 tiene entrada en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha una reclamación de acceso a la información pública. Esta reclamación está dirigida contra la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta reclamación se presenta por en su propio nombre y derecho. PRIMERO. - El 2 de diciembre de 2025, en su propio nombre y derecho, presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT) escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la JCCM, haciendo constar: Primero. Que en fecha de 10 de noviembre de 2025 presenté solicitud de acceso a información pública dirigida a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al amparo del artículo 29 de la Ley 4/2016, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, y del artículo 17 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Segundo. En dicha solicitud interesé el acceso a la siguiente información relativa a las personas identificadas como personal incluido en el proceso de transferencias regulado por el Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, sobre traspasos de funciones y servicios del INSERSO a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: a) Fecha de emisión de los certificados de haberes correspondientes al mes de junio de 1995. b) Detalle, desglosado por persona, de las cuantías mensuales de sueldo base, antigüedad, plus convenio, complemento de penosidad y complemento de especial responsabilidad incluidos en dichos certificados, solicitando expresamente que, en caso de contener datos personales protegidos, se valorara el acceso parcial conforme a los artículos 25 de la Ley 4/2016 y 14 y 15 de la Ley 19/2013. Tercero. Que en fecha 28/11/2025 me ha sido notificada resolución de la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, con número de registro REF:SAIP/25/150200/000070, por la que se desestima mi solicitud de acceso, fundamentando la denegación en la protección de datos personales de terceros, en la supuesta falta de disponibilidad de los certificados de haberes por parte de la Administración autonómica y en el carácter reiterado de mis solicitudes. Cuarto. Que no estando conforme con dicha resolución, y dentro del plazo de un mes desde su notificación, interpongo la presente reclamación en defensa de mi derecho de acceso a la información pública. Tras el relato de hechos que consta en la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicita al CRT: Que, habiéndose presentado este escrito junto con la documentación aportada, se sirva admitirlo y, en su virtud: 1. Se estime la presente reclamación y se anule la resolución dictada por la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital que desestimó mi solicitud de acceso a la información pública. 2. º Se reconozca mi derecho de acceso, al menos, a: a) Las fechas de emisión de los certificados de haberes correspondientes al mes de junio de 1995 de las personas identificadas como incluidas en la relación nominal de personal laboral transferido a Castilla-La Mancha por el Real Decreto 903/1995. b) Los importes de las retribuciones mensuales de sueldo base, antigüedad, plus convenio, complemento de penosidad y complemento de especial responsabilidad que figuren en dichos certificados, en la modalidad y con el grado de detalle que el Consejo considere compatibles con la protección de datos personales, aplicando acceso parcial y disociación de datos cuando proceda. 3. º Subsidiariamente, para el caso de que no se estime procedente el acceso directo a la documentación íntegra, se requiera a la Administración para que realice una nueva ponderación individualizada, motivando expresamente, dato por dato, por qué en cada caso concreto habría de prevalecer el derecho a la protección de datos de las personas afectadas frente al interés público en la transparencia y frente a mi interés legítimo reforzado como afectado directo por el mismo proceso de transferencia. SEGUNDO. El solicitante aporta la Resolución recurrida, de 27 de noviembre de 2025, de la que debe destacarse el siguiente contenido: ANTECEDENTES: Primero: En fecha 10 de noviembre de 2025, ha tenido entrada en esta Secretaría General, con n. 0 4549725//2025, la referenciada solicitud de acceso a información pública, al amparo de la legislación de transparencia, que tiene el siguiente detalle: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, solicito el acceso a la siguiente información relativa a las personas identificadas como personal relacionado en el proceso de transferencias recogido en el BOE de 20 de julio de 1995 y el BOCM de 6 de septiembre de 1995, concretamente: a) Fecha de emisión de los certificados de haberes correspondientes al mes de junio de 1995. b) Detalle desglosado por persona de los importes mensuales de sueldo base, antigüedad, plus convenio, complemento de penosidad y complemento de especial responsabilidad incluidos en dichos certificados. Solicito que, en caso de que la información solicitada contenga datos personales que pudieran estar protegidos por la normativa vigente, se valore la posibilidad de ofrecer acceso parcial conforme determinan los artículos 25 de la Ley 4/2016 y 14-15 de la Ley 19/2013, preservando aquellos elementos que sí puedan ser