Solicitud de datos sobre viviendas de alquiler con protección y resolución por inadmisión de la reclamación

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Resolución 10/2026, de 10 de marzo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la actuación del Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón con respecto a la información pública solicitada.

VISTA la reclamación en materia de información pública presentada por Don ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­, en nombre de Fundación Ciudadana CIVIO, el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante, CTAR) ha adoptado la siguiente Resolución,

PRIMERO. El 10 de octubre de 2024, Fundación Ciudadana CIVIO, presenta una solicitud a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, inscrita en el Registro de solicitudes de acceso a la información pública, con el número 430/2024, con el objeto de obtener la siguiente documentación:

“Viviendas destinadas a alquiler con algún tipo de protección a fecha actual en ­ ­­ ­ ­ ­ señalando: año de comienzo de construcción, aprobación del proyecto o de la compra de la vivienda por parte de la Administración; estado actual (en construcción, terminada y si ha sido ya adjudicada y año de adjudicación); si es promoción pública o privada; entidad promotora; tipo de protección; si se ha construido sobre suelo público o privado, y si es suelo destinado a vivienda protegida; ingresos mínimos y/o máximos para optar a la vivienda; otros requisitos a cumplir (edad, familias numerosas o monoparentales); precio del alquiler; importe sufragado por la Administración; en el caso de viviendas compradas por la Administración, entidad a la que se ha comprado e importe de la compra”.

* Formato en que se solicita la información: Excel.

SEGUNDO. Con fecha 15 de octubre de 2024, la Unidad de Transparencia del Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística realiza la comunicación previa al interesado prevista en el artículo 29 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante, Ley 8/2015).

TERCERO. No habiendo obtenido respuesta por parte del órgano competente dentro del plazo señalado, con fecha 22 de noviembre de 2024, la entidad presenta una reclamación en materia de acceso a la información pública ante el Consejo de Transparencia de Aragón.

CUARTO. El 27 de noviembre de 2024, el CTAR solicita al Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, que informe sobre los fundamentos de la decisión adoptada y realice las alegaciones que considere oportunas, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación.

QUINTO. Previo Informe del Director Provincial de Vivienda de Zaragoza de fecha 29 de noviembre de 2024, mediante Orden de 12 de diciembre de 2024, el Departamento de Fomento Vivienda, Movilidad y Logística se inadmite la solicitud de derecho de acceso por considerar que requiere una actividad previa de reelaboración manifestando que:

“Ha quedado acreditado en el presente supuesto que dicha necesidad de reelaboración deriva del hecho de que los datos solicitados no se encuentran recogidos ni de forma manual ni por medios informáticos por lo que, para su suministro, sería preciso emplear medios materiales y humanos en tal medida que ello afectaría negativamente al desempeño de las funciones que el Servicio Provincial de Zaragoza tiene atribuidas.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El artículo 24.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013) atribuye la competencia para conocer de las reclamaciones que regula, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,

«salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley». Esta disposición adicional establece: «1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas (…)».

De acuerdo con lo anterior, el artículo 36 de la Ley 8/2015, atribuye al Consejo de Transparencia de Aragón la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud del artículo 4.1 a) de la Ley 8/2015.

SEGUNDO

El artículo 13 de la Ley 19/2013, define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de su actividad, en este caso, en el ámbito de gestión huertos de titularidad municipal.

En virtud del Decreto 214/2024, de 10 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, corresponde a la Dirección General de Vivienda: b) El régimen jurídico en materia de vivienda, arquitectura y rehabilitación, incluidos los procesos de elaboración normativa, las propuestas de resolución de los recursos administrativos y la elaboración de informes jurídicos sobre las áreas citadas. c) El control de la emisión de calificaciones en materia de vivienda protegida. d) La prestación del soporte necesario a las unidades provinciales en lo que se refiere al régimen jurídico y procedimental de la vivienda de protección pública. e) La dirección del Registro de viviendas protegidas y demandantes de vivienda protegida, así como de los procesos derivados del Registro, como las adjudicaciones de vivienda protegida.

Por tanto, la información solicitada es información pública en materia de vivienda, que existe y obra en poder de la administración y debe proporcionarse salvo que concurra alguna de las limitaciones legalmente previstas que lo impidan o dificulten dado el carácter prevalente del derecho de acceso a la información pública indicado en el artículo 5 de la Ley 8/2015.

De conformidad con el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013,

“se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.”

“se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, por las siguientes causas y con arreglo a las siguientes reglas: ‘Por ser relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. No se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente”.

El Departamento responsable de vivienda considera que referirse a ‘viviendas de alquiler con algún tipo de protección’ es un concepto de suma amplitud, que abarca todas las viviendas de protección oficial y también las viviendas de protección pública que se hayan construido a lo largo de su historia y que mantengan el señalado régimen de protección.

Además el solicitante exige una serie de datos, obrando algunos de ellos en poder de promotores privados y otros, a mayor abundamiento, incluso se podrían ver afectados por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La reunión de los datos a los que podría referirse la solicitud, requeriría por parte de la Administración una acción previa de reelaboración, ya que no se encuentran recogidos ni de forma manual, ni por medios informáticos, lo que conllevaría el empleo de medios materiales y humanos, que no podrían destinarse al objetivo fundamental de esta Dirección Provincial, que no es otro que la realización efectiva del derecho de los ciudadanos, a una vivienda digna y adecuada.

Examinando lo anterior, conviene citar la Resolución de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de 11 de febrero de 2016 que se refiere a algunos de los factores que pueden tenerse en cuenta a la hora de determinar si nos encontramos ante una tarea compleja de reelaboración.

