El texto no proporciona los antecedentes necesarios para identificar la solicitud, la administración reclamada o el fallo de una resolución concreta. Se limita a exponer la doctrina jurídica sobre la aplicación de las limitaciones al acceso a la información pública, subrayando la necesidad de realizar un 'test de daño' motivado y proporcionado.

Puntos clave de la argumentación

1 La aplicación de las limitaciones del artículo 14.2 de la LTAIBG no es automática y requiere un análisis detallado de las circunstancias del caso concreto.

2 La Administración debe realizar un escrutinio de los perjuicios que la divulgación de la información pueda ocasionar al bien o derecho protegido.

3 La concesión de información en supuestos limitantes es potestativa, exigiendo que la denegación esté suficientemente justificada y sea proporcional.

4 Es preceptivo realizar un 'test de daño' que incluya la cuantificación del perjuicio que la entrada de la información pudiera entrañar.

5 La carga de la prueba para justificar la denegación del acceso recae estrictamente en la entidad o Administración reclamada.

6 El simple encuadre de la información en un supuesto limitante legal no es causa suficiente para justificar la denegación del acceso.

Texto completo

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.

Como establece el artículo 14.2 LTAIBG, la aplicación de alguna de las anteriores limitaciones, ya sea por parte de la Administración o de las entidades públicas afectadas, no puede considerarse "automática" sino que, en primer lugar, la información solicitada debe referirse directamente a alguno de los supuestos limitantes contemplados y, en segundo lugar, la Administración o entidad afectada debe analizar en detalle las circunstancias y contenido solicitado y llevar a cabo un escrutinio de los perjuicios que la divulgación de la información pudiera ocasionar para el bien o derecho protegido por la limitación.

Así, la concesión de la información solicitada en estos supuestos siempre es potestativa y por ello se exige que la aplicación limitante esté suficientemente justificada y sea proporcionada a su objeto y finalidad del bien que se protege, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Especialmente, debe existir una motivación y el resultado del "test de daño" que exija el acceso, incluyendo la cuantificación del perjuicio que se ocasionaría con la entrega de la información; por tanto, uno de los requisitos de la denegación es referirse a los efectos de todo tipo que la concesión de la información pueda entrañar para alguno de los bienes o elementos sujetos a protección, pues no se puede obviar que la carga de la prueba para denegar el acceso recae estricta y únicamente en la entidad o Administración reclamada.

En consecuencia, el simple encuadre o inclusión de la información solicitada en alguno de los supuestos limitantes señalados en la Ley no es causa suficiente para considerarse justificada la denegación de la misma, ya que en todo caso la concesión o denegación es potestativa de la entidad o Administración.

Para que pueda entenderse una denegación y conforme a derecho, deben concurrir siempre los siguientes requisitos:

a) Que la información solicitada se ubique en alguno de supuestos limitantes que protejan alguno de los valores, bienes e intereses establecidos.
b) Que el suministro de la información solicitada pueda producir un determinado y concreto perjuicio o daño en el bien o valor protegido, motivado, valorado y cuantificado de forma concreta y suficiente en relación con el contenido de la misma.