públicos según el interés general y transparencia administrativa." (sic) Segundo: En fecha 14 de noviembre de 2025 y una vez examinada dicha solicitud, la Unidad de Transparencia de esta Consejería dio traslado de la misma a la Dirección General de la Función Pública, a fin de que informara al respecto y, en respuesta a ello, dicho órgano remite diversos documentos relacionados con notificaciones anteriores realizadas al solicitante. Analizados dichos antecedentes, resultan de aplicación los siguientes: FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, las personas físicas y jurídicas podrán acceder, previa solicitud en los términos previstos en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, LTBGCLM), a la información que obre en poder de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella. A estos efectos, el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en lo sucesivo, LTABG) reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública", en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. 2. La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en tanto que forma parte de la administración de esta Comunidad Autónoma, es un sujeto obligado a los efectos del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con los artículos 2.1.a) de la LTAIBG y 4.1 a) de la LTBGCLM. 3. Por su parte, en el artículo 3.a) de la LTBGCLM, en relación con el art. 13 de la LTAIBG, se define la "información pública" como: "Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones" 4. Por Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, se traspasan las funciones y servicios de la Seguridad Social a esta Comunidad Autónoma de Castilla­ La Mancha; en las materias encomendadas al INSERSO y en el apartado G) del Anexo del mismo, se especifica que el Instituto Nacional de Servicios Sociales debía remitir a los órganos competentes de esta Comunidad Autónoma "certificación de los haberes devengados el mes inmediatamente anterior a la efectividad del traspaso", siendo esta certificación la que es objeto de la solicitud de acceso por parte del interesado. Sin embargo, debe observarse que esta certificación no ha sido generada por esta administración y se desconoce la entidad u órgano que dispone de ella. 5. Entrando en el fondo del asunto, debemos precisar que el solicitante interesa que se le facilite el certificado de haberes de terceras personas concretas, identificadas o identificables concernidas por la información, y esta información se considera que es un dato de carácter personal, siendo por ello que el acceso a la misma está sujeto a límites. Es decir, no toda información puede ser objeto de divulgación, ya que existen una serie de límites que se dirigen a salvaguardar otros valores y principios; entre ellos se encuentra, sin Jugar a dudas, el de la protección de datos de carácter personal, cuyo fundamento constitucional Jo encontramos en el derecho a la intimidad, derecho fundamental reconocido en el art. 18.1 de la Constitución. Por su parte, el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 indica que se entenderá por dato personal: Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, número de identificación, datos de localización, " En ese sentido, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, determina que: "la publicidad activa y el acceso a la información pública regulados en el Título I de la LTAIBG, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los arts. 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la misma ley orgánica". 6. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos citar al art. 15 de la LTAIGB, que regula la relación entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos de carácter personal, estableciendo el apartado 3. 0 de dicho precepto lo siguiente: Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Dicha ponderación se llevará a cabo mediante los criterios que se enumeran en el mencionado precepto. En idénticos términos, sobre los límites de acceso a la información pública, se pronuncia la L TBGCLM (art. 25). El criterio interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos n.0 002/2015, de fecha 24 de junio de 2015, analiza el proceso de aplicación de dichos límites, comprendiendo una serie de fases o etapas, señalando al respecto que: En primer lugar, hay que valorar si la información solicitada contiene o no datos de carácter personal. En caso afirmativo, valorar si son o no datos especialmente protegidos, esto es, a) datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión sindical o creencias; b) datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual; y c) datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas (. ..). Si los datos de carácter personal contenidos en la información no fueran datos especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. Si los datos contenidos son exclusivamente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad, la información se publicará o facilitará con carácter general, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no fueran exclusivamente, se deberá efectuar la ponderación prevista en el art. 15 de la L TAIBG". Así mismo, también debe traerse a colación el Criterio Interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia de Protección de Datos, 1/2015, de fecha 24 de junio de 2015, en lo que se refiere al acceso a información relativa a las retribuciones asignadas a los empleados públicos, en el que se señala que, para efectuar la ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente: "Con carácter general, si se trata de miembros del gobierno, altos cargos o máximos responsables de puestos que se provean mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o a la protección de datos de carácter personal". Y ello porque "el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de quienes ocupan este tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal". "En los puestos de niveles inferiores prevalecerá, con carácter general, el interés individual en la protección de los datos personales". (. ..) "En todo caso, la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos". En el caso que analizamos, el interesado solicita se le proporcione información detallada e individualizada de las concretas cuantías percibidas como sueldo mensual, con desglose de sueldo base, antigüedad, plus convenio y diferentes complementos, información que concierne a empleados públicos perfectamente identificables, por lo que, sobre la base de la normativa especificada, así como analizados los criterios interpretativos mencionados, debe ponderarse el interés público existente en su divulgación, con los derechos de las personas afectadas cuyos datos aparezcan en la información solicitada. En este sentido, hay que concluir que, en la medida en que la documentación solicitada contiene datos de carácter personal y no estando referidos a altos cargos o a puestos que se provean mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, cabe apreciar que los datos solicitados deben gozar de una especial protección, debiendo prevalecer el derecho a la protección de datos de carácter personal frente al interés público en la divulgación de la información, por resultar de escasa relevancia para el logro de los objetivos que justifican el derecho de acceso a la información pública. 7. En otro orden de cosas, también debe analizarse si sería posible otorgar el acceso a la información, disociando los datos de carácter personal, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas, pero a esta cuestión debemos responder negativamente, pues la anonimización de los datos identificativos no garantiza la adecuada protección de los datos personales de los empleados públicos en cuestión, al ser conocida de antemano la identidad de los mismos. 8. El interesado ya ha presentado otras solicitudes con referencia SAIP/25/150200/000062, SAIP/25/150200/000065, SAIP/25/150200/000067. Además de otras en años anteriores (SAP/17/150200/000025, SAP/18/150200/000023, SAIP/19/150200/000009), y todas ellas inciden o están relacionadas con el mismo asunto, por lo que podrán considerarse reiterativas. 9. De acuerdo con el artículo 30.2 LTBGCLM, la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital es el órgano que tiene atribuida la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública. Conforme a lo expuesto, en base a la competencia atribuida en el apartado anterior y así mismo, en el apartado p) del art. 4.1 del Decreto 104/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, esta Secretaría General RESUELVE DESESTIMAR la solicitud de acceso a información pública formulada por relativa a la emisión de una certificación con los haberes percibidos, a la concreta fecha de junio 1995, por determinados empleados públicos que figuran en la relación nominal de personal laboral que se transfiere a esta Comunidad Autónoma, por virtud del Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, de traspaso, en las materias encomendadas al INSERSO, por contener datos de carácter personal y encontrarse limitado su acceso, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 25 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha y 15.3 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno." TERCERO. A la vista de la reclamación formulada, se da traslado a la Consejería de referencia, que remite contestación con fecha 26 de febrero de 2026, formulando las alegaciones oportunas, que se concretan en los siguientes extremos: PRIMERA: Que esta Unidad de Transparencia se reitera en el contenido de la resolución de fecha 27/11/2025, que el reclamante ha aportado en su integridad a su reclamación ante ese Consejo y que reproduzco parcialmente a continuación: Entrando en el fondo del asunto, debemos precisar que el solicitante interesa que se Je facilite el certificado de haberes de terceras personas concretas, identificadas o identificables concernidas por la información, y esta información se considera que es un dato de carácter personal, siendo por ello que el acceso a la misma está sujeto a límites. Es decir, no toda información puede ser objeto de divulgación, ya que existen una serie de límites que se dirigen a salvaguardar otros valores y principios; entre ellos se encuentra, sin lugar a dudas, el de la protección de datos de carácter personal, cuyo fundamento constitucional lo encontramos en el derecho a la intimidad, derecho fundamental reconocido en el art. 18.1 de la Constitución. Por su parte, el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 indica que se entenderá por dato personal: Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, número de identificación, datos de localización ...". En ese sentido, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, determina que: "La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados en el Título I de la LTAJBG, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los arts. 