Estimación de reclamación por silencio administrativo en solicitud de información sobre tratamiento de aguas residuales

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 14 de noviembre de 2025 y número de registro de entrada 2025-002999 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de la entidad Aguas SB SL, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Artenara el 8 de octubre de 2025 y relativa al tratamiento de aguas residuales.

Segundo.- En concreto, la entidad ahora reclamante solicitó la siguiente información:

“1. Estructura y responsabilidades
● Organigrama del área de aguas: unidades, funciones y responsables por unidad.
● Identificación del órgano competente para planificación, inspección, contratación y explotación de EDAR.
● Procedimientos internos:
-Circuito de inspección y control.
-Criterios de requerimiento a titulares.
-Protocolo de gestión de incidencias en EDAR.
2. Inventario de EDAR y situación operativa
● Relación de EDAR con información clave:
-Aglomeración (habitantes equivalentes).
-Líneas de tratamiento.
-Estado de eliminación de nutrientes (N/P).
-Reutilización (sí/no).
-Destino del efluente, indicando si es zona sensible.
● Autorizaciones de vertido por EDAR:
-Límites de DBO5, DQO, TSS, N, P, E. coli, cloro residual u otros parámetros.
-Fecha de revisión de la autorización.
3. Titulares, concesiones y contratos
● Identificación de titulares y, en su caso, concesionarias/operadoras: expediente, vigencia, alcance, régimen económico.
● Pliegos técnicos y cuadros de características de contratos de explotación vigentes (si están disponibles en digital).
4. Planificación 2025–2030 (alineación normativa UE)
● Cronograma de inversiones y actuaciones:
-Adaptación a tratamientos terciarios para eliminación de nutrientes (N/P).
-Priorización en aglomeraciones ≥150.000 h-e y ≥10.000 h-e.
-Atención especial a zonas sensibles.
● Criterios de priorización: técnicos, ambientales, económicos.
-Métricas previstas: rendimiento en eliminación de N/P, DQO, DBO5, SS y consumo energético específico, CAPEX/OPEX por h-e.
● Planes de gestión del riesgo de reutilización, con indicación de la autoridad responsable.
5. Datos operativos recientes
● Series mensuales 2023–2025 de caudales y analíticas:
-DBO5, DQO, TSS, N total, P total, E. coli, cloro libre/combinado (cuando aplique).
● Registro de incidencias y medidas adoptadas, con fechas y EDAR afectadas.
6. Asistencia y competencia
● Si parte de la información no está disponible en el área, se pide asistencia para localizarla y remitir la solicitud al órgano competente, notificándolo al solicitante.
● Se solicita detallar para cada EDAR el estado actual de eliminación de nitrógeno y fósforo, los límites autorizados de vertido, y los planes de adaptación a la normativa europea 2025–2030, que fija objetivos estrictos de reducción de nutrientes, especialmente en zonas sensibles.
● El rendimiento en la eliminación de N y P será una de las métricas una de las centrales en la planificación y en los futuros contratos/operaciones.”

Tercero.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se notificó el 3 de diciembre de 2025, la solicitud para que, en el plazo máximo de 15 días, se procediera al envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, documentación acreditativa haber dado respuesta a la persona reclamante, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso al Ayuntamiento de Artenara se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación.

Cuarto.- Con fecha de 11 de diciembre 2025 y registro de entrada número 2025003717 se recibe en este Comisionado respuesta de la entidad local indicando entre otros, que: “… al respecto he de informar que dicho control se encuentra transferido en la actualidad al Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de Aguas con el que este Ayuntamiento mantiene acuerdos de gestión, siendo dicha entidad la responsable de la gestión, análisis y tratamiento de las aguas residuales generadas en el municipio no pudiendo por tal motivo facilitar la información requerida por no disponer de los expedientes solicitado la corporación tiene acuerdos de gestión con el Consejo Insular de Aguas de gran Canaria y que ellos no disponen de los expedientes solicitados.”

Quinto.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se notificó el 17 de diciembre de 2025, nueva solicitud para que, en el plazo máximo de 15 días, se procediera al envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, documentación acreditativa haber dado respuesta a la persona reclamante, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. En este caso, como órgano responsable del derecho de acceso, al Cabildo Insular de Aguas de Gran Canarias se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación.

Sexto.- A la fecha de emisión de esta resolución por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria no se ha remitido expediente alguno, no se han realizado alegaciones respecto de esta reclamación y tampoco consta documentación acreditativa de haber dado respuesta alguna a la ahora reclamante.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 2.1 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: “...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, en los términos establecidos en la disposición adicional séptima.” El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.”

II.- Tal y como se recoge en el artículo primero de sus estatutos:
“1. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, creado por la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, se configura como una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional, que asume, en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en los términos de dicha Ley.
2. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria tiene naturaleza de organismo autónomo adscrito a efectos administrativos al Cabildo Insular de Gran Canaria. Esta adscripción orgánica en ningún caso afectará a las competencias y funciones que se establecen en la Ley 12/1990, de 26 de julio.
3. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria tiene capacidad para adquirir, poseer, regir y administrar los bienes y derechos que constituyen su patrimonio, así como para contratar, obligarse y ejercer ante los Tribunales todo tipo de acciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.”

III.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares regula en su Título II su funcionamiento, información y transparencia. En concreto, en el artículo 96, derecho de acceso a la información pública, dispone que “1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en poder de los cabildos insulares, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. Los cabildos insulares están obligados a habilitar diferentes medios para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proporcionar información, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia del lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social”. En su apartado tercero atribuye la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública a la presidencia del cabildo insular, que podrá delegarla en los órganos administrativos superiores y directivos de la corporación insular.