Esta Resolución parte de la siguiente premisa respecto a las solicitudes de información en el contexto actual:

«Los documentos contienen información, y esta suele estar contenida en documentos, ciertamente; también es de suponer que a menudo, incluso es probable que la mayoría de veces, la información solicitada consistirá en uno o en unos determinados documentos; en estos casos se puede decir que la información solicitada ya está elaborada, porque el documento es precisamente la plasmación tangible de su elaboración. Pero no se pueden excluir solicitudes de información que trasciendan uno o unos determinados documentos, y también uno o unos determinados expedientes (incluso que no esté en ningún expediente determinado). En estos casos en que la información solicitada no es identificable con documentos determinados es cuando su obtención requiere una tarea de elaboración por parte de la Administración.».

En concreto, respecto a los factores que han de tenerse en cuenta señala:

“En este contexto, pueden ser indicios de una tarea compleja de elaboración o reelaboración los siguientes:

• Que haya que extraer la información solicitada de documentos que tienen un contenido más amplio, especialmente si esta tarea se debe hacer manualmente y en relación con diversos documentos archivados en diferentes expedientes, y más todavía si la información que hay que extraer no es simple y directa y requiere una cierta actividad de análisis o de interpretación.
• Que haya que obtener la información solicitada de bases de datos o de archivos digitales, y que sea necesario a estos efectos utilizar programas informáticos más o menos especializados o sofisticados.
• Que haya que obtener la información solicitada combinando bases de datos o archivos electrónicos y archivos en papel, requiriendo además una tarea de análisis o de interpretación.
• Que la información solicitada corresponda a un lapso temporal muy amplio, de manera que haya que buscarla entre diversos expedientes cronológicamente alejados e incluso entre diversos contenedores o ámbitos físicos de archivo de documentos.
• Que haya que obtener la información solicitada de un número muy elevado de documentos y de expedientes diferentes, especialmente si se encuentran dispersos, bien sea por razones cronológicas o de cualquiera otra índole.
• Otros indicadores en base a los cuales se pueda argumentar razonadamente que la tarea de búsqueda y obtención de la información solicitada no es sencilla”.

Partiendo de esta situación, debemos realizar algunas matizaciones: En primer lugar, extraña a este órgano que el Departamento responsable en materia de vivienda no pueda ofrecer algún tipo de información en esta materia, ni siquiera parcialmente más cuando la mayoría de la información solicitada son datos, fechas, que no contienen datos personales, y en caso de que fuera así el artículo 15 de la Ley 8/2015, sobre protección de datos de carácter personal, establece distintas vías, para alcanzar un equilibrio, según el tipo de dato personal en cuestión.

En el caso de considerar la solicitud excesivamente amplia podría haberse requerido al solicitante para que de conformidad con el artículo 29 de la Ley 8/2015 concretase un horizonte temporal, tipología de vivienda, promotor uso dentro del plazo de diez días para y en caso de no hacerlo tenerlo por desistido.

Asimismo, cabe la posibilidad de ampliar el plazo de resolución por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información lo hagan necesario y previa notificación al solicitante, lo cual tampoco se ha llevado a cabo en con respecto a esta solicitud.

Debemos recordar el carácter prevalente del derecho de acceso a la información pública, derecho de configuración legal, así como la necesaria integración de una gestión transparente en las políticas públicas, también en materia de viviendas de protección, como herramienta que permite a los ciudadanos conocer de la gestión de los asuntos públicos y formarse una opinión informada sobre lo mismo. Con ello podría participar de manera más eficaz en las decisiones que les atañen, controlar y exigir cuentas, lo que contribuye a reducir la arbitrariedad y la opacidad.

Además la transparencia permite la reutilización de la información del sector público para impulsar la innovación y el desarrollo económico.

Es por ello, que debemos instar al órgano responsable en materia de vivienda a incorporar una gestión en materia de vivienda acorde a la normativa de transparencia pública y sus principios generales, incluidos en el artículo 6 de la Ley 8/2015:

• g) El principio de calidad y mejora continua, configurando procesos que permitan evaluar los servicios que se prestan a los ciudadanos y las ciudadanas, detectar sus deficiencias y corregirlas a los efectos de poderles garantizar a estos unos servicios públicos de calidad.
• j) El principio de modernización, impulsando el empleo de técnicas informáticas y electrónicas para el desarrollo de sus actuaciones y mejora de la gestión del conocimiento en su propia organización.
• k) El principio de responsabilidad y rendición de cuentas, asumiendo de forma expresa sus obligaciones ante los ciudadanos y las ciudadanas y las responsabilidades derivadas de sus decisiones y actuaciones, promoviendo la cultura de la evaluación y estableciendo el ejercicio de rendición de cuentas.
• n) El principio de neutralidad tecnológica, apostando por la utilización y promoción de software de código abierto en su funcionamiento, así como por el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática, favoreciendo esas soluciones abiertas, compatibles y reutilizables en la contratación administrativa de aplicaciones o desarrollos informáticos.

Para el cumplimiento de la obligación de transparencia, debe desarrollarse sistemas y políticas de gestión de la información pública que garanticen su fiabilidad, actualización permanente, integridad y autenticidad y Adoptar las medidas de gestión de la información pública que hagan fácilmente accesible su localización y divulgación, así como la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, el control de la veracidad y la reutilización de la información publicada.

En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón:

III. RESUELVE

PRIMERO.

Inadmitir la reclamación nº 56/2024 al requerir una actividad previa de reelaboración de la información e instar al Departamento responsable de vivienda para que vele por la transparencia en la gestión de la viviendas, adoptando las medidas necesarias para ello.

SEGUNDO.

Notificar esta Resolución a todas las personas interesados en este procedimiento, acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón y comunicarla al Justicia de Aragón.