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la misma ley orgánica". 6. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos citar al art. 15 de la LTAIGB, que regula la relación entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos de carácter personal, estableciendo el apartado 3. 0 de dicho precepto lo siguiente: Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Dicha ponderación se llevará a cabo mediante los criterios que se enumeran en el mencionado precepto. En idénticos términos, sobre los límites de acceso a la información pública, se pronuncia la L TBGCLM (art. 25). El criterio interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos n. 0 002/2015, de fecha 24 de junio de 2015, analiza el proceso de aplicación de dichos límites, comprendiendo una serie de fases o etapas, señalando al respecto que: En primer lugar, hay que valorar si la información solicitada contiene o no datos de carácter personal. En caso afirmativo, valorar si son o no datos especialmente protegidos, esto es, a) datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión sindical o creencias; b) datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual; y c) datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas (. ..). Si los datos de carácter personal contenidos en la información no fueran datos especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. Si los datos contenidos son exclusivamente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad, la información se publicará o facilitará con carácter general, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no fueran exclusivamente, se deberá efectuar la ponderación prevista en el art. 15 de la L TAIBG". Así mismo, también debe traerse a colación el Criterio Interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia de Protección de Datos, 1/2015, de fecha 24 de junio de 2015, en lo que se refiere al acceso a información relativa a las retribuciones asignadas a los empleados públicos, en el que se señala que, para efectuar la ponderación, se tendrá en cuenta Jo siguiente: "Con carácter general, si se trata de miembros del gobierno, altos cargos o máximos responsables de puestos que se provean mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o a la protección de datos de carácter personal". Y ello porque "el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de quienes ocupan este tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal". "En los puestos de niveles inferiores prevalecerá, con carácter general, el interés individual en la protección de los datos personales". (. .. En todo caso. la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos." En el caso que analizamos, el interesado solicita se le proporcione información detallada e individualizada de las concretas cuantías percibidas como sueldo mensual, con desglose de sueldo base, antigüedad, plus convenio y diferentes complementos, información que concierne a empleados públicos perfectamente identificables, por lo que, sobre la base de la normativa especificada, así como analizados los criterios interpretativos mencionados, debe ponderarse el interés público existente en su divulgación, con los derechos de las personas afectadas cuyos datos aparezcan en la información solicitada. En este sentido, hay que concluir que, en la medida en que la documentación solicitada contiene datos de carácter personal y no estando referidos a altos cargos o a puestos que se provean mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, cabe apreciar que los datos solicitados deben gozar de una especial protección, debiendo prevalecer el derecho a la protección de datos de carácter personal frente al interés público en la divulgación de la información, por resultar de escasa relevancia para el logro de los obietivos que iustifican el derecho de acceso a la información pública." SEGUNDA - Que centrándonos en el punto 3. 0 de la reclamación presentada, esto es: Solicito que, en caso de que la información solicitada contenga datos personales que pudieran estar protegidos por la normativa vigente, se valore la posibilidad de ofrecer acceso parcial conforme determinan los artículos 25 de la Ley 4/2016 y 14-15 de la Ley 19/2013, preservando aquellos elementos que sí puedan ser públicos según el interés general y transparencia"; es preciso acentuar lo manifestado igualmente en el fundamento jurídico 7 de la resolución impugnada: En otro orden de cosas, también debe analizarse si sería posible otorgar el acceso a la información, disociando los datos de carácter personal, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas, pero a esta cuestión debemos responder negativamente, pues la anonimización