IV.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

V.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 14 de noviembre de 2025. Toda vez que la solicitud fue realizada el 8 de octubre de 2025 y que no fue atendida en el plazo del mes legalmente previsto para ello, ha operado el silencio administrativo negativo respecto a la misma y se ha interpuesto la reclamación en plazo.

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con las previsiones normativas contenidas en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la interposición de recurso de reposición, respecto de resoluciones presuntas la presentación de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo.

VI.- Examinado el contenido de la reclamación, esto es, acceso a información relativa al tratamiento de aguas residuales, relacionada con la estructura y responsabilidades (entre ellas el organigrama, procedimientos internos), inventario EDAR y situación administrativa, titulares de concesiones y contratos, la planificación comprendida entre 2025 y 2030, datos operativos y hecha una valoración de la misma, es evidente que estamos ante una petición de información claramente administrativa; se trata de documentación que, de existir, obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible.

Además, debe tenerse en cuenta las amplias obligaciones de publicidad activa en materia de información institucional, organizativa, normativa, sobre los servicios y procedimientos, planificación y programación, de los contratos y sobre concesión de servicios públicos recogidas, respectivamente, en los artículos 17,18,22,23,26, 28 y 30 de la LTAIP.

VII.- El artículo 47 de la LTAIP al regular las condiciones en que se ha de emitir la resolución al procedimiento de acceso a la información, indica en su apartado 6 que “si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella”. Para la adecuada interpretación de esta norma se cuenta con un criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, CI009/2015, disponible en la página web de dicho Consejo http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html, que concluye que la indicación del lugar o medio de publicación deberá ser objeto de una referencia explícita y determinada, no de una simple indicación genérica. En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Ésta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsquedas. Por tanto, existen dos opciones en este caso para dar acceso a la información: mediante remisión de copia de la misma o bien trasladar el concreto URL en el que la información está disponible en una página web. Además, el hecho de que una información solicitada por cualquier persona se encuentre en publicidad activa, no exime de la obligación de dar una respuesta concreta en los plazos y condiciones que señale la ley.

VIII.- Por otra parte, importa insistir aquí en que lo que se reconoce en la Ley es el derecho a la información y no al documento, no siendo necesario, por lo tanto, que la información se encuentre previamente recogida en soporte documental para proporcionarla. Esto constituye uno de los aspectos importantes de la regulación general de la transparencia. En efecto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, recoge en su artículo 13 que “se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Y en el mismo sentido, el artículo 5 de la LTAIP que ya hemos reproducido.

IX.- Ahora bien, la reclamante debe tener en cuenta que el derecho de acceso solo permite obtener información ya existente, no habilitando para obligar a la entidad reclamada a elaborar información nueva, incluso aunque dicha información debiera haberse generado en su momento. Así, el derecho de acceso no faculta para exigir, por ejemplo, la realización a posteriori de trámites que no se practicaron al tramitar un determinado procedimiento, ni la motivación de decisiones previamente tomadas, ni la realización de informes, ni que se informe sobre las actuaciones que se piensa llevar a cabo en el futuro sobre un determinado asunto. En tales supuestos este comisionado entiende que, en su caso, debe indicarse a la reclamante que la información solicitada no existe, a fin de que pueda actuar en consecuencia.

X.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”.

Por su parte, el artículo 46 de la LTAIP dispone que “1. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante”, recogiendo su artículo 47, sobre la resolución de las solicitudes de acceso, que “1. La resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada”.

XI.- Al no haber contestado la solicitud de acceso ni al requerimiento de este Comisionado, no haber remitido el expediente de acceso ni realizado alegación alguna el Cabildo Insular de Gran Canaria en el trámite de audiencia, no es posible disponer de una información más precisa que nos permita conocer si son de aplicación o no alguna de las causas de inadmisión de la petición reguladas en el artículo 43 de la LTAIP o alguno de los límites de acceso a la información contemplados en los artículos 37 y 38 de la misma Ley.

Es por ello que, en ocasiones como la presente, cuando, sin la información previa de la administración reclamada, la resolución de este órgano de garantía ha de determinar la entrega de la información solicitada por los reclamantes, se ha de tener en cuenta la siguiente regla ya consolidada en la práctica tanto de la transparencia activa como de la pasiva: En los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos, se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, si a la hora de la ponderación se considera con motivos razonados que prima la protección de los datos personales, se procederá a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado tanto en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información como en la norma canaria.

Y en cualquier caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior por la reclamante de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

RESUELVO

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública,

1. Estimar la reclamación presentada por de la entidad Aguas SB SL, contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada el 8 de octubre de 2025 y relativa al tratamiento de aguas residuales.
2. Requerir al Cabildo Insular de Gran Canaria para que realice la entrega a la reclamante de la documentación señalada en el resuelvo anterior en el plazo de quince días hábiles, siempre que esa documentación exista; y para que, de no existir tal información, se le informe sobre tal inexistencia.
3. Requerir al Cabildo Insular de Gran Canaria a que en el mismo plazo de quince días hábiles remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia de la información enviada a la reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución.
4. Instar al Cabildo Insular de Gran Canaria a agilizar los procedimientos de tramitación de solicitudes de acceso a la información pública para que la respuesta se produzca en plazo.
5. Recordar al Cabildo Insular de Gran Canaria que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves o muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP.

Queda a disposición de la reclamante la posibilidad de presentar nueva reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la resolución, en el caso de que la respuesta suministrada por el Cabildo Insular de Gran Canaria no sea considerada adecuada a la petición de información formulada.