de los datos identificativos no garantiza la adecuada protección de los datos personales de los empleados públicos en cuestión, al ser conocida de antemano la identidad de los mismos." Es decir, esta Unidad de Transparencia considera que, al ser conocida la identidad de las personas sobre las que el reclamante solicita determinados datos, puesto que figuran en el listado de personal transferido y por tanto identificables con sus iniciales, cualquier traslado de información relativa a sus haberes estaría facilitando datos personales de los mismos sin que fuera posible mayor disociación. TERCERA. Que el reclamante pretende sembrar dudas sobre la regularidad del certificado de haberes que ya se le facilitó cuando expresa en su fundamento cuarto de su reclamación: "El certificado de haberes de junio de 1995 que figura en la Dirección General de Función Pública presenta múltiples irregularidades (.......)". "Existen, además, serias dudas sobre la correcta consignación de mi categoría profesional, la naturaleza de mi vínculo (personal laboral fijo por oposición frente a eventual......)". De nuevo debemos insistir en que esta Unidad de Transparencia no prejuzga, ni entra a valorar los argumentos del reclamante en cuanto al fondo del asunto, reforzándonos en nuestra convicción de que las pretensiones del reclamante deben ejercitarse ante las instancias y las jurisdicciones pertinentes, tal como incluso ya le recomendó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y solicitar en el marco de dichos procesos las pruebas que considere oportunas, no alcanzando a comprender cuál es el fin último que persigue el reclamante y su insistencia en solventarlo mediante solicitudes de acceso amparadas en las Leyes de Transparencia, cuando en este ámbito se le ha atendido y facilitado toda la documentación posible. CUARTA. Por último, indicar que, además de la existencia de límites basados en la protección de los datos personales, en la resolución recurrida también concurren las características para ser considerada como una solicitud repetitiva y, por tanto, afectada por la causa de inadmisión establecida en el artículo 31.1, e) de la Ley 4/2016, de 30 de diciembre de TBGCM, "por ser manifiestamente repetitiva", puesto que reúne las características exigidas por los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y ello no solo por las solicitudes de acceso citadas en la resolución correspondientes al año 2024, sino también por el resto de expedientes tramitados en esta Unidad de Transparencia y cuyo desglose se ha hecho en las alegaciones de la anterior reclamación ante ese Consejo del expediente 1703726M, que fueron remitidas el 23 de febrero pasado, y a las que nos remitimos." A estos hechos son de aplicación los siguientes. 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. - Vista la Disposición Adicional Cuarta en su apartado 1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, Ley 19/2013), en la que se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, cabe determinar que en el caso de Castilla-La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, Ley CLM 4/2016). SEGUNDO. - La presente reclamación se formula expresamente frente a la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de 27 de noviembre de 2015, por la que se resuelve la solicitud de acceso a la información pública formulada por y que acuerda la inadmisión de la misma. Esta reclamación se fundamenta en el artículo 24 de la Ley 19/2013, que establece que «frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno [...]». Esta regulación configura la reclamación ante el órgano independiente competente como un mecanismo potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa, procedente frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública. En el ámbito de Castilla-La Mancha, los artículos 63.1.d) y 64.1 de la Ley CLM 4/2016 atribuyen al Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para resolver dichas reclamaciones, configurándolo como órgano especializado de garantía del derecho de acceso. De acuerdo con este marco normativo, cuando la reclamación se dirige contra una resolución expresa dictada por la Secretaría General de una Consejería - órgano competente conforme al artículo 30.2 de la Ley CLM 4/2016-, el objeto del procedimiento no se limita a constatar la existencia de una respuesta administrativa, sino que exige verificar la conformidad a derecho de la resolución impugnada. En este sentido, la reclamación prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013 constituye un mecanismo sustitutivo de los recursos administrativos ordinarios, que habilita a la autoridad de control para llevar a cabo un examen completo de la actuación administrativa en materia de acceso a la información pública, tanto en sus aspectos formales como materiales. En consecuencia, corresponde a este Consejo examinar, entre otros extremos, si la información solicitada tiene la consideración de información pública; si concurre alguna causa de inadmisión, conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley CLM 4/2016; si la tramitación se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 19/2013 y en el artículo 32 de la normativa autonómica; si la resolución está debidamente motivada; y si la eventual limitación del derecho de acceso se fundamenta correctamente en alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, en relación con el artículo 25 de la Ley CLM 4/2016. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 33 de la Ley CLM 4/2016, las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública agotan la vía administrativa, lo que refuerza la función de este Consejo como instancia de garantía mediante un control pleno de la adecuación a derecho de dichas resoluciones. Este criterio coincide con el mantenido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en su doctrina consolidada viene afirmando que: "Con carácter previo, es necesario precisar, en primer Jugar, que el objeto de esta resolución se circunscribe a valorar la conformidad a derecho de la resolución dictada en relación con la solicitud de 11 de noviembre de 2024, sin que se puedan tomar en consideración solicitudes y respuestas previas intercambiadas entre ambas partes." Por todas, R CTBG 135/2025, de 6 de febrero. En consecuencia, corresponde a este Consejo determinar si la resolución impugnada se ajusta al ordenamiento jurídico, procediendo, en caso contrario, a estimar la reclamación y reconocer el derecho de acceso en los términos que resulten procedentes. TERCERO. - Visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la ley para la resolución. CUARTO. El artículo 12 de la Ley 19/2013 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública" en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. La Ley 19/2013, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Examinado el caso concreto, la Resolución de 27 de noviembre de 2025 desestima una solicitud de acceso referida a certificados de haberes correspondientes a personas concretas e identificadas. Es evidente que la solicitud formulada por el hoy reclamante tiene por objeto información que incorpora datos personales de contenido económico individualizado, sometidos al límite previsto en el artículo 15 de la Ley 19/2013. Dicha información no se identifica con datos generales sobre estructura retributiva o gasto público, sino que revela percepciones efectivamente devengadas por personas determinadas y puede incorporar además información especialmente sensible desde la perspectiva de protección de datos - retenciones, deducciones o circunstancias personales inferibles-, lo que intensifica la necesidad de protección. Conforme al artículo 15.3 LTAIBG, procede realizar la ponderación entre el interés en el acceso y los derechos de los terceros afectados, sin que pueda apreciarse, con carácter general, un interés público prevalente que justifique la entrega nominativa de tales documentos. Este criterio resulta coherente con el Criterio Interpretativo conjunto AEPD-CTBG 1/2015, que distingue entre la posible accesibilidad de las retribuciones vinculadas al puesto de trabajo y la mayor protección aplicable a percepciones individualizadas correspondientes a personas concretas, especialmente cuando la información solicitada incorpora desglose retributivo o importes líquidos, y así se ha razonado en los fundamentos jurídicos de la Resolución recurrida. Con respecto a la posibilidad de anonimización, también se pronuncia la Resolución de 27 de noviembre de 2025, llegando a la lógica conclusión de que, si los afectados son ya conocidos desde que se formula la solicitud (en la que se hacen constar sus iniciales), este procedimiento carece de sentido y utilidad práctica. Finalmente, y por lo que respecta a la alegación de la consideración de interesado que hace el reclamante, en el hipotético caso de existir un procedimiento en el que realmente tuviera esa consideración, la eventual condición de interesado del solicitante no neutralizaría el límite del artículo 15 L TAIBG ni convertiría en prevalente un interés individual frente a derechos de terceros, sin perjuicio de los derechos que pudieran ejercerse, en su caso, por la vía propia del artículo 53 de la Ley 39/2015 en el procedimiento correspondiente. Así, se considera ajustado a derecho el criterio de la Resolución de 27 de noviembre de 2025, por entender que no procede facilitar certificados de haberes de terceras personas identificadas, al no poder prevalecer el derecho de acceso sobre la protección de datos de terceros, en consonancia con los criterios dictados por el CTBG y la AEPD, en aplicación de la normativa correspondiente y que se citan en la Resolución examinada. En conclusión, se considera que la Resolución de 27 de noviembre de 2025 es conforme a derecho en el fondo y cumple con la exigencia de motivación de las resoluciones, puesto que en ningún caso este requisito supone que el fallo o parte dispositiva de las mismas sea conforme a lo pretendido por el solicitante, sino que, mediante una exposición lógica de hechos y fundamentos jurídicos, el destinatario pueda conocer la base jurídica que ha llevado al órgano a dictar la resolución en cuestión. 111. RESOLUCIÓN En lo que se refiere a la reclamación presentada por procede DESESTIMAR la misma, por ser la ajustada a derecho la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 27 de noviembre de